Influencia de los Movimientos Fundementalistas en la Iglesia Peruana
La influencia de movimientos fundamentalistas religiosos en la política peruana comenzó muchos años atrás, incluso antes de la fundación del estado colonial. Según Ballero (2013), entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el estado colonial y la iglesia católica formaron alianzas y establecieron estrategias políticas y de conquista sobre la población nativa:
La Iglesia por su parte, se encuentra firmemente enquistada en el aparato colonial. Su esfera específica es el control de las manifestaciones ideológicas de la sociedad (…) Es decir que va desde la justificación general del ‘derecho de conquista como necesidad de cristianización’, hasta la implementación de organizaciones destinadas a la aculturación de las masas indígenas y a la producción de los elementos pedagógicos (…) (1980, como se cita en Ballero, 2013, p.3).
Esto se debe a que las normas referentes a la sexualidad en culturas indígenas diferían de manera sustancial con las de los misioneros católicos, pues no solo presentaban diferencias con lo relacionado a los derechos sexuales de mujeres, sino a la homosexualidad. Ballero (2013) argumenta que un estudio de Michael Horswell señaló que “las prácticas homoeróticas constituían un tropo de la sexualidad flexible dentro de la cultura inca” (Ballero, 2013, p. 3).
Durante esa época, la iglesia católica resaltó a la monarquía y ejercía dominio sobre la población, especialmente sobre las mujeres, al utilizar discursos sobre la conversión y cura de almas herejes. Ballero (2013) resalta el uso del dispositivo de obscenidad en el discurso pastoral, el cual tenía dos objetivos principales: controlar la vida y cuerpo de las mujeres, y evitar que se involucren en discusiones políticas al relegarlas a un rol doméstico, reproductivo y de maternidad.
Una de las principales estrategias de la iglesia durante la colonia que podemos señalar en el texto de Ballero (2013), es que no solo ejerció presión política en el Perú, sino que también se enfocó en influenciar sobre la opinión de la población:
Estas dinámicas entre la iglesia y la política han influido en la historia del estado peruano, permitiendo la continua injerencia de dicha iglesia en los actores políticos, en las acciones de los gobiernos y las políticas públicas, desde luego no sólo en el aspecto legal sino sobre todo en la construcción de las mentalidades. En este sentido, el carácter conservador del discurso de la iglesia católica ha afectado los procesos de inclusión y de participación política, tan claramente manifiesto en su apoyo a muchas dictaduras y en su negación a las reivindicaciones sociales (p. 5).
Otro tema recurrente utilizado en sus discursos es el de la protección de los derechos de la familia, los cuales serán “legítimos siempre y cuando reproduzcan el orden doméstico, cuyo único garante es la administración eclesiástica de la ley eterna que proviene de dios” (Ballero, 2013, p. 8).
En los años setenta, aparecieron diversos movimientos de derechos humanos que demandaron la incorporación de derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Uno de ellos, de acuerdo a Ballero (2013), fue el movimiento feminista, el cual utilizó datos cuantitativos y premisas democráticas como sustento para el uso de anticonceptivos y la despenalización del aborto. Como respuesta, la iglesia católica presentó a un grupo de médicos, a cargo de Luis Giusti, para argumentar en contra de la planificación familiar con métodos artificiales (anticonceptivos). Esto tuvo efecto porque en 1979, el gobierno militar eliminó cualquier lineamiento de planificación familiar existente. En 1981, se fundó el Centro de Promoción Familiar y de Regulación Natural de la Natalidad (Ceprofarena),
En 1984, ocurrió la Segunda Conferencia Mundial de Población en México, la cual motivó a la formulación del anteproyecto de la Ley de Política Nacional de Población en el Perú. Sobre esto, Ballero (2013) menciona lo siguiente:
(…) el presidente de la Comisión de Familia del episcopado peruano, el obispo Alfredo Noriega, denunció la existencia de un programa masivo de esterilización apoyado por el Ministerio de Salud y el Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inpares). Esta denuncia permitió negociar con el estado sobre los lineamientos de la futura ley de población (p. 10).
Como resultado a esta denuncia, el presidente Fernando Belaunde agregó en el artículo que no se utilizaría la esterilización para la planificación familiar y lo categorizó en la misma línea que los abortos.
Entre 1985 y 1990, el debate sobre la esterilización voluntaria y la despenalización del aborto continuó, sobretodo porque el gobierno había anunciado que formularían una política de población. Al respecto, Ballero (2013) indica que “es interesante observar como todos los obispos mantenían un mensaje unificado, incluso aquellos que usualmente discrepaban en otras materias” (pp. 11-12). Es aquí que la iglesia católica cambia de estrategia, en el sentido que incluyeron la intervención de intelectuales e instituciones, así como argumentos médicos.
Finalmente, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se aceptó implementar una política poblacional. En 1995, se modificó la ley nacional para incluir la anticoncepción quirurjica voluntaria, se creó el Ministerio de la Mujer y Promoción del Desarrollo Humano (Promudeh) y el Programa de Control de ITS/VIH-SIDA (Procetts). Además, se incluyó por primera vez un curso de educación sexual en la currícula pública, el cual consistía en una guía metodológica de orientación sexual (Ballero, 2013). La reacción de la iglesia católica frente a estos sucesos fue la citada a continuación:
