Pim Y Proyecto De Ley Presentado En Colombia (migraciones)
Entendemos el derecho migratorio, como ese conjunto de normas del derecho público que rigen el tránsito de personas nacionales y extranjeras, además establece las condiciones las diferentes formas a las que se sujetará el ingreso, permanencia o estancia y salida de extranjero, como todas las ramas del derecho, sabemos que las normas van cambiando de una manera dinámica de acuerdo a las diferentes realidades y acontecimientos sociales.
Me atrevería a expresar que el derecho migratorio podría ser una de las ramas del derecho más dinámicas que hay, el fenómeno migratorio no es algo de la actualidad, durante años el tránsito de personas a diferentes países ha sido algo constante, esto se amerita a diferentes razones, realidades políticas de un país, temas laborales, conflictos armados, turismo, entre otras, pero es claro que todas están unidos a un mismo propósito, buscas mejores oportunidades.
Colombia mantuvo por años una gestión separada de los flujos migratorios de ingreso y salida del país, encargando a entidades diferentes la definición e implementación de sus políticas en dicha materia, adoptando medidas parciales y poco coherentes entre sí. Con el documento CONPES 3603 de 2009 el Estado aprueba la Política Integral Migratoria (PIM) en la que se definen sistemáticamente los lineamientos, estrategias y acciones de intervención para los colombianos en el exterior y para los extranjeros en el país.
la PIM se planteó a largo plazo los objetivos de: proteger, resguardar y garantizar los derechos de los colombianos en el exterior y de los extranjeros en Colombia; fortificar la transferencia de capacidades hacia el país de aquellos colombianos con un alto capital humano y ampliar las oportunidades de formación en los países de destino y para extranjeros en el país; garantizar una oferta de servicios estatales permanente, suficiente y efectiva hacia los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia; y garantizar una migración regular de acuerdo a normatividad internacional.
A tal fin, la PIM definió un plan de acción con la revisión de los marcos institucional y normativo existentes, involucrando diversos sectores estatales. (educativa; cultural; social; económica; participativa y comunitaria; de seguridad; institucional e informativa) con labores específicas que deben ser desarrolladas por los ministerios de Educación, Cultura, Relaciones Exteriores, Protección Social, Comercio, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, e Interior; así como por otras entidades, como el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Migración Colombia y el DANE. Específicamente.
La PIM sugirió fortalecer tanto la Comisión Nacional Intersectorial de Migración como también la red del servicio diplomático y consular en el exterior. Asimismo, recomendó adoptar medidas para facilitar la participación de los colombianos en el exterior y fomentar su participación en la toma de Decisiones que los conciernen. Propuso de igual modo ampliar el acceso de los migrantes a la red de servicios, de educación y de seguridad social, involucrando para tal fin, no solo al sector público, sino también al privado.
Focalizó su interés en la migración laboral y en el beneficio productivo de las remesas, y propuso mejorar el régimen de visado para el ingreso de extranjeros al país, como también las estrategias de la lucha contra la trata y tráfico de personas.
Actualmente se ha presentado un proyecto de ley en nuestro país con respecto a las migraciones, contempla la reforma a la política migratoria vigente del país además nace como respuesta a la evolución que ha tenido la dinámica migratoria de Colombia.
A pesar de ser un país ‘principalmente emisor’ con más de 5 millones de colombianos residiendo en el exterior, con la crisis venezolana se ha convertido en ‘receptor y corredor de paso’ de más de 1 millón 300 mil migrantes.
Contiene los derechos y obligaciones de los migrantes, la forma sancionatoria por infracción de la normativa, los requisitos de protección internacional a los extranjeros, pasaportes y visados, nacionalidad colombiana y trámites y servicios migratorios.
Habla del Sistema Nacional de Migraciones, además instituye que el Gobierno Nacional, en un tiempo no mayor a seis meses, regimentará la distribución y trabajo de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración. Y constituye la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones.
El Estado colombiano instituirá los lineamientos y políticas de protección de la migración ordenada para aminorar los efectos perjudiciales de la inmigración irregular, el tráfico ilícito de personas, la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados irregulares y trata de personas, que incluya un sistema de alertas tempranas”, dice el proyecto.
El canciller de Colombia afirmo que “la política migratoria de Colombia se orientó durante varios años en la vigilancia de colombianos en el exterior y en los dispositivos necesarios para su composición y vinculación con el país. Colombia sigue siendo primordialmente un país emisor, no obstante, es lugar de recepción y tránsito de miles de ciudadanos extranjeros, incluyendo ciudadanos venezolanos, que en los últimos años han ingresado en busca de mejores condiciones económicas, asistencia y protección ante la grave situación política y social que atraviesa su país. Estamos en un momento en el que el número de venezolanos ha llegado a 1 millón 300 mil, siendo la segunda migración más grande en número y la primera en tasa de incremento del fenómeno”
Nuestra situación actual nos obliga a cambiar las políticas migratorias y como siempre se ha hecho enfocarlo a los derechos humanos y la dignidad, no podemos ignorar las diferentes problemática sociales que suceden a nuestro alrededor, porque es claro que todo esto de una u otra forma nos afecta como nación, es momento no solo de implementar las estrategias, sino implementarlas de una manera efectiva, sabemos que nuestro país no cuenta con las capacidades afrontar situaciones actuales como la de los inmigrantes venezolanos, pero eso no puede ser una excusa para no brindar las garantías mínimas que tenemos como seres humanos.
El gobierno debe entrelazarse con las autoridades locales, generando políticas públicas, que sean efectivas y permitan proteger no solo a los inmigrantes sino a la población en general. Procurando siempre equidad y el bienestar social.
