La Responsabilidad Social Ante La Constitución
En el artículo 15 de Carta Magna Española, en el apartado de los derechos fundamentales y libertades públicas, manifiesta “ Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.” Implantando el derecho a la integridad moral de las personas, entonces se entiende que la moral es parte de la integridad de la persona como lo manifiesta el profesor Lahoz “La presión laboral tendenciosa”
El hecho de que la integridad moral se indique junto a la física, incita a una comparación con la integridad psíquica, lo que conduce a la convicción de que la integridad moral, garantiza la integridad mental. Por lo que en el artículo analizado se interpreta, que la persona tiene el derecho fundamental a ser preservada en su salud mental, consecuentemente también en su desarrollo mental.
En el artículo 18 numeral 1 de la norma española analizada “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” válgala la redundancia el derecho al honor, entendiéndose como un derecho menor, sin embargo es muy importante ya que éste ampara lo que se conoce como buena reputación, protegiendo a las personas de la difamación, descrédito, o diferentes razones por la que se pueda desmerecer dicho derecho, de esta manera el concepto constitucional de honor y buen nombre es proteger a la persona de ser humillado y que este derecho sea quebrantado ante los demás y ante la misma ley.
En el mismo sentido y encontrándose en completa armonía con la norma española, la Constitución Ecuatoriana el artículo 66 reconoce y garantiza: en el numeral 3 el derecho a la integridad personal, incluyendo la integridad física, psíquica además de la moral, entendiéndose como los bienes jurídicos protegidos por el estado en el que se garantiza la integridad psíquica y moral de los ciudadanos sin exclusión alguna; además del numeral 17 el derecho a la libertad del trabajo, respetando esta actividad siempre que se encuentre al margen de la ley, por lo que también debe considerarse un bien jurídico pues un derecho constitucionales.
Al denominar la palabra garantiza, se entiende que es deber del estado proteger dichos derechos, para el presente estudio se profundiza en la integridad psíquica y mora, mismos derechos que son transgredidos cuando se presenta una situación de Mobbing laboral a un colaborador, que como se expuso en líneas anteriores va enfocado a menoscabar los principios de integridad de la persona que se establecen y se garantizan en la CRE.
En el artículo 66 numeral 18 del CRE se establece “El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.” concordando con la Constitución Española con el derecho al honor y al buen nombre reconocidos y garantizados por los 2 estados, mismos derechos que en el ámbito laboral se entiende como el derecho a un trato digno conforme el artículo 33 del CRE que manifiesta “ El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” por lo cual la dignidad de las personas se suma como un bien jurídico elemental a proteger para el estado Ecuatoriano pues se repite por 12 veces en su Constitución de la República del Ecuador.
La legislación española y ecuatoriana coinciden en que el derecho a la dignidad, el derecho al honor y buen nombre, son elementos básicos para el desarrollo de una un país y de la sociedad, al encontrarse garantizados en la carta magna de cada país, a criterio de la autora de la presente investigación los derechos mencionados son el bien jurídico protegido de forma individual y conjunta por el estado, mismos derechos que en el caso del Mobbing Laboral se ven violentados. Con la correspondiente consideración que el estado “garantiza” el derecho a la dignidad, el derecho al honor y buen nombre, es responsabilidad de las entidades del mismo estado, para generar políticas públicas que prevengan este tipo de violaciones a un bien jurídico inherente a la persona que es tan preciado.
Aquí surge la disyuntiva de cual es la responsabilidad estatal frente al Mobbing Laboral, sea una entidad pública que esta directamente bajo la administración gubernamental, o bien la privada que esta bajo la lupa y regulación de las entidades del estado, recayendo en las funciones del mismo estado regular las relaciones entre particulares con todo su órgano institucional y de control.
En la normativa española se ha establecido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de desarrollar e implementar acciones preventivas, en armonía con lo dispuesto con la Unión Europea, para brindar y mejorar de forma progresiva las condiciones de trabajo para el progreso de los países miembros, en el ámbito del mobbing laboral se destacan los siguientes artículos:
- En el artículo 4.2 se “entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.” En concordancia con el artículo 4.3: “Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”.
Dentro de lo cual y conforme se analizó en líneas anteriores el acoso laboral perjudica a la salud psicológica de la víctima, y al considerarse el Mobbing un factor de riesgo psicosocial se enmarca dentro de la normativa española, pues existe la probabilidad de que el acoso laboral produzca daños de severidad hacia la víctima y con los siguientes artículos se establecen los responsables.
