No A La Pena De Muerte, Si A La Vida
¿Tenemos el derecho de quitarle la vida a una persona? ¿La pena de muerte es la solución ante problemas de delitos cometidos en una sociedad? Estas preguntas se pueden abordar desde dos perspectivas; la primera, quienes están en contra de esta sanción, señalan que esta pena va en contra del derecho a la vida, puesto que no existe ningún delito que pueda merecer dicho castigo; y la segunda, quienes están a favor de esta condena, como el criminólogo y médico italiano Cesare Lombroso, quién sostuvo que la única manera de acabar con el problema de delitos cometidos en una sociedad es la eliminación del sujeto que los comete.
La pena de muerte pese a estar abolida en gran parte de América, sigue siendo centro de polémica, puesto que continentes como Europa, África, Asia y algunos países americanos, en los que destacan Estados Unidos, Belice, Guatemala y Cuba, así como los países anglófonos del Caribe, entre ellos Jamaica, Trinidad y Tobago, y Guyana aún la contemplan en sus normativas penales como un castigo para el delincuente (Cáceres Ramírez, 2015). Esta sanción ha sido aplicada en pueblos e imperios muy antiguos como Grecia antigua, el Imperio Romano, reinos de Asia Menor, Antiguo Israel, y ciudades estado sumerias para aquellos delitos como el homicidio, el adulterio, traición a la patria, incesto, entre otros. Dicha sanción consiste en quitarle la vida a un condenado por parte del Estado, como castigo por cometer algún delito establecido en la legislación. Según el artículo número 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, de modo que la pena de muerte sería la negación de los derechos humanos, puesto que viola el derecho a la vida. Por tal razón nos preguntamos, ¿Es la pena de muerte un castigo justo? ¿Qué maten a los delincuentes es lo que realmente una sociedad determinada necesita? ¿Ayudaría eso a resolver los problemas delictivos? Para quienes están a favor de esta sanción sostienen que esta debe ser de igual proporción al daño producido. Sin embargo, cabe recalcar que la función de un sistema penal, de cualquier país, siempre debe procurar que los delincuentes tengan la oportunidad de reinsertarse a la sociedad. Un sistema de sanciones no necesariamente debe regirse por el principio de reciprocidad, lo que se busca es que haya menos delitos; es decir, menos delincuentes.
Esta condena, si bien es cierto tiene como finalidad conseguir justicia para las víctimas, no es la mejor opción como medida social de prevención del delito, pues según un estudio presentado en el año 2017 con información oficial de la policía japonesa concluyó que la pena de muerte no evita que se realicen delitos graves, y eso se debe a que la sociedad no solo necesita que sus criminales sean castigados de forma ejemplar y justa, sino que necesita también que no se cometan más crímenes.
Se deben buscar otras medidas de castigo, sin dejar de lado la dignidad de cada persona, con ello nos referimos al respeto de su vida y el derecho que posee para poder tener una oportunidad de volver a la sociedad, una vez cumplido su pena.
