Deportes Competitivos para Personas con Minusvalía y sus Aspectos Legales
Los deportes de personas con minusvalía se vienen fortaleciendo y grandes eventos, como los Juegos Paralímpicos, suman cada vez más atletas, países y espectadores. Además, el número de personas con discapacidad en el mundo también viene aumentado en las últimas décadas.
Datos mundiales
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los ciudadanos portadores de alguna discapacidad representaban un 10% de la población mundial en la década de 70. Para el año de 2010, esta cifra ya había alcanzado los 15%, estando acompañada de un incremento de las patologías que derivan en una discapacidad física o cognitiva.
El necesario crecimiento de estas modalidades deportivas adaptadas, revela también nuevos desafíos en el ámbito legal, como el desarrollo de una regulación más transparente y específica para la práctica de los deportes de personas con minusvalía. Pensando en ello, a continuación veremos algunos aspectos legales básicos sobre el deporte adaptado para personas con discapacidad. Para empezar, analizaremos el concepto de discapacidad o minusvalía adoptado en el ámbito deportivo y jurídico.
El concepto de discapacidad y la percepción de la sociedad
Uno de los conceptos de discapacidad o minusvalía más adoptados es formulado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual entiende que: “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Esta definición comprende una perspectiva que sigue siendo polémica, ya que no atribuye la problemática de la discapacidad a una enfermedad o una condición congénita/hereditaria. Según la concepción de la ONU, este concepto deriva de la mirada de la sociedad hacia las personas con características diferentes a aquellas consideradas ‘normales’, ‘útiles’ o ‘saludables’.
Por todo ello, la consideración de las Naciones Unidas refuerza la necesidad de trabajar, desde el Estado y como sociedad, en políticas públicas e iniciativas privadas. Se trata de promover la concienciación sobre la diversidad y la integración de personas con discapacidad en el ámbito laboral, político, deportivo, jurídico y en la convivencia de una comunidad.
Los deportes de personas con minusvalía como agente integrador
Una vez más, el deporte se presenta como un agente integrador indispensable para la incorporación de las personas con discapacidad a la estructura y dinámica de nuestra sociedad. Además de poder tener un impacto positivo en la rehabilitación de un individuo, la práctica deportiva combate el aislamiento, perjuicios y desigualdades.
La promoción del deporte de personas con minusvalía se presenta como uno de los pilares de las políticas públicas de integración social y laboral. Y en consecuencia, es necesario ordenar y regular las diferentes competencias y entidades públicas y privadas que participan en las actividades físico-deportivas y en los deportes de personas con minusvalía.
Realmente el gran desafío en materia legal-jurídica, en lo que dice respecto a la promoción y regulación del deporte adaptado, es precisamente establecer mecanismos más eficaces para reunir, coordinar y potenciar todas las acciones e iniciativas de los diversos estamentos hacia un objetivo general, el cual pretenda reflejar la normativa legal estatal y autonómica.
De forma conjunta a las acciones de promoción y regulación, resulta esencial también generar mecanismos de fiscalización y control que velen por los derechos de los ciudadanos con discapacidad. Es preciso actuar en el combate a la exclusión social, asegurando que las políticas son llevadas a cabo en tiempo y forma por las autoridades y entidades correspondientes.
La legislación española y los derechos de las personas con discapacidad
En 1975, se reconocerían por primera vez los derechos de las personas con minusvalía, a través de la ‘Declaración de los derechos de los Impedidos’. Esto supuso un primer hito histórico muy importante. Dos años más tarde (1978), en España se celebraría el Plan Nacional de Prevención de la Minusvalía, que prevenía a competencia de los poderes públicos para realizar políticas de prevención, rehabilitación, tratamiento e integración de las discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas.
Este Plan ha marcado un antes y un después, ya que inspira el principal texto legislativo español sobre la atención a la discapacidad: la Ley de Integración Social de Minusválidos – LISMI (Ley 13/ 1982).
Entre las principales contribuciones de la LISMI, encontramos la necesidad de promover la integración y ofrecer servicios de forma integral; a través de prácticas deportivas, actividades culturales, acciones de ocio y entretenimiento, etc. También es importante resaltar las acciones legales y sociales para optimizar la accesibilidad, en especial a espacios públicos, conforme la declaración de la OMS en 2011. En este sentido hay que destacar las acciones de la Federación Española Personas con Discapacidad Física.
No olvidemos que el acceso garantizado es una de las piezas clave para que las personas con discapacidad pueden integrarse a la sociedad y disfrutar de una vida equilibrada, con empleo, salud, educación, tiempo libre, etc.
