Evolución Histórica de la Filosofía Política Latinoamericana
Empirista, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el Padre del Liberalismo Clásico, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política.
Para Locke a división de poderes se estructura: El poder legislativo constituye el poder supremo en sentido estricto, pero no es un poder absoluto: tiene que responder de la confianza puesta en él y respetar la ley moral natural.
Según Locke el poder ejecutivo es el encargado de realizar los mandatos del legislativo. Y el poder federativo es encargado de la seguridad del Estado y de las relaciones con el exterior.
John Locke define el estado de la naturaleza como un estado de paz, benevolencia y ayuda mutua, para Locke mediante la razón el hombre conoce la Ley Natural y por ello le asiste el derecho de imponer a los demás su cumplimiento. Tiene el derecho a castigar a los transgresores de esa ley con un castigo que impida su violación.
Montesquieu
Su obra más importante es ‘El espíritu de las leyes’ en el que Montesquieu busca hacer toda una teoría política a través del estudio de las relaciones que debían tener las normas con la sociedad en todos sus aspectos. Sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial sólo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social.
Montesquieu ideó un sistema en que la ley asume un lugar central, pues tal y como estableció “las leyes no poseen solamente una virtud organizativa, sino más bien constitutiva: hechas por los hombres, ellas contribuyen a hacer los hombres”. Esta virtualidad de la ley, concepción propia del movimiento ilustrado, hace que la norma jurídica deba ser general y abstracta, como garantía jurídica de la libertad del ser humano. Esto se traduce en que el principio de legalidad es la garantía jurídica de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado, pero al mismo tiempo condiciona que la formación de la ley y sus características deben articularse en sobre un mecanismo de fuerzas político sociales que lleve al equilibrio político.
J. J. Rousseau
Hablaba de la soberanía de la voluntad del pueblo, de los soberanos como mandatarios del pueblo, y de la República como forma perfecta de gobierno, Para Rousseau la ley o derecho de naturaleza no es una imposición, no es una cuestión dada. Señala que ‘todo lo que nosotros podemos ver con gran claridad respecto a esta ley es que, no sólo para que sea ley es preciso que la voluntad de aquel a quien obliga pueda someterse con conocimiento de ella, sino que es preciso también, para que sea natural, que hable de modo inmediato de la voz de la naturaleza’.
Para Rousseau la ley o derecho de naturaleza no es una imposición, no es una cuestión dada. Señala que todo lo que nosotros podemos ver con gran claridad respecto a esta ley es que, no sólo para que sea ley es preciso que la voluntad de aquel a quien obliga pueda someterse con conocimiento de ella, sino que es preciso también, para que sea natural, que hable de modo inmediato de la voz de la naturaleza
Rousseau estableció que la voluntad popular es el único fundamento de la organización política. Es defensor de la soberanía popular que considera debe ser expresada en Asambleas y niega la representación popular a la que considera ha de llevar fatalmente al dominio de la mayoría por los representantes populares. Según el autor las distintas formas de gobierno tienen su origen en las diferencias que se presentan entre los particulares en el momento de constituir el gobierno. ‘Si existía un hombre eminente en poder, en virtud, en riqueza o en crédito, en ese caso fue elegido él solo magistrado y el Estado se convirtió en monárquico. Si muchos, más o menos iguales entre sí, destacaban sobre los demás, entonces fueron elegidos de modo conjunto y surgió una aristocracia.
Conclusión
El estudio de la evolución histórica de la filosofía política latinoamericana, en cuanto a las mejores formas de vida democrática y de consolidación de los derechos humanos, debe contribuir notoriamente no sólo a una mejor comprensión de las particularidades de concreción de formas de humanismo práctico en esta región, sino a la adecuada revalorización del papel emancipador de las ideas humanistas prácticas en la escala mundial.
La seguridad pública siempre ha sido un servicio que brinda el Estado a la sociedad, se puede mencionar que es una norma indispensable para el crecimiento político, económico y cultural de nuestra ciudad, como de cualquier otra, parte de la necesidad de mantener una tranquilidad social y convivencia armónica, que permita una situación ideal para producir y comerciar.
Debemos considerar que las diferentes normas que se han implementado en distintos momentos han regulado la existencia de la seguridad en México, mismas que han estado encaminadas a fortalecer la seguridad individual y colectiva de la capital, así como de salvaguardar sus bienes, de este modo se puede considerar que desde la época precortesiana la seguridad pública toma su forma como un derecho del individuo, mismo que le otorgara la confianza para desempeñar sus tareas con la certeza de que la Autoridad velara por sus bienes e integridad, El Estado conserva un papel preponderante en la dirección de la sociedad, pero interactúa con nuevos intérpretes a su mismo nivel o en condiciones, al menos, de modificar sus políticas; también se transforman los mecanismos de representación de la ciudadanía, alejándose del modelo liberal (motivado bien por la aparición de los partidos políticos, bien por el impacto de los medios de comunicación en el sistema democrático). Encontramos así un Estado corporatista, donde se reproducen sistemas de legitimación democráticos y de intereses, creándose así un doble circuito de representación de los ciudadanos que no se limita al manifestado en el Parlamento, sino que se amplía.
Este hecho hace que el sistema político, basado en la centralidad de la posición del órgano Legislativo, dejara de tener base en la realidad, y comenzara a hacerse necesario adecuar el marco institucional para dar respuesta al nuevo reparto de tareas políticas.
Bibliografía
UnADM. (s.f.). introduccion a la seguridad publica . Mexico 2020 doc. recuperado.