Protección y Violación de Derechos Civiles y Políticos: Historia
Si bien es cierto que la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos supuso un antes y un después en lo relativo a los derechos de las personas, no hay que olvidar que la lucha por los mismos empezó mucho antes, y que el documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas ese 1948 resultó ser la culminación de una contienda que llevaba activa varios siglos.
Ya desde la Antigüedad (Grecia o el Imperio Romano) existían tímidas medidas que tenían como objeto mejorar la calidad de vida del ciudadano, pero lo cierto es que no fue hasta el Siglo XVIII, en plena Ilustración, cuando empezaron a cobrar fuerza las distintas tesis de varios filósofos y pensadores que proponían una serie de medidas que tenían como eje central la libertad del hombre. Fueron estas ideas precisamente las que sirvieron como inspiración para las revoluciones burguesas de finales del Siglo XVIII que buscaban acabar con el control absoluto que el Estado ejercía sobre ellos y conseguir su emancipación como seres humanos. Mientras que los antiguos súbditos pasaban a ser considerados ciudadanos, se les atribuía un amplio abanico de derechos y obligaciones que pasarían a ser conocidos como Derechos Civiles y Políticos. Al mismo tiempo, se fue desarrollando en ellos un sentimiento democrático. El Estado Liberal había nacido.
No sería hasta el Siglo XIX en la época de la Industrialización cuando, como consecuencia de los movimientos obreros que se dieron por toda Europa, se empezará a hablar de lo que, en consecuencia, hoy conocemos como Derechos de Segunda Generación, es decir, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tenían como base la igualdad y pretendían garantizar una vida digna a las masas obreras de la época. Tomando estas ideas como blasón se produjeron, entre otras, las innovaciones de la República de Weimar, las revoluciones rusa y latinoamericanas o la política estadounidense del New Deal para luchar contra las consecuencias de la gran depresión. Así, estos nuevos derechos, que reivindicaban el papel del Estado para garantizar una igualdad real, buscaron hacerse un hueco en los recién nacidos Estados Liberales.
No sería, no obstante, hasta mediados del Siglo XX cuando, habiendo contemplado las muchas violaciones de Derechos Humanos que se produjeron a lo largo de las dos Guerras Mundiales, la Comunidad Internacional se dio cuenta de la necesidad de proteger los Derechos Civiles y Políticos, así como la de reconocer y promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No obstante, mientras los primeros mantuvieron un carácter privilegiado, a los segundos apenas se les asignó garantías para su respeto y cumplimiento, dado que se pensaba que la culminación de los primeros tendría como consecuencia el cumplimiento de los segundos.
Fue por ello que se argumentó que mientras los Derechos Civiles y Políticos precisaban únicamente de la abstención del Estado para su realización, estos fueron considerados de aplicación inmediata para los Estado Miembros de las Naciones Unidas. Por su parte, se consideró que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales requerían de una intervención del Estado para poder hacerlos efectivos, y por ello, como reminiscencia de esas revoluciones burguesas, se acordó que su aplicación fuera progresiva, cuestión que, como veremos más adelante, ha dado un amplio margen de discrecionalidad a los estados actuales para la gestión y el desarrollo de los mismos.
