Reflexiones en Torno al Mundo del Trabajo y Cultura Material del Delito en La Criminología

Resumen:

Luego de un breve recorrido por la historiografía del delito en América Latina, en este ensayo proponemos dos entradas para abordar la delincuencia en el espacio popular: primero, las perspectivas planteadas por la cultura material, con el fin de interrogar cuáles y por qué ciertos objetos fueron los más robados entre los pobres urbanos, y segundo, relevar las posibilidades analíticas que permite el diálogo entre la historiografía del trabajo y la historiografía del delito a la hora de abordar las experiencias y tensiones compartidas al interior del mundo popular. A partir fuentes documentales y bibliográficas, se discuten ámbitos desatendidos de la cotidianidad por su carácter marginal y por su escasa referencia a un proyecto político de transformación social.

Palabras clave: clases populares; mundo del delito; mundo del trabajo; cultura material.

Abstract:

After a brief discussion of the historiography of crime in Latin America, this essay proposes two entries to study crime in the popular space: first, the perspectives posed by material culture, in order to interrogate which and why certain objects were the most stolen among the urban poor, and second, reveal the analytical possibilities that allow the dialogue between the historiography of work and the historiography of crime when dealing with the experiences and tensions shared within the popular world. From documentary and bibliographical sources, unattended areas of daily life are discussed due to their marginal nature and their scarce reference to a political project of social transformation.

Keywords: popular clases; world of crime; work of labour; material culture.

Introducción

En los últimos años hemos asistido a una proliferación de estudios que se interrogan desde diversas aristas cuestiones como la transgresión de la ley, las instituciones judiciales, la configuración del sistema penitenciario y la creación de la policía moderna. Esta ampliación de temáticas ha generado un interés por la historia del crimen y de la delincuencia en parte debido a que el delito permite un acercamiento directo a las experiencias de una amplia gama de las clases populares, a que el castigo constituye un ámbito donde se manifiesta con toda su crudeza el ejercicio del poder y la resistencia, y a la preocupación constante de nuestras sociedades por la seguridad ciudadana, el orden social y la penalización efectiva.

A inicios del siglo XX y en un espacio de treinta años, diversos medios de comunicación como la prensa burguesa, las revistas policiales y los magazines, dieron cuenta del aumento estadístico y de la visibilidad mediática que adquirió el delito en el marco de la expansión y crecimiento demográfico de Santiago. En variadas crónicas y reportajes expresaron su preocupación por la conformación de un estrato de ladrones especializados en el robo y unidos por una trama de relaciones y redes destinadas a concertar sus delitos. Los criminales, decían sus editoriales y crónicas rojas, no sólo eran más que antes, además –y esto era lo que más alertaba- eran “diferentes” a los del Chile decimonónico y predominantemente rural.

¿Cuán novedosas eran estas percepciones? En realidad, no mucho. El hurto y la alarma no eran fenómenos nuevos. Lo que sí constituyó un cambio fue la expansión sin precedentes en las maneras de conocer y sistematizar el saber sobre las clases populares y, en particular, sobre los delincuentes. Específicamente, la generación de un nuevo proceso de modernización emprendido por el Estado y sus instituciones de control, la proliferación de tecnologías de identificación individual y la construcción de un discurso científico amparado en conceptos de higienismo, criminología y degeneración social y racial.

Con el fin de aportar a una historia social y cultural de la delincuencia, este ensayo discutirá en torno a dos entradas que han sido, hasta hoy, escasamente abordadas respecto a esta temática: primero, la conexión entre el mundo del trabajo y el mundo de delito, particularmente repensar las fronteras porosas y móviles que separaron a las clases trabajadoras de los delincuentes, y segundo, las posibilidades que abre el análisis de la cultura material para analizar el robo de ciertas prendas como modos de “camuflaje identitario” en una ciudad en pleno proceso de migración y transformación. Para situar ambas propuestas, presentaré un breve recorrido por las principales contribuciones y líneas de investigación que la producción historiográfica chilena y latinoamericana ha dedicado a la criminalidad y la delincuencia.

La historiografía sobre la “cuestión criminal”

Hasta la década del noventa, los estudios sobre el delito y el castigo ocuparon una posición relativamente marginal en la historiografía latinoamericana. Pese a que desde los setenta toda una generación de historiadores/as se volcó a estudiar las luchas obreras y campesinas, los mecanismos de dominación de clase y las formas de opresión y resistencia popular, al interior de estos esfuerzos interpretativos no hubo mucho espacio para incorporar a los llamados “sectores marginales”.

Dentro y fuera de la región, una combinación de aspectos políticos, intelectuales y culturales confluyó en un importante cambio a la hora de estudiar las manifestaciones de criminalidad y las formas menos organizadas de protesta y resistencia. En la década del setenta, autores como E. P. Thompson, Eric Hobsbawm o George Rudé, incorporaron en sus obras a bandoleros, ladronzuelos y cazadores furtivos, iluminando no sólo un espectro más amplio de las experiencias colectivas de las sociedades, sino sobre todo, replanteando los debates sobre la naturaleza del Estado y las estructuras políticas (Herrup 159-170). Contemporáneamente, la historiografía francesa comenzó una reflexión sobre la justicia, el delito y la criminalidad en el Antiguo Régimen que confluyó en el concepto de “infrajusticia” como herramienta para analizar la resolución de conflictos, el arbitraje y la mediación amparada en las costumbres locales y fuera de los tribunales de justicia (Soman 369-374).

Pese al trabajo pionero del sociólogo alemán Norbert Elias (1931) sobre cómo en los procesos de centralización del poder, las prácticas y subjetividades de los sujetos operaban para reafirmar o contradecir las formas de disciplinamiento y control “desde arriba”, en la historiografía de los setenta y ochenta ambos conceptos quedaron muchas veces circunscritos a las formas institucionales impuestas por las clases dirigentes. Las obras de Michel Foucault (sobre todo Microfísica del poder y Vigilar y castigar) fueron centrales en este sentido al catalogar las múltiples instancias y relaciones de poder en un sistema de justicia determinado por el auge de instituciones de vigilancia como cárceles, orfanatos, reformatorios, hospitales y asilos. En este esquema, el poder circulaba creando una red de dominación y reproducción del control social que no permitía dar cuenta de las diversas formas de arbitraje y conciliación que contemplaba la justicia institucional y que podían desarrollar los sujetos y las comunidades.

Recibida de buena gana en la historiografía latinoamericana de los noventa, la perspectiva foucaultiana dio vida a una serie de estudios que indagaron en las historias de las instituciones de reforma, castigo y sujeción social (Salvatore y Aguirre 1996; Aguirre y Buffington 2000; Salvatore, Aguirre y Joseph 2001). La imagen de una red eficiente de dispositivos normalizadores sirvió para estudiar una serie de temas ligados a la salud, la educación y las reformas penitenciarias, en las que se fomentaba una visión abstracta de los procesos de dominación y se ponía énfasis en los actores públicos y en el actuar de las clases dirigentes.

Las críticas teóricas a este modelo fueron variadas, y aunque no es este el lugar para abordarlas con detención, sí es importante destacar algunas que permitieron abrir nuevos caminos de investigación. Entre ellas, relevar a otros sectores involucrados en los procesos civilizatorios, evidenciar las resistencias, negociaciones y apropiaciones de la justicia en una mirada “desde abajo”, estudiar a los sujetos de “carne y hueso” detrás de todo este entramado burocrático y contrastar los discursos oficiales y las realidades institucionales, especialmente en los casos de encierro femenino y espacios regionales periféricos (Di Liscia y Bohoslavsky 2005; Bohoslavsky 2010).

Hacia los dos mil, estos debates aportaron nuevas interpretaciones en torno a la modernización estatal, cuestionando el funcionamiento concreto de estas instituciones y demostrando que aunque las cárceles, las casas correccionales o los hospicios para pobres fueron creadas con objetivos similares en toda la región –imponer la ley, disciplinar a las clases populares y reforzar las formas de control social- su impacto se apartó significativamente de sus diseños originales. Asimismo, abrieron espacios para indagar en las representaciones del delito, ahondado en el rol que cumplieron los diarios, las revistas, los periodistas y los literatos en la construcción social de los “bajos fondos” (Caimari 2007 y 2009).

En Chile y en un ambiente intelectual represivo como el del último lustro de la dictadura, la renovación historiográfica comenzó a sentirse tras la conformación de la “nueva historia social”, corriente que abrió el espectro a un radio más amplio de sujetos sociales, restando parte del privilegio epistemológico que habían gozado sus sectores más organizados, conscientes y politizados. Desde los ochenta y con fuerza en la década siguiente, la historiografía se internó en el estudio de bandoleros, mendigos, vagabundos y delincuentes, enfatizado más en sus vivencias cotidianas que en las “epopeyas populares” y en las subjetividades más que en los procesos estructurales.

Con derroteros teóricos y metodológicos no muy distintos a otras partes de América Latina, la producción académica sobre la “cuestión criminal” en el país se ha enfocado en definir al delincuente, estudiar los delitos de mayor connotación pública y analizar las redes de apropiación, circulación y venta de objetos robados (Palma 2011; Ayala 2015 y 2017). Otra línea se ha internado en las prisiones y diversas formas de disciplinamiento, en la recepción y adopción de la criminología positivista y en el impacto de las tecnologías de identificación individual, particularmente el bertillonage y la antropometría (León 1996, 2003 y 2015; Fernández 1999; Palacios y Leyton 2014). Por último, recientes investigaciones han abordado la conformación de la policía, la apertura de secciones especializadas de orden y seguridad, la difusión de las revistas policiales y los cambios estructurales que vivió la institución durante los años veinte (Cárdenas 2013; Palma 2017 y 2014; Palacios 2016).

En términos temporales, gran parte de esta producción se enmarca en el proceso de modernización capitalista y estatal iniciado en el último cuarto del siglo XIX. Indicadores como las transformaciones del aparato judicial, la profesionalización de la policía, la preocupación por las estadísticas, la Introducción de la filiación de detenidos y la circulación de “saberes expertos”, han permitido explicar el aumento del delito tanto en términos de registro oficial como de representaciones sociales del fenómeno. Para el período destacan además los cambios en la estructura laboral, el impacto del dinero en sectores sociales más amplios y el incremento de las redes de transporte e infraestructura urbana, que generaron un aumento considerable en las tasas de inmigración en la capital. Por último, encontramos la progresiva conformación de una cultura de masas que, expresada en el consumo sostenido de revistas, magazines y periódicos, permitió movilizar una serie de representaciones e imaginarios sobre el fenómeno delincuencial. Si bien tales representaciones no fueron nunca unívocas ni afectaron de manera uniforme a la sociedad, en estas décadas sí ampliaron su alcance y trascendieron capas sociales. Incluso periódicos inicialmente reacios a este tipo de información, como la prensa política u obrera, fueron incorporando notas o secciones que informaban sobre los efectos de la delincuencia. En ese sentido, producto de la instalación de los debates públicos en el espacio periodístico y en el campo más restringido del discurso científico, así como del aumento estadístico de los robos, agresiones y homicidios –fuese por los usos sociales de la justicia, por la evolución misma del cuerpo policial o por las nuevas sensibilidades subjetivas- estos años gozan de una particular riqueza al momento de analizar los variados alcances de la “cuestión criminal”.

Aunque en todas las investigaciones reseñadas se evidencia un esfuerzo claro por situar la delincuencia como un espacio en el que confluyeron múltiples autores y actores, todavía carecemos de análisis que comprendan el delito en tanto categoría relacional que alarmó a la gente “decente” y a las clases populares. Tampoco se ha dicho mucho respecto a qué tipo de hurtos fueron los más habituales entre los pobres urbanos y cuáles fueron las visiones y acciones que emprendieron los trabajadores organizados para hacer frente a estos delincuentes que habitaron, circularon y se entretuvieron en sus mismos espacios. Teniendo en cuenta este balance, en este ensayo presentaremos dos entradas que buscan definir este ámbito relacional y atender a aspectos descuidados hasta hoy en la historiografía del delito.

Primera entrada: cultura material del delito en el espacio popular urbano

Como es sabido, la migración campo-ciudad adquirió un ritmo acelerado a partir de la década de 1880. De acuerdo al Boletín de la Dirección General de Estadísticas, desde 1895 a 1930 la población urbana aumentó de 1.226.886 a 2.119.221 habitantes, situando el crecimiento de Santiago en un explosivo 436,35%, seguido de Valparaíso con un 97,67% para estos mismos años. En términos comparativos, el crecimiento vegetativo de la población fue ínfimo comparado con los migrantes de las zonas próximas al valle central, quienes en su mayoría se instalaron en los conventillos transformando a este espacio en un importante escenario de conflictos.

Dicha expansión y crecimiento demográfico amplió los horizontes de quienes arribaron a la ciudad, pero también produjo intensas tensiones en su cotidianidad. Donde tantos miles llegaron a cambiar sus destinos, ¿cómo identificar a los delincuentes?, ¿cómo mostrarse y verse respetable en este mar de rostros? ¿qué rol jugó la indumentaria y su relación con la identidad en este nuevo escenario urbano?, son parte de las interrogantes que trataremos de ilustrar para el abordaje de este período.

Parte de la potencia heurística y de la riqueza para estudiar la historicidad de las clases populares radica en el acto de rastrear la modernización de su vida material expresada en el uso de ciertas vestimentas, de relojes, de joyas y, en el caso de los delincuentes profesionales, de variados tipos de armas. Dado que la información que proveen las fuentes no es sólo de tipo formal – la manera en que se llevó a cabo un delito, por ejemplo- resulta central destacar las interacciones y las formas de construcción de las relaciones sociales. Una aproximación a ello es la configuración de identidades en una ciudad en plena transformación y con nuevos habitantes dispuestos a encontrarse, relacionarse y, por qué no, a aparentar y “camuflarse”.

En ese sentido, si la fluidez identitaria fue una de las libertades ganadas en la urbe moderna (había oportunidades para quienes llegaban y esperanza de ascenso para quienes encontraban un trabajo), lo contrario sucedió con los mecanismos de control: ¿cómo fijar a este flujo permanente de personas?, ¿cómo conocer sus nombres y filiaciones?, Ciertamente a ello apuntaron los desvelos estatales por masificar el uso de la fotografía, introducir nuevas tecnologías de identificación individual y coordinar a la policía sudamericana para atrapar a estos delincuentes viajeros (Galeano 2018; García 2010).

Pero también podemos ensayar una segunda entrada. Si la confianza dependía de cómo se expresara un individuo (sus palabras, sus gestos, sus movimientos, sus vestidos) y si la respetabilidad y dignidad también se jugaba en la intermediación del cuerpo, el robo de indumentaria y los códigos de vestimenta –entendidos como una forma de ordenar el espacio caótico de la calle- iluminan respecto a la posibilidades de construcción identitaria en un medio cambiante y acelerado.

Como se planteó contemporáneamente, el uso “abusivo” de las “trampas de la identidad” fue una de las variadas críticas que diversos medios expresaron contra los delincuentes modernos. En numerosos artículos publicados por el Boletín de la Policía (1901-1924) se instaba a los guardianes a estar atentos a sus cambios fisonómicos y nominales y a estudiar con detención sus códigos comunicacionales. También se hacía un llamado explícito a que todos los detenidos fuesen filiados antes de conducirlos a los juzgados y, desde 1903, los cuadros estadísticos de la población apresada incorporaron los diversos alias bajo los cuales eran aprehendidos. En el número 113 del Boletín (noviembre de 1911), se caracterizaba a los delincuentes según su especialidad y vestimentas. Sobre quienes se dedicaban al “cuento del tío” se indicaba:

Se sitúan generalmente cerca de las Cajas de Ahorro, Bancos, casas de cambio, etc. Uno de los delincuentes –generalmente el peor vestido, el de aspecto inocente- cerca de la puerta solo sin conocer a nadie y hablará a cada persona que le parezca apropiada como víctima […] El otro, elegante, con el mejor aspecto posible, a cierta distancia, pronto para salir al encuentro de su compañero […] y si ha encontrado ya propicio al ottario (la víctima). Un buen observador los verá a menudo reunirse y hasta dirigirse la palabra en argot para volver nuevamente ambos a sus respectivos papeles (Boletín de la Policía, “Características de delincuentes” 348).

Pocos años antes, en la editorial de El Mercurio del 21 de octubre de 1907, se explicaba por qué la policía debía hacer de la dactiloscopia una obligación universal, arguyendo que su función principal era frenar las “usurpaciones tan frecuentes de nombres y apellidos”.

Por su parte, en las editoriales y reportajes de la revista Sucesos (1902-1932) es posible observar la percepción de que la modernidad y la vida citadina prometían el progreso, pero al mismo tiempo conllevaban efectos adversos y “perversos” como las mutaciones en el orden moral y familiar y las transformaciones permanentes de la identidad. Las crónicas policiales que reproducen en sus páginas hablan de nuevos y más espectaculares delitos, evidenciando las percepciones subjetivas de los periodistas y su sensación de vivir en una sociedad incierta e inestable. Quizás por ello mismo emerge en sus crónicas la nostalgia por la pérdida de un pasado mejor y la ruptura de un orden tradicional producto de las nuevas personas que arribaban a la capital.

Cuando este magazine trata los casos de robos cometidos en contra de los pobres urbanos, sorprende por su reiteración el hurto de ropas y zapatos. Por ejemplo: en 1903, en Carrizal Alto, la familia de un minero murió a causa de un asalto. El botín: cuatro pesos en billetes y un terno (nº 27, 27 de febrero de 1903). El mismo año, en la avenida San Juan de Dios, Ramón González murió a causa de múltiples golpes en la cabeza. El botín: sus zapatos (nº 37, 9 de abril de 1903). En 1918, en un conventillo de la calle Domeyko, seis delincuentes fueron apresados por robar una suelería. En su habitación se encontraron zapatos y prendas de ropa, algunas de las cuales pertenecían a sus mismos vecinos (nº 825, 18 de julio de 1918). En 1922, en los alrededores de Concepción, una familia de inquilinos fue víctima de un salteo. Después de golpear al trabajador y a sus hijos, los ladrones escaparon con gallinas, ropas y colchones de camas (nº 1043, 21 de septiembre de 1922). En 1925, cerca del cerro Chena, tres peones fueron asaltados y uno de ellos murió. El botín: 40 pesos y el despojo de sus ropas (nº 1185, 11 de junio de 1925).

Y no se trataba de casos emblemáticos o aislados. En 1921, El Diario Ilustrado exponía su preocupación ante el aumento cotidiano de este tipo de hurtos. En la nota titulada “Los apaches en acción”, leemos: “La policía da cuenta diariamente de los ataques nocturnos de que son víctimas tranquilos transeúntes, quienes, además de ser golpeados y acuchillados sin conmiseración, son despojados de sus ropas de vestir y hasta de sus calzados” (28 de octubre).

Teniendo en cuenta este pequeño inventario de fuentes, ¿por qué la indumentaria aparece como un bien preciado?, ¿qué aspectos de la vida cotidiana ilumina este tipo de robos?, ¿qué rol desempeñaron estos objetos? A modo de hipótesis se puede argumentar que la necesidad de fijar y controlar la identidad por parte de las instituciones estatales, fue también una respuesta derivada del repertorio variado de “camuflajes identitarios” que emplearon estos nuevos delincuentes urbanos. Específicamente nos referimos a cómo las posturas fisonómicas, el uso de ciertas indumentarias y los códigos lingüísticos y actorales –pensemos en el coa, los apodos y los cambios de nombres-, les permitieron enfrentar los esfuerzos estatales destinados a clasificarlos. En ese sentido, creemos que el robo de vestimentas habría operado como una forma específica de diferenciarse, aparentar otra identidad y transitar por espacios vetados de la ciudad para buena parte de las clases populares. De ahí que este tipo de objetos, los más robados entre los pobres, fuesen preciados no tanto por su valor comercial como sí por las posibilidades que ofrecían para modificar la pertenencia a un determinado grupo e imaginario social.

Las perspectivas planteadas por la historia de la cultura material han estado casi ausentes en la historiografía del delito, pese a que iluminan las economías de consumo y comercialización y los procesos de apropiación de determinados tipos de artículos. Analizados en un momento histórico particular, estos objetos pueden estudiarse en relación a sus formas de producción, al uso que le dan los actores sociales según su disponibilidad y necesidad, y a la individualidad que denota su pertenencia (Bauer 2002). Ampliando el registro, puede ser un punto de partida para comprender los cruces entre el espacio privado y público, las representaciones del sí mismo con su entorno y la significación que sujetos y grupos le atribuyen a la identidad a la cual se adscribe o se pretende adscribir. Es por ello que la cultura material del delito aparece como una vía de interpretación metodológica y heurística para comprender tanto la historicidad de lo robado como las prácticas sociales de los sujetos de acuerdo a diferencias espaciales, etarias, de clase y de género.

En una ciudad en pleno proceso de migración, ¿qué hacer para mostrarse y verse creíble?, ¿cómo inspirar confianza? Consideramos que en ello la indumentaria jugó un rol central y, por qué no, pudo haber sido un parámetro de diferenciación al interior mismo de las clases populares. Al igual que hoy, la ropa fue un elemento de integración y distinción, pero también de discriminación. Podía servir para escapar de la pobreza –pensemos en la clase media emergente, los llamados siúticos, derivado del inglés suit –traje-, podía demostrar dignidad, honorabilidad y una forma de ser respetable –recordemos las fotografías de los trabajadores en marchas o eventos públicos, todos pulcramente vestidos de sombrero y terno-, o podía servir para aparentar algo que no se era. En ese sentido, las vestimentas pueden estudiarse como un signo de civilidad, como un objeto de dominación o como un blanco de burla e inquietud utilizado para emplazar y categorizar a las personas.

Las convenciones del vestir cumplen funciones no sólo estéticas, sino ante todo clasificatorias y simbólicas, un lenguaje no verbal por medio del cual se transmiten códigos sociales. En el contexto de una sociedad que progresivamente impone un comportamiento moderno y “civilizado”, el cuerpo y el uso de determinadas prendas podían convertirse en el portador de un valor, transmitiendo información sobre la persona y su posición y posibilitando incluso cierta movilidad para quien pudiera controlar su imagen y/o hacer buen uso de ella. Es por ello que creemos que nuevas perspectivas se pueden abrir a partir de un análisis material de los objetos robados por las clases populares. Quizás una clave para esta lectura la entrega Daniel Roche al afirmar que las luchas por la apariencia pueden ser también luchas de clase, en tanto actúan como instrumentos de liberación y expresión en un espacio íntimo de construcción subjetiva (88).

Segunda entrada: mundo del trabajo y mundo del delito

El aumento en las tasas de delincuencia a inicios del 1900 no fue sólo un fenómeno estadístico. Obviamente lo fue, pero en este índice confluyeron un número mayor de hechos. Uno de ellos fue el cambio en el mercado y la estructura laboral derivados de la creciente modernización capitalista que comenzó a experimentar Santiago. Las deplorables condiciones de habitabilidad se agudizaron con los flujos migratorios y las clases populares crecieron al alero de trabajadores con o sin especialización que arribaron en busca de nuevas expectativas y mejores condiciones de vida.

Por cierto que la constatación de este panorama no es para nada novedoso, sin embargo, la historiografía sobre el delito y la delincuencia urbana poco o casi nada ha dialogado con aquella dedicada al trabajo y a la conformación de la clase obrera. Esta falta de comunicación entre ambas tradiciones sin duda resulta desafortunada, pues en términos amplios ambas están interesadas en iluminar y comprender las experiencias comunes de estos “grupos subalternos”.

Pese a que ha existido una ampliación temática en la historiografía del trabajo, superando las experiencias estrictamente laborales, sindicales y partidistas, sigue sin prestarse mayor atención a cómo las brechas y tensiones culturales incidieron en la configuración identitaria de delincuentes y trabajadores. Por otra parte, en escasas oportunidades los/as historiadores/as del delito y la justicia han incorporado en su horizonte teórico e interpretativo un acercamiento sustancial a las realidades de la población trabajadora.

No podemos desconocer que las líneas investigativas dedicadas a la “cárcel-fábrica” y a la imposición de la disciplina laboral (Ayala 2015 y 2017) hayan tendido puentes al respecto. Como sabemos, desde mediados del siglo XIX diversas políticas estatales estuvieron motivadas por el deseo de transformar a los sujetos populares en trabajadores obedientes y disciplinados, aspecto que ha sido ampliamente analizado como parte de las rebeldías y resistencias a la modernización capitalista y, específicamente, al proceso de proletarización. En el mismo sentido, los estudios sobre las cárceles, penitenciarías, casas correccionales, colonias penales, reformatorios y otras instituciones similares, han demostrado que uno de sus objetivos fue aumentar la fuerza de trabajo e inculcar en los presos hábitos de disciplina laboral (Salvatore 228-233). Pero, y aun las convergencias, persisten una serie de interrogantes por dilucidar. Entre ellas: ¿cuál ha sido el impacto real que han tenido (o tienen) las reformas penitenciarias en la conformación de actitudes de disciplina hacia el trabajo?, ¿qué tipo de relaciones existen entre la creación y multiplicación de este tipo de instituciones y los mercados laborales? O ¿cuáles son las relaciones entre las políticas de represión del delito y las formas de control ejercidas sobre las clases trabajadoras?

Tal como plantea Aguirre, los estudios sobre las prisiones, la policía y otras formas similares de coerción no pueden desligarse del problema de la reproducción ampliada de la clase trabajadora. Para el historiador peruano, aunque el diálogo historiográfico haya iluminado sobre cómo ciertas prácticas consideradas delitos, entre ellas la vaganciay la ebriedad, se dirigieron a sectores de la población no necesariamente desempleados, carecemos aún de reflexiones que establezcan relaciones claras entre la criminalización de ciertos tipos de conductas y la regulación de los mercados laborales (224-225).

Pese a que en la historiografía la frontera entre el mundo del trabajo y el mundo del delito pareciese rígida, para los criminólogos de inicios del siglo XX se trató de límites más bien difusos. En la visión de estos reformadores sociales, eran los menores vagabundos y los trabajadores ocasionales y desocupados quienes tendían a engrosar las filas de la “mala vida”. Y ello no necesariamente por un defecto en sí mismo de las clases populares. A su juicio, la estructura laboral y sus períodos de inactividad podía conducirlos al terreno del ocio y del delito, reemplazando al trabajo como forma de subsistencia y de organización social. Por cierto, sus argumentos no carecían de evidencias empíricas: el trabajo temporal de hombres, mujeres y niños fue un componente importante del período debido a que la demanda de mano de obra en infraestructura urbana o en industrias de confección y alimentos –las más numerosas por entonces- dependían de las fluctuantes condiciones de la economía y del gasto público. Por tanto, el cómo convertir a los marginales (mendigos, vagos y “auxiliares del delito”) en fuerza de trabajo productiva, fue una preocupación central que se derivó de la frágil línea que divisaron entre los trabajadores honestos y los delincuentes.

De acuerdo a los cuadros estadísticos publicados en el Boletín de la Policía y que abarcan de 1901 a 1910, los apresados que declaran ejercer un oficio superan por amplio margen a quienes no lo hacen. De hecho, en estos nueve años, las cifras de detención estuvieron lideradas por el delito de ebriedad antes que los cometidos en contra de la propiedad. Así, una evidente constatación es que los delitos consignados en el Código Penal no fueron cometidos sólo por delincuentes sino que abarcaron a un conjunto amplio de las actividades que podían desarrollar las clases populares, con o sin oficio declarado. En ese sentido, delito no fue (ni es) sinónimo de delincuente ni de marginal. Aunque la mayoría de ellos fueron parte de las clases trabajadoras, la categoría “delincuente” se ha utilizado para clasificar a quienes carecieron de un empleo estable y seguro, de ahí la necesidad de dilucidar, en cada período histórico, si fueron ellos mismos quiénes definieron su transgresión o fueron las codificaciones legales las que volvieron sus prácticas actos ilícitos.

Continuando con el Boletín, del total de los delitos cometidos en la vía pública sólo los robos a casas particulares superaron a aquellos cometidos en los conventillos, siendo las diferencias entre ambos mínima. Por ejemplo, en 1903 hubo 1.483 robos a casas particulares y 1.447 en conventillos, de un total de 30.961 delitos. En 1906, la cifra alcanzó los 1.247 y 1.156, respectivamente, de un total de 27.948. Cometidos en su mayoría por gañanes y jornaleros, la segunda conclusión que podemos extraer es que el robo entre las clases populares efectivamente existió. Y ciertamente la configuración del trabajador consciente –que ha perdurado incluso luego de la crítica a los supuestos de los “marxistas clásicos”- no ha ayudado a problematizar este punto.

Con contadas excepciones, la imagen inmaculada de la clase obrera ha sido predominante, y en ella los trabajadores organizados muchas veces han sido desligados de su cotidianidad, de su relación con la pobreza y de los conflictos que podía acarrear el fenómeno delincuencial en sus espacios habitacionales y de sociabilidad. Con frecuencia se los ha presentado a partir de su desempeño político y en una dimensión conflictiva contra los sectores dominantes, lo que ha producido un vacío respecto a los conflictos que pudieron existir al interior del entramado popular. Recientemente se ha ampliado el rango de análisis para identificar cuáles fueron los aspectos que tensionaron la relación entre la cultura obrera ilustrada y la cultura popular, resaltando, por ejemplo, las críticas que el Partido Obrero Socialista realizó a costumbres arraigadas como la fiesta y el consumo de alcohol (Navarro 2019).

Si esto fue así para las formas de entretenimiento, es del todo plausible que los obreros organizados se enfrentaran cotidianamente con el delito y que construyeran un tipo de representación particular para el delincuente-vecino. Es probable también que las innumerables actividades que organizaron en los barrios (declamaciones, teatro, bailes, picnics) no fueran sólo para ocupar ilustradamente el tiempo de descanso y ocio, sino que las realizaran igualmente como un antídoto para las posibles digresiones delincuenciales.

Por último resulta necesario evaluar el papel que le correspondió a este tipo de organizaciones en la divulgación de discursos higienistas, eugenésicos y criminológicos. Ya en 1907 el periódico El Obrero Ilustrado expresaba una clara visión sobre la asociación entre criminalidad y degeneración social y racial:

El criminal es un individuo anormal, degenerado física o intelectualmente. La degeneración física trae por consecuencia, casi siempre, la anormalidad mental que se manifiesta por los actos que el individuo realiza. Sucede a menudo que los efectos de anormalidad moral, tuvieron como causa la degeneración física en los progenitores. Los hombres que pertenecen a las clases pobres viven mal, por lo tanto, están más propensos a la degeneración intelectual. Mejorar la condición del proletariado, es mejorar su idiosincrasia, sus instintos, sus pasiones, perfeccionar su precaria situación, es combatir la criminalidad (“Psicología del delincuente” junio de 1907).

Tres años más tarde, la recepción y buena acogida a la visita de Enrico Ferri demostraba que la criminología positivista circulaba no sólo entre las clases dominantes, sino que permeaba buena parte de las organizaciones obreras que difundían el discurso de la regeneración popular y de la disciplina y ética laboral.

En ese sentido, si a inicios del siglo XX la relación entre estructura ocupacional, mercado laboral y delincuencia era clara y casi evidente, ¿por qué la historiografía dedicada a la “cuestión política y social” ha indagado escasamente en la relación entre el mundo del trabajo y el mundo del delito? Si en la construcción historiográfica ha primado la figura del “obrero ilustrado”, es decir, de aquellos que forjaron su discurso y acciones desde una visión que comprendía que las clases populares debían ser “civilizadas” y “regeneradas culturalmente”, ¿quiere decir que gran parte de sus compañeros de clase acogieron favorablemente este discurso? Si los documentos revelan episodios de robo al interior de los conventillos cometidos por los propios moradores, ¿qué tipo de conflictos se generaron en estos espacios y, específicamente, qué acciones emprendieron los trabajadores organizados para hacerles frente?

Quizás una posible explicación a esta actual distancia historiográfica se deba a las fronteras culturales y a las formas de auto-representación que erigieron los mismos trabajadores organizados con aquellos miembros reconocidos como lumpen o criminales. Bajo una serie de influencias sociales, culturales y políticas, estos grupos se apropiaron y re-significaron los discursos hegemónicos de honestidad, disciplina y decencia para diferenciarse de quienes infringieron la ley, desarrollando una identidad colectiva que se fortaleció con el correr del siglo XX y en la que existió muy poco espacio para el trato con los delincuentes. Sin embargo, tanto en términos de realidad “objetiva”, como en el plano de los discursos, las representaciones y el terreno legal, trabajadores y delincuentes coexistieron. Y no caben dudas de que un diálogo sostenido y fructífero entre ambas líneas investigativas permitiría acercarse de mejor modo a las relaciones históricas que desarrollaron estos sujetos en los variados espacios físicos y culturales que compartieron.

Conclusiones

En los últimos años hemos asistido a una preocupación e interés creciente por temas de delincuencia y seguridad ciudadana, lo que se ha expresado en la apertura teórica y metodológica de estudios dedicados al delito en América Latina. En términos amplios, en ellos se ha abordado tanto el fenómeno delincuencial y sus actores –víctimas, victimarios, policías, jueces y comunidades locales-, así como las miradas y las representaciones tejidas en torno al actuar cotidiano de delincuentes. Este cruce ha sido particularmente relevador pues ha permitido vincular crimen y cultura, poner a prueba las “verdades” construidas sobre ellos, y restituir, en parte, una visión propia de los sujetos involucrados.

Con el fin de aportar a esta discusión, en este ensayo propusimos dos entradas que permiten recuperar ámbitos hasta hoy desatendidos sobre el delito en particular, y sobre las clases populares en general: por una parte, estudiar los robos cometidos entre pobres desde la perspectiva de la cultura material, y por otra, las relaciones y tensiones entre la “cultura obrera ilustrada” y la cultura popular.

Como vimos, la relación de los individuos con los objetos consiste siempre en un proceso sensible e intelectual de apropiación del mundo que les rodea, el cual permite dar cuenta del entorno, de los dispositivos económicos, de las jerarquías distintivas, de las prácticas comunes, así como de las costumbres individuales. En ese sentido, vimos que los objetos mayoritariamente robados entre ellos aludirían a las posibilidades específicas del “camuflaje identitario” que genera la vida en la ciudad y a formas particulares de aparentar, diferenciarse y transitar por estos espacios.

Asimismo, quisimos destacar las posibilidades que surgen al analizar la vida cotidiana y las prácticas de sociabilidad que las clases populares compartieron en conjunto con la clase obrera. Si desde fines del siglo XIX se incubó un temor a los trabajadores organizados y sus incendiarios llamados a la revolución, hacia 1920 la noción de “clases peligrosas” se fue desplazando hacia los segmentos “más bajos” del mundo popular, es decir, a los desocupados y a los ladrones de oficio que se negaron a abrazar la disciplina laboral. En este marco temporal, consideramos de vital importancia el diálogo que la historiografía del trabajo y de la delincuencia puede aportar a la hora de comprender los impactos –objetivos y subjetivos- que tuvieron los procesos de modernización del control del delito con la conformación de un mercado laboral y la reproducción ampliada de las clases trabajadoras.

Por último, creemos que conectando ambas propuestas –cultura material, mundo del delito y mundo del trabajo- es plausible relevar no sólo ámbitos desatendidos de la vida popular, sino contribuir a un campo mayor de discusiones sobre los procesos de modernización, las interacciones entre el Estado y la sociedad civil y los desafíos que supuso para las clases dirigentes la construcción de un orden institucional a inicios del siglo XX.

Fuentes:

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   2. “Un condenado a muerte”, nº 37, 9 de abril de 1903.
   3. “Santiago bajo las garras del robo”, nº 825, 18 de julio de 1918.
   4. “Un salteo en Concepción”, nº 1043, 21 de septiembre de 1922.
   5. “El salteo de Lo Chena”, nº 1185, 11 de junio de 1925.
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   2. El Obrero Ilustrado. “Psicología del delincuente”, segunda quincena de junio de 1907.
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