Criminales en la Sociedad de Colombia y la Impunidad de las Masacres

A lo largo de la historia de la violencia en Colombia distintos factores se han propiciado para que tanto grupos armados ilegales como guerrillas, paramilitares y bandas criminales como actores estatales hayan tenido la oportunidad de perpetuar descalabros contra la población civil y salir bien librados de esto, pero, para entender este fenómeno, es necesario aclarar como surgieron las masacres en Colombia. La historia de las masacres en Colombia se remonta a 1951 donde en medio de las guerra bipartidistas se presentaba la oportunidad precisa para perpetuar este tipo de barbaries en contra del bando enemigo. Sin embargo, estas masacres cesaron entre 1965 y 1981 hasta la creación del conflicto armado el cual cambio la dinámica de estas para siempre, poniendo más actores en las distintas formas de apremio bélico como las guerrillas y los paramilitares ,y al mismo tiempo creando más factores y tipos de conflictos más complejos, introduciendo nuevos intereses que el observatorio de memoria y conflicto dividió en tres, la primera como la desestabilización de un determinado grupo armado que en esta caso significa la persecución de las guerrillas por parte de grupos paramilitares, la segundad buscar la subordinación de la población civil a un bando militarizado, que de igual forma puede ser cualquier grupo armado ilegal y por último la denominada de exterminio, que se basa en controlar la población de los territorios bajo la idea que si el actor armado se quedaba sin población civil, no iba tener abastecimiento.

Para ilustrar mejor una típica masacre colombiana, se tomara como ejemplo la masacre de El Salado donde entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 un cerca de 540 paramilitares en los que se destaca la presunta participación de 25 infantes de marina, irrumpieron en el corregimiento de El Salado, en la jurisdicción del Carmen de Bolívar, cometiendo todo tipo de transgresiones como homicidios, torturas, hurtos, tratos crueles, inhumanos, degradantes y de violencia sexual en contra de la población civil de la zona. A consecuencia de esto, se provocó el desplazamiento de cerca de 4000 personas hacia el casco urbano del Carmen De Bolívar entre otras ciudades de la región. En el trascurso de la masacre el número de víctimas asesinadas a manos de paramilitares ascendió a 93 personas de las cuales 28 fueron asesinadas públicamente a la vista de los demás habitantes del lugar; quienes señalaron los salvajismos cometidos por parte de los paramilitares, expresaron el modo de sorteo por el cual decidían quien sería asesinado y quien no, de igual forma entre otros actos de tortura estrangularon empalaron y desmembraron personas; todo en medio de un característico ambiente festivo propuesto por los paramilitares. Sin embargo, este no ha sido el único hecho violento ocurrido en el corregimiento puesto que para el año de 1997 también grupos paramilitares protagonizaron otra masacre en la cual fueron asesinadas cuatro personas, una persona fue desaparecida y tres más terminaron heridas. Dicho lo anterior los ataques en contra de la población de El salado continúan en impunidad, así como la falta de reparación integral a las víctimas, y hasta el momento solo 15 de los cerca de 450 paramilitares que participaron en la masacre han sido juzgados, de los cuales uno correspondía a un jefe de la operación se trata de John Henao, alias “H2”, quien adicionalmente no se encuentra cumpliendo la pena de prisión impuesta, pues se fugó de la cárcel en febrero de 2001. Otro de ellos fue asesinado, por lo que en este momento tan solo 13 paramilitares se encuentran pagando efectivamente una condena por estos hechos. Por otra parte, solamente un miembro de la fuerza pública, el capitán Héctor Martín Pita Vásquez, entonces comandante de la Compañía Orca del batallón contraguerrillas n.° 31 de la infantería de marina, ha sido acusado penalmente por los hechos de la masacre de 2000, la corte suprema explicó que Héctor Martín Pita Vásquez, en su condición de comandante de la Compañía Orca, no desplegó las acciones militares para detener a los paramilitares que ejecutaron el ataque por lo que ratificó la condena de 13 años de prisión, aun cuando existen evidencias que demostrarían la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza pública de más alto nivel, de tal modo que en 2003 la procuraduría abrió un expediente en contra del general en retiro Rodrigo Quiñones Cárdenas, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina en el momento de los hechos; al coronel Carlos Alberto Sánchez García, jefe del estado mayor de esa unidad en la misma época; al teniente coronel Harold Afranio Mantilla Serrano, en ese entonces comandante del Batallón No.5 de Fusileros y al capitán de Infantería de Marina Héctor Pita Vásquez, ex comandante de la compañía ORCA de contraguerrillas. Los oficiales deberán responder por omisión en el ejercicio de sus cargos y el aparente incumplimiento de órdenes del servicio que permitieron la incursión paramilitar, el dia de la fecha de la masacre aunque ninguno de estos pago una verdadera condena.

Hecha esta ejemplificación, es necesario indagar sobre cuáles son los factores que propician que la impunidad se siga viendo en el país, es así que visto los antecedentes llevados a cabo en el mismo, se toman 4 principales causas que le dan vía libre a la impunidad en Colombia las cuales son: en primer lugar el abandono y desinterés del estado por proteger estas zonas vulnerables a la violencia, en segundo lugar la cotidianidad de la violencia en el país la cual crea una sociedad insensible que puede tomar como “clásica una matanza“, en tercer lugar la negligencia por parte de las autoridades a la hora de hacerle frente a estas problemáticas de violencia y por último los intereses propios en pro de callar a conveniencia estas masacres.

El abandono estatal frente a las problemáticas sociales presentadas en lugares del país en donde la fuerza pública no se hacía presente y de manera análoga ignora los acontecimientos que surgían por parte de factores externos mientras que en el momento de realizar presencia eran negligentes e incompetentes en la protección y saneamiento de problemáticas crea que en las regiones con mayor incidencia de eventos de violencia tengan una fuerte presencia e incluso control de grupos armados ilegales, son reconocidos centros de producción de drogas e incluso son territorios de los que se sabe hay elevados niveles de pobreza, que casualmente en la historia concentran la mayor parte de protestas sociales y violencia en el país .Dicho lo anterior las masacres son en parte propiciadas por un estado desinteresado por los inconvenientes de las zonas más vulnerables del territorio nacional lo que genera la ocasión perfecta para generar distintos tipos de violencia y atropellos en contra de la población.

La violencia en sus diversas manifestaciones a lo largo de la historia ha hecho parte de la cotidianidad del colombiano y se ha instaurado en la sociedad en formas que van desde represión por parte de agentes ilegales que controlan zonas del país hasta formas de ejercer el poder por medio de intimidación para obtener el dominio social, político y económico, en el caso de Colombia con el paso del tiempo llego a existir un tipo de naturalización de la violencia que estaba presente no solo en los campos de batalla sino también en todos los aspectos de la estructura social del colombiano, las prácticas de violencia invadieron la nación en general e imposibilitaron de una forma u otra una sacudida por parte de las autoridades en contra de los daños en hacía de la sociedad civil puesto que eran considerados como el precio a pagar por las guerras y los intentos de revoluciones.

Ahora bien, es necesario aclarar los tipos de negligencias por parte de las autoridades a la hora de proteger y defender la población en este tipo de problemáticas violentas, es aquí donde se forma un tipo de división entre lo militar y lo civil, también en cierta manera, lo formal y presentable y lo clandestino e impresentable. Las negligencias se dan en dos casos el primero por omisión que se basa en mostrarse en un estado de indiferencia frente a la situación que ocurre en el momento, que en el caso de las masacres se evidencia al no prevenir ni neutralizar los ataques contra la población civil y la segunda por acción que implica un uso excesivo de la fuerza que incluye en ocasiones una estigma a la sociedad y su entorno debido a los fenómenos que se presentan alrededor de las comunidades. De esta forma los tipos de negligencia se traducen de nuevo a trabas en los procesos judiciales puesto que se evita crear escándalos alrededor de la fuerza pública, además cuando se logra dar un paso para iniciar investigaciones en contra de funcionarios de autoridades comprometidos en casos de violación de derechos humanos se hace operar los mecanismos de la justicia penal militar, los cuales en la mayoría de los casos no precisan el papel de la fuerza militar en las masacres, de igual forma a modo buscan limitarla información que debe ser suministrada por el pie de fuerza debido a que es necesario “callar a conveniencia“. Así mismo, reiteradamente se sustrae dichos procesos de la justicia civil con el argumento de que todos los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública como las violaciones carnales se consideran actos del servicio o con ocasión del servicio.

También es obligatorio destacar que los fallos en los aparatos judiciales, lo cuales impiden la persecución del delito y al mismo tiempo el castigo a los culpables, en Colombia en cuanto a casos de violación de derechos humanos como las masacres, históricamente ha existido una política de impunidad que compromete los órganos del estado frente al control por parte de las elites, todo esto bajo cortinas de humo y discursos que son incomprensibles en muchos casos para la población afectada en general, por consiguiente no resulta difícil entender la delgada disfuncional línea entre la legalidad arreglada y la realidad. Al mismo tiempo que la justicia no satisface los derechos de las poblaciones afectadas el estado trata de realizar campañas en pro del olvido y la reconciliación forzada por medio de operaciones mediáticas que sin la intención de reparar o hacer memoria acerca de las problemáticas, intenta levantar falsas promesas sobre proyectos que en algunos casos son inviables puesto que el abandono de las zonas fue inevitable.

En Colombia como ejemplificación de una organización estatal basada en intereses propios se constituyen desde hace algunas décadas estructuras como el paramilitarismo que se reconocen como estrategias contra grupos insurgentes que sin ser reconocida por parte de los gobiernos de turno, invadió las distintas estructuras del poder del estado, con el fin de expresarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance nacional. Originado, como una respuesta a los excesos de la guerrilla el paramilitarismo ha privilegiado, como método, las masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos de población civil, acusados de ser simpatizantes o colaboradores de las guerrillas. Con esto se quiere plantear la complicidad de sectores del Estado, bajo el título de paramilitares o bandas criminales, que logran de una u otra forma, entorpecer los procesos judiciales en el país garantizando nunca ser investigados de manera estructural.

En síntesis, son varios los factores que impulsan que la impunidad en Colombia siga vigente, entre ellos además de los tipos de vejámenes por parte del gobierno hacia zonas específicas del país donde la violencia se hacía más creciente y el desarrollo mucho menos acelerado, al mismo tiempo que los intentos por proteger a la comunidad civil vuelven incongruentes e infructuosos, también se encuentra la otra cara de la moneda, una más salvaje y con un antecedente histórico pues se basa en la vieja costumbre del país por silenciar cualquier propuesta alternativa de sociedad cueste lo que cueste, allí se comprende, entonces, como para satisfacer las ordenes de algún tipo de autoridad o modelo se es capaz de tapar, esconder y auspiciar claras formas de daño a la sociedad civil dándole la espalda a las víctimas sin brindarles el reconocimiento al derecho a la verdad y a la reparación asimismo creando trabas al sistema y problemas de acceso a la justicia.

Para concluir, la impunidad en Colombia es un fenómeno que se debe entender desde varios puntos de vista pues no se debe a solo una problemática además se discute desde cómo las bases de esta quedan sentadas en el abandono y censura por parte de entidades gubernamentales. Es evidente que las estructuras en algunos casos como en las acciones cívico-militares en las que se desconocen los derechos de las víctimas y se pone en riesgo a la población blindan a los actores del conflicto logrando ocultar las investigaciones, la sistematicidad de cada uno de los hechos, tergiversan y quitan las responsabilidades institucionales, desenfocan haciendo ver lo que es posible hacer ver pero encubren la magnitud de los hechos, su intencionalidad, lo que garantizan, es la impunidad de sus crímenes al mismo tiempo que agudiza la poca intención de justicia en estos casos. Todas estas pruebas hacen esclarecer que en Colombia la impunidad es la última palabra, esto hasta que no se tomen medidas como el monitoreo a casos con queja en la justicia penal militar con el fin de asegurar una administración de justicia eficaz y conforme a la Corte Constitucional, además de trabajar en hacer llegar la autoridad a las partes más olvidadas del país, trabajar contra la impunidad también significa que se debe garantizar los derechos de las víctimas como la verdad, la reparación, de manera que la implementación de medidas encaminadas a satisfacer esos derechos, también combatan la impunidad.