Inmigración Ilegal Y Sus Modificaciones
Introducción
Es un tema que ha atraído nuestro interés, puesto que la inmigración es un asunto muy tratado actualmente y que se lleva dando en España desde hace muchos años, convirtiéndose en un motivo de estudio, ya que ha originado importantes modificaciones en muchos de los aspectos de nuestra sociedad como en lo económico, lo social, lo cultural.
En lo legal, podemos destacar esta ley que engloba: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Derechos para los inmigrantes ilegales Contra la voluntad del Gobierno del Partido Popular, la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social entró en vigor en febrero de 2000.
Desarrollo
La implementación de esta nueva ley de inmigración en el año 2000 fue apoyada por un amplio consenso político de agentes estatales y de la sociedad civil. La ley conllevaba repercusiones fundamentales y positivas en la situación de la vida de los inmigrantes ilegales: “Los cambios […] se han vistos doblados por un auténtico cambio en la filosofía del sistema: la respuesta frente a la irregularidad del extranjero deja de ser la expulsión para verso tratada desde las posibilidades de regularización […]”.
Los cambios más importantes englobaron el reconocimiento explícito de los derechos de los inmigrantes ilegales (derecho a la asistencia sanitaria, derecho a la celebración de reuniones y manifestaciones, derechos laborales como la organización sindical o el derecho de huelga). Además, dicha ley institucionalizó la posibilidad de la transformación de la situación de residencia ilegal a la legal; y ya no se sancionó la residencia ilegal con la expulsión:
Dicha ley es notable por el amplio consenso político con que contó para su promulgación, por su enfoque claro en pro de la integración, por los derechos políticos y sociales que puso al alcance de los extranjeros de países ajenos a la Unión Europea y por haber reconocido la dimensión permanente de la inmigración”. Derecho a la celebración de reuniones y manifestaciones, derechos laborales como la organización sindical o el derecho de huelga.
La retirada de los derechos y el restablecimiento de un régimen de inmigración restrictivo Mediante la obtención de la mayoría absoluta en las elecciones generales del día 12 de marzo de 2000, el gobierno conservador del Partido Popular puso de nuevo en marcha un cambio de la ley. El parlamento ratificó la nueva Ley 8/2000 que entró en vigor el 23 de enero de 2001.
La introducción de la Ley 8/2000 significó otro cambio paradigmático de la política de inmigración en España. Entre sus características destacan él (re) establecimiento de un régimen de inmigración restrictivo y la retirada de los derechos para los inmigrantes ilegales. Volvieron a sancionar la permanencia ilegal con la expulsión del país.
Además, la ley previó la introducción de altas multas para empresarios que emplean a inmigrantes ilegales. El gobierno quiso conseguir una reglamentación de la inmigración más fuerte a través de acuerdos de inmigración con los estados de origen. En febrero de 2001, se llegó a un acuerdo bilateral con Ecuador. El gobierno español anunció el programa del llamado “retorno voluntario” para los inmigrantes ecuatorianos que vivían ilegalmente en España.
Conclusión
Dicho programa previó que los inmigrantes primero regresaran a Ecuador y solicitaron ahí el permiso laboral, para después, entrar en España legalmente. El programa del “retorno voluntario” fue acompañado por declaraciones contradictorias y poco claras por parte del gobierno español en cuanto a los criterios, las condiciones de realización y la financiación: “El portavoz del gobierno […] admitió implícitamente que el Ejecutivo carecía de un plan concreto para el regreso de los 23. 500 ecuatorianos que aceptan la oferta del gobierno”. El fracaso de dicho programa se manifestó cuando se abandonó la “Operación Ecuador” en mayo de 2001.
