Regulacíon del Sector Financiero en UE

Introducción.

La regulación del sector financiero ha crecido extraordinariamente para así poder mejorar los niveles de seguridad de la industria financiera, ello indica que el cumplimiento normativo es muy importante para su éxito en el futuro. Todo ello conlleva a que los bancos deben ser más estrictos en cuanto a la formación de sus profesionales y mucho más transparentes con sus clientes para que de esta forma comprendan el funcionamiento de los nuevos servicios y productos junto con sus riesgos, por lo tanto es importante ir modificándose cada cierto tiempo para que así se amolden al perfil de cada cliente.

Dicha regulación exige procesar un volumen cada vez mayor de información, ello se realiza mediante importantes avances tecnológicos como la nube que es una ola de inteligencia artificial puesto que se puede organizar y supervisar enormes cantidades de información, lo cual contribuye a la eficacia del sector al liberar recursos que pueden ser empleados en usos más productivos. Además favorece el nivel de calidad de las prácticas de supervisión, que se beneficia de una información más homogénea, detallada y fiel y que ganan también en eficiencia operativa.

Desarrollo.

Con los abundantes cambios regulatorios en todo el mundo como telón de fondo, la UE ha adoptado posturas como El Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) los cuales establecen parámetros supervisión así como sus interrelaciones con la transformación tecnológica. Tras la última crisis financiera que hubo, se han implementado medidas de recuperación, para así poder evitar o aminorar las crisis futuras, que han resultado mejores en niveles de solvencia y liquidez ya que es un proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). 

El modelo de negocio ha permitido examinar a las entidades financieras, en aspectos como medir y clasificar en función de requerimientos de capital y liquidez. Para que ello funcione, los bancos deben recurrir a la tecnología para así poder proporcionar anualmente a los organismos que supervisan, los datos completos y correctos que indiquen cuáles son las expectativas de las entidades de cara al futuro. Es la gestión de riesgos ya que tras la crisis, incrementó el riesgo de crédito puesto que muchos de los préstamos eran impagados y ello dio lugar a que los bancos deban dedicar más esfuerzos para bajar sus cifras.

Junto con ello otro problema que surge es que el sistema no solo tiene que clasificar correctamente los NPL (préstamos dudosos), sino que también ha de responder a las nuevas obligaciones sobre elaborar informes. Todo ello desfavorece a aquellas entidades que hasta ahora no tenían en orden y con una clasificación correcta de los préstamos dudosos, para resolverlo se recomienda almacenar datos adicionales.

Otro riesgo que surgió son los impagos ya que no existe una regulación específica para dicha materia, por lo que la EBA (autoridad bancaria europea) ha elaborado normas que requieren que los sistemas operativos contengan información más detallada. Por lo tanto, en lugar de calcular la morosidad teniendo en cuenta el plazo de pagos pendientes, en el año 2020 las obligaciones de crédito habrán de evaluarse diariamente para su mayor gestión. Para poder afrontar la gestión de riesgos es importante eliminar la posibilidad de que haya datos falsos, por ello es importante que la información sea detallada.

Dicha solución llegó en diciembre de 2017, cuando el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea introdujo cambios en el Acuerdo de Basilea III para limitar el uso de los métodos basados ​​en calificaciones internas (IRB). En ese momento, el Banco Central Europeo (BCE) puso en marcha la revisión específica de los modelos internos (TRIM), la revisión requería que las entidades financieras contarán con las herramientas necesarias para garantizar la calidad de los datos y de los mapas de los sistemas para así poder realizar un seguimiento detallado de la información.

Autoridad Bancaria Europea en 2018 realizó pruebas de resistencia, es decir, un test para así poder determinar la capacidad de estabilidad, en 48 bancos de la UE para proporcionar a los Organismos supervisores y al mercado en general un marco analítico común para así poder valorar y comparar la capacidad de resistencia de las entidades respecto a impactos económicos potenciales.

Las calificaciones obtenidas se han aplicado al proceso de revisión y evaluación supervisora ​​(PRES) llevado a cabo anualmente por el Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Actualmente, la prueba exige más datos, por lo que es necesario que las entidades financieras inviertan grandes esfuerzos y capital en recursos humanos para así poder organizar su información, es decir, para gestionar la cantidad y la calidad de sus datos. Todo ello crea la necesidad de contar con unas herramientas y procedimientos de control avanzados. Estas herramientas benefician no solo a los organismos supervisores, sino también a la propia entidad, puesto que los responsables de las entidades financieras tendrán capacidad de acceder a la información que les ayudarán a planificar adecuadamente ya tomar decisiones con conocimiento de causa en el futuro.

La elaboración de informes es arduo; en gran parte debido al elevado volumen de información que requiere, pero han habido avances para simplificar y normalizar el proceso. Un ejemplo, es que en 2018 se creó el sistema llamado Anacredit para llevar registros de los préstamos bancarios, y el Diccionario de Reporting Integrado de los Bancos (BIRD) que crea un modelo común para organizar los depósitos de datos de los bancos y constituye un lenguaje común en la transferencia de información de las entidades financieras a los organismos supervisores.

El objetivo de estas medidas es mejorar la eficacia del Marco Europeo de Reporting (ERF) al minimizar la duplicidad de información a través de la coordinación en la recopilación de datos solicitados por el BCE (Banco Central Europeo) y la EBA (Autoridad Bancaria Europea) . Ello conlleva una regulación estandarizada y consolidada que aprovecha las nuevas tecnologías para dar lugar a unas entidades financieras eficaces, optimizadas y responsables. Aunque es complicado puesto que hay mucha información y cambios regulatorios, la regulación estandarizada es un elemento importante en la toma de decisiones y vital para dar impulso a todos los cambios positivos para el sector.

En 2018, dicha reforma reguladora financiera aprobada tras la crisis por el G20 (países industrializados y emergentes) y la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) se daba prácticamente por finalizada. Pero, a lo largo del año han surgido distintas iniciativas que dan lugar a nuevos desarrollos legislativos. Además, han surgido líneas de trabajo en otros campos, como la reforma de los índices de referencia Euribor y Eonia, el uso de nuevas tecnologías y la salida de Reino Unido de la Unión Europea que se encuentran a la orden del día.

A pesar de que las medidas reguladoras anteriormente descritas pretendían proporcionar unos enfoques globales de regulación y control, este año, 2019, se han detectado indicios de que la cooperación y la coordinación a nivel mundial están disminuyendo, existiendo jurisdicciones que permiten aplicaciones menos precisas de la regulación (EE.UU.) o más estrictas (como las que se aplican a los bancos extranjeros en algunos países). Estas diferencias son preocupantes para las partes implicadas: reguladores, supervisores, la industria de servicios financieros o los usuarios finales.

Por un lado, Europa ha intentado avanzar hacia un mercado financiero más unificado con iniciativas legislativas para completar la Unión Bancaria, la Unión del Mercado de Capitales y el Mercado Único Digital. Por lo que los esfuerzos se centraron en finalizar la negociación del Paquete Bancario, gracias a ello se han logrado progresos en el debate del paquete de medidas para el adecuado reconocimiento y valoración de los préstamos dudosos pero han sido limitados los avances en el ámbito de la Unión Bancaria.

En lo que respecta a completar la Unión de Mercado de Capitales, la Comisión ha avanzado en algunos planes de acción, pero todavía hay muchas otras que se encuentran estancadas en el largo y arduo proceso de negociación europeo. En cuanto al sector financiero español se encuentra, en los últimos tiempos, en una situación difícil por la concurrencia de varias circunstancias excepcionales como por ejemplo la necesidad de acometer grandes inversiones para afrontar el reto de la transformación digital.

Y todo ello en un contexto de bajos tipos de interés lo que presiona el margen financiero y limita su rentabilidad. Por lo que los bancos deben competir, en ese entorno complejo y además con nuevos competidores a los que las exigencias reguladoras les afectan en mucho menor medida, lo que hace aún más difícil recuperar un nivel de rentabilidad suficiente como para compensar el coste del capital.

Es cierto que todos estos factores no son muy distintos de los que se enfrentan a otros bancos europeos, ello explica que en conjunto los bancos europeos cotizan en los mercados a niveles sensiblemente más bajos que sus semejantes norteamericanos puesto que en EE.UU. los bancos están más avanzados , tanto es así que se ha producido la normalización de la política monetaria, es decir, una reforma fiscal, que ha tenido un efecto positivo para ellos y además un cambio de tono en la regulación financiera que es muy diferente del europeo. Por ello es importante que las tareas que se encuentran pendientes se realicen de forma adecuada.

Por un lado, el sector financiero español es un factor clave para el desarrollo de la economía española junto con su modernización e internacionalización puesto que es un sector creador de empleo de alta calidad, con capacidad para cooperar a un desarrollo más rápido de la transformación digital en el tejido empresarial y así poder colaborar en afianzar el nuevo modelo productivo de la economía española.

En este contexto complejo no parecen particularmente oportunas ni las medidas fiscales recientemente adoptadas que afectan de distintos modos a las entidades financieras ni, sobre todo, la tensión derivada de los recientes pronunciamientos judiciales sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en relación a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, un asunto fiscal que pretende convertirse en una causa general contra los bancos.

Conclusiones.

Por último, todas estas nuevas formas anteriormente citadas que han surgido para poder prestar servicios financieros, crear nuevos productos en unión con los errores que se han cometido anteriormente han obligado a las entidades reguladoras internacionales y locales a crear un nuevo marco. Por lo que el marco es más estricto y complejo que el anterior que estaba vigente.

Por otro lado, los ordenamientos jurídicos compiten a la hora de atraer industrias e inversores, y esto resulta particularmente cierto para el sector financiero a causa del Brexit. La falta de previsibilidad sobre los criterios de interpretación de la legislación que afecta al negocio bancario, el marco fiscal o la legislación laboral vigente son todos ellos factores muy relevantes cuando una entidad determina si instalarse en nuestro país o realizar una inversión importante. Por ello, todos los cambios deben ser prudentemente ponderados. En definitiva, los bancos españoles están ahora en una posición mucho mejor que la de hace unos años pero sería conveniente que terminen sus tareas pendientes sin interrupciones.