El Fin De La Guerra De Sucesión Y Sus Consecuencias
Tras el fin de la Guerra de Secesión en 1865, dos ex oficiales del Ejército de la Unión, el coronel William Conant Church y el General George Wingate, formaron en 1871 la Asociación Nacional del Rifle (en inglés National Rifle Association, NRA) en Nueva York. El motivo, según ellos, era fomentar una mejor puntería para el bando norteño puesto que consideraban que los sureños rurales tenían una mejor puntería. Además de ello, la ANR se estableció como una asociación sin ánimo de lucro que promueve la seguridad de la nación, así como promover la educación en la seguridad de las armas de fuego, el entrenamiento de la puntería y disparar para el entretenimiento, de acuerdo a su lema.
El primer presidente de la ANR fue el general Ambrose Burnside quien asumió el cargo en el primer año de la creación de la asociación. Este general fue veterano de guerra, senador y gobernador del estado de Rhode Island. La ANR designó a Ambrose Burnside para reflejar la Segunda Enmienda, que dice: ‘Una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de las personas a mantener y portar armas no debe ser infringido’. En este sentido, la Segunda Enmienda se refería a tener una ciudadanía preparada para asistir en asuntos militares nacionales, por lo que su enfoque no era afirmar individualmente tener derechos sobre las armas como hoy, sino la de tener una ciudadanía lista para la defensa de los Estados Unidos.
En 1919, el Congreso apoyó el Movimiento de la Templanza a través del establecimiento de la Decimoctava Enmienda puesto que dicho movimiento social asociaba el consumo de alcohol con la pobreza, así como en la violencia doméstica. Por tanto, la Decimoctava Enmienda se manifestó mediante la famosa Ley Seca de 1920, cuyo objetivo era prohibir la venta de bebidas embriagadoras en los Estados Unidos. El resultado de esta disposición fue negativo ya que no convenció a la opinión publica puesto que, en vez de solucionar los problemas, se agravaron. En este sentido, proliferaron pandilleros y gánster como consecuencia del comercio ilegal de las bebidas alcohólicas y, a su vez, estos individuos poseían armas como escopetas y ametralladoras las cuales superaban ampliamente a las armas de los policías al no haber todavía ningún control en la venta de armas.
En 1920, la Asociación Nacional del Revolver (NRA), el brazo de la ANR responsable del entrenamiento con armas de fuego, propuso regulaciones ante estas olas de violencia que luego fueron adoptadas por nueve estados: Virginia Occidental, Nueva Jersey, Michigan, Indiana, Oregón, California, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte y Connecticut. La legislación constaba de:
- Requerir un permiso para portar un arma oculta.
- Cinco años de prisión adicionales si el arma fue utilizada en un crimen.
- La prohibición de venta de armas a no ciudadanos (personas ilegales).
- Un período de espera de un día entre la compra y la recepción de una pistola.
- Poner a disposición de la policía los registros de la venta de armas (traficantes).
A su vez, el Colegio de Abogados de Estados Unidos o American Bar Association (ABA) se basó en la propuesta de la Asociación Nacional del Revolver mientras estaba trabajando en la creación de leyes estatales uniformes al tener la autoridad para ello. En este sentido, la ABA estableció como norma estatal la proposición de la Asociación Nacional del Revolver. Además, nueve estados más lo adoptaron: Alabama, Arkansas, Maryland, Montana, Pennsylvania, Dakota del Sur, Virginia, Washington y Wisconsin.
En 1929, se produjo la masacre del día de San Valentín de Al Capone donde se vio a hombres disfrazados de la policía de Chicago matar a 7 rivales de la banda de “North Side Gang” con ametralladoras. Como resultado del fatídico suceso, en 1933, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt hizo de la lucha contra el crimen y el control de armas parte de su ‘New Deal’. En este sentido, la ANR ayudó, paradójicamente, a Roosevelt a redactar la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934 y la Ley de Control de Armas de 1938, las primeras leyes federales de control de armas. Además, la División de Asuntos Legislativos de la Asociación difundió mediante su revista American Rifleman la información, entre sus miembros, sobre dichas leyes. Estas leyes consistían en:
En primer lugar, imponer fuertes impuestos y requisitos reglamentarios a las armas de fuego asociadas con delitos, como ametralladoras, escopetas y silenciadores.
En segundo lugar, los vendedores y propietarios de armas debían estar registrados en el gobierno federal.
En tercer lugar, limitar la venta de armas a través de los límites estatales
Por último, los delincuentes y fugitivos tenían prohibido poseer armas.
A sí mismo, la Corte Suprema no solo ratificó la legislación en 1939, sino que Karl T. Frederick, el presidente de la ANR, declaró previa aprobación de las leyes, en el Congreso que ‘Nunca he creído en la práctica general de portar armas. Creo que debería estar fuertemente restringido y solo bajo licencia’
Durante los siguientes treinta años, la ANR continúo apoyando el control de armas, aunque todo cambiaría durante los años sesenta.
El 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy fue asesinado a manos de Lee Harvey Oswald con un rifle militar el cual compró por correo través del anuncio de la revista American Rifleman de la ANR. Más tarde, el vicepresidente de la ANR declaró a favor de prohibir la venta de armas por correo, diciendo: ‘Pensamos que cualquier estadounidense sensato, que se llama estadounidense, puede objetar la inclusión en este proyecto de ley del instrumento que mató al presidente de los Estados Unidos ‘
Por otro lado, se estaban viviendo actos de discriminación racial entre la policía y las personas de color lo que llevo a la NRA a apoyar la Ley Mulford de 1967 de California, que prohibió portar armas cargadas en público, como consecuencia de las patrullas que hacían los miembros o simpatizantes del Partido Pantera Negra con el fin de observar y documentar la actividad policial en busca de señales de mala conducta y brutalidad policial. En este sentido, la respuesta ante esta ley fue una marcha del Partido Panteras Negras en el Capitolio del Estado para protestar contra la legislación de control de armas el 2 de mayo de 1967. En este momento vemos los primeros pasos del derecho a favor de las armas.
Seguido a este hecho, se produjeron los disturbios de Detroit en verano de 1967 entre la población negra y la policía, más de 40 muertos, 1200 heridos y 7200 personas arrestadas, (Wikipedia) [footnoteRef:7] unido a los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy en 1968 llevaron al Congreso a reconsiderar la disponibilidad de armas de los Estados Unidos, lo que finalmente produjo a una nueva Ley de Control de Armas de 1968. Esta ley prohibió la venta de armas a través del correo puesto que el asesino, Lee Harvey Oswald, había pedido su infame rifle de las páginas de American Rifleman por tan solo $ 19.95. Además, la ley de 1968 restringió el envío de armas a través de las líneas estatales a los coleccionistas y los concesionarios con licencia federal, y ciertos tipos de balas solo se podían comprar con una muestra de identificación. También, se estableció una edad mínima para los compradores de armas (18 años para rifles o 21 para armas de mano), se instauró números de serie en las armas y expandió a las personas a las que se les prohibió poseer armas de fuego de los delincuentes para incluir a los adictos a los enfermos mentales y las drogas.
La nueva Ley de Control de Armas supuso fuertes barreras para el acceso de las armas lo que provocó que ciertos sectores de la ANR, como los libertarios no estuvieran de acuerdo y fueran más partidarios de la línea del Partido Panteras Negras. Además, la ley ordenó a la a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a hacer cumplir las nuevas leyes de armas lo que supuso en 1971 que se produjera una brecha dentro de la ANR. El detonante fue que, la ATF realizó una redada en casa de uno de los miembros de la Asociación Nacional del Rifle tras tener sospechas de poseer un gran amasijo de armas ilegales. Sin embargo, el resultado de la redada finalizó con la muerte del miembro tras ser paralizado. En este sentido, las reacciones no tardaron en llegar por parte de los libertarios quienes empezaron a afirmar que la Segunda Enmienda protegía el derecho individual a las armas, como, en cierto modo, hicieron los Panteras Negras.
En 1975, la ANR creó el Instituto de Acción Legislativa (ILA), diseñado específicamente como un lobby para los derechos de la Segunda Enmienda. Al mando estuvo Harlon B. Carter, un ex jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos quien compartía el objetivo libertario de expandir los derechos de los propietarios de armas.
Durante este tiempo, la ANR se fracturó en quienes apoyaban las armas como derecho y los que querían ampliar el alcance de la ANR. En 1977, se produjo la ¨revuelta de Cincinati¨ donde Carter y sus seguidores (la línea dura de la asociación) arrebataron el control de la NRA a los líderes existentes, cuyas preocupaciones incluían la deportividad y el ecologismo, convirtiendo a la ANR en un lobby de armas de un solo tema. Además, Carter fue nombrado vicepresidente ejecutivo, la posición más poderosa en la organización.
Con una gestión y un propósito recién reorganizados, la ANR entró en la década de 1980 con una base más cohesiva. Las energías estaban enfocadas en oponerse al control de armas.
A pesar de la defensa de las armas de la Asociación, los conflictos raciales presentes durante este siglo no pararon puesto que durante los años noventa (1992) se producirá la ¨revuelta de Rodney King¨, en Los Ángeles, la cual finalizará con más de 50 vidas, 2000 heridos y 3600 incendios debido a la sentencia favorable a los policías que previamente apalizaron al taxista Rodney. El tribunal formado en su mayoría por personas blancas provocó que la población afroamericana saliera a las calles en protesta al veredicto. En este sentido, veremos más adelante que los disturbios no frenarán la cultura de las armas de los estadounidenses.
La legalidad de las armas
El establecimiento de la Segunda Enmienda ha supuesto un quebradero de cabezas en la política y sociedad norteamericana debido a la definición ambigua de tal ley. En este sentido, de acuerdo a su definición tan solo aclara el derecho del pueblo a poseer y portar armas el cual no debe ser infringido, al ser necesaria una milicia bien preparada para garantizar la seguridad de un Estado libre (“A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms, shall not be infringed”). En este sentido, esta Segunda Enmienda se diseñó tras la Guerra de Independencia (1775-1783), en 1791 por lo que el objetivo fundamental era la seguridad de la nación a través del uso de las armas en caso de guerra. Sin embargo, como hemos visto en la historia de la Asociación Nacional del Rifle, el cambio en la dirección a finales de los años setenta con la ¨revolución de Cincinnati¨ abrió el debate en la escena nacional por el uso y la posesión constitucional de las armas. No obstante, de acuerdo a la legalidad, el Alto Tribunal, quien tiene la potestad de delimitar y definir el alcance de este derecho, en los años treinta dictó en contra de la posesión de las armas. En este sentido, hablaremos del caso Estados Unidos contra Miller, 1939.
Como hemos visto anteriormente en la historia de la Asociación Nacional del Rifle, los famosos años veinte se caracterizaron por olas de violencia y crímenes a manos de las mafias. Una de las más importantes fue la de Al Capone, la cual operaba en la ciudad de Chicago, así como en otras ciudades del país. En este sentido, la Matanza de San Valentín de 1929 supuso un punto de inflexión en tanto a la posesión de armas, puesto que el resultado del fatídico acto derivo en la Ley Nacional de Armas de 1934. Dicha ley estableció requisitos más altos para la obtención de las armas, uno de ellos fueron los altos impuestos que se debían pagar (200 usd lo que equivaldría a día de hoy unos 3000usd), así como el registro de las armas. En este contexto, el criminal Miller, quien robaba bancos, fue arrestado como consecuencia de la evasión del impuesto y la omisión a registrar el arma, motivado por la Ley Nacional de Armas de Fuego. El caso de Estados Unidos contra Miller llegó a Alto Tribunal puesto que la defensa consideraba que se estaba violando la Segunda Enmienda la cual consideraban que la posesión de armas era un derecho constitucional. Sin embargo, el Tribunal Supremo, por unanimidad, estimó en la sentencia Estados Unidos contra Miller que la Segunda Enmienda relacionaba el derecho a poseer y portar armas en relación a la milicia de la que la propia Segunda Enmienda habla (Jews for the Preservation of Firearm Ownership, JPFO). Por tanto, para los jueces del Supremo el derecho a poseer y portar armas, de tipo militar, debía limitarse a la milicia, lo que implicaba el rechazo a que este derecho se pudiera extender a la posesión de armas con propósitos individuales. En definitiva, el Tribunal Supremo falló en contra de Miller lo que implico que el caso Estados Unidos contra Miller creará una jurisprudencia en contra de las armas como derecho constitucional. Sin embargo, a pesar de la jurisprudencia sobre las armas, en 2008, el caso de Distrito de Columbia contra Heller reabrió el debate debido a la sentencia que se dictó.
En 1975, el Consejo de Washington aprobó la Ley de regulación del control de armas de fuego en respuesta al aumento de la violencia con armas de fuego y las muertes accidentales, limitó el uso y la posesión de armas de fuego. Debido a la conexión de las pistolas con ambos riesgos, la ley prohibió específicamente la posesión de pistolas, incluyendo escopetas, ametralladoras, rifles de cañón corto y pistolas, y exigía que las armas de fuego legales (por ejemplo, escopetas y rifles) fueran registradas en la ciudad. La ley también exigía que las armas de fuego que se guardaban en la casa fueran descargadas y desarmadas o aseguradas con un seguro de gatillo
Ahora bien, a tenor de dicha ley, en 2006, el policía Heller interpuso una demanda ante el Tribunal Federal puesto que el Distrito de Columbia rechazó la solicitud de Heller de un certificado para el registro de una pistola que deseaba custodiar en casa. Sin embargo, el tribunal federal fallo en contra de Heller ya que consideraba que ‘la Segunda Enmienda no otorga ningún derecho a las personas, excepto, quizás, cuando una persona sirve en una Milicia organizada¨. Tras la sentencia, Heller interpuso una demanda ante el Tribunal de Apelación puesto que consideraba que la prohibición del registro de pistolas violaba el derecho establecido en la Segunda Enmienda a la Constitución estadounidense. Este tribunal estableció que ¨la Segunda Enmienda protege el derecho individual a poseer armas de fuego, y que la prohibición total del Distrito sobre las pistolas y la obligación de que el resto de armas de fuego que se tuvieran en el hogar estuvieran inservibles (incluso aunque fueran necesarias en caso de autodefensa) violaba este derecho¨
En este sentido, el caso Heller llegó al Tribunal Supremo donde los jueces se encontraron dos posturas claramente enfrentadas. Por un lado, el Distrito de Columbia con el respaldo del Tribunal Federal entendía que la Segunda Enmienda sólo protege el derecho de poseer y portar armas en relación con la milicia, es decir, con la posibilidad de que los ciudadanos estadounidenses sean llamados a servir a su país por motivo de guerra y, por ende, deben portar sus propias armas. Por otro lado, Heller con el apoyo del tribunal de Apelación argumentó que la Segunda Enmienda protege el derecho individual a poseer armas de fuego independientemente del servicio en una milicia, y que dichas armas puedes utilizarse por motivos legales como es la autodefensa en el hogar.
Durante el proceso que llevo dos años hasta 2008, se unieron muchas organizaciones que participaron en el caso. Una de ellas fueron los Profesores de Lingüística e Inglés los cuales manifestaron su postura a favor de una interpretación moderna del derecho a poseer y portar armas ya que la definición de la Segunda Enmienda quedaba obsoleta, que dejaría patente que este derecho no puede ser infringido. La interpretación llevó al Alto Tribunal a hacer un análisis detallado de ciertos términos recogidos en la Segunda Enmienda como son “armas” (arms), poseer (keep) y portar (bear). Así pues, de la sentencia podemos extraer las siguientes conclusiones que hicieron el Alto Tribunal.
En primer lugar, el término “arms”, la sentencia parte del hecho de que este término no se limita a las armas diseñadas específicamente para uso militar. El Supremo rechazó las alegaciones que pretendían vincular el término “armas” a aquellas utilizadas cuando la Segunda Enmienda se aprobó, es decir, a las armas existentes en el siglo XVIII (armas de uso militar)
En segundo lugar, el termino ¨keep¨ del que el Distrito de Columbia hacía una interpretación más favorable a sus intereses, pues consideró que el “poseer armas” sólo puede entenderse en relación a la participación en una milicia, es decir, que hay que tener armas y mantener las mismas ante la posibilidad de que un ciudadano sea llamado a una milicia. En este sentido, el Tribunal rechazó esta interpretación entendiendo que la única interpretación viable es que keep arms fue simplemente una manera común de referirse a la posesión de armas, tanto por parte de los integrantes de una milicia como de cualquier otra persona.
En tercer lugar, el termino ¨bear¨ que, según diversos autores citados por el propio Supremo (Johnson, Webster y Sheridan), no significaba otra cosa al aprobar la Segunda Enmienda que “portar, llevar”. Ello supone que el derecho a portar armas (“para una acción ofensiva o defensiva en caso de un conflicto con otra persona”) en ningún caso conlleva la participación en una organización militar estructurada como es una milicia.
Así pues, la sentencia daba la razón al Tribunal de Apelación y, por tanto, al policía Heller, ya que declaraba inconstitucional la prohibición de la posesión de pistolas y los requisitos para el mantenimiento de otras armas de fuego en el hogar establecida por ley por el Distrito de Columbia, en otras palabras, el Alto Tribunal reconocía como derecho fundamental la posesión de armas con fines de autodefensa a nivel federal.
Tras el caso del distrito de Columbia contra Heller, le siguió el caso de McDonald contra la ciudad de Chicago donde ahora el problema es si la segunda enmienda protege a los propietarios de armas de fuego de los gobiernos estatales y locales (ya que cada estado tiene sus propias leyes, pudiendo definir el grado de restricción). En este sentido un grupo de ciudadanos decidió interponer una demanda ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois contra la prohibición de la posesión de pistolas en el hogar vigente en la ciudad de Chicago. Tras el rechazo del tribunal como consecuencia de la ley que prohibía el registro de las armas, los demandantes decidieron acudir al Tribunal Supremo al entender que el caso Heller era aplicable a su situación. En este sentido, el grupo de ciudadanos alegaba que la Ley de 1982 les dejaba vulnerables frente a los criminales. Uno de estos ciudadanos era Otis McDonald, quien al participar en actividades comunitarias en su barrio (caracterizado por la alta delincuencia), había recibido amenazas por parte de vendedores de drogas. Otro demandante era Colleen Lawson, una mujer que había sido asaltada en su casa en reiteradas ocasiones. Como resultado de la alta delincuencia, McDonald, Lawson y otros ciudadanos poseían pistolas, pero debido a la prohibición existente en Chicago se veían obligados a tenerlas almacenadas fuera de los límites de la ciudad lo que provocaba la incapacidad para defenderse. En este sentido, el grupo de ciudadanos acudieron al Alto Tribunal alegando la violación de la Segunda y la Decimocuarta Enmienda. De hecho, los demandantes y ciertas organizaciones aportaron ciertos datos que ponían en entredicho que la posesión de armas por ciudadanos en sus hogares estuviera directamente relacionada con el aumento de la violencia y las muertes. Así, el Instituto Heartland (citando estadísticas del Departamento de Policía de Chicago) detallaba que mientras que en 1983 el 39.78% de los asesinatos eran cometidos con pistolas, en 2008 esa cifra ascendía al 60.21%, lo cual suponía que en los 25 años de vigencia de la prohibición municipal de Chicago los asesinatos causados por pistolas habían aumentado (en más de un 60% en relación a la población). Dicho de otra forma, el Instituto Heartland demostró que desde que en Chicago se prohibió poseer pistolas y tenerlas en el hogar, las muertes causadas por arma no sólo no se habían reducido, sino que se habían (nunca mejor dicho) disparado. El informeque los demandantes presentaron al Tribunal Supremo constaba de la siguiente alegación: el derecho de la Segunda Enmienda a mantener y portar armas debe aplicarse a los estados y municipios a través de la Cláusula de Debido Proceso o la Cláusula de Privilegios e Inmunidades (respetar todos los derechos) de la Decimocuarta Enmienda por lo que debe proteger el derecho inherente de un individuo a la legítima defensa, y como tal, se debe prohibir a los estados que infrinjan este derecho.
Por su parte, la ciudad de Chicago entendía que los derechos recogidos en el Bill of Rights sólo se referían a los Estados de la Unión cuando dicho derecho es un atributo indispensable de cualquier sistema legal civilizado, lo que en su opinión no supone que la Segunda Enmienda deba ser aplicada a los Estados que componen EE.UU., al haber países civilizados que prohíben o regulan estrictamente la posesión privada de pistolas.
A tenor de las dos partes, el Alto Tribunal sentenció en el caso de McDonald contra Chicago que, el derecho de un individuo a mantener y portar armas está incorporado y se aplica a los estados a través de la Cláusula de debido proceso de la Enmienda decimocuarta. En este sentido y a favor del caso, el juez Alito observó: ‘Está claro que los redactores y ratificadores de la Decimocuarta Enmienda tuvieron en cuenta el derecho de mantener y portar armas entre los derechos fundamentales necesarios para nuestro sistema de libertad ordenada’. ‘La Decimocuarta Enmienda hace que la Segunda Enmienda tenga el derecho de mantener y portar armas plenamente aplicables a los Estados’. En una opinión concurrente por separado, el Juez Thomas escribió que: ¨la Segunda Enmienda es totalmente aplicable a los estados porque el derecho a mantener y portar armas está garantizado por la decimocuarta Enmienda como un privilegio de la ciudadanía estadounidense’.
El Tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la prohibición de armas, y decidió en su lugar revertir y remitir el caso para procedimientos adicionales. Sin embargo, la decisión de los tribunales sobre la Segunda Enmienda deja claro que tales prohibiciones son inconstitucionales. Pero, como se sostuvo en el caso Heller, el Tribunal reiteró en McDonald que la Segunda Enmienda solo protege el derecho a poseer un arma de fuego en el hogar para usos legales, como la legítima defensa. Además, Destacó que cierta regulación de armas de fuego es constitucionalmente admisible y que el derecho a poseer armas de fuego de la Segunda Enmienda no es ilimitado, es decir, no garantiza el derecho de poseer ningún arma de fuego, en cualquier lugar y para cualquier propósito.
Por otro lado, los jueces disidentes argumentaron que el derecho a poseer armas no era ‘fundamental’ y, por lo tanto, los estados y las localidades deberían tener la libertad de regularlas o incluso de prohibirlas. Dijeron que la decisión de Heller en la cual el Tribunal se basó en gran medida fue incorrecta e incluso si fuera correcta, no habrían extendido su aplicabilidad a los estados.
En definitiva y, a pesar de que el estudio de la jurisprudencia más reciente sobre la Segunda Enmienda podría llevarnos a pensar que la problemática sobre al derecho a poseer y portar armas está por el momento superada, en términos reales nos obliga a ser precavidos. En este sentido, las tres sentencias de los casos mencionados fueron dictadas por un estrecho margen de 5 votos a favor y 4 en contra, lo cual puso de relieve la fuerte división que existe en el máximo órgano judicial estadounidense sobre la interpretación de la Constitución y la politización por la que el Alto Tribunal se caracteriza (el presidente de los Estados Unidos nombra a candidatos al Aribunal Supremo, el reciente nombramiento polémico fue el juez conservador kavanaugh) en ciertos momentos de su historia, aun siendo cargos vitalicios lo que a priori daría cierta percepción de independencia. En este sentido, las sentencias de los tres casos mencionados no han hecho sino arrojar más dudas sobre la fragmentación del Alto Tribunal, así como también dudas en temas como Bush contra Gore, que decidiría que la presidencia de Estados Unidos en el año 2000 iba a parar a George W. Bush tras un problema con el recuento de los votos en Florida.
La cultura de las armas
Tras las dos grandes masacres del último lustro, Las Vegas en 2017 y Orlando en 2016, las cuales dejaron más de cien victimas a manos de únicamente dos personas, un jubilado y un joven de 29 años, no han repercutido en una disminución en la posesión de armas (Amanda Mars, 2018). De acuerdo a la encuesta de ¨armas pequeñas¨, de los 857 millones de armas para los civiles, el 46% se encuentran en EE. UU (Excelsior, 2018), es decir, casi la mitad de todas las armas que son de uso civil se encuentran en manos de los estadounidenses lo que significa que hay un fuerte vínculo entre las armas y los estadounidenses.
La socióloga, Patricia Fernández-Kelly explico que ¨las armas son un símbolo de individualismo, patriotismo y de capacidad de autodefensa¨. En este sentido, el origen de todo esto es que, para el estadounidense las armas son un símbolo de libertad (Paula Lugones, 2017), una libertad que empezó tras la Guerra de Independencia cuando el colonialismo norteamericano empezaba a establecerse como país mediante el uso de las armas, las cuales permitieron ganar la independencia sobre el Reino Unido. En este sentido, la Segunda Enmienda de la Constitución se creó con el objetivo de ser una garantía para que los estadounidenses pudieran portar armas como parte de grupos de milicias para imponerse ante un gobierno tiránico, es decir, ser un recurso del pueblo para la defensa de su país. En este sentido, hay que entender que la ciudadanía norteamericana tiene una filosofía muy fuerte en cuanto al rechazo del estado, es decir, es una sociedad individualista donde el estado no tiene el derecho a intervenir en su vivienda o en su familia. En otras palabras, los estadounidenses ante una invasión de su propiedad deciden lo que hacer, es decir, ellos defienden, por medio de las armas, lo que les es suyo sin que el estado tenga que intervenir. Sin embargo, a medida que evolucionó el país, la Segunda Enmienda se quedaría obsoleta de significado y, nuevos actores como la ANR, la cual, a finales del siglo XX, defendían la posesión de armas como derecho de la Segunda Enmienda. Tanto la ANR como los ciudadanos pro armas defendían a favor de la tenencia de armas como garantía al interpretar la definición de la Segunda Enmienda como tal derecho. De hecho, los tres casos citados, dictaron sentencia a favor de la posesión de armas, eso sí, en un apretado resultado, provocaron un refuerzo más hacia la posesión de armas y por tanto no es de extrañar los números tan escalofriantes que arroja la encuesta ¨pequeñas armas¨.
Ahora bien, una vez vista el argumento central del por qué los estadounidenses ven las armas como símbolo nacional, veamos los datos que nos proporciona Pew Reseach Center (Ruth Igielnik y Anna Brown, 2017) en base a una encuesta que se realizó entre los meses de marzo a abril de 2017 donde se encuestaron a 3930 adultos de los cuales 1290 eran propietarios de armas.
En primer lugar, en esta grafico el mayor número de encuestadores consideran que las armas se utilizan para la protección por lo que vemos como se reafirma lo que hemos explicado previamente, el sentimiento de protección que tiene la ciudadanía estadounidense como consecuencia del proceso de independencia lo que actualmente supone como una identidad o cultura armamentística que tienen los americanos a las armas.
En este sentido, el siguiente grafico podemos ver como más del 70% de los propietarios de armas consideran como derecho la posesión de armas como consecuencia del vacío que deja la libre interpretación de dicha Segunda Enmienda, así como los casos citados que refuerzan el portar armas.
Por otro lado, es muy significativo que los ciudadanos estadounidenses tengan el mayor porcentaje de armas entre dos y cuatro lo cual provoca que en Estados Unidos haya más armas que ciudadanos, así como exista una mayor probabilidad de que se vuelvan a cometer masacres como el de Las Vegas u Orlando al disponer de más armas. De hecho, el caso de Las Vegas, el jubilado disponía de un arsenal armamentístico capaz de estar toda la noche disparado y asesinado a los civiles. En este sentido, se debería de imponer un número limitado de armas para evitar o reducir probables masacres.
Finalmente, en la encuesta del Pew Research Center nos ha llamado la atención que casi la mitad de lo que poseen armas viven en residencias rurales las cuales viendo el mapa se sitúan en la antigua Luisiana. Según Kevin H. Wozniak, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Massachusetts, en Boston señala que, ¨Forma parte de los valores de los habitantes del campo y es algo que se transfiere a través de las familias. En cambio, para los que viven en ciudades y nunca han tenido armas, esa cultura les resulta extraña y ajena’ (Darío Mizrahi, 2017). En este sentido, el sur y el medio oeste tiene una cultura fuertemente vinculada con la tenencia de armas más que en el noreste o noroeste, es decir, las costas. Este se puede deber a:
- Una legislación de los estados menos restrictiva.
- Estados con una pasión por la caza ya que hay que recordar que 38% de los propietarios de armas las usan para cazar.
- Estados con un menor desarrollo en la educación de las armas.
