Política Nacional del Agua en Guatemala
El tema de política nacional del agua se compone por la gestión y gobernanza del agua para el aseguramiento del acceso al líquido vital, así como su protección frente a los fenómenos hídricos naturales como las sequías, inundaciones, lahares o deslizamientos; y los fenómenos provocados por el individuo, como lo es la contaminación. La gestión del agua comprende el control temporal y espacial de un bien irregular para asegurar satisfacer necesidades y a la vez mitigar impactos naturales para proteger dicho bien. La gobernanza o gobernabilidad del agua, por su parte, consiste en la toma de medidas políticas, legislativas y administrativas para el aprovechamiento y protección del agua.
El recurso hídrico contribuye directamente al desarrollo del país mediante su uso en la salud, agricultura, industria, turismo y energía, por lo que constituye un tema de seguridad nacional dentro de las políticas públicas. Por lo anterior, el Gobierno de Guatemala, mediante Acuerdo Gubernativo 204-2008 creó el Gabinete Específico del Agua –GEA- cuyo objetivo principal fue desarrollar la Política Nacional del Agua en Guatemala durante sus cuatro años de existencia.
Previo a la creación del GEA, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala –SEGEPLAN- tuvo la responsabilidad de encausar la política nacional del agua a través de diversas propuestas, siendo la propuesta de Política y Estrategia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de 2006, la más aceptada, aunque no se abordó expresamente el tema de las aguas internacionales pese a que el 60% del capital hídrico del país lo constituyen aguas nacionales que posteriormente escurren a otros países.
De conformidad con los hallazgos sobre el capital hídrico nacional y abastecimiento del agua, recaudados por el GEA, en 2009, Guatemala disponía de siete veces más la cantidad establecida como límite de riesgo hídrico, determinado por el estándar internacional de 1,000 m3 por habitante por año. Además se concluyó que del total del agua disponible anualmente, únicamente se aprovechó un 10%.
Sin embargo, la disponibilidad del agua es teórica puesto que no se satisfacen todas las necesidades locales ni mensuales debido a que su distribución natural es irregular, por, la variabilidad del espacio temporal del clima, influencia topográfica y ubicación de las poblaciones respecto a la accesibilidad de las fuentes de agua, sumada a la ausencia de un sistema nacional, institucionalizado, de gestión y gobernanza del agua.
En los últimos 20 años, el gobierno de Guatemala ha implementado algunas políticas públicas relacionadas con el uso y conservación de los recursos naturales. La Política Marco de Gestión Ambiental (Acuerdo Gubernativo 79-2001), la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (Acuerdo Gubernativo 196-2009) y la Política Nacional de cambio climático (Acuerdo Gubernativo 253-2009), se enfocaron en la participación territorial en el manejo y gestión ambiental de los recursos naturales, incluyendo el manejo integrado de las cuencas hidrográficas. Por su parte, la Política Nacional de Producción más Limpia (Acuerdo Gubernativo 258-2010) y la Agenda Nacional de Competitividad (2005-2015), contemplaron estrategias e instrumentos legales para incentivar el ahorro en el uso del agua y disminuir su contaminación.
A finales del 2010, el GEA junto con el Programa Gobernando con la Gente determinó medidas urgentes para estructurar la organización administrativa en relación a la materia. Dichas políticas públicas han tomado como base legal la Ley del Organismo Ejecutivo, Ley de Descentralización, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Código Municipal y leyes especiales en temas de salud, alimentación, áreas protegidas, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural.
Para el 2011, el GEA, determinó un marco normativo y de política nacional que se implementó a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y el Ministerio de Relaciones Exteriores con colaboración del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto de Fomento Municipal, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, Comisión Cursos de Agua Internacionales y organismos internacionales, lo que representó un avance sustancial en la coordinación multidisciplinaria e interinstitucional en la organización de la política nacional del agua.
Además se cimentaron principios de la política nacional de agua, siendo estos la equidad social, eficiencia económica, sostenibilidad ambiental, administración de carácter integral y solidaridad, convergiendo la relación entre el agua, sociedad, Estado y ambiente para que se evidenciara el papel fundamental del Estado en la recuperación y mantenimiento de las cuencas para su correcto aprovechamiento y mejora del gasto público dentro de la esfera del desarrollo sostenible.
El Gabinete desarrolló la Estrategia Nacional del Agua de Guatemala con objetivos a corto, mediano (5 años a partir de 2012) y largo (20 años a partir de 2016) plazo, mediante cuatro líneas estratégicas para concretar sus objetivos en el ejercicio de las funciones asignadas por el acuerdo gubernativo que le creó. Las líneas estratégicas fueron las siguientes:
- Agua potable y saneamiento para el desarrollo humano: Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida, bienestar individual y social de los habitantes de la República como parte del desarrollo humano de Guatemala, a través del mejoramiento de la gestión pública sostenible de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como la instrucción en las prácticas de manejo del aga para el consumo humano.
Se logró incidencia mediante la ampliación de la cobertura de los servicios públicos de agua potable y saneamientos asó como en la educación, promoción y fomento del agua potable mediante el Sistema de Información Nacional de agua potable y saneamiento.
- Conservación, protección y mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de ríos en cuencas: Línea que se enfocó en la contribución a la adaptación nacional al cambio climático mediante la conservación, protección y mejoramiento de las fuentes de agua y demás componentes biológicos que regulan el ciclo hidrológico en cuencas. Se iniciaron acciones enfocadas a la recuperación de cuencas así como la protección y recuperación de la calidad del agua.
- Planificación hidrológica, obras hidráulicas de regulación y gobernabilidad del agua: Se priorizó la contribución con los objetivos de desarrollo económico y social y la adaptación nacional al cambio climático a través de la gobernabilidad y gestión eficaz del agua y la planificación hidrológica sistemática para satisfacer las demandas con previsión y gestión de riesgos hídricos.
Además instauró el objetivo de adopción gradual de un sistema nacional de gestión hídrica para promover la modernización del régimen legal e institucional para planificar, programar y presupuestar las políticas sociales, económicas, ambientales y de relaciones exteriores del país.
- Política pública y régimen legal e institucional de cursos de aguas internacionales: Persiguió como objetivo la implementación de lineamientos y principios de negociación mediante esquemas de compensación para proteger los cursos de agua internacionales a través de tratados bilaterales para que Guatemala satisficiera previamente sus necesidades nacionales y lograr la justicia, seguridad y bienestar común.
El GEA gestionó ante el Congreso de la República de Guatemala, la aprobación de un punto resolutivo para respaldar la Política de Estado en materia de Cursos de Agua Internacionales, la cual fue emitida mediante acuerdo gubernativo 117-2012, como respuesta a la Convención Sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos de la navegación que no llegó a ratificar Guatemala.
Si se firmaba y ratificaba este convenio el Estado se comprometería a garantizar la misma cantidad de agua que fluye actualmente por ríos nacionales y con comportamiento internacional al igual que los internacionales o transfronterizos como el Motagua y Lempa, perjudicando el recurso hídrico de las poblaciones futuras, la deforestación es otro elemento que contribuye a esta enfermedad social y ambiental y el cambio climático es la razón más fuerte que no garantizaría el cumplimiento de la convención como parte ratificante.
La Política de Estado en materia de Cursos de Agua Internacionales establece que será aplicada en relaciones bilaterales con el Estado de Guatemala para salvaguardar el territorio nacional y proteger dentro de sus fronteras la vida, el desarrollo de la población y derechos del agua que les corresponda. La Formulación de la Política de Estado en Materia de Cursos de agua internacionales responde de manera jurídica interna a la necesidad de tener un documento legal que resguarde los intereses del Estado guatemalteco al no ratificar la adhesión al convenio en materia internacional Sobre el Uso de los Cursos de Agua internacionales para Fines Distintos a la Navegación.
En esta política, se define río internacional como el que divide o sirve de límite entre los territorios de dos Estados o que discurre desde el territorio de un Estado al territorio de otro. Además se reconoce la unidad del ciclo hidrológico y la gestión integrada de los recursos hídricos como medio para lograr una mejor gestión y gobernanza. Se reconoce la capacidad del Estado de Guatemala para convenir con otros Estados la forma de gestionar y gobernar los cursos de agua internacionales para garantizar y preservar el interés público y el ejercicio de los derechos de agua de las comunidades.
Posterior a la extinción del Gabinete, se han dispersado las políticas en relación al aprovechamiento, distribución, aseguramiento y cuidado del recurso hídrico, debido a que corresponden a planes y programas de gobierno que tienen una duración de cuatro años. Por tanto, es fácticamente imposible determinar que Guatemala cuenta con una Política Nacional de Aguas como política Estatal, pese a los esfuerzos de organizaciones, investigadores y autoridades.
