Un Estado Multinacional: Disriminación Racial
El establecimiento de un Estado ‘multinacional’ es posible gracias a la triunfal reelección de Evo Morales en diciembre de 2009, que conducirá a la adopción de la nueva Constitución. Es gracias a él que hoy en día los diferentes pueblos indígenas participan activamente en la vida política del país y que la lucha contra todas las formas de discriminación se ha convertido en una prioridad.
La promoción y el reconocimiento de los pueblos indígenas han comenzado con el desarrollo y la difusión de las lenguas y culturas indígenas. Esto es posible gracias a la afirmación del ‘Ministerio de las Culturas’, así como a la nueva Constitución que establece que las 36 lenguas indígenas se conviertan en lenguas oficiales y que el dominio de una lengua indígena sea obligatorio para todos los funcionarios públicos. Esta expansión también es directamente visible a través del sistema educativo: el aprendizaje de una lengua indígena es obligatorio en las escuelas primarias y secundarias y se convierte en una opción en las escuelas secundarias.
Otros aspectos claves que ilustran el progreso social de los pueblos indígenas en Bolivia son la reducción de la pobreza, la reducción del desempleo y la mejora del sistema sanitario y escolar. Aunque los indígenas representen la mayoría de los bolivianos, también son los más pobres, los menos educados y los que tienen menos acceso a los servicios del gobierno central. El deseo de Evo Morales de reenfocarlos en el centro de las políticas públicas ha permitido a muchos indígenas escapar de la pobreza y permitir que los niños vayan a la escuela.
Además, Evo Morales construyó sus campañas presidenciales de 2009 sobre el deseo de continuar y fortalecer los esfuerzos para representar a los pueblos indígenas dentro de las instituciones bolivianas. Por lo tanto, el MAS ha permitido colocar en el centro a una mayoría de bolivianos que habían estado marginados durante mucho tiempo. Representados por el movimiento ‘campesino’, los indígenas ocupan ahora un lugar central en el parlamento (77 de 166 parlamentarios), en el ejecutivo y en el judicial.
También existe un fuerte compromiso con la lucha contra el racismo liderada por el gobierno boliviano durante la década de 2000. La adopción en octubre de 2010 de leyes contra el racismo y cualquier otra forma de discriminación (que prevén sanciones) o la creación de un ‘viceministerio de descolonización’ para coordinar la política antirracista son buenos ejemplos de este deseo de proteger y respetar a los pueblos indígenas. Sin embargo, la falta de recursos financieros y humanos ha limitado el impacto de estas políticas públicas: pocos ministerios han implementado sus planes de acción destinados a multiplicar el impacto de la política contra el racismo. Por ejemplo, el acceso a la justicia de las víctimas del racismo sigue siendo insuficiente y las sanciones impuestas no son disuasorias.
En julio de 2010 se aprobó una ley sobre las condiciones de aplicación del régimen de autonomía indígena. Este último permite a los grupos indígenas que lo deseen gestionarse (sanciones por incumplimiento de las normas de su comunidad, gestión financiera autónoma, etc.). Sin embargo, esta autonomía sigue siendo marginal porque en el espacio de tres años sólo 11 pequeñas comunidades han deseado ser autónomas, pero no se ha concluido ningún procedimiento. Esta decepcionante valoración llevó al diario ‘La Razón’ a minimizar el impacto de esta emblemática reforma en una revista llamada ‘Autonomía Cero’.
Finalmente, el último aspecto se refiere a la justicia indígena. La Constitución de 2009 destaca que la justicia indígena no está subordinada a la justicia ordinaria, sino que se ejerce de manera soberana en diversas áreas. Por lo tanto, permite una amplia aplicación de la justicia indígena y comunitaria. Sin embargo, en diciembre de 2010, una nueva ley limitó el ámbito de aplicación de este sistema de justicia indígena. Por ejemplo, la violación, el homicidio y los delitos relacionados con drogas sólo pueden ser juzgados en los tribunales ordinarios. Como resultado, la justicia indígena es limitada y esto ha llevado a muchos desafíos contra el gobierno que lo acusa de negar el carácter pluralista de Bolivia.
La situación actual desde el punto de vista territorial
Bolivia esta conocida por ser uno de los países latinoamericanos con una de las historias mineras más importantes. Por eso, la historia del país es inseparable de la de los yacimientos mineros: la mina de plata del Cerro Rico de Potosí, los yacimientos de Oruro o los del Altiplano. Sin embargo, la explotación des estos recursos sigue enfrentándose con las reivindicaciones territoriales de les pueblos indígenas.
Bolivia siempre ha creído en el ‘imaginario de Eldorado’ (expresión de Svampa.M). Esto significa centrar el desarrollo económico del país únicamente en sus recursos mineros. Esta imaginación siempre ha sido suportado por el partido nacional-popular y hay principalmente dos pasos claves. El primero está dirigido por el gobierno del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario – 1952/1964). El gobierno decidió nacionalizar todas las minas y crear una empresa estatal (COMIBOL – Corporación Minera Boliviana) para administrar y utilizar adecuadamente estos recursos. También creó la COB, el Centro Obrero Boliviano, que es un importante sindicato de trabajadores. Esta nueva unión será la portadora de la ideología de la lucha de los mineros contra las dictaduras existentes y representará una importante fuente de demandas sociales indígenas. Pero este progreso se vio frenado por la aplicación de las políticas ‘neoliberales’ de 1985, que condujeron a la privatización del sector minero y pusieron fin al sindicato de trabajadores.
La victoria de Evo Morales en 2005 permitirá revivir la ideología ‘eldoradoista’, así como la lucha de los mineros y las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas. A través de la adopción de la nueva Constitución, el Estado boliviano se convierte oficialmente en plurinacional y obliga a consultar a los pueblos indígenas antes de cualquier extracción en su suelo, poniendo así sus derechos y reivindicaciones de nuevo en el centro de la atención. El objetivo principal de la políticas es recuperar el control y el uso de los recursos naturales con un Estado central más presente y redistributivo. Al igual que en la primera fase de la década de 1960, el gobierno del MAS nacionalizará recursos estratégicos (principalmente gas). Sin embargo, ha surgido un dilema entre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el deseo de crecimiento a toda costa basado únicamente en la explotación de los recursos naturales.
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas son defendidos por varias entidades. En primer lugar, como lo vimos antes, la nueva Constitución de 2009 promulgada por el gobierno de Evo Morales les pide a todas las empresas y al estado consultar a los indígenas antes de extraer recursos en su territorio. Si la comunidad indígena propietaria de la tierra está de acuerdo, comienza un período de negociación sobre el pago de compensaciones. Esta obligación de consultar también se ve reforzada por la adhesión de Bolivia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la ONU sobre pueblos indígenas. A pesar de eso, hay muchos casos en los que se viola este derecho y esto ha dado lugar a muchos desafíos que refuerzan el conflicto social entre estas comunidades y el gobierno.
Aunque el gobierno del MAS defiende la Pachamama y los derechos indígenas, el caso TIPNIS complica la relación entre el gobierno y los pueblos indígenas, una imagen que a menudo es idealizada. El origen de este conflicto se encuentra en un proyecto de ley de 2010 que pretende construir un camino para facilitar el acceso de las regiones aisladas de Bolivia y así indirectamente el acceso a los recursos naturales. La ruta final del camino debería pasar por el Tipnis, un parque natural en el territorio indígena. El comportamiento del gobierno en la gestión del problema ha perjudicado a parte de la población boliviana y este acontecimiento marca una verdadera ruptura entre Evo Morales y algunos de su electorado. De hecho, el gobierno no ha mostrado ningún comprensión y no ha querido escuchar los importantes desafíos de los pueblos indígenas. Esta rechazo a cooperar provoco una marcha de 40 días a la capital y bloqueos y manifestaciones violentas en la capital. Finalmente abandonado, este proyecto de ley marca los límites de la revolución indígena y la dificultad del gobierno del MAS para conciliar los intereses económicos del país con los de la mayoría de su electorado.
Deseosos de mantener el control de sus tierras, en 2011 los líderes de varias comunidades indígenas (entre ellos Rafael Quispe para los aymaras) emitieron la posibilidad de promulgar una ley (Ley Marco de Consulta Previa) para que el gobierno dejara de evadir el principio de consulta y violara así sus derechos. Aunque hay un decreto, estos líderes quieren una ley que realmente amplíe esta obligación de consultar. El presidente Evo Morales, que pertenece a estas comunidades indígenas, es fuertemente criticado por olvidar sus orígenes y deberes constitucionales. Quispe confió que el presidente le ha dicho que las consultas eran un freno a la inversión extranjera y a los proyectos, una acusación que el presidente refuta por completo. En respuesta, el pueblo guaraní desencadenó el ‘estado de emergencia’ y anunció que si el gobierno continuaba tomando hidrocarburos en su territorio clasificados como patrimonio histórico nacional e internacional, llamaría a las instituciones bolivianas e internacionales, como la ONU, a proteger sus derechos.
Un nuevo escándalo estalló en 2015. Las comunidades indígenas reafirman su derecho a la consulta previa antes de explorar o extraer hidrocarburos en un momento en que el gobierno está tratando de impulsar el crecimiento económico del país. Las protestas se intensificaron cuando la policía trató de desplazar a 300 indígenas del pueblo Takovo Mora que eran bloqueando una carretera en el este del país para obligar a la compañía petrolera estatal a consultarles. Este incidente causó 3 muertes y alrededor de 60 heridos. Pocos días después, el presidente Evo Morales dijo que el país podría estar sin gas para 2050 si no exploraba el suelo.
Sin embargo, la exportación de materias primas es la única fuente significativa de ingresos para el Estado. Detrás de este conflicto social, que se prolonga desde hace años, se esconde una compleja situación económica. Así, Bolivia se enriqueció mucho en 2006 con la nacionalización de las empresas del sector de los recursos que ha permitido aumentar las exportaciones, pero debido a la caída del precio de las materias primas, los ingresos del Estado disminuyen constantemente (-2.500 millones de dólares en comparación con 2015).
Por lo tanto, una de las únicas maneras de compensar la caída de los precios es aumentar significativamente el volumen de las exportaciones y, por lo tanto, la extracción de recursos. Para el político Marcelo Vernoux, ‘ocurre lo mismo que para el dictador Banzer (1971-78): cuando los precios de las materias primas callen, el gobierno también’. Tomó la salida fácil yendo a las áreas protegidas, dañando el medio ambiente sin consultar a los pueblos indígenas y criticando las protestas de aquellos que alguna vez fueron sus aliados más fuertes, observa el Sr. Varnoux.
