Como Afecta La Corrupción Política A La Sociedad Mexicana

La corrupción y las percepciones internacionales de corrupción en diferentes países en desarrollo, especialmente en México, han dañado la reputación del país y han creado obstáculos a la inversión directa local e internacional, a la competitividad global, al crecimiento económico y, de manera contundente, han distorsionado el desarrollo y la elevación en cuanto a calidad y seguridad de nuestro país. Aún sabiendo que no es un tema que solo afecte a nuestro territorio y en cualquier rincón de nuestro planeta se pueda presentar, debemos exigir que estos actos desaparezcan y se erradiquen en nuestra sociedad. Empezando por los partidos políticos, que se busca que sean más honestos y que juegan un papel vital en el fortalecimiento de las democracias, funcionando como un puente real entre ciudadanos y sus gobiernos.

Sin embargo, los partidos corruptos, eje central de nuestro país como el de tantos más con carácter demócrata central en su sistema organizacional, pueden dañar seriamente una democracia al eliminar la confianza pública, aumentando la desilusión de los votantes e incluso conducir a regímenes autoritarios y represores. Sabemos que la corrupción no es inofensiva y tiene consecuencias negativas indiscutibles para una sociedad. Lleva a una fuga de cerebros y talento masiva y produce desincentivos para el trabajo duro y la integridad en sociedad. También afecta la competencia justa y la igualdad de género, distorsionando el manejo del gasto público y la igualdad de acceso a empleos a sus ciudadanos. Como tal, este grave problema de amaños y conveniencias resulta ser la receta perfecta para derrumbar todo un sistema de orden y progreso que genere y establezca las condiciones de oportunidades para todos la que la conforman.

Y es a través de este punto de énfasis, que correspondiendo a nuestra área observamos que la regulación de las finanzas políticas es una variable clave de las democracias más transparentes y legítimas. La necesidad y obligación de regular el dinero en la política generalmente se considera como un paso indispensable para bajar la influencia de los grandes donantes e intereses sobre los candidatos y cada una de las partes que los conforman.

Esto por una parte representa ser clave en el propiciar corruptelas que tengan secuelas negativas en el país. A su vez, dentro del sector privado, encontramos que existen factores importantes que desequilibran la competitividad y el orden social, donde instituciones financieras son parte de la cadena de abastecimiento, traslado y movimiento de valores que flujos provienen de prácticas ilícitas en búsqueda del beneficio de sólo unos pocos. El lavado de dinero no es investigado y procesado de manera eficiente. En consecuencia, el número de condenas por lavado de dinero es reducido y se dejan muchas investigaciones en términos inconclusos, sin castigo para los actores que practican dichos actos.

Esto se vuelve en un asunto mayúsculo, de vertientes diversas, que impactan las vidas de todos de mayor o menor manera. En donde la parte de servidores públicos manejan de manera ineficiente los recursos, siendo susceptibles a influencias dentro de su medio. A sí como un sector privado coludido con transacciones ilícitas en el mercado financiero, fomentando una cultura de deshonor y arreglos por debajo de la mesa.

Según reportes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), nuestro país se sitúa en una condición grave, en donde estas prácticas “no (son) investigado(s) y procesado(s) de manera proactiva y sistemática … En consecuencia, el número de procesamientos y condenas por lavado de dinero es muy bajo. Se encontraron deficiencias significativas en la forma en que se investigan los casos de lavado de dinero.”

El reporte detalla cómo es que “México se apoderó de solo $ 32.5 millones en 2016. Eso representa menos del 0.1 por ciento de los $ 58.5 mil millones de ingresos ilícitos que el gobierno estima que son generados anualmente por el crimen organizado.” El sistema financiero es de gran uso para intermediar muchas de las operaciones que conlleva la corrupción, es por eso que este tema el cual estrictamente se relaciona con nuestro campo, es de tan suma importancia de controlar y eliminar. Dicho problema no es ajeno a cualquier otro país, sino todo lo contrario, es un fenómeno y un mecanismo explotado que se puede encontrar alrededor del mundo.

La corrupción es un riesgo importante para las empresas que operan en México y en el mundo y sus afectaciones en el progreso de todos. El soborno es propiciado en el poder judicial y la policía del país. Los procesos de registro comercial, que incluyen obtener permisos de construcción y licencias, están influenciados negativamente por la corrupción. El crimen organizado continúa siendo un factor muy problemático para las empresas, imponiendo grandes costos a ellas.

La colusión entre la policía, los jueces y los grupos delictivos es extensa, lo que lleva a la delincuencia se expanda y tenga mayor control en la sociedad. El robo, la impunidad y la aplicación deficiente de la ley son factores que generan un estado de derecho fallido, en donde el ciudadano que quiere llevar su vida de manera normal, es golpeado por los estragos de una comunidad rota y corrompida por los arreglos. Los obsequios y la hospitalidad no están prohibidos por la ley y pueden ser permitidos, dependiendo de la intención y es por este camino que la corrupción logra permear en una sociedad. El intento de soborno, extorsión, abuso de poder, soborno de funcionarios públicos y pagos de facilitación están penalizados bajo el Código Penal Federal de México. Sin embargo, las leyes anticorrupción de México difícilmente se hacen cumplir, y los funcionarios públicos rara vez son considerados responsables de actos ilegales, inclusive con vasta evidencia pública. Se aprobaron nuevas leyes anticorrupción en 2017, pero su eficacia aún no se ha demostrado de la manera en que se esperaba.

Es debido a esto que un plan eficiente en búsqueda de contrarrestar este tipo de prácticas en nuestro campo profesional es importante de poder ejecutar. En América Latina, investigadores observan una brecha entre la alta densidad poblacional y el alcance de las regulaciones financieras políticas, junto con el dinero en la política. El principal problema subyacente en la región no es la falta de regulación, sino la incapacidad de hacer cumplir las reglas. Algunos de los temas compartidos por los países del subcontinente que contribuyen a este problema son los bajos niveles de transparencia del financiamiento, la inexistencia de estándares regionales para el financiamiento político, las lagunas o rigidez de la regulación, la infiltración de financiamiento ilícito y la imposibilidad de implementar normas adecuadas, causado por la ausencia de fuertes organismos de control y aplicación.

De esta forma, la regulación de las finanzas políticas se ve como una variable clave de las democracias más transparentes y legítimas hacia el combate de las malas prácticas financieras que susciten la corrupción. La necesidad de regular el dinero en la política financiera generalmente se considera como un paso indispensable para disminuir la influencia de los grandes donantes sobre los candidatos y los partidos. La Comisión Global de Elecciones, Democracia y Seguridad, por ejemplo, declaró que la falta de regulación del financiamiento político amenaza con ahuecar la democracia y privarla de sus fortalezas únicas.  

En vista de la importancia del sector financiero para la economía en general y su pobre desempeño que condujo a la crisis económica de 2008, el sector financiero es el centro de investigación de muchas industrias. Cuestiones de especial importancia para la lucha contra la corrupción en la industria financiera son establecer gobiernos corporativos, la cual contemple la gestión de conflictos de interés, así como de influencia indebida. El frenar el flujo del producto de la corrupción y el lavado de dinero es vital para detener toda la cadena de arreglos y actividades fuera de la legalidad. Dichos esfuerzos se tienen que conjugar con las instituciones públicas, la sociedad civil y las empresas concordantes para promover una mayor transparencia y una mayor responsabilidad en el sector financiero, sector fundamental para el funcionamiento de todas las demás partes.

Sin embargo, de igual forma parece haber un acuerdo general sobre la convicción de que una mayor regulación no significa necesariamente más transparencia o un mejor equilibrio de poder entre quienes tienen dinero y los ciudadanos en general. Ciertamente, IDEA concluye que, en algunas situaciones, dependiendo del contexto político social y los objetivos de la regulación, un alto nivel de regulación puede no ser deseable. En general, esto muestra una discusión abierta sobre la capacidad de la regulación de las finanzas políticas para influir en el control de la corrupción dentro de los estados.

En el estudio de Casal Bértoa nombrado “Deslegitimación de la regulación de las finanzas políticas”, menciona que la regulación de las finanzas políticas no ayuda a reducir los niveles de corrupción percibida entre los partidos políticos. Según dichos estudios, ni los marcos legales restrictivos en los que el estado es el principal contribuyente financiero a los partidos, ni controles más independientes, ni mayores penalizaciones por actividades de financiación ilegal, están correlacionados con niveles más bajos de percepciones de corrupción partidista. A pesar de las limitaciones del estudio, concluyen que el estado no debe ser el único que aporte fondos a los partidos políticos. Dicha situación es mucho más grande que el simple hecho de imponer castigos sino existe un medio eficaz que supervise a las diferentes acciones que fomentan la corrupción.

Es por eso que se dice que hay una falta de mecanismos de control efectivos y que dicha está relacionada con la desigualdad social. Quienes estén interesados en mejorar las finanzas políticas deberían centrarse en mejorar la regulación, el monitoreo y el cumplimiento de las finanzas políticas; prestando especial atención a la corrupción política a nivel local; y, facilitando y simplificando el acceso a la información financiera política. Además, promover un enfoque regulatorio integral que integre las reglas de finanzas de campaña, conflictos de interés y actividades de cabildeo que, en conjunto, puedan cambiar las corrientes de impunidad y corrupción existentes.

Con esto definido, nos encontramos en las vertientes de los usuarios de los servicios, donde son presos de un sistema que se adueña de los recursos necesarios para poder desarrollar la infraestructura necesaria para su uso. De cierta forma se teoriza, en estudios de Tanzi y Davoodi, que en comunidades con una mayor corrupción están relacionadas con un mayor gasto público en grandes proyectos de infraestructura en países en desarrollo. La razón principal detrás de esta idea es que, en las sociedades con alta corrupción, los políticos pueden tener incentivos para aumentar el gasto de capital público a expensas de menores gastos en operaciones y mantenimiento para obtener mayores comisiones ilegales de las empresas privadas beneficiarias.

Sin embargo, hay otros estudios, como el de Delavallade, que mencionan que la corrupción surge como una distorsión de la estructura de los gastos públicos. De hecho, se observó corrupción a medida que aumentaban los gastos públicos en combustible y energía, cultura y servicios públicos. Todo lo anterior es un gasto que garantiza más discreción y, por lo tanto, más oportunidades para la corrupción. Las distorsiones en el gasto público funcionan a expensas del gasto social como la educación, la salud y la protección social, que generalmente implican más estandarización y restricciones.

Los efectos que pueda tener en una sociedad y sus usuarios en el uso de los servicios resultan difíciles de poder identificar en las repercusiones a las personas. No obstante, es complicado el poder llegar a hacer un caso de que dichos actos de corrupción no impactan de manera negativa a los integrantes de las comunidades. Es de gran importancia que como ciudadanos exijamos a nuestros representantes que las recaudaciones que entran a las arcas del gobierno sean depositadas en infraestructura y servicios elementales para poder tener una comunidad funcional y con las oportunidades necesarias para todos.

Pasando a los stakeholders, que son importantes elementos de una cadena de suministro, y como en cualquier sociedad, podemos definir que dichos son impactados de forma impresionante, ya que los efectos de la corrupción presente en su sector afectan los flujos y las variantes dentro de su mercado. Los actores son manipulados de gran forma, en donde el orden y la libre competencia sufren.

La corrupción en el sector privado y sus demás partes que lo conforman adopta muchas formas, entre ellas el soborno, la influencia indebida, el fraude, el lavado de dinero y la colusión. La corrupción distorsiona los mercados y tiene un impacto negativo en la sociedad en general, tanto en el mundo en desarrollo como en el mundo desarrollado. La corrupción del sector privado y sus partes contribuye al daño ambiental, los problemas de salud y seguridad, la inestabilidad económica y las violaciones de los derechos humanos. Al desviar recursos escasos, tanto financieros como humanos, se deshacen los cimientos de la sociedad y la competencia debida. La corrupción del sector privado erosiona la confianza en las instituciones públicas y priva a los ciudadanos del capital necesario para el crecimiento económico.

Los esfuerzos para abordar la corrupción en el sector privado requieren la participación de múltiples interesados. Aquí entran diversas asociaciones que, en su objetivo de voltear la corrupción en todo tipo de sector comercial, ofrecen y están dispuestos a generar campañas de conciencia y acción en las diferentes comunidades. En este espíritu de querer hacer un cambio, Transparencia Internacional, por ejemplo, construye y trabaja con coaliciones de gobiernos, instituciones públicas y la sociedad civil para abogar por un entorno anticorrupción más fuerte y más efectivo. Trabajan para crear un campo de juego nivelado para todos y sujetan a todas las partes al más alto estándar posible de ética y buenas prácticas.

Transparencia International de igual forma realiza investigaciones sobre la corrupción en el sector privado y los diferentes sectores. Ese tipo de investigaciones informa el desarrollo de estándares y herramientas para combatir la corrupción. También informan sobre la transparencia de las empresas para permitir que los ciudadanos, los inversores, los empleados y otras partes interesadas los responsabilice por su actividad, siendo una completa integración de todos los stakeholders y los roles que juegan en la comunidad.

Reportes de dicha organización menciona que las empresas con programas anticorrupción y directrices éticas sufren hasta un 50 por ciento menos incidentes de corrupción y tienen menos probabilidades de perder oportunidades comerciales que las empresas que no cuentan con dichos programas. Se establecen estándares y ayuda para compañías de todos los tamaños con un proceso de una serie de pasos para desarrollar un programa anticorrupción efectivo, herramienta de autoevaluación, guía de informes anticorrupción y marco de aseguramiento.

Dicha complementación de todas las partes hace que la vigilancia y el orden en los procesos sean respetados y considerados en cada movimiento de la cadena de valor. Los stakeholders y todas las partes que forman parte de dichos círculos, incluidos los ciudadanos y los reguladores, necesitan información empírica para responsabilizar a las empresas de su actividad. Con este fin, como menciona Transparencia Internacional en su página web, se debe realizar y publicar investigaciones sobre la transparencia en los informes corporativos basadas en tres dimensiones del comportamiento anticorrupción, considerando los programas anticorrupción, la transparencia organizativa y los informes país por país, con sus detalles específicos por cada región. Además, se necesita medir e informar sobre las percepciones públicas de corrupción y soborno con el fin de poder saber las acciones específicas y necesarias que se necesitan en el momento.

La comunicación de las buenas y malas prácticas en una comunidad financiera debe de estar posicionada como eje central de atención. La corrupción debe exponerse para que no haya ningún lugar donde esconderse. Se necesita terminar con el uso de compañías fantasmas secretas, para que los corruptos ya no tengan una manera fácil y anónima de ocultar su botín y moverlo a través de las fronteras. Tenemos que expulsar a los abogados corruptos, agentes inmobiliarios y contadores que facilitan o toleran la corrupción en el comercio y las finanzas. Necesitamos exponer el robo o mal uso del dinero de los contribuyentes mediante la apertura de presupuestos y adquisiciones para que las personas puedan ver exactamente cómo se usa su dinero y puedan exigir que las personas rindan cuentas cuando haya malversación de recursos, arreglos por “debajo del agua” o engaños en beneficio de sólo unos pocos.

Se tiene que tratar de manera adecuada y exhaustiva con la corrupción que exponemos. Eso significa llevar a los perpetradores ante la justicia, hacer cumplir activamente las leyes contra la corrupción y trabajar juntos a través de las fronteras internacionales para perseguir a los corruptos, enjuiciarlos y enviarlos a la cárcel. Una idea innovadora para explorar aquí proviene del Primer Ministro Lee Hsien Loong de Singapur, en donde en lugar de que los fiscales tengan que demostrar la culpabilidad de los corruptos, revierte la carga de la prueba para que el acusado tenga que demostrar que adquirió su riqueza legalmente. La Ley de Prevención de la Corrupción también prevé la jurisdicción extraterritorial, de modo que las acciones de los residentes de Singapur en el extranjero se tratan de la misma manera que las acciones cometidas en Singapur, independientemente de si los actos de corrupción tuvieron consecuencias en Singapur. Deberá de pasar un tiempo antes de que todos sean tan audaces y de gran alcance como Singapur. Pero lo que se puede llegar a hacer es que todos estén de acuerdo en que se debe enviar un mensaje claro a los corruptos de que no habrá impunidad y que se restrinja su capacidad para viajar y hacer negocios entre los países, sin las consecuencias pertinentes.

Hacer frente a la corrupción que se expone y actuar de manera eficiente en las políticas públicas también significa asumir la responsabilidad de apoyar a quienes han sufrido la corrupción. Esto debe incluir hacer todo lo posible para rastrear el dinero robado y crear un sistema confiable para devolverlo a sus legítimos propietarios. El saqueo de la riqueza pública ha sido de tal envergadura en algunos países, que devolverlo de manera segura marcaría una enorme diferencia en sus perspectivas de desarrollo, ya que se comenzaría a abordar la sensación de injusticia que muchas personas poseen al día de hoy. La corrupción se combate por todos los frentes donde impacta, con el fin de recuperar el control y orden de nuestras sociedades.