Reforma Agraria En Colombia Y Sus Implicaciones
Introducción
La reforma agraria se puede definir como una serie de políticas destinadas a modificar la estructura agraria, mediante medidas de redistribución, propiedad y uso productivo de la tierra. El objetivo es impulsar el desarrollo del campo mediante las actividades agrícolas, implementando el acceso del campesinado sin tierra a recursos productivos. Sin embargo, la aplicación de una reforma de este tipo en Colombia, tiene implicaciones diferenciales.
Desarrollo
Aunque es un terreno legislado, en la práctica podemos dilucidar hechos que nos muestran que poseemos una problemática de fondo que históricamente se ha mantenido, para el estudio de la condición actual de las políticas agrarias, su expedición e implementación, es necesario tener en cuenta las dinámicas históricas que han tenido lugar en nuestra sociedad y específicamente en el entorno nacional, fundamentalmente el papel del estado en la regulación normativa.
Cuya influencia ha tenido repercusión en la esfera cultural, política y principalmente económica. El problema de la tierra, es la definición atribuida por autores como Machado, para explicar los fenómenos de tenencia y la expresión jurídica de los derechos de propiedad, articulados en el modelo agrario colombiano. También define la estructura agraria como un sistema abierto, conformado por varios subsistemas, dentro y fuera del Estado, y dinámico conforme a los avances del sistema capitalista.
Para efectos de este análisis, tendremos en cuentas la legislación correspondiente a esta problemática, principalmente La Ley 200 de 1936 cuya promulgación tuvo cabida por los acontecimientos sociales de la época, los invasores reclamaban como baldíos las tierras que ocupaban por la fuerza, mientras que los propietarios alegaban ser respaldados por su título de notaría que los acreditaba como dueños. La solución consistió en demandar la posesión y explotación material para demostrar el dominio.
Es decir, se exigió aprovechamiento económico de las tierras por parte de sus propietarios en los parámetros de la función social de la propiedad, para limitar de esta manera el alcance del título notarial. Posteriormente se promulgó la Ley 135 de 1961 en la que se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). A pesar de que las legislaciones mencionadas tenían la intención de solucionar los problemas referentes a la estructura agraria en Colombia.
En la práctica se pueden advertir las tensiones sociales generadas por la desigualdad entre una minoría social propietaria y una mayoría desprovista de esta. La ocupación de la tierra se ha conformado de manera errónea, los rasgos principales son el acaparamiento de grandes extensiones de tierra destinada a la ganadería, el deficiente aprovechamiento del potencial agrícola y el desplazamiento de la población campesina agravada por la guerra interna.
Además, la creciente industria del narcotráfico y la corrupción, ha desembocado en el despojo de predios a los pequeños y medianos propietarios, incluso suscitó la creación de una asociación para la defensa colectiva de la gran propiedad. Nuestro régimen de propiedad de la tierra es heredado del Código de Napoleón el cual privilegia la propiedad titulada e inscrita en el registro de instrumentos públicos sobre la ocupación y posesión material.
Es innegable que una cantidad considerable de predios rurales no tienen títulos registrados, el factor principal se les atribuye a los sistemas informales de posesión, tales como la herencia y transferencias de la tierra, debido al gran desconocimiento de las comunidades campesinas sobre las instituciones sustantivas y procesales alrededor de la propiedad rural. Este hecho está estrechamente relacionado con la escasa implementación de políticas.
Conclusión
Dirigidas a corregir los fenómenos de poder dentro de la estructura agraria, promoviendo la exclusión de la población campesina e impidiendo su avance social y político. Con base en los argumentos expuestos, se puede inferir la necesidad de una reestructuración de las políticas públicas dirigidas a la reglamentación en el ámbito agrario y la institucionalidad para su desarrollo efectivo, dado que el Estado tiene la obligación de crear instrumentos e instituciones.
La función de gestionar que la tierra cumpla su función social. Se debe excluir el reconocimiento del derecho de propiedad la adquirida con recursos ilícitos, especialmente los derechos de la posesión extensiva de la tierra, la apropiada ilegalmente sobre áreas de la nación y la tierra obtenida mediante mecanismos violentos, con el fin de eliminar el poder territorial de grupos criminales, cuya fuente de ingresos es el narcotráfico.
