El Conflicto En Kasai , Antecedente Al Genocidio

Comenzaremos definiendo qué es un genocidio. Según el Diccionario Jurídico Español (2016), un genocidio es un delito definido por el derecho internacional (Convención del 9 de diciembre de 1948) “consistente en dar muerte o agredir de forma sistemática a los miembros de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, con el propósito de destruir total o parcialmente dicho grupo” (RAE, 2019).

Este delito se tipifica con cualquiera de los siguientes actos:

•  Matanza de miembros del grupo
•  Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo
•  Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial
•  Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo
•  Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo

Una vez entendido qué es un genocidio debemos conocer dónde se ubica y qué es lo que está sucediendo en el territorio de Kasai para que exista el temor de un futuro genocidion como ocurrió en Ruanda o Bosnia a inicios de los años 90.

Desarrollo

Situación en la República Democratica del Congo

Kasai es una región en el centro-sur de la República Democrática del Congo (RDC). La RCD ha sido afectada por numerosos conflictos durante las últimas décadas (Rulac, 2019). Además, desde inicios de 2018 el conflicto armado se ha intensificado, llegando al nivel de que algunas personas (a pesar de que sea un conflicto que está recibiendo poco tratamiento informativo por parte de los medios) llegan a comparar su crisis con las de Siria, Irak o Yemen (Hodal, 2017).

El informe del Rule of Law in Armed Conflicts (RULAC), de la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights afirmó que “las tensiones políticas, la proliferación de grupos armados y la implicación por parte de países extranjeros han contribuido al deterioro de la situación y han impedido la posibilidad de alcanzar una solución pacífica de estos conflictos” (Rulac, 2019).

De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas de marzo de 2018, más de 13 millones de congoleños necesitan ayuda humanitaria, el doble que en 2017; y 7,7 millones enfrentan una grave situación de inseguridad alimentaria, un 30% más que en 2017 (Burke, 2018).

La complicada mezcla de violencia entre las milicias locales, las insurgencias antigubernamentales, las tensiones interétnicas y los movimientos progubernamentales ha causado la pérdida de vidas y daños en hogares e infraestructuras, lo que, a su vez, ha afectado la capacidad de las personas para cultivar y producir alimentos (World Vision Australia) lo que ha generado un desplazamiento masivo de la población, forzando a más de 1,7 millones de personas ha abandonar sus hogares (Efe, 2019).

Lowcock destacó que “la violencia étnica ha empeorado en el este. Algunas partes del país, que antes no habían sido afectadas por conflictos armados ni por desastres, han experimentado altos niveles de violencia durante el último año. La transición política crea tensiones” (ONU, 2018).

Los asesinatos, los secuestros y las violaciones se suceden día a día, siendo los niños (en torno a 7 millones) los mayores perjudicados de esta situación. Muchos de ellos están siendo reclutados por milicias que les prometieron un futuro mejor; otros miles se encuentran solos e indefensos; y, en su mayoría, están profundamente afectados por la violencia que han vivido (torturas, violaciones…) o de la que han sido testigos: muchos afirman haber presenciado la violación de madres y hermanas o el asesinato de sus seres queridos (Kalonji, 2017).

Además, a toda esta situación de violencia que se está viviendo en el estado africano, se le une el brote de ébola que comenzó en abril de 2018 y que ya ha alcanzado los 1.105 fallecidos y más de 1.500 casos confirmados (infoLibre, 2019).

Situación en Kasai

Dentro de los numerosos problemas y conflictos internos en los que esta sumido el país, el de la región de Kasai, en el centro-sur del país, destaca por el elevado número de muertes y violaciones de derechos humanos. La zona está sumida en una espiral de violencia desde finales de 2016 desencadenada por “las tensiones entre los jefes consuetudinarios de la provincia central de Kasai y el gobierno” (UNICEF, 2018).

El conflicto se originó cuando el presidente Joseph Kabila, en el poder desde 2001, decidió retrasar las elecciones en 2016 para permanecer más tiempo en el poder. La muerte de su principal opositor, Étienne Tshisekedi, facilitó sus intenciones, pero desde entonces ha tenido que confrontar una oposición armada: la milicia de Kamuina Nsapu (Villa, 2018).

La RDC está constituida a partir de divisiones tribales. Las jefaturas y divisiones territoriales son administradas por un jefe tradicional y su consejo, y las líneas hereditarias deben ser ratificadas por parte del Ministerio del Interior (Villa, 2018). En enero de 2012, Jean-Prince Mpandi heredó la jefatura de la tribu de Kamuina Nsapu, sin embargo, el Gobierno de Kabila se negó a reconocerlo por considerarlo como alguien que estaba alineado con la oposición (Molina, 2018) y decidió seleccionar a otro jefe ajeno a la tribu, lo que condujo a una revuelta. Mpandi comenzó a reclutar gente y a emprender una cruzada contra un Estado cuyos agentes fueron responsables del 64% de las violaciones de derechos humanos cometidas en el país en 2016, incluidas “las ejecuciones extrajudiciales de 480 civiles del poder del Gobierno en su área (Naciones Unidas, 2017).

Las tensiones aumentaron y el 12 de agosto de 2016, fue asesinado. La versión oficial sostiene que el jefe tradicional pereció en un enfrentamiento con la policía en Tshimbulu. Sin embrago, sus partidarios afirman que “había aceptado rendirse con la condición de entregarse a los cascos azules de la ONU, pero que las autoridades le tendieron una emboscada, lo ejecutaron y después emascularon su cadáver” (Deiros, 2017).

Desde ese momento la milicia se agrupó con la oposición a Kabila y pasó de ser un grupo local a convertirse en uno nacional al que se unieron miles de personas, apoyándose en las quejas sobre la marginación en una región afectada por una infraestructura deficiente y donde el apoyo a la oposición congoleña es generalizado. Además, también se crearon milicias contrarrevolucionarias que comenzaron a atacar a las personas por motivos étnicos (Shaw, 2018).

A pesar de que los datos sobre fallecidos no son fáciles de obtener, según fuentes de la Iglesia Católica solo en 2017 el conflicto provocó al menos 3.300 muertes. Además, ese mismo año hubo 1,7 millones de personas que dejaron sus hogares y se desplazaron a países vecinos en busca de asilo. En total, hasta abril de 2018 se contabilizan un total de 3,9 millones de personas desplazadas. El conflicto ha agravado la hambruna en el país, que alcanza los 7,7 millones de personas, de las cuales 3,3 millones se ubican en la región de Kasai, la más azotada por el conflicto. En mayo de 2018, se estimó que 770.000 niños sufría malnutrición aguda, de los cuales 400.000 ven amenazada su vida por culpa del hambre (BBC, 2018), una cifra que, según el informe Kasai: una crisis para los niños publicado por Unicef, podría dispararse si no se toman medidas de manera rápida.

Pese al descenso de la violencia desde la segunda mitad de 2017, sigue existiendo el riesgo de que se reanuden los combates. Esa inseguridad que rige en la zona genera que las anteriores cifras no hagan más que elevarse debido a la migración y a la situación de peligro que sufren miles de personas. La RDC pidió al Banco Mundial 1.700 millones de dólares para poder establecer y ayudar a la población, pero esta suma no ha sido entregada ni ha habido ninguna aportación económica por parte de ninguna organización internacional (Villa, 2018).

Según el equipo de expertos, compuesto por Bacre Waly Ndiaye, Fatimata M’Baye y Luc Côté y cuya creación fue acordada por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2017, los ataques contra civiles de distintos grupos étnicos se han llevado a cabo ‘con un carácter generalizado o sistemático, constituyendo así crímenes contra la Humanidad’. De hecho, añadieron que ‘algunos abusos pueden ser calificados de persecución por motivos étnicos’.

Estas atrocidades son responsabilidad los dos bandos en conflicto. Una iniciativa de las Naciones Unidas realizó el descubrimiento de fosas comunes (se han encontrado 80 en la zona) pertenecientes a ambas milicias. Además, se demostró que se habían cometido desde decapitaciones hasta mutilaciones y que las víctimas eran tanto militares como niños.

Debido a tales atrocidades, la ONU envió observadores y “cascos azules” a la zona, en total unos 19.000 efectivos, cuya misión es intentar mantener la paz, apoyar a los civiles e investigar los hechos sucedidos. Hasta abril de 2018 contabilizaron 2.800 violaciones de derechos humanos. Además, dos observadores de la ONU fueron decapitados en la región de Kasai, una zona de difícil acceso para las organizaciones internacionales debido a las restricciones gubernamentales y al despliegue mismo de la violencia.

Las organizaciones internacionales mantienen que la situación humanitaria se mantiene muy grave, sobre todo para la infancia. La malnutrición, los ataques a escuelas, el reclutamiento de niños por parte de grupos armados y la falta de acceso a cuidados médicos son algunos de los problemas a los que tienen que enfrentarse los más pequeños, a quiénes se considera como los grandes afectados por la guerra.

El equipo de expertos del Consejo de Derechos Humanos denunció que la milicia Kamuina Nsapu enrolo en sus filas a menores de edad y sostienen que la cifra ‘es mucho más elevada’ a la ofrecida por el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en agosto de 2017, que hablaba de 1.220 niños y 658 niñas. Además, Naciones Unidas estimaba que, durante el auge de la crisis (entre otoño de 2016 y el verano de 2017), el 60% de las personas reclutadas para las milicias eran menores de 18 años, algunos incluso con tan solo 5 años (Trotta, 2018).

Kate Shaw, asesora de World Vision para la respuesta de emergencia a la crisis de Kasai, asegura que “la mayoría de estos niños fueron obligados a unirse a los combatientes por parte de sus familiares u otros coetáneos… de lo contrario, se les amenazaba con matar a sus padres o a ellos mismos”. Según los expertos, numerosos niños han sido secuestrados, heridos, mutilados, detenidos o ejecutados y algunos han visto cómo sus padres eran asesinados, decapitados o sus madres violadas, generando unos traumas físicos y psicológicos que requieren que alguien se haga cargo a largo plazo según Fatimata M’Baye, experta del Consejo de Derechos Humanos (Reuters/EP, 2018).

Estos niños reclutados en las milicias son drogados para no temer ni a los soldados ni a sus armas según informó el gobierno congoleño. Un analista de la organización internacional en el Congo explicó que estos milicianos se creen inmunes a las balas. Cubiertos de gri-gri, los amuletos tradicionales africanos, los Kamuina Nsapu pasan por un ritual al que llaman “bautismo”, que creen los protege de las balas de los Kalashnikov de las fuerzas de seguridad de Congo y, además, antes de sus incursiones, los milicianos toman también una poción “mágica”. Creyendo ser invulnerables, se entregan a la muerte con los brazos abiertos. Incluso cuando ven caer a uno de los suyos de un disparo lo atribuyen a “algún error en el ritual”, explicaba el analista internacional (Deiros, 2017).

Pese que actualmente las milicias se han disuelto formalmente, las tensiones étnicas y las disputas políticas continúan causando episodios de violencia. Además, algunos menores, como es el caso de Marie (15 años), confiesan lo siguiente: ‘he escuchado que las milicias podrían estar comenzando de nuevo” (Molina, 2018). Incluso si se mantiene la “paz” actual, las experiencias y la angustia causadas por el conflicto continuarán sintiéndose durante muchos años.

Conclusión

Kasai se ha convertido en un territorio en el que se han cometido atrocidades como la violación masiva, el canibalismo y el desmembramiento de civiles según el informe emitido por expertos en derechos humanos de la ONU en 2018. Unos abusos que, como se mencionó anteriormente, pueden ser calificados de persecución por motivos étnicos.

Como subrayaba la Doctora Chiara Redaelli, “aunque la intensidad de la violencia entre el gobierno y el grupo armado ha disminuido, esto no implica que el conflicto haya terminado y que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) deje de ser aplicable” (Rulac, 2019). Como apuntan muchos expertos, las mutilaciones, las violaciones y la matanza documentada en Kasai son un presagio real del genocidio que se puede avecinar en los próximos años en caso de que no haya un apoyo internacional real en la zona (Nebehay, 2018).

Como dijo Paul Preston: “quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores”. Y no hay que remontarse muy atrás en el tiempo para recordar situaciones que se asemejan a lo que se esta viviendo en la actualidad en Kasai.

El genocidio en 1994 de Ruanda vio como 800.000 Tutsis y Hutus moderados fueron asesinados en 100 días por el gobierno liderado por Hutu y las milicias étnicas. Una matanza que, a pesar de que se veía avecinar por las tensiones existentes, no fue detenida ni por las Naciones Unidas ni por las principales potencias internacionales.

Otro ejemplo es el del genocidio de Srebrenica, un ‘refugio seguro’ designado por la ONU, en julio de 1995. En este, unos 8.000 hombres y niños de etnia bosnia musulmana fueron masacrados durante la guerra de Bosnia por el ejército de los serbios de Bosnia (VRS) bajo el mando del ex general Ratko Mladić con el objetivo de conseguir la limpieza étnica de la ciudad. Este genocidio es uno de los episodios más oscuros de la historia, llegando a consolidarse como el peor asesinato masivo en suelo europeo desde la segunda guerra mundial.

La historia está para aprender de nuestros errores y tratar de que no se vuelvan a producir. Eso es lo que se debería de hacer con Kasai, una región que ha presentado un clima tan violento a lo largo de estos últimos años que necesita del esfuerzo internacional para tratar de lograr la mejor solución posible. La misma que debe tratar de evitar que se produzcan más muertes innecesarias en un territorio afectado por el hambre, enfermedades, etc.

Bibliografía

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