Abandono de Animales en España y las Políticas y Legislacios al Respecto
Introduccion
Las principales causas de que los animales sean abandonados son las camadas no deseadas, mientras que el final de la temporada de caza y las circunstancias personales se encuentran muy cerca.
El centro insta a que se comprenda mejor el comportamiento de los animales y se comprenda la responsabilidad que implica tener un animal. También declararon la importancia de identificar a su perro o gato con un microchip.
A continuación, pasaremos a analizar el Índice de Protección Animal de World Animal Protection. Este tema examina el reconocimiento de la sensibilidad animal y la importancia de la protección animal como un valor social dentro del país, incluido el apoyo del gobierno a la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, la prohibición de la crueldad y la protección de diferentes categorías de animales.
Recientemente, el Real Decreto 401 de 2012, que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incluye en el Artículo 8.1.f disposiciones que incluyen responsabilidades específicas sobre la promoción del bienestar animal.
Además, existe una legislación individual que designa a diferentes organismos gubernamentales como responsables de la implementación de cada ley, y la Administración General del Estado es responsable de la implementación de la Ley 32/2007. Además, las comunidades autónomas tienen órganos para desarrollar problemas específicos sobre el bienestar animal, ejemplos de los cuales se pueden encontrar en Cataluña, Madrid y Cantabria.
Desarrollo
Nos podríamos preguntar, ¿existen barreras económicas y sociales para mejorar el bienestar animal en el país? No se sugiere que el gobierno carezca de recursos humanos o financieros para mejorar la responsabilidad de los problemas de bienestar animal en España. Sin embargo, parece que hay una falta de compromiso con el tema en los altos niveles de gobierno, como lo muestra los retrasos en la implementación de algunas Directivas de la Unión Europea sobre el bienestar animal, lo que presenta una barrera significativa para mejorar la situación . No obstante, las obligaciones de implementación están obligados por la legislación.
Por su parte, también existe legislación para el compromiso con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). España es miembro de la OIE con un representante español que también forma parte del Consejo Científico Asesor para las Revisiones Científicas y Técnicas de la OIE. Además, España ocupa la Vicepresidencia de la OIE en Europa desde 2012 y participa muy activamente en el desarrollo de sus funciones.
El papel activo de España en la UE significa que el país ha adoptado un enfoque de colaboración notable a la hora de abordar los desafíos y las solicitudes de la OIE. Las iniciativas voluntarias de compromiso con la organización se centran en la salud animal, pero también hay un fuerte componente independiente del bienestar animal, lo que indica la clara intención del país de abordar el bienestar animal como un tema independiente.
Además, no hay evidencia de que los recursos humanos y financieros disponibles para el gobierno español sean una barrera para el compromiso con la OIE y, de hecho, la inversión institucional en los órganos de la OIE se evidencia en las cuentas del gobierno.
Los compromisos del gobierno español están claramente establecidos y pueden hacerse cumplir mediante acuerdos específicos con la organización.
No obstante, la legislación española no cubre la acuicultura, el control de las poblaciones de perros callejeros y el sacrificio de animales para el control de enfermedades.
Al incluir elementos de las normas y principios rectores de la OIE en la legislación, deberían introducirse en estrategias gubernamentales más amplias en los sectores de la agricultura y la investigación. El Ministerio de Agricultura ha proporcionado directrices y reglamentos que incluyen referencias a la OIE y amplían la Ley 32/2007. Esto debería ayudar a liderar el progreso en relación con el papel de la OIE en el bienestar animal en el país.
Como ya se ha mencionado, muchas áreas en España tienen problemas relacionados con las poblaciones de perros callejeros. El Ministerio de Agricultura reconoce que la OIE proporciona normas para gestionar tales situaciones, pero no están incluidas en la legislación o política nacional española. Por su parte, la incorporación de las normas de la OIE sobre acuicultura también sería beneficiosa.
Existen mecanismos de ejecución en la Ley 32/2007 para la infracción de aquellas disposiciones que aparecen en las normas de la OIE, y que consisten en sanciones financieras.
El Ministerio de Agricultura ha publicado actualizaciones de políticas y legislación a medida que el marco legislativo del país sobre bienestar animal se ha actualizado en los últimos años. El Ministerio también publica noticias sobre temas como los relacionados con la Ley 32/2007. Sin embargo, no hay evidencia de ningún objetivo o monitorización constante de los objetivos relacionados con el bienestar animal en España.
Por lo tanto, se debería alentar al gobierno a desarrollar una estrategia clara sobre la mejora del bienestar animal y comenzar a informar periódicamente sobre el progreso hacia las metas identificadas.
En cuanto a la educación sobre cuidado y protección de animales, hay una legislación con aplicación parcial. El gobierno ha confirmado que los aspectos del bienestar animal se incluyen en varios niveles educativos y, en particular, con profesionales que trabajan directamente con animales. La legislación se ha desarrollado principalmente a nivel de comunidades autónomas.
No hay evidencia de barreras existentes para introducir elementos obligatorios de educación sobre bienestar animal, pero se incita al gobierno a hacer estas mejoras más visibles. Para fomentar la comunicación y la conciencia, es decir, consultar con las partes interesadas, también existe una legislación.
El artículo 24 de la ley 50 de 1997 tiene una disposición que establece que el gobierno debe consultar con las organizaciones de protección animal sobre la producción de nuevas normas al respecto. A nivel de la Comunidad Autónoma se han realizado algunas consultas con las partes interesadas, por ejemplo, en relación con la prohibición catalana de las corridas de toros.
Mejorar el bienestar animal en España de manera efectiva requerirá la participación de partes interesadas con experiencia y conocimiento, para lo cual, el gobierno tendrá que elaborar una política específica para respaldar su relación con los principales interesados en cuestiones de bienestar animal en el país y hacer que esta relación sea más visible.
Los mecanismos generales de la ley 50 de 1997 son aplicables, pero no hay referencias específicas a las organizaciones de bienestar animal y, por lo tanto, no hay evidencia de consecuencias legales derivadas de la inacción en este asunto.
Respecto al reconocimiento formal de la sensibilidad animal aunque ésta no está explícitamente reconocida en la legislación, la Ley 32/2007 sobre el cuidado de animales en granjas, transporte, sacrificio y experimentación hace referencia al sufrimiento. Sin embargo, esto solo cubre los animales vertebrados que se utilizan en la producción y los animales utilizados en la investigación científica y la educación (artículo 2), y excluye específicamente la caza y la pesca, los animales salvajes (incluso en cautiverio) y las corridas de toros. La Ley 32/2007 no contiene medidas para garantizar que los animales de granja no sufran un sufrimiento innecesario, sino que solo se aplica a los animales que tienen algún valor económico.
A nivel de la Unión Europea, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce la sensibilidad animal y exige que los Estados miembros tengan en cuenta los requisitos de bienestar de los animales al formular y aplicar las políticas de la Unión Europea. De conformidad con el Artículo 10 de la Constitución Nacional, este Artículo es parte del sistema legal per se y no requiere transposición legal.
Por lo tanto, el gobierno debería actualizar la legislación existente y garantizar que todas las categorías de animales se incluyan en este reconocimiento independientemente de su valor económico.
Aunque las disposiciones existentes que reconocen ciertos aspectos de la sensibilidad son una señal positiva de que es posible mejorar, parece que este problema no es una prioridad para el gobierno. Además, existen barreras socioculturales para mejorar el bienestar animal, por ejemplo, con respecto a las corridas de toros y la caza. La exclusión de los animales salvajes de la clasificación legal de los seres sintientes también muestra que existen barreras para mejorar el bienestar animal.
La legislación que se refiere al sufrimiento de los animales contiene mecanismos que pueden llevar al encarcelamiento o servicio comunitario.
Por otro lado, también existe un apoyo parcial al gobierno respecto a la Declaración Universal sobre Bienestar Animal. En 2009, los 27 Ministros de Agricultura del Consejo Europeo, incluso de España, aprobaron por unanimidad una declaración sobre la UDAW que alienta a la Comisión Europea a apoyar e iniciar nuevas iniciativas internacionales para crear conciencia y crear un mayor consenso sobre el bienestar animal, e invitar a los Estados miembros y la Comisión para apoyar esta iniciativa. Más allá de este apoyo de la Unión Europea, el gobierno no parece haber hecho ningún compromiso independiente con respecto a la UDAW.
Es importante destacar que la Declaración Universal sobre Bienestar Animal es un reconocimiento internacional formal propuesto de un conjunto de principios que otorgan el debido reconocimiento al bienestar animal entre los gobiernos y la comunidad internacional.
No hay desarrollos directamente relacionados con la UDAW en la política y legislación producidas individualmente por este país. El UDAW puede tener un papel importante en llevar el concepto de bienestar animal a la atención del público en general, pero no se encontró evidencia de que el apoyo de la Unión Europea al UDAW tuviera una consecuencia directa en las discusiones de España sobre el bienestar animal.
Conclusiones
El principal obstáculo es la falta de un papel activo del gobierno en el desarrollo de políticas y legislación con respecto al bienestar animal, teniendo en cuenta los principios y preceptos de la UDAW. Se supone que no existen barreras financieras o de otros recursos importantes para la mejora. Sin embargo, puede haber barreras socioculturales para mejorar el bienestar animal.
Respecto a las leyes contra el sufrimiento animal, hay una legislación con aplicación parcial. El artículo 337 del Código Penal establece que los que maltratan cruelmente a las mascotas y causen injustificadamente la muerte o lesiones que causen graves daños físicos serán castigados con una pena de prisión de tres meses a un año.
El Artículo 632 establece que aquellos que maltratan cruelmente a las mascotas sin constituir un delito en virtud del Artículo 337 están sujetos a prisión de 20 a 60 días o servicio comunitario de 20 a 30 días. Esta legislación solo protege a los animales de compañía y no está claro si es capaz de extenderse a causar sufrimiento por no actuar.
En la actualidad, no todos los grupos de animales están cubiertos por la legislación contra la crueldad, aunque hay representantes gubernamentales específicamente responsables del bienestar de la vida silvestre, animales de trabajo y animales en cautiverio. Esta exclusión de grandes cantidades de animales de la protección representa una barrera para mejorar las condiciones en el país y va en contraposición de muchos otros países de la Unión Europea.
La práctica continua de las corridas de toros en algunas partes de España también es una preocupación importante en relación con el tema de la crueldad hacia los animales y representa una barrera importante en esta área.
