La Corrupción En El Perú En Las Tres últimas Décadas

La corrupción ha ido en aumento en las tres últimas décadas, a la medida del crecimiento económico, producto de políticas de libre comercio. Los delitos de corrupción genera una desconfianza de la ciudadanía en el gobierno central, regional, distrital o local; puesto que, se ha evidenciado los enriquecimientos ilícitos de los funcionarios púbicos, perjudicando a la población. Los que se inmiscuyeron en la corrupción pretenden perpetuar su poder para satisfacer una ambición exacerbada, y una parte de la población aceptan actos de corrupción, como el caso de Fujimori, como una lógica de que “el fin justifica los medios” (Peña 2003). 

¿Cómo se evidencia la corrupción en el Perú? Se evidencia en los enriquecimientos ilícitos, en pactos con empresas privadas, también en la forma administrativa de ejecución de obras públicas con fines políticos y/o personales y no relacionados con el desarrollo del Perú. Quiroz (2013) afirma:

La corrupción se entiende como el mal uso del poder político … por parte de funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos, junto con la distorsión de políticas e instituciones. (p.30)

“La corrupción genera un impacto negativo en la consolidación de la democracia y de la gobernabilidad, y se descuida las garantías de los ciudadanos” (Ramón, 2014, párr.1), además se evade el respeto a los derechos humanos. Lo que conlleva al descontento de la población, quienes lo manifiestan en huelgas, paros, marchas de campaña, y muchos de ellos terminan en desórdenes sociales con consecuencias mortales y violaciones de los derechos.

La palabra corrupción es un término muy aludido en la actualidad, que describe aspectos de actos repugnantes, porque es un acto voluntario individual que contraviene la moral de un grupo o colectivo. Corrumpere es un vocablo latín que adoptan los investigadores sociales para definir un conjunto de actos con un sentido peyorativo (Cantos y Balsalobre, ‎2017). Por tanto el acto corrupto está relacionado con los intereses propios, lo cual se adquiere en el entorno, como todo ser social. De aquí la importancia de la educación desde el hogar, y de las instituciones educativas (primaria, secundaria, superior y post grados) las cuales influyen en la formación de la ética de las personas. “Un 27% de la población cree que la medida más adecuada para combatir los distintos tipos de corrupción es la educación en valores en las escuelas y en las familias” (Gonzales, 2009).

En la historia, la corrupción perduró y tuvo sus cambios, por ello, no tiene los mismos efectos en cada contexto temporal o espacial (Quiroz, 2013). En el Perú la corrupción se remonta desde el régimen colonial, en el siglo XVI. En las que hubo ganancias irregulares, indebidas e ilegales cometido por los representantes de la corona española al momento de distribuir los cargos oficiales de la administración virreinal. Y estos cometían abusos con la población indígena que en su mayoría se dedicaba a la minería, a pesar de la existencia de los supervisores que estaban encargados del cumplimiento de los protocolos que reglamentaban la explotación minera, quienes no cumplían con su labor porque fueron sobornados (Daly y Navas, 2015).

Perú es un país profundamente afectado por una corrupción administrativa, política y sistémica, tanto en su pasado lejano como en la actualidad. No obstante sus efectos son recurrentes y cíclicos, y se sabe poco sobre las causas específicas de la corrupción y sus costos económicos e institucionales en el largo plazo (Quiroz, 2013). Debido a que la corrupción ha afectado las instituciones, los derechos de la población es vulnerada, puesto que los fondos que son designados para la atención de sectores de salud, educación, seguridad, entre otros, son malversados o sobrevaloradas; en consecuencia, existe mala infraestructura, obras no realizadas, o proyectos no ejecutados. Por ello la corrupción pone en peligro la cultura, la ética y la integridad del entorno social. En una encuesta efectuada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontífice Universidad Católica, se registró una serie de percepciones relativas a la corrupción en la sociedad peruana.

Los hallazgos señalan la existencia de una desfavorable autoimagen de honestidad colectiva: 59% piensa que el peruano es poco honesto…el 90% reconoce y acepta la corrupción como problema social…el 80% considera que las acciones contra la corrupción es poco o nada eficiente…el 45% piensa que la situación de la corrupción será igual en los próximos años. Sin embargo, solo un 22% considera como muy importante, en la lucha contra la corrupción, a la participación de los ciudadanos en general. (Gonzales, 2009, p.447).

En la actualidad se habla constantemente sobre la lucha frontal contra la corrupción, este tema genera un impacto negativo en la población. Ramón (2014) afirma que “la corrupción son prácticas nocivas que merecen un estudio adecuado de los problemas que genera y de los mecanismos adecuados jurídicamente para controlarlo” (p.1). Yamada (2011) refiere que la corrupción se ha generalizado en instancias públicas y privadas, lo cual afecta a todos los peruanos ya que son nuestros impuestos que terminan en manos de los funcionarios. Este hecho genera desconfianza en la población en conjunto que concluye que es utópico la honradez de los funcionarios en las diferentes instancias. A mayor corrupción disminuye la inversión y como consecuencia la economía se estanca, afectando la estabilidad de las instituciones (Portocarrero 2005). Según el ranking de las entidades públicas con mayor percepción de corrupción en el Perú: en el primero, se encuentra el poder judicial; segundo, los gobiernos regionales; tercero, el congreso de la república; y cuarto, la policía nacional. Las fuentes alimentadoras de corrupción, en la actualidad, en orden de importancia son: narcotráfico; minería ilegal; financiamiento no transparente de las campañas electorales; inversión nacional; inversión extranjera; y otras actividades ilegales (Daly y Navas, 2015).

Múltiples autores mencionan un conjunto de factores que parecen contribuir a crear condiciones favorables para la aparición y proliferación del fenómeno de la corrupción.

Una cultura donde se detecta carencia de integración (Zalazar, 1966)… la viveza criolla, entendida como la utilización de la inteligencia y la creatividad para la violación de normas. La situación general de anomia (Cloter, 1978), que conduce a la gente a pensar que cualquiera que ocupa una posición de poder va, probablemente a explotarla en su propio interés…La existencia de una profunda brecha entre el gobierno y la sociedad… Las acciones de empresas transnacionales que buscan decisiones gubernamentales que ls favorezcan… La prevalencia de desigualdades en la distribución de la riqueza y de una considerable pobreza absoluta… Una desinformación de cuáles son las reglas oficiales… Una mayor valoración de intercambio de favores, lealtad personal y ganancias privadas… Una indiferencia entre el rol público e interés privado (Gonzales, 2009, p. 449-450).

La década de los 90 el Perú vivió una época de corrupción, que luego de desenmascarar tuvo que enfrentar numerosos cargos y penas de prisión. Después de muchas conmociones y traumas de esta década, el país se vio frente a la tarea de evaluar los costos de la corrupción sufrida. Puesto que los gobiernos de Fujimori-Montesinos alcanzaron nuevos grados de corruptela incontrolada, una historia de corrupción estructural y sistémica. La excusa ideológica de promover la lucha contra los insurgentes terroristas y el narcotráfico, se formó un aparato secreto policial y militar para capturar y manipular el Estado, así como perpetrar abusos de los derechos humanos. El mecanismo de control se basó en la Inteligencia Nacional, encabezado por Montesinos, jefe de espías y notorio asesor de presidencial. Se trasfirió fondos secretos para sobornar el Servicio de Inteligencia Nacional, que provenían de sobornos en las adquisiciones militares, los cupos al tráfico de drogas, entre otros mecanismos de corrupción, que también fueron útiles para financiar el tráfico de influencias y el soborno en prácticamente todos los ámbitos del Estado (Quiroz, 2013).

En la década del 2000, luego de los actos de corrupción suscitados, en el Perú se plantea diversos mecanismos para enfrentarlo una política pública de anticorrupción:

…en el 2001 se crea la Iniciativa Nacional Anticorrupción y la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública, la cual se modifica en el año 2005. En 2004 se presenta el Plan de Acción contra la Corrupción. En 2006 funciona el Consejo Nacional Anticorrupción. En 2007 se establece la Oficina Nacional Anticorrupción que es desactivada en el 2008 para ceder sus funciones a la Contraloría del Estado. (Peña, 2003, p.14). 

EL gobierno de Alejandro Toledo se caracterizó por actos de corrupción, según el expediente del Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria, fueron las siguientes: tráfico de influencias, en el año 2004, cuando ejercía el cargo de Presidente de la República del Perú, ofreció al representante de Odebrecht la posibilidad de ganar una licitación a cambio de 35 millones de dólares. Además se le acusa de delito de colusión, por defraudar al Estado peruano al favorecer a la empresa de Odebrecht en el Proyecto Corredor Vial Interoceánico sur, Perú-Brasil. También se le acusa de lavado de activos, como es el caso de Ecoteva.

En el gobierno de Alan García se aumentaron los conflictos sociales de manera exponencial en comparación a los años anteriores, De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al iniciar el gobierno de García, en julio del 2006, hubo 77 conflictos sociales, y al finalizar el 2008, esta cifra bordeaba los 200 y en su mayoría fueron por motivos socioambientales, es decir, de tensiones suscitadas entre las poblaciones con las correspondientes inversiones mineras y petróleos que han crecido en el país. Los reclamos consistían por incremento del canon minero, denuncias de contaminación ambiental, reclamos por una política de protección social más intensa con las poblaciones, entre otros. A pesar de ser protestas muy focalizadas geográficamente, los niveles de violencia tuvieron un impacto nacional, como el caso del Moqueguazo. La acción de protesta se prolongó por días y cada vez convocaba a más manifestantes, hasta llegar al extremo de que fue posible secuestrar por horas al contingente policial. Hasta que fuesen escuchas sus requerimientos. La política de García fue un ciclo de no prestar atención a los reclamos del pueblo y recurrir a un endurecimiento de la represión institucionalizada, a través de un creciente protagonismo de las fuerzas armadas, y de la represión a actores de ONGs que pudieron facilitar la articulación y organización de las demandas que evidencian los conflictos (Meléndez y León, 2008).

El gobierno del presidente Ollanta Humala, es especuló que sería capaz de construir una legitimidad mayor y más pareja a través de los diferentes sectores socioeconómicos, especialmente de los sectores más bajos a través de su inclusión en los programas sociales. Pero el giro que dio a la “derecha” le restó credibilidad ante sus bases y lanzamiento de programas sociales. En realidad, varios elementos de la gobernabilidad se mantienen escindida de los gobiernos anteriores, como la debilidad de las instituciones políticas, el desprestigio de las mismas y su incapacidad para responder los sucesivos conflictos sociales, principalmente con la temática socioambiental, en muchos casos se dieron en zonas alejadas de la capital los que fueron respondidos de forma inadecuada por parte del gobierno y terminaron, en algunos casos, en episodios de violencia indiscriminada, tales como “Tía María” y “Las Bambas”. A pesar de ello tuvo reformas importantes como la aprobación de la ley y reglamento de la consulta previa y la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (Muñoz y Guibert, 2016)

Para el desarrollo de un país equitativo, al margen de la corrupción, es indispensable por razones utilitarias, demagógicas y electorales, que los gobernantes, la clase política y los dirigentes de todo nivel social se comprometan consistente y continuamente, de trabajar para superar la miseria en nuestra en nuestro país. Ésta es la manera por la que el Perú será capaz de atender los requerimientos económicos, nutritivos afectivos, educativos, culturales y étnicos indispensables para un desarrollo creativo y digno (Peña 2003). 

En conclusión, las dinámicas de corrupción en las tres últimas décadas se han dado como una consecuencia histórica, voluntaria con fines personales o grupales cuyo objetivo es perpetuar su poder para satisfacer ambiciones exacerbadas. “Se necesita una reforma institucional que implique modernizar las normas constitucionales del legislativo, el poder judicial, el ejecutivo y los sistemas privados.” (Quiroz, 2013, p.423).

Es necesario consolidar un Estado eficiente, transparente y descentralizado al servicio de la Nación y de las personas, como sujetos de derechos y obligaciones. En lo administrativo se debe mejorar la capacidad de gestión del Estado mediante la modernización de la Administración Pública (Montoya, 2009), Así mismo se debe garantizar la unidad del Estado y la gobernabilidad en una estructura de autonomías políticas, económicas y administrativas, basado en la descentralización del poder y de la economía. Además de tener políticas preventivas de anticorrupción lo que equivaldría efectuar profundos cambios en el sistema educativo nacional de modo tal que se promueva el desarrollo de la conciencia y la ética del ciudadano, elevando su calidad de ciudadano y tornándolo a una persona confiable y más funcional dentro de sociedad moderna (Gonzales, 2009). Cabe resaltar que se debe aplicar el modelo remedial de la corrupción, a la par de uno preventivo, puesto que el primero enfatiza sanciones.

Para reducir la corrupción es indispensable que los líderes nacionales consideren como un problema importante, además requiere del apoyo de la protesta pública para que las reformas puedan iniciarse, mantenerse y consolidarse. “Por otro lado, se debe tener en consideración que no se puede combatir la corrupción en los niveles inferiores sin erradicarla de los niveles superiores” (Gonzales, 2009, p.453)

Bibliografía

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11.  Montoya,, J., García, V., Zapata, E., Gonzales, A., Patrón P., Villacorta, R…Vivanco, J. (2009). Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública. Lima: Universidad San Martín de Porres.