Acuerdos, Negociaciones e Instrumentos sobre Cambio Climático

1. Introducción

En la actualidad, en términos ambientales se denota una proliferación de las eMisiónes de gases de efecto invernadero (GEI), las cuales constituyen una externalidad global que demanda medidas de control por parte de todos los países a nivel mundial, ya que es una problemática que pone en riesgo la estabilidad de las generaciones futuras. De lo mencionado, organizaciones preocupadas por este fenómeno que cada vez aumenta a ritmo preocupante, ha incentivado la intervención de la comunidad internacional, dado la ausencia de una autoridad mundial operativa que regule los procesos de contaminación, por lo cual se desarrolló el denominado Protocolo de Kioto, como el más claro referente de las políticas de los Estados firmantes que conforman este programa para el mejoramiento del medio ambiente.

En referencia a lo manifestado, hay que señalar que se adoptó una decisión en Durban, que hace parte de un segundo período de compromisos en el ámbito del Protocolo, lo que ha despejado las dudas sobre la incertidumbre generada a raíz del fin de la vigencia del Tratado debido a desacuerdos y no compromiso de algunos países, principalmente los desarrollados, no obstante, se supera esa dificultad y se confirma la voluntad de los países de seguir con los mecanismos en vigor y de negociar nuevos instrumentos que hacen posible que todos los Estados miembros sin excepción realicen un gran esfuerzo para mitigar sus eMisiónes contaminantes.

La globalización se puede decir que es paralelo a un rápido progreso tecnológico, elevada movilidad de bienes, servicios, personas y propagación de redes de comunicación, entre otros aspectos. En ese sentido, los que defienden los postulados globalizadores aseveran que se pueden presentar problemas ambientales pero en términos manejables, no obstante complementan el discurso al mostrar el mejoramiento del nivel de vida y el crecimiento económico, lo cual compensa la pérdida ambiental, debido a que por medio del libre comercio se favorece el uso eficiente de recursos y la difusión de tecnologías limpias, lo cual contribuye a acabar con subvenciones y políticas que favorecen productos y actividades ambientalmente nocivos.

En el otro extremo, están los que rechazan el desarrollo y profundización de la globalización, pues aseguran que es un hecho histórico que el aumento de la producción estimulado por el libre comercio y la mejora de la eficiencia conlleven un mayor consumo de recursos y problemas tales como la generación de residuos y las eMisiónes de CO2.

Dado lo anterior, se puede señalar que la globalización concede un papel dominante al sistema económico, en deterioro de la política, los aspectos sociales, la cultura y el medio ambiente. Por consiguiente, el mantenimiento del entorno está supeditado a los desarrollos económicos.

Respecto a las supuestas ventajas del libre comercio, sus críticos reprochan que el mercado no seleccione por sí mismo productos y actividades más limpios que los actuales a no ser que le produzca una rentabilidad económica directa, cosa que no siempre se da. La idea del denominado mercado verde, siguiendo fórmulas neoliberales para resolver los problemas ambientales, también ha cobrado especial auge como una posible solución al proceso de producción y acallar a los críticos que rechazan esta forma de abordar la economía.

El medio ambiente es un bien libre, es decir, no existe un mercado que determine un precio. Por tanto, ni tiene un precio para reflejar su escasez ni Generalmente el precio de un producto contempla los costes ambientales que han sido necesarios para producirlo (Raffo & Mayta, 2015).

1.1 Contextualización

Las dificultades que acontecen con respecto al cuidado medio ambiental, tienen un carácter de tipo transfronterizo, es decir, afectan no solo al país que genera las eMisiónes contaminantes sino que a otros países que conforman la línea fronteriza del primero, por lo tanto, el problema se puede definir a nivel mundial (cambio climático, destrucción de la capa de ozono, contaminación atmosférica por tóxicos persistentes), igualmente, se tiene el problema en el territorio o a nivel local, sin embargo éste se reparte a todo el mundo (cambios de uso de la tierra, pérdida de biodiversidad, invasiones biológicas). Esta situación conlleva a que los países que deciden resguardar sus recursos naturales, causen externalidades positivas que sirven a otros países; sin embargo, muchas veces es el propio país el que tiene que sufragar todos los gastos para beneficio del resto, lo cual no siempre es gratificante para el primero (Gómez, 21015).

Con respecto a la actuación de los gobiernos en el sentido expuesto, se pude señalar que la mediación de los poderes públicos en el ámbito del medio ambiente es algo necesario dada su característica de bien público, lo cual da lugar a fallos de mercado (Torre, 2014) que en numerosas ocasiones no tiene en cuenta el bien común como tal, sino más bien los intereses particulares, por lo que se denota la afectación significativa y no hay reposición o compensación por el daño causado.

En una solución alternativa al aspecto mencionado, la política medioambiental puede ser una herramienta que utiliza una serie de instrumentos para mitigar o internalizar las externalidades y de esta manera poder influir sobre la conducta ambiental de los individuos y los agentes (empresas). Este tipo de intervención se puede realizar a través de los siguientes mecanismos (CEPAL, 2015):

Instrumentos económicos o de mercado: son aquéllos que influyen sobre los costes y beneficios de las diversas opciones entre las que pueden elegir los agentes económicos, incentivando a dirigir o modificar sus acciones en un sentido favorable para el medio ambiente.

Instrumentos de regulación: establecen las obligaciones y limitaciones que deben cumplir de modo ineludible los agentes destinatarios por parte de las autoridades públicas competentes.

Formación y persuasión moral: incluyen las campañas de concienciación, la educación ambiental y la información.

Programas híbridos o mixtos: constituyen una combinación de los anteriores.

Como se puede apreciar, en cuanto al manejo ambiental existen formas de atenuar el daño causado al medio ambiente, de tal manera que se obligue de alguna forma a los directamente involucrados que causan este tipo de daño ambiental, por lo cual, en ese aspecto vale la pena la intervención eficaz de los Estados u organismos multilaterales que puedan llevar un control exhaustivo de los recursos naturales y su preservación.

1.1.1 Valoración monetaria del medio ambiente

La valoración en términos monetarios del medio ambiente lo que busca es que se pueda reflejar en dinero el impacto ambiental causado por los agentes económicos que de una u otra forma generan perjuicio a los recursos naturales, lo que se ha denominado como el costo medioambiental. Algunos autores han definido este escenario como una forma de ‘internalizar las externalidades’; no obstante, para realizar este procedimiento se requiere poder asignar un precio a cada componente del medio ambiente. La disciplina que intenta valorar los efectos ambientales de la actividad económica (es decir, las externalidades) se la conoce como Economía de los Recursos Naturales (Molina, Moso, & Torres, 2015).

Dado lo anterior, en el contexto donde el compromiso con la protección del medio ambiente es relativo, resulta propicio involucrar a las empresas de forma directa para que puedan tener participación con conciencia ambiental, algo complejo de lograr si se tiene en cuenta que éstas a su vez buscan su propio beneficio y abogan por que los costos ambientales que se generan por su actuar sean mínimos; no obstante, se ha llegado al discurso de la sostenibilidad al que han hecho referencia el ámbito político y empresarial, donde no se denota coherencia en la metodología de asignar valor a los costos sociales y ambientales generados debido a la forma de dimensionar la compleja realidad contemporánea desde el punto de vista ambiental y como este concepto ha tomado fuerza y proyección hasta lograr gestión más adecuada en la medición objetiva de la valoración económica de los recursos naturales (Becerra & Hincapié, 2014)

1.1.2 Métodos de valoración económica

La valoración de los bienes ambientales presenta algunas fallas del mercado que conducen a una asignación ineficiente de los recursos naturales, ya que muchas veces está en función de intereses particulares y de políticas estatales que en diversas situaciones no favorecen el bien común, por consiguiente, se producen daños en la mayoría de los casos irreparables en el medio ambiente, lo cual por supuesto afecta la sociedad en General debido al impacto contaminante generado lo que conlleva a pérdida del bienestar social. Tal y como señala Perez (2016), se presenta una intrínseca “relación entre bienestar social y bienes ambientales, debido a que estos no se pueden enajenar en el mercado, estos recursos no tienen precio y los individuos tienden a darles un uso inadecuado, impidiendo que cumplan con sus vitales funciones sociales”, por lo cual surge el interés en desarrollar metodologías que faciliten constituir un valor económico en lo correspondiente a la calidad y cantidad de los recursos naturales y ambientales (Pérez, 2016).

Dado lo anterior, se menciona que los métodos de valoración se distinguen entre dos enfoques, directos e indirectos; en el primer caso se aborda la metodología a partir de una exhaustiva cimentación del mercado del bien que se piensa valorar, lo cual se realiza mediante preguntas directas a los individuos, planteando escenarios hipotéticos, posteriormente se constituyen las predilecciones de los sujetos por el bien ambiental, que se forman en el sustento del mercado del bien que se quiere valorar. Este método consiente estimar el valor de los bienes para los cuales no existen puntos observables que ayuden a evaluar la curva de demanda por el bien. Dentro de este procedimiento, el de mayor aceptación es el de valoración contingente, por cuanto es el único que puede estimar el valor total de un recurso ambiental; es decir, estimar tanto el valor de uso como de no uso (Pérez, 2016). El segundo enfoque de valoración siguiendo con las apreciaciones de Pérez (2016), emplea una serie de “métodos denominados métodos indirectos o de preferencias reveladas, toda vez que se fundamentan en la utilización de observaciones sobre el comportamiento de los individuos en mercados convencionales relacionados con los bienes que carecen de mercado”. Este tipo de modalidad inicia a partir de la existencia de unas preferencias reveladas por parte de los individuos; por consiguiente, si los consumidores pagan un precio por un determinado bien, ese será el valor que representa para ellos en términos de utilidad. De acuerdo con Pérez (2016), la “valoración indirecta de un bien ambiental es aceptable si la valoración del bien mercadeable cuenta con información efectiva revelada en el mercado”.

1.2 Acuerdos y negociaciones internacionales sobre cambio climático

La solución al problema del cambio climático se ha convertido en uno de los principales retos [transfronterizos] todavía sin resolver y [uno de los mayores desafíos ambientales y económicos para asegurar la sostenibilidad], tanto en los procesos de negociación como en la propia articulación del sistema económico y financiero (Montalvo, 2011)

Una externalidad global exige medidas coordinadas a nivel planetario que permitan su control de forma compatible con los intereses divergentes de los países subdesarrollados/emergentes y desarrollados.

Los países más desarrollados tienen una gran responsabilidad histórica en la generación de dicha externalidad global, pero también son los que disponen de una mayor cantidad de recursos económicos para hacer frente a los impactos, por lo que su vulnerabilidad es menor. Por el contrario, los países menos desarrollados, es decir, que menos han contribuido a las eMisiónes de GEI, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y geográfica, ya que por un lado carecen de mecanismos financieros y, por otro, la ya de por si sobreexplotación de sus recursos ambientales y naturales se ve agravada.

Ante la ausencia de una autoridad internacional con capacidad de decisión operativa, la única vía es la de los compromisos vinculantes en el ámbito internacional, como el Protocolo de Kioto.

Las medidas de reducción de eMisiónes pasan por la transformación de los obsoletos e ineficientes modelos energéticos tradicionales en tecnologías bajas en eMisiónes de carbono, sobre todo, en las economías emergentes, cuyo crecimiento se ha acelerado en las últimas décadas.

Actualmente, políticos y científicos coinciden en la necesidad de incorporar la dimensión ‘cambio climático’ en las decisiones estratégicas de los distintos sectores, estableciendo sistemas que faciliten la aplicación real de todas estas propuestas, así como mecanismos para el monitoreo de su cumplimiento. Este Objetivo se vincula con la necesidad de orientar los modelos de producción actuales hacia otros menos intensivos en términos de eMisión de GEI.

En este sentido, el resultado del proceso de negociación es clave para aprovechar las oportunidades e incentivos que surgen del marco internacional vigente con el fin de llevar a cabo una parte de las transformaciones necesarias. Sin embargo, a menudo, la negociación se torna ardua y complicada, agravada más si cabe por la crisis financiera y de la economía real.

Las negociaciones sobre cambio climático pueden llevarse a cabo dentro del marco de las Naciones Unidas o bien, paralelamente, fuera de dicho formato. Las primeras, tienen lugar en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), mientras que las segundas hacen referencia a las negociaciones llevadas a cabo por el grupo del G8 y G20 principalmente.

Precisamente, la tendencia del G20 en los últimos años va en esta dirección y se ha hecho extensiva a las diferentes Cumbres organizadas por la ONU durante estos años y al Foro de los líderes de las principales economías (MEF, por sus siglas en inglés) sobre energía y cambio climático, reconociendo el imperativo científico de limitar el aumento de las temperaturas en +2º C con respecto a los niveles preindustriales.

De esta manera, una transición hacia una economía baja en carbono necesita la aplicación de políticas adecuadas que traten todos los temas relevantes aportados en el Plan de Acción de Bali de 2007

Según Garriga (2009), desde el punto de vista empresarial, cada vez más, se asume que el proceso de lucha contra el cambio climático va a afectar en la toma de decisiones y que éste debe verse como una oportunidad de negocio y de mejora de la competitividad.

Un tema muy importante en toda negociación, y con mayor razón en relación al cambio climático, es la arquitectura financiera. Es aquí donde cobra una mayor importancia el papel del sector privado en un contexto de crisis donde escasean los presupuestos públicos de los países que deben contribuir económicamente.

La consecución de un acuerdo que contenga compromisos de reducción de eMisiónes lo suficientemente ambiciosos y compatibles con el Objetivo ambiental de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los +2ºC, permitirá hacer rentables las inversiones en tecnologías limpias, al generarse un precio adecuado para las eMisiónes de dióxido de carbono.

El rol del sector privado es una interrogante que debe ser resuelta de manera conveniente, ya que sin seguridad y claridad, ni los fondos privados ni las empresas, van a participar, como es necesario que hagan, en este proceso de transformación hacia una economía baja en el uso de combustibles fósiles, donde el ahorro y la eficacia serán los criterios más importantes en la toma de decisiones empresariales en los próximos años (Garriga, 2010).

En este sentido, en la Conferencia de Cancún de 2011 se reconoció el papel clave de las empresas y sectores privados, como complemento necesario a las acciones públicas de los gobiernos de todo el mundo, y hacia la necesidad de avanzar en una economía baja en carbono, donde todas las tecnologías tengan cabida.

1.2.1 Actores principales de la negociación

Existen una serie de actores que intervienen en toda negociación. De entre los más importantes destacan:

• Naciones Unidas. Desempeñan un papel facilitador de espacios y constituye el marco de debate donde tiene lugar la negociación, producción de políticas y regulaciones, así como actúa de canalizadora y proveedora de apoyo financiero.
• Gobiernos y Estados. Su rol es fundamental en las negociaciones e implementación del Convenio Marco, el Protocolo de Kioto y otros instrumentos. Actúan de forma simultánea en los sectores multilateral, bilateral y regional.
• Expertos (académicos, universitarios, investigadores, profesionales…). Desempeñan un papel primordial en la información técnica sobre cambio climático necesaria para apoyar las decisiones y discusiones políticas.
• Sector privado (empresarios, corporaciones, asociaciones profesionales…). Desempeñan una gran influencia por su poder económico e influencia. Son responsables de la creación, producción y despliegue de las tecnologías de adaptación y energías renovables.
• Sociedad civil. Representada por las ONGs, con gran poder de movilización social. Producen información técnica cualificada.
• Medios de comunicación. Productora de información y formadora de opinión.
• Bancos Nacionales de Desarrollo. Fundamentales no sólo para movilizar financiamiento climático internacional, sino también para apalancar otros recursos financieros internacionales y nacionales en aras de inversiones públicas y privadas necesarias para abordar el cambio climático y promover beneficios ambientales y sociales.

1.2.2 Convención marco de las naciones unidas sobre cambio climático

La respuesta inicial para combatir el cambio climático comenzó en la Conferencia de Río de 1992, con la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor en 1994.

En dicho evento se reunieron representantes de todos los países que formaban parte de la Convención, además de otros participantes en calidad de observadores (órganos y organizaciones de Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, ONG’s y medios de prensa) previa autorización de las Partes.

El CMNUCC estableció las siguientes premisas:

• El reconocimiento de la existencia del problema y de su irreversibilidad.
• La necesidad de estabilizar las eMisiónes de GEI a un nivel que evite una interferencia peligrosa de las actividades humanas en el sistema climático.
• La advertencia de la necesidad de conseguir este Objetivo antes de que sea ‘demasiado tarde’ (con tiempo suficiente para poder adaptarse a los cambios del clima que resulten inevitables).
• La responsabilidad de los países desarrollados en el problema, demandando un mayor esfuerzo en la estabilización de las eMisiónes de GEI.
• La integración de la variable climática a la hora de diseñar, implementar y evaluar sus actuaciones y políticas.
• La asunción de la necesidad de potenciar la investigación científica sobre el cambio climático, así como el desarrollo y transferencia de tecnología a los países en desarrollo.
• La apuesta por el desarrollo sostenible y la educación de los ciudadanos en materia de cambio climático.

El Objetivo final de la Convención es:

[…] lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antrópicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adaptasen naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

2. Materiales y métodos/metodología

La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo de investigación, tiene un enfoque cualitativo, de acuerdo con información proveniente de revisión documental sobre temas concernientes a los acuerdos, negociaciones e instrumentos sobre cambio climático en diversos artículos y el caso específico de Colombia donde hoy en día están implementando algunos acuerdos logrados; de igual forma se realiza la comparación con otros países de América Latina donde se menciona los Acuerdos desarrollados y las leyes y decretos que los sustentan por medio de la cual se rige la implementación de estos convenios y negociaciones realizadas para mitigar el impacto generado al medio ambiente, además se analiza a grandes rasgos el resultado de la puesta en marcha de la política que regula la legislación ambiental colombiana, donde a través de la descripción de datos mediante una revisión bibliográfica, se determinan los elementos necesarios para la implementación y/o aplicación de normas ambientales estandarizadas en ese aspecto.

Se utilizó el método de revisión documental para recopilar información pertinente a través de información existente de acuerdos, políticas y negociaciones que han implementado en el país.

3. Resultados y discusión

En cuanto a la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, hay que mencionar, de acuerdo con publicación del Ministerio de Ambiente de Colombia, se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, mediante la expedición de la Ley 164 de 1994, con el ánimo de buscar alternativas que le permitieran adelantar acciones para abordar la compleja problemática del cambio climático. La ratificación de este instrumento implica el cumplimiento por parte del país de los compromisos adquiridos, de acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en consideración al carácter específico de sus prioridades nacionales de desarrollo (Minambiente, 2017). En la misma publicación, se menciona que en el año 2000 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 2000.

Así mismo, en el años 2002, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual cambio de denominación a llamarse Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Departamento Nacional de Planeación, confeccionaron los Lineamientos de Política de Cambio Climático, que esbozan las principales estrategias para la mitigación del cambio climático en el marco de la CMNUCC, del Protocolo de Kioto y de la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (Minambiente, 2017). En ese año se creó la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático, Autoridad Nacional Designada para ser el ente promotor y evaluador de todos los proyectos MDL del país, favoreciendo la consolidación de proyectos competitivos y eficientemente económicos que pudieran ser transados en el mercado mundial de reducción de eMisiónes de CO2.

Tal y como se puede apreciar, Colombia ha ratificado la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, sin embargo, la Política Nacional de Cambio Climático inició su formulación en el año 2014 y desde entonces se propuso articular todos los esfuerzos que el país viene desarrollando desde hace varios años, y principalmente desde el 2011, a través de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono –ECDBC-, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático –PNACC-, y la Estrategia Nacional REDD+, entre otras iniciativas, y adiciona elementos novedosos para orientar estratégicamente todos los esfuerzos hacia el cumplimiento del compromiso adquirido en el marco del Acuerdo de París (Minambiente, 2016).

Con respecto a las acciones que el país se ha comprometido a tomar para evitar aminorar las causas del cambio climático, hay que señalar la estrategia de Colombia de adaptación y mitigación al cambio climático, la cual se enmarca en la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), cuyo Objetivo es incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que este genera para lograr el desarrollo sostenible del país. Las estrategias territoriales que se proponen: desarrollo urbano resiliente al clima y bajo en carbono; desarrollo rural resiliente al clima y bajo en carbono, y manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (Minambiente, 2017).

Son cinco líneas estratégicas que se basan en la Nueva Economía del Clima que fue un ejercicio de referencia mundial en el que participó Colombia junto a otros seis países. Para su definición se consideró lo siguiente:

• Las ciudades son motores de crecimiento económico y generan alrededor del 80% de la producción económica mundial y cerca del 70% del uso mundial de energía y de las eMisiónes de GEI relacionadas con la energía.
• En materia de desarrollo rural, la productividad en el uso de la tierra determinará si el mundo es capaz de alimentar a una población.
• Los sistemas de energía alimentan el crecimiento en todo el mundo.
• La infraestructura respalda el crecimiento económico moderno.
• Para el caso de los ecosistemas es clave atender los cambios en el uso del suelo, así como gestionar ecosistemas estratégicos como los páramos y reducir la deforestación y la degradación.

Además de las líneas estratégicas, la Política soporta el desarrollo de estas en cuatro líneas instrumentales: Planificación de la Gestión del Cambio Climático; Información, ciencia, tecnología e innovación; Educación, y Financiación e instrumentos Económicos.

En términos institucionales, la PNCC aprovecha el Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA, creado por el Decreto 298 de 2016, y que relaciona y busca articular el nivel nacional con los niveles regionales y locales responsables o involucrados dentro de la gestión del cambio climático.

En la misma línea, las acciones que Colombia se ha comprometido a tomar para atenuar los efectos desfavorables del cambio climático, el proyecto de Ley 073 de 2017 por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático, tiene por objeto la gestión del cambio climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades Ambientales en las acciones de mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático con el Objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono (Ley 073 de 2017, 2017).

Una de las acciones para atenuar los efectos desfavorables del cambio climático consiste en bajar los niveles de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) es un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Su Objetivo principal es desligar el crecimiento de las eMisiónes de gases efecto invernadero (GEI) del crecimiento económico nacional (El Espectador, 2014). Para lograrlo se ha trabajado con entidades como los ministerios sectoriales, en la priorización de medidas de mitigación, compiladas en los Planes de Acción Sectoriales, conocidos como PAS, que maximicen la carbono-eficiencia de la actividad económica del país y que, a su vez, contribuyan al desarrollo social y económico nacional (El Espectador, 2014).

Otro aspecto consiste en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), el cual se desarrolla bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación y el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Su Objetivo General es reducir el riesgo y los impactos socio-económicos y ecosistémicos asociados a la variabilidad y al cambio climático en Colombia (El Espectador, 2014).

Asimismo, se han venido formulando Planes Territoriales y Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático. El apoyo a autoridades municipales en la región ha permitido la implementación de acciones específicas en adaptación al cambio climático en todo el país cubriendo aproximadamente el 49% de la población de Colombia (El Espectador, 2014).

Ante el deterioro del medio ambiente, se ha determinado acciones para la Conservación del medio natural con énfasis en actividades para consolidar una sociedad más justa y equitativa para las generaciones presentes y futuras.

1. Conservación de Especies Amenazadas;
2. Áreas Estratégicas para la Conservación;
3. Aprovechamiento Sustentable de los Componentes de la Diversidad Biológica;
4. Prevención, Control y Erradicación de Especies Exóticas;
5. Control y Fiscalización de Organismos Genéticamente Modificados;
6. La Prevención del Comercio ilícito de Especies.

La política nacional del cambio climático, busca promover una gestión del cambio climático que contribuya a avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos asociados a las alteraciones por efectos del cambio climático (Andi-Minambiente, 2016). La Política propone una serie de estrategias territoriales Generales y sectoriales de alto impacto para la adaptación y la mitigación de GEI (Gases de efecto invernadero), y unos lineamientos para su articulación (que definen la lógica de interacción entre ellas) que buscan optimizar la combinación de distintos criterios/elementos en un mismo territorio, lo que resulta necesario para relacionar la adaptación y mitigación de GEI con decisiones relevantes de desarrollo. Algunos de estos elementos se mencionan a continuación (Andi-Minambiente, 2016):

• Concentración de infraestructura y población vulnerable al cambio climático.
• Grandes inversiones sectoriales de alto impacto en términos de vulnerabilidad al cambio climático y mitigación de GEI.
• Decisiones públicas relativas al ordenamiento del territorio y a la planificación del desarrollo.
• La complejidad de la gobernanza pública territorial en términos del reto y la oportunidad que supone tener grandes ciudades versus pequeños municipios.
• Dinámicas del desarrollo económico (urbano versus rural).
• Dinámica de eventos asociados a fenómenos climáticos (inundaciones y/o sequías) o dinámicas generadoras de GEI vía cambios de uso del suelo y deforestación.
• Dinámica de la degradación de ecosistemas que afecta la capacidad de resiliencia de los territorios y el potencial de mitigación de GEI.

Con base en lo anterior, las estrategias territoriales que se definen son las siguientes: desarrollo urbano resiliente al clima y bajo en carbono, y desarrollo rural resiliente al clima y bajo en carbono. Asi mismo, se definen dos estrategias sectoriales que potencialmente tienen consecuencias altas en términos de riesgos asociados al cambio climático en todo el territorio nacional y mitigación de GEI: desarrollo mineroenergético bajo en carbono y resiliente al clima, y desarrollo de infraestructura estratégica resiliente al clima y baja en carbono. Adicionalmente, se define un estrategia de manejo y conservación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Es importante resaltar que todos los sectores relevantes al cambio climático están considerados en la Política, y están incorporados en las estrategias territoriales y en las estrategias instrumentales que se mencionan a continuación (Andi-Minambiente, 2016).

Esta Política considera que para implementar estas cinco estrategias se requiere de instrumentos adecuados por lo cual se definen cuatro líneas instrumentales: (i) Planificación de la gestión del cambio climático (ii) Información, ciencia, tecnología e innovación; (iii) Educación, formación y sensibilización a públicos, y (iv) Financiación e instrumentos económicos (Andi-Minambiente, 2016).

En lo pertinente a los inventarios nacionales de eMisiónes antrópicas, hay que mencionar que el Efecto Invernadero es un fenómeno natural que se produce cuando la radiación de onda larga emitida por la superficie terrestre, es absorbida por los gases atmosféricos. Los gases que absorben parte de esta energía son denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI), y son principalmente: vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono. Los cloro fluoro carbonos (CFC), hidrofluorocarbonos (HFC) y algunos gases tales como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles distintos al metano, contribuyen también al Efecto Invernadero. Se piensa que el incremento de estos gases altera la distribución de energía de la atmósfera y, en consecuencia, tiene la potencialidad de afectar el clima, incidiendo sobre algunos fenómenos naturales, como la temperatura media global, la frecuencia y distribución de la precipitación, los patrones de clima, el ciclo hidrológico, entre otros. El resultado podría ser un aumento en la temperatura de 1,4Cº a 5,8Cº en los próximos 100 años y la consecuente afectación de los ecosistemas naturales, cultivos agrícolas y el incremento del nivel del mar. No todos los gases tienen la misma incidencia sobre el Efecto Invernadero. Se han establecido efectos directos e indirectos para distinguir entre un Gas de Efecto Invernadero propiamente dicho, y un gas que origina o tiene influencia en la producción del primero de los mencionados, en la atmósfera. Para determinar esto último, se calculó un índice que permite comparar sobre una misma base los efectos de estos gases mediante el Potencial de Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en inglés), el cual mide la relación de la fuerza radiactiva directa e indirecta de una unidad de Gas de Efecto Invernadero, y una unidad de CO2, como gas de referencia, en un período determinado, normalmente de 20 y 100 años.

La Republica de Colombia si ha presentado su Inventario Nacional de las eMisiónes antrópicas serie completa 1990-2012, el cual ha sido sometido a un riguroso proceso de aseguramiento de calidad, por parte de prestigiosas instituciones internacionales como la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO – Roma).

Los resultados se enuncian como sigue a continuación:

Históricamente, el CO2 es el GEI que tiene una mayor participación respecto al total de eMisiónes. GEI como los HFCs tienen una mínima participación y han sido solo empelados en el país a partir del año 2005 cuando se introdujeron como sustitutos a los gases SAO. En importante tener en cuenta que las absorciones corresponden únicamente a CO2 (Ideam, 2016).

Las principales eMisiónes del país corresponden a CO 2 (74% de las emisio – nes totales) proveniente principalmente del sector forestal, eMisiónes calculadas dentro de los grupos IPCC: 3.B.1 Tierras forestales, 3.B.2 Tierras de Cul – tivo, 3.B.3 Pastizales. Por otra parte, el CH 4 (17% de las eMisiónes totales) es generado principal – mente por sector agropecuario, eMisiónes estima – das en su mayoría dentro de los grupos IPCC: 3.A. Ganado y 3.C. Fuentes agregadas y eMisiónes no CO 2 provenientes de la Tierra. El 100% de las absorciones corresponde a CO 2 proveniente del sector forestal y agropecuario, esti – madas dentro de los grupos 3.B.1. Tierras forestales, 3.B.2. Tierras de Cultivo y 3.B.3. Pastizales (Ideam, 2016).

Los inventarios por departamento se presen – tan para el año 2012 con resultados por emi – siones, absorciones y eMisiónes totales netas (balance de eMisiónes menos absorciones). Los departamentos con balance negativo pre – sentan en neto absorciones, las cuales se de – ben principalmente a la presencia de cultivos permanentes leñosos (Ideam, 2016).

Colombia se sitúa en el puesto 5 de eMisiónes GEI entre 32 países de Latinoamérica y el Caribe. Brasil, México y Argentina son los principales emisores de este grupo. Las eMisiónes GEI de Colombia corresponden aproximadamente al 0,4% del total de eMisiónes mundiales. Las eMisiónes per cápita de Colombia son de 4 ton CO2 eq. /habitante. Dentro de la lista de emisores GEI per cápita mundiales, Colombia se ubica en la posición 105 (de mayor a menor) (Ideam, 2016).

Es notable la mejora sustancial de la eficiencia de la economía como un todo en términos de eMisiónes, es decir, la reducción de la cantidad de eMisiónes de GEI “necesarias” para producir una unidad de PIB. Entre 2000 y 2012 la intensidad energética se redujo en un 39%, pasando de 906 a 550 ton CO2 eq. (EMisiónes brutas) por cada millón de pesos de 2005 de PIB.

La eMisión bruta (sin absorciones) per cápita de Colombia es muy similar al promedio de América Latina: aproximadamente 7 ton de CO2 eq anuales por habitante, valor que a su vez es casi idéntico al promedio mundial. Teniendo en cuenta que existe una relación de proporcionalidad entre desarrollo económico y eMisiónes, es afortunado constatar que, descontadas las absorciones, la eMisión per cápita de Colombia, aproximadamente 4 ton CO2eq/ hab•año, es comparable a la de países de menor desarrollo social y económico. Más esperanzador aún es el continuo descenso de la eMisión per cápita, lo que indica en cualquier caso que las eMisiónes están creciendo menos rápido que la población (Ideam, 2016).

Las políticas para impulsar la eficiencia energética, de acuerdo con la Resolución 549 de 2015, expidió la guía de ahorro de agua y energía, la cual contiene exigencias en materia de reducción de consumos de estos servicios, discriminando el tipo de edificaciones (centros comerciales, oficinas, hoteles, instituciones educativas y hospitales) y el clima (frío, templado, cálido seco y cálido húmedo). La Resolución establece los porcentajes mínimos de ahorro con que deben cumplir las edificaciones nuevas de estos tipos a partir del segundo año de entrada en vigencia de la misma, tomando como referencia una línea base determinada mediante estudios y análisis previos. Los porcentajes de ahorro indicados van desde 10% hasta 45% Para alcanzar los porcentajes de ahorro, la guía sugiere la implementación de medidas activas (sistemas mecánicos o eléctricos para garantizar condiciones de confort) o pasivas (que consideran el clima, paisaje, localización, orientación, selección de materiales, diseño interior y aprovechamiento de iluminación y ventilación naturales) (Minminas, 2017).

Otro instrumento que aporta al mejoramiento de la eficiencia energética, lo constituye la Norma Técnica Colombiana 6112 “Etiquetas Ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano (SAC) Criterios Ambientales para Diseño y Construcción de Edificaciones Sostenibles con uso diferente a vivienda” publicada en marzo de 2016. Esta norma incluye criterios para ahorro y uso eficiente del agua y la energía, reducción de eMisiónes durante la construcción y para la selección de materiales, entre otros. Específicamente en lo relacionado con eficiencia energética abarca diseños arquitectónicos, sistemas de iluminación, HVAC,refrigeración, calentamiento de agua y uso de FNCE (Minminas, 2017).

Conforme a lo establecido en el Plan de Acción 2015–2016 de la Agenda Ambiental Interministerial acordada entre los ministerios de Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hay una actividad que consiste en formular una propuesta normativa para establecer estándares de eficiencia energética para los vehículos del parque automotor nacional. Adicionalmente, como complemento al reglamento de etiquetado (RETIQ), adoptado por el Ministerio de Minas y energía mediante Resolución 41012 de 2015, se propone establecer un sistema de etiquetado para los vehículos del parque automotor nacional (Minminas, 2017).

Se establecerá un Sistema Nacional de Certificación de Técnicos en Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía, que permita reconocer las competencias técnicas de los individuos que ofrezcan los servicios de implementación. Así mismo, se promoverá la acreditación por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de instituciones nacionales o internacionales que cumplan con los requisitos establecidos en la norma ISO 50.003 que será adoptada por Colombia. El sistema podría estar articulado a los departamentos de Gestión Ambiental creados por la Ley 1124 de 2007 y reglamentados por el Decreto 1299 de 2008, para que contemplen un módulo de gestión energética transversal, que permita hacer una gestión integral para incrementar la eficiencia energética y aportar al compromiso del país en términos de reducción de eMisiónes de GEI. Lo anterior, permitirá el desarrollo de instrumentos normativos, fiscales, de acceso al conocimiento técnico y de gestión y de fortalecimiento de capacidades de la infraestructura del subsistema nacional de calidad (Minminas, 2017).

Los incentivos tributarios para EE (exclusión de IVA y deducción de renta líquida), se otorgan actualmente bajo el mandato del Estatuto Tributario, ET, derivado de los artículos 158-2 (Renta Líquida, RL – Por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente), 424-7 (exclusión de IVA para equipos nacionales o importados); a partir de la reglamentación de una excepción contenida en los decretos reglamentarios 2532 de 2001 (IVA) y 3172 de 2003 (RL), que mencionan que los equipos para proyectos de eficiencia energética no serían objeto de los beneficios a menos que dichos proyectos correspondieran al cumplimento de metas ambientales concertadas entre los ministerios de Ambiente y Minas y Energía. Las metas ambientales se concertaron a través de la Resolución 186 de 2012 y tienen vigencia hasta diciembre de 2016. En este escenario, el ET establece que el “valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión.” De otra parte, el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014 planteó un nuevo escenario para otorgar el beneficio de deducción de renta líquida a proyectos de gestión eficiente de la energía (eficiencia energética + respuesta de la demanda), estableciendo que el “valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al 50% de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión” (Minminas, 2017).

Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de eMisiónes de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda. La finalidad de la ley es establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política energética nacional. Igualmente, tiene por objeto establecer líneas de acción para el cumplimento de compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de eMisiónes de gases de efecto invernadero, tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) mediante la Ley 1665 de 2013 (Ley 1715 de 2014, 2014).