Crisis de Legitimidad y Frustración de la “Paz Integral y el Diálogo Útil”
Bajo el mandato del presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998) se daba un giro hacia la tesis de las “causas objetivas”, si bien en su discurso de posesión advirtió que el diálogo debería ser “útil” y que sólo se sentaría a la mesa de negociación “cuando esté seguro de que existen condiciones reales para una paz permanente y duradera”. El primer efecto de esta actitud fue devolverle la legitimidad política a las guerrillas que pasaron de ser “bandidos” en la parte final gobierno de Gaviria, a ser potenciales socios negociadores “Paz integral y diálogo útil”, su estrategia, quería decir que el problema de la paz iba más allá de la confrontación armada, requería desarrollo social, ampliar la democracia y el respeto por los Derechos Humanos. Suponía “el reconocimiento del carácter político del conflicto armado y de las organizaciones guerrilleras, la participación activa de la sociedad civil y la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario como un primer paso hacia la paz” La implementación de la estrategia de “Paz integral y diálogo útil” de Samper se frustró debido a la agudización de la crisis política que tuvo que enfrentar el gobierno como consecuencia inicialmente del escándalo de los “narcocassettes” y posteriormente por el “proceso 8000”, por el ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña electoral. Pasado los años (3) las FARC ya que el ELN si mantenían conversaciones con el gobierno estos se negaban a negociar argumentando que el gobierno era ilegitimo y no querían el dialogo. El 23 de junio Samper decidió conformar una Comisión Exploratoria de Paz para definir términos y condiciones en que podían darse diálogos con las organizaciones insurgentes y re comendar el tratamiento para conseguir ese objetivo con los grupos de autodefensa. Sobre el final del gobierno se avanzó en algunos acercamientos con el ELN. En febrero de 1998, representantes del ELN y del gobierno firmaron un preacuerdo (confidencial que solo se habló que este favorecía a su copartidario presidencial) para sentar las bases de una negociación en Viana (España), este fue cancelado. Bajo este gobierno se pudo destacar un dialogo más cercano y un intento de negociación más conveniente por parte del gobierno y el ELN pero posteriormente el Gobierno y ELN acordaron el itinerario de la Convención Nacional; en realidad estos acercamientos iniciaron la dinámica de paz que se desarrollaría en el siguiente gobierno. (Cruz, 2015, págs. 18-19).
“Cambio para construir la paz”, Plan Colombia y reingeniería militar
Este fue bajo el mandato del nuevo presidente Andrés Pastrana 1998-2002, y este plan era prácticamente una continuación del plan de Samper solo que en este mandato dentro de los objetivos más específicos estaban destinados al dialogo y con este se llegó a limar las asperezas entre el gobierno y los militares, los cuales habían manifestado descontento al principio del gobierno , por medio del plan Colombia y sus recursos permitieron llevar a cabo la reforma militar y la modernización tecnológica y logística de las FFAA más importante en la historia del país.
Según Andrés Pastrana a su llegada a la presidencia de Colombia 1998-2002 asevera que: “Los altos mandos del ejército, encabezados por el general Tapias, le informaron que la democracia estaba en peligro y estaban “perdiendo la guerra”. (Cruz, 2015, pág. 20)
Su política de paz se estructuró con base en: diálogo y negociación con los actores armados que incluía el despeje territorial; reforma política para profundizar la democracia; Plan Colombia inicialmente propuesto como Plan Marshall para recomponer la estructura productiva del país, sustitución de cultivos ilícitos, modernización de las FFAA buscando mayor eficacia y respeto por los Derechos Humanos, y la “diplomacia para la paz” para buscar apoyo internacional. La política de paz del gobierno Pastrana introdujo la “zona de distención” como un elemento nuevo con relación a los anteriores gobierno. De hecho, las más fuertes discusiones se dieron el 9 de septiembre de 2000, cuando un guerrillero de las FARC secuestró y desvió un avión a San Vicente del Caguán y el gobierno condicionó la continuación del diálogo a la entrega del secuestrador, pero no se produjo ningún resultado; y en agosto de 2001 cuando salió a la luz pública la captura de tres presuntos miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA), que habían visitado la zona de distensión.
Una etapa álgida se vivió en octubre del 2001 con el asesinato de la ex ministra de cultura Consuelo Araújo, en momentos en que el ejército se disponía a liberarla del secuestro de las FARC, y languideció finalmente en febrero de 2002 cuando las FARC desviaron un avión de la empresa Aires para secuestrar al Senador Jorge Gechem Turbay, con lo cual Pastrana anunció la terminación del proceso Cada uno de estos hechos reabría la discusión sobre la necesidad del cese al fuego para avan-zar en las negociaciones con las FARC. Su desarticulación se convirtió en un tema central en la agenda de negociación con las FARC, hasta el punto que esta organización congeló los diálogos en enero de 1999 y en noviembre de 2000 para exigirle al gobierno acciones e impedir que se le diera un estatus político a dichos grupos.
El 24 de noviembre de 2001 gobierno y ELN suscribieron el “Acuerdo por Colombia”, donde se reconocía la inviabilidad de la zona de encuentro y se aplazaba el inicio de la negociación formal hasta cuando hubiese viabilidad. Durante el gobierno de Pastrana, los paramilitares crecieron como nunca antes, en una dinámica que los llevó, según datos del Ministerio de Defensa, de tener 3800 integrantes en 1997 a 8150 en el 2000 .En un principio la política de paz de Pastrana obtuvo el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil. Sin embargo, dado que la movilización de la sociedad civil a favor de la solución negociada al conflicto no fue de interés para las FARC ni para el gobierno, su incidencia en el cauce de la negociación fue marginal.
La mayor cantidad de recursos del Plan Colombia fue destinada al fortalecimiento de las FFAA, en un principio para mejorar su eficacia en el combate contra los cultivos ilícitos, pero luego su propósito antinarcóticos se confundió con su esfuerzo contrainsurgente. Ello permitió limar las asperezas entre el gobierno y los militares, los cuales habían manifestado descontento al principio del gobierno con la renuncia del ministro de defensa Rodrigo Lloreda, luego de la prórroga a la zona de despeje y la destitución de los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, fuertemente cuestionados por presuntos nexos con el paramilitarismo por el Departamento de Estado de los EE.UU. (Cruz, 2015, págs. 20-23).
El hiato de la “seguridad democrática”
La elección de Álvaro Uribe Vélez para los años 2002-2010, como presidente, fue “una respuesta al fracaso de la política de Andrés Pastrana de negociar con los grupos alzados en armas” Sin embargo, Uribe no cerró del todo las puertas a la negociación. En el punto cuarenta y uno de su “manifiesto democrático” mantuvo la posibilidad del diálogo condicionada a un cese de hostilidades previo. La política de paz del gobierno Uribe bajo sus dos mandatos se supeditó a la política de seguridad democrática. La concepción de la negociación en este gobierno no fue más allá del desarme y la reinserción, no comprometió la realización de reformas políticas y sociales de fondo ni la discusión de temas sustanciales con los actores armados. A esa limitación se adicionó la negativa a reconocer la existencia de un conflicto armado en Colombia y la persistencia en concebir tal situación como una amenaza terrorista. Tanto las FARC como el ELN se negaron en principio a aceptar el cese de hostilidades como prerrequisito para negociar. Las primeras tildaron el gobierno de Uribe como dictadura civil, mientras que el ELN rechazó varias veces sus propuestas por considerarlo un gobierno guerrerista. No obstante, esta serie de acontecimientos, que se prolongaron durante cerca de dos años hasta fines de 2008, también se frustraron, dado que ni el ELN que aparecía como una guerrilla diezmada militarmente en gran medida por el accionar del paramilitarismo ni el gobierno, establecieron con claridad los criterios de la posible negociación. (Cruz, 2015, págs. 23-24)
El retorno de la esperanza: los diálogos de La Habana
La “seguridad democrática” de Uribe articuló a los descontentos con el proceso de paz iniciado en 1999, entre quienes se encontraban élites regionales emergentes de distinta raigambre y sectores de las élites políticas tradicionales. Durante 2009 se generó un debate sobre la posibilidad de que Uribe se presentara para un tercer mandato. Esa posibilidad se hizo realidad con la sanción de una ley que avalaba la segunda reelección consecutiva, en septiembre de 2009. Sin embargo, en febrero de 2010 la Corte Constitucional la declaró inconstitucional al hallar vicios de proceso en su promulgación. En ese momento Juan Manuel Santos tomó las banderas del uribismo erigiéndose en candidato de la continuidad. Este también implementó reformas institucionales, como la reactivación de los ministerios que el anterior gobierno había suprimido (Salud, Justicia, Trabajo), o la liquidación de entidades donde se habían presentado casos de corrupción (Dirección Nacional de Estupefacientes, Departamento Administrativo de Seguridad). Pero quizás la mayor ruptura se produjo en torno al tema de la paz, porque Santos no sólo reconoció la existencia de un conflicto armado, sino que además tomó varias decisiones para abrir el camino hacia la consecución de la paz. Así, en junio de 2011 se promulgó la Ley 1448 o Ley de Víctimas, para reparar y atender a las víctimas del conflicto armado interno. En la misma dirección, el 26 de agosto de 2012 firmó con las FARC el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que significó el inicio de conversaciones con ese grupo guerrillero en La Habana, Cuba. Las negociaciones de paz con las FARC iniciaron formalmente el 18 de octubre de 2012 en La Habana; si bien desde el principio el ELN manifestó su intención de participar, desde mediados de 2014 se llevan a cabo acercamientos entre el gobierno y esa organización en Ecuador, aunque todavía el proceso no se concretaba. (Cruz, 2015, págs. 24-26).
