Salario Mínimo en México: Desigualdad Extrema

Introducción a la economía

En comparación con otros países, ¿qué tan desigual es la distribución del ingreso en México? No es fácil responder a esta pregunta, no obstante, se cuenta con las bases de datos Standardized World Income Inequality Database y World Development Indicators (del Banco Mundial).

Ambas presentan cifras de desigualdad relativamente homogéneas para un periodo reciente y para una muestra amplia de países. En la Standardized World Income Inequality Database México tiene mucha más desigualdad que el promedio de todos los países en la muestra. De hecho, es superior al 76% de los países muestreados. La segunda base de datos confirma estos resultados: México ocupa el lugar 107 de 132; es decir, 80% de los demás países tienen menor desigualdad. En ambos casos, México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.

La evolución de la desigualdad en México en las últimas tres décadas ha sido relativamente constante, y, a pesar de que entre mediados de los noventa y 2010 disminuyó la desigualdad del ingreso significativamente, con base en los datos de la OCDE en 2012, la magnitud de la desigualdad en México es mayor de lo que era a principios de los ochenta. La reciente reducción de la desigualdad en el país se ha atribuido a tres factores principales: a las remesas que reciben los hogares mexicanos de bajos ingresos, a la mejor focalización de algunos programas sociales y a una menor desigualdad en los ingresos salariales, sin embargo, si las encuestas de hogares no capturan correctamente el ingreso de las personas en la parte más alta de la distribución, las cifras no reflejarán de manera certera el verdadero estado de la distribución total del ingreso en México.

Otro problema con estas cifras reside en que la tendencia decreciente de la desigualdad no parece ser compatible con otros aspectos de la economía mexicana. En particular, el crecimiento del ingreso per cápita y un simultaneo estancamiento de las tasas de pobreza en el país. Esto sólo se explica si el crecimiento del ingreso se concentra en la parte superior de la distribución del ingreso, situación incompatible con la reducción de este aspecto de desigualdad. Dado la existente falta de información oficial al respecto, al no ser totalmente fiables las encuestas de hogar, se ha optado por otros caminos: a saber, las declaraciones fiscales. Así, a través de métodos estadísticos, se obtienen estimaciones de lo que podría suceder en esa franja de la población de México.

Esta información resulta particularmente importante para el propósito de este estudio, pues sin duda es más relevante como medida del grado de captura económica—y política—de las élites de este país.

Campos, Esquivel y Chávez (2015) han reestimado el ingreso correspondiente al decil de mayores ingresos en México para todo el periodo 1992-2012. Los autores utilizan como referencia a países donde los ingresos y distribución son relativamente similares, y para los cuales se cuenta con información tanto de encuestas de hogares como de datos fiscales. Un objetivo fundamental de este procedimiento fue obtener una estimación más realista de la distribución del ingreso. Según los resultados obtenidos, el porcentaje del ingreso que corresponde al decil superior no sólo es mucho más elevado, sino que su tendencia es exactamente la contraria a la que se obtiene con los datos originales. El porcentaje aumenta en vez de disminuir. Desde mi punto de vista, que los datos proporcionados por el sistema sean diametralmente opuestos a la realidad, es una prueba más de la dominación política de las clases más altas.

Respecto a temas de riqueza, no hay cifras oficiales en México, solo algunas estimaciones no oficiales. El Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse (2014), por ejemplo, señala que el 10% más rico de México concentra el 64.4% del total de la riqueza del país. Por otro lado, un reporte de WealthInsight (2013) revela que, en 2012, unos pocos multimillonarios, representantes de menos del 1% de la población total concentraban en ese año alrededor del 43% de la riqueza total del país.

Contrario a lo que podría pensarse, el número de multimillonarios mexicanos no ha crecido de manera significativa en los últimos años, de hecho, con base en los datos de 2014, figuran hoy 16 mexicanos con una riqueza superior a mil millones de dólares, apenas uno más que hace casi dos décadas. Lo que sí ha cambiado es la importancia y magnitud de la riqueza de nuestros multimillonarios: entre 1996 y 2014 la fortuna promedio de cada miembro de ese selecto grupo de mexicanos pasó de $1,700 a $8,900 millones de dólares. Todo lo anterior contrasta tremendamente con lo que ha ocurrido en el país entre 1996 y 2014: el PIB per cápita ha crecido alrededor de 26%; crecimiento muy por debajo de lo que de hecho han aumentado las fortunas de los multimillonarios mexicanos. Yendo más lejos, hablando solo de los cuatro principales multimillonarios de México, hasta 2002, su riqueza representaba únicamente alrededor de 2% del PIB mexicano. Sin embargo, a partir de 2003 inició un ascenso que para el lapso 2011-2014 alcanzó un promedio de 9% del PIB. En la actualidad, el rendimiento real de la riqueza de 4 mexicanos es alrededor de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos. Ahora bien, los cuatro derivan una parte significativa de su fortuna de sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público.

En su calidad de empresarios multimillonarios a quienes el Estado constantemente supervisa o regula, es de su total interés el intervenir tanto como puedan en los instrumentos u organismos que se encargan de la regulación, supervisión y vigilancia; es decir, de capturar políticamente al Estado mexicano. Lamentablemente, la falta de competencia económica y un débil marco regulatorio constituyen el escenario ideal para el abuso por parte de empresas con un cierto poder monopólico u oligopólico, como son aquellas de que son propietarios.

Caso emblemático ha sido el de Carlos Slim, que se apoderó de Telmex en 1990. El control de la red nacional de telefonía le permitió establecer tarifas de interconexión muy elevadas a sus competidores, mediante lo cual obtuvo ingresos extraordinarios para su empresa e hizo a su competencia mucho menos competitiva frente a la suya. Lo anterior le permitió consolidarse como un gigante de las telecomunicaciones incluso a nivel internacional y como uno de los hombres más ricos del mundo. Pero el ascenso se dio a costa de los consumidores mexicanos, como demuestra un estudio de la OCDE (OECD, 2012), que concluyó que, entre 2005 y 2009, el comportamiento monopólico de las empresas de Carlos Slim se había traducido en una pérdida de bienestar aproximada del 1.8% del PIB por año. Según dicho estudio, el pobre desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en México era el resultado de dos fenómenos: a) la falta de competencia y b) la alta concentración del mercado en el marco de un sistema legal abiertamente disfuncional.

Respecto al campo minero, se trata también de uno de los sectores que más se ha privilegiado y expandido en los últimos años en el país. La acelerada explotación minera en México permitió el enriquecimiento súbito de los empresarios dedicados a estas actividades al beneficiarse del boom de los precios de los minerales que ocurrió a partir de principios de este siglo. Ahora bien, el privilegio al sector no se dio sólo en términos de su rápida expansión. En nuestro país la minería ha gozado de privilegios fiscales, y es que lamentablemente, el diseño y estructura del sistema tributario es uno de los aspectos de política en los que la élite económica mexicana ha logrado influir de manera preponderante. De hecho, nuestra política fiscal no corresponde a una economía desigual en donde los instrumentos tributarios se diseñan para reducir de manera significativa las brechas en el ingreso entre ricos y pobres, al contrario, parece estar diseñada de tal manera que el efecto redistributivo de la política fiscal sea prácticamente nulo.

En una economía tan desigual como la mexicana, que tiende a gravar más el consumo que el ingreso, los hogares pobres pueden terminar pagando, en forma de impuestos, más que los hogares ricos, a pesar de las exenciones en algunos productos. Evidentemente, el sistema tributario conforma un escenario en donde quien más percibe es quien mayores beneficios recibe por parte del gobierno. Así y bajo estos parámetros, la posibilidad de un esquema progresista se ve severamente limitada

Por otra parte, en las últimas décadas, México ha tendido, de manera sistemática y gradual, a modificar la distribución del ingreso entre lo que corresponde al pago del factor capital y lo que corresponde al pago del factor trabajo. Suele suponerse que esta distribución se mantiene estable a lo largo del tiempo, sin embargo, durante los últimos 30 años ha habido un crecimiento paulatino de la participación del capital en el ingreso nacional, pero al tiempo, una consecuente disminución de la participación del factor trabajo. A partir de 1981 y 2012, la participación del capital aumentó del 62% al 73% y la del trabajo disminuyó del 38% al 27%.

Las explicaciones de fenómeno tal pueden anclarse sea en un aumento considerable del tamaño del capital en México o bien, como se venía hablando antes, en un aumento en la capacidad de negociación de los dueños del capital para apropiarse de una porción mayor del valor agregado. Como podemos ver, la exacerbada concentración tanto del poder económico como del político, desembocan en un ciclo que perpetúa las ya de por sí acentuadas desigualdades.

Está claro que el crecimiento de una economía puede verse francamente demeritado cuando los ingresos se distribuyen con desigualdad, como es nuestro caso; misma que se vale de diversos canales. Uno de ellos es un mercado interno débil, en el que sólo unos cuantos gozan del privilegio del ahorro, lo que afecta las decisiones de consumo o inversión de los individuos. generando no solo que se perpetúen los bajos ingresos, sino que también se genere una seria tendencia a que se repita el modelo de manera intergeneracional. Y es que, a falta de inversión en capital físico o humano, lo que está en juego, es la productividad. En términos teóricos, los canales a través de los cuales la desigualdad afecta el crecimiento son otros, que parten del supuesto de que hay una demanda tal por redistribución que abre la puerta a políticas que perjudican las decisiones de inversión o bien, que crean cierta inestabilidad política y social que finalmente influyen sobre las decisiones de inversión.

La evidencia empírica sobre este tema ha crecido de manera significativa, en el reciente estudio de Cingano (2014) donde se obtuvieron tres resultados particularmente relevantes: primero, encuentra que la desigualdad que más afecta al crecimiento económico es la que ocurre en la parte baja de la distribución; Segundo, encuentra que el canal más importante es el de la baja acumulación de capital humano por parte de las personas en la parte más baja de la distribución. Finalmente, muestra que para el caso específico de México y entre 1985 y 2005, el aumento de la desigualdad redujo el crecimiento del PIB en un monto acumulado de 10%. La elevada desigualdad que impera en México empieza ya a limitar y de manera muy significativa las posibilidades de crecimiento de nuestra economía. Una de las consecuencias más lamentables del patrón de la alta desigualdad y de captura política por parte de las élites en México es que, no sólo nuestro país tiene bajísimas tasas de crecimiento económico, sino que ese poco crecimiento es además excluyente. Estamos no sólo frente al fracaso de la política social como un instrumento capaz de reducir la pobreza en el país y a la concentración de los beneficios del crecimiento entre los segmentos más privilegiados de la población, sino también frente al fracaso de la visión que presupone que el crecimiento debe preceder a la redistribución.

En las últimas tres décadas, la política de salario mínimo en México ha actuado como parte de una estrategia de contención inflacionaria, de hecho, no fue sino a partir de 1996 que la estrategia cambió, aunque los aumentos salariales se han limitado a mantener constante al salario mínimo. La estrategia ha surtido su efecto: el poder de compra del salario mínimo ha disminuido drásticamente a lo largo de las últimas décadas. Esta política de salario mínimo explica, en buena medida, el boom de desigualdad que se observó en México entre 1984 y 1996. la política de salarios mínimos que se ha mantenido hasta la fecha aún impacta la vida de las personas. Uno de los aspectos más duros es que el nivel actual del salario mínimo en México se encuentra por debajo de la línea de bienestar o de pobreza, La situación es grave a grados tales, que contraviene lo estipulado en la Constitución: en ella se estipula que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno. Este es un caso único en toda América Latina. Así, el que una política de esta índole esté aún vigente no se explica más que como el resultado, una vez más, del proceso de captura política por parte de una élite económica.

Otra consecuencia es que existen amplios segmentos de la población que se encuentran del todo marginados y excluidos de cualquier avance en materia de bienestar económico y social. Quizá en ningún caso esto es tan evidente como en el caso de la población hablante indígena Mientras que el 38% de la población hablante indígena vive en pobreza extrema, el porcentaje correspondiente para la población total es inferior al 10%. El proceso de marginación y exclusión no siempre se debe a la falta de oportunidades laborales; en más de una ocasión es resultado de la discriminación pura.

Respecto a la infraestructura educativa, que evidentemente juega un papel sumamente importante en el trayecto económico y social del país, no parece contribuir a la reducción de las disparidades iniciales; por el contrario, las amplía y las perpetua. Para cambiar estos efectos, soy de la firme postura de que no solo debemos preocuparnos por la calidad “textual” de la educación, sino también de la perspectiva en que se mira e imparte, debemos dejar de generar empleados capaces únicamente de cumplir lineamientos y seguir procedimientos, y educar a futuras mentes con pensamiento y criterio propio, que realmente puedan cambiar al país.

Volviendo al tema de desigualdad, a una inequidad original en la capacidad de poder de compra, se suma una fiscal que acentúa y perpetúa las desigualdades originales en perjuicio de los conocimientos y habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes con menor capacidad adquisitiva. Todos estos problemas, han generado un aumento vertiginoso en la violencia en México en años recientes. Si bien existen personas que defienden que ambos temas no están relacionados, un estudio reciente de Enamorado et al. (2014) muestra que, en efecto, la desigualdad ha jugado un papel importante en el aumento reciente de la violencia en México. En particular, muestran que un aumento de un punto porcentual en el Coeficiente de Gini a nivel municipal se asocia con un aumento de 5 muertes por cada 100,000 habitantes. Por otro lado, Corona-Juárez (2014) muestra que, a nivel estatal, los niveles de actividad criminal y de homicidios en México se asocian de manera significativa con bajos niveles de educación entre los jóvenes y con altas tasas de desempleo juvenil.

El detrimento de la calidad de la sociedad por causa de la desigualdad es evidente, afortunadamente, es posible hacerle frente mediante algunas acciones que serán descritas a continuación:

1. Creación de un auténtico Estado Social. La concepción de la política social en el país debe cambiar. Han pasado ya más de dos décadas de innovaciones en la política social y de cambios continuos en los programas y las estrategias sociales, pero las tasas de pobreza son las mismas que aquéllas de hace dos décadas. En lugar de continuar con múltiples programas asistencialistas que sólo buscan mitigar la profundidad y extensión de la pobreza, el Estado ha de asegurar que sus ciudadanos, por el simple hecho de serlo, accedan a un mínimo de derechos sociales, los cuales deberán garantizarse desde el inicio hasta el final de la vida.
2. Política fiscal más progresiva. La política fiscal en México es insuficientemente progresiva. En el caso del impuesto sobre la renta, se requieren tasas impositivas más progresivas para la parte más alta de la distribución. Sin embargo, también se requieren nuevos impuestos que graven las fuentes de ingreso más comunes de las personas que se encuentran en las esferas más altas. El diseño de la estructura impositiva tiende a favorecer a las personas que más perciben y cuyas fuentes de ingreso son gravadas a tasas inferiores a las de las personas de ingresos bajos o medios quienes derivan la mayor parte de sus ingresos de fuentes laborales. Los impuestos a la propiedad también deberían ser más progresivos. Además de lo anterior, también debe plantearse la posibilidad de establecer en México otros dos tipos de impuestos a los activos: uno a las herencias y otro al patrimonio global. Así, eventualmente se podría diseñar una política fiscal más acorde con los objetivos de mediano y largo plazo. La pertinencia de algunas deducciones personales asimismo debería reconsiderarse. Una buena parte de éstas benefician de manera desproporcionada al decil más rico de la población.
3. Gasto mejor focalizado. El gasto público debe focalizarse mejor tanto en términos sectoriales como regionales. En todo momento el gasto público debe tener en mente no sólo la magnitud del beneficio social que puede generar, sino también su componente redistributivo. Este simple hecho puede tener efectos notables en las regiones y comunidades beneficiadas, maximizándose su impacto económico y social. Otro componente importante del gasto público debe concentrarse en la creación de infraestructura básica que eventualmente pueda detonar otros proyectos complementarios de inversión privada.
4. Política salarial y laboral. Cambiar la política de fijación del salario mínimo tiene carácter de indispensable. iniciar un amplio proceso de recuperación de la capacidad de compra del salario mínimo es impostergable. Este cambio de política tendría un primer efecto positivo: mejorar y fortalecer la capacidad de compra y el nivel de vida de los trabajadores que perciben ese nivel de ingresos. Uno de los beneficios que seguiría a este primero sería el fortalecimiento del mercado interno. De la misma manera debería realizarse una reforma laboral que re balancee el poder de negociación entre trabajadores y patrones.
5. Mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Para reducir los problemas asociados con la captura política, se deben fortalecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.

Por desgracia, para que estas 5 acciones sean realmente efectivas, es necesaria la participación tanto del gobierno, como de la sociedad en general, incluyendo a los mayores exponentes de la iniciativa privada. En mi opinión, que esto ocurra es realmente improbable.

Bibliografía

1. OXFAM México. (2018). Desigualdad Extrema en México. Recuperado de file:///C:/Users/Telmex/Downloads/Desigualdada_extrema_M%C3%A9xico_InformeOxfam.pdf