Justicia Para Las Mujeres Victimas De Feminicidio En México
Sin duda alguna, en nuestro país el tema de la violencia ejercida hacia la figura de la mujer ha traído consigo una serie de actitudes reaccionarias por una gran parte de la sociedad civil, lo cual es la viva imagen del reflejo de miles de mujeres que son víctimas de una serie de faltas administrativas e incluso hasta conductas que pueden llegar a ser constitutivas de delitos.
Por lo que en México cada vez más la seguridad, la integridad, la libertad y la dignidad de cada una de las mujeres se ven transgredidas, condicionadas y vulnerables, esto puede ser analizado con base en estadísticas de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), la cual hace mención que durante los últimos 11 años la violencia hacia la mujer no ha disminuido, sino que ha incrementado, puesto que hay una tremenda y fuerte inseguridad a nivel nacional.
Desgraciadamente las políticas públicas implementadas por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto sólo evidenciaron más la corrupción, violación a los Derechos Humanos e impunidad que se vive en el país, los cuales son tres elementos que desincentivan la cultura y la fomentación de la denuncia (puesto que no se toma alguna acción en concreto para hacérsela saber a la autoridad competente, pero existen algunos casos en las que sí se les hace saber y esta en la mayoría de los casos no tiene el más mínimo interés para darle un proceso de calidad y eficaz).
Quisiera hacer énfasis en el tema de la corrupción e impunidad, puesto que en estos existe un patrón sistemático latente en nuestro país, el cual se refleja fácticamente en la falta de acceso a la Justicia consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en datos proporcionados por la ONU ha reportado de forma alarmante que la impunidad principalmente asociada al feminicidio y a la violencia estructural hacia la mujer en nuestro país rebasa el 90 por ciento de los casos. De un total de dos mil ochenta y tres mujeres privadas de la vida entre los años 2017 y 2018, solamente el 25% y menos de la mitad de la mitad de los casos en este año están siendo investigados aún.
Y claro, muchas mujeres que tienen la valentía de denunciar ante el Agente del Ministerio Público sobre una conducta típica, antijurídica y culpable o simplemente tratándose de faltas administrativas ante el Juez Cívico no son debidamente atendidas y asesoradas por la autoridad que es facultada para ello.
Por lo que esto está significando que la justicia se vaya disipando cada vez más, puesto que no son investigados debidamente, ni oportunamente, ni juzgados y mucho menos sancionados a través del nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio y Oral (tratándose de delitos), en el cual dos de los principios rectores del mismo es que el culpable no quede impune y el esclarecimiento de los hechos. Cabe destacar que es también fundamental que el propio Estado deje de encubrir a servidores públicos que su conducta se encuentre encuadrada con alguno de estos tipos penales (ya sea feminicidio, abuso, hostigamiento o acoso sexual, etc.) o en general sobre cualquier delito.
La violencia contra las mujeres es una clara prueba de violación a los Derechos Humanos, las cuales pueden traer diversos tipos de secuelas como las mentales, físicas, sexuales, patrimoniales e incluso hasta mortales para las víctimas. Además, estas pueden repercutir negativamente por un largo tiempo o de por vida en la personalidad de las mismas.
Por ende, exhorto al nuevo gobierno federal a que implemente nuevas y mejores políticas en materia de justicia penal y seguridad pública, bien estructuradas y configuradas, con un personal debidamente adecuado y capacitado, para evitar cualquier acto contrario a la ley que dañe a la mujer.
Debemos movilizarnos cada vez más y muchos más para hacer notar de manera clara y contundente el gran enojo de nuestra sociedad que se ha visto subyugada en reiteradas ocasiones por autoridades y particulares, pero esta movilización debe de ser organizada y bien estructurada, con ideales y peticiones firmes y concretas.
Además, estas políticas públicas deben de integrar el tema de perspectiva de género; con un enfoque y visión de los Derechos Humanos, en relación con la cabal adhesión hacia nuestra constitución política y de los tratados internacionales del que el Estado Mexicano forma parte, y que sean cumplidos con base en un marco legal bien estructurado.
Ya que la grave situación de violencia que atañe a las mujeres sigue siendo un gran reto para el Estado Mexicano, el cual debe de realizar todas las investigaciones con las debidas diligencias y con perspectiva de género como ya lo había mencionado y que por lo tanto se pueda llegar al esclarecimiento de los hechos.
Es fundamental un análisis de fondo para saber cómo combatir todo tipo de violencia, en la cual la mujer es sometida a actos crueles e incluso hasta privadas de la vida: Llámese quemaduras, golpes, estranguladas, mutilaciones y una serie de actos que atentan claramente contra la dignidad y libertad de las mismas.
Además el Estado debe de garantizar la seguridad de todas y todos, debe de prevenir, investigar, castigar y sancionar a todo aquel o aquella que cometa una violencia en contra de las mujeres. Es necesario, fundamental y urgente que se atienda también de forma diferenciada, partiendo de políticas públicas prácticas diseñadas, orientadas y encaminadas específicamente para cada una de las diversas formas en las que se puede presentar la violencia ya antes mencionadas, a partir de mecanismos eficaces y eficientes de atención, protección e investigación para que puedan ser evaluados en el momento procesal oportuno.
Por lo que el Estado Mexicano debe de reconocer la gran y preocupante situación que se vive actualmente sobre este tema e investigar de manera integral las razones y los patrones que se relacionan con estas conductas contrarias a la ley.
