La Enseñanza Del Derecho Y La Abogacía en Colombia

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La abogacía es una de las carreras más importantes y apetecidas del país. Todos los años, las facultades de Derecho reciben a miles de estudiantes que aspiran a convertirse en reputados juristas. Pero dicho interés por el estudio de esta carrera no necesariamente ha significado una mejoría en las condiciones de los profesionales del derecho, sino todo lo contrario, actualmente Colombia es según la Corporación de excelencia en la Justicia el segundo país con más abogados del mundo por cada 1000 habitantes, existiendo así más de 400.000 tarjetas profesionales expedidas por el Sistema de información del Registro Nacional de Abogados y según el Ministerio de Educación, en 2015, de los 165 programas de pregrado en Derecho, apenas 31 (19%) contaban con acreditación voluntaria de alta calidad, mientras que los otros 134 (81%) simplemente tenían el registro calificado, que es la licencia que les otorga el Ministerio de Educación cuando cumplen los requisitos de calidad exigidos por la ley de las cuales ninguno de los programas acreditados se encuentran en el departamento del Cesar.

Esto evidencia una saturación del número de profesionales del derecho del país y muestra una tendencias que solo tiende a empeorar en la medida de que cada vez son más los abogados que se gradúan dado que todos los años se abren nuevas escuelas de derecho, dándose incluso casos de corporaciones que prometen graduar profesionales en 5 semestres o en 3 años en lo que se conoció como el caso de los grados exprés generando así un gran detrimento a la profesión en el entendido que desde luego esa premura con la cual se graduaban era en total desmedro de la calidad de la educación que les era impartida en dichos centros. A raíz de lo anterior hay cada vez más cupos en las universidades para acceder a esta carrera, cosa que redunda en que hayan cada vez más abogados, lo cual es de por sí un problema, pero si estos resultasen idóneos o cumplieran con las expectativas del mercado y de la sociedad para con ellos no existiría tacha al respecto, pero cada día se ve mermada la credibilidad social en los abogados a raíz de los distintos escándalos de corrupción tanto a nivel nacional como regional en los cuales éstos se ven envueltos, como los distintos carteles de impacto mediático como lo son, a nivel regional, el cartel de las pensiones y el cartel de los seminarios de grado de algunos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, pero no se queda solamente en los abogados sino que afecta totalmente la administración de justicia dado que estos escándalos han tocado hasta los máximos encargados de la administración de justicia como sucedió con el cartel de la toga en el cual presuntamente magistrados de la corte suprema de justicia se confabularon para emitir sentencias fraudulentas, archivar determinados procesos en aras de favorecer a quienes estuviesen dispuestos a pagar por sus servicios, estando envuelto en dichos hechos la fiscalía irónicamente por parte del director de la unidad anticorrupción de la época Gustavo Moreno.

Esta desconfianza social que genera la profesión por la cual no se paran de escuchar expresiones como “estudiaron derecho para salir torcidos” o demás tachas respecto a la honorabilidad de quienes la ejercen, se ve ahondada por la suspicacia que existe respecto a la calidad promedio de la educación jurídica, por la inmensa cantidad de abogados que no cumplen con los requisitos de indoneidad para ejercer y que terminan muchas veces siendo sancionados al aplicar una indebida defensa de los intereses de su contratante o por la falta de ética en sus actuaciones por lo cual cada año se tramitan más de 10.000 procesos disciplinarios en contra de los togados aparte de las críticas que reciben muchos establecimientos educativos a los cuales se les sindica de no preocuparse por la pertinencia y calidad de los planes de estudio generando así un grupo de profesionales descontextualizados incapaces de competir a nivel nacional con los abogados de las demás universidades y de mantenerse a la vanguardia respecto a los distintos cambios que a lo largo del tiempo se van dando en la legislación nacional sobretodo en el entendido que en este tipo de universidades termina preponderando la memoria sobre el razonamiento de la enseñanza y la formación científica en los programas de pregrado y el hecho de muchas veces no concordar con la misión o visión que se proponen ni concordar con los objetivos de desarrollo que se plantean desde las universidades en su enfoque para con la región, la calidad de los docentes que imparten las materias los cuales muchas veces cuentan solo con títulos de pregrados y no tienen la capacitación necesaria en temas de pedagogía y transmisión de conocimientos los cuales tienden a diseñar sus clases dándole preponderancia a la memorización antes que al razonamiento crítico y muchas veces se basan en postulados desactualizados o en posturas netamente legalistas que cierran la visión de los estudiantes a otras formas de pensar y analizar el derecho.

Todo lo anterior nos lleva a cuestionarnos lo siguiente:

¿Cumplen los programas de derecho de las universidades del departamento del Cesar con una oferta de calidad, donde sus profesionales del derecho desarrollen habilidades críticas, investigativas y propositivas para la región y el país, así como una formación con un perfil profesional propio con altos fundamentos éticos en el ejercicio de su labor?

OBJETIVO GENERAL

Establecer si los programas de derecho de las universidades del departamento del Cesar cumplen con una oferta de calidad, donde sus profesionales del derecho desarrollen habilidades críticas, investigativas y propositivas para la región y el país, así como una formación con un perfil profesional propio con altos fundamentos éticos en el ejercicio de su labor

Analizar la calidad, pertinencia, eficacia de la enseñanza en los distintos programas de derecho del departamento del Cesar

JUSTIFICACION

Como consecuencia de los problemas mencionados anteriormente es que resulta pertinente la realización de esta investigación en la medida que al realizar un análisis que permita determinar si las universidades del departamento del cesar cumplen con una oferta de calidad, donde sus profesionales del derecho desarrollen habilidades críticas, investigativas y propositivas para la región y el país, así como una formación con un perfil profesional propio con altos fundamentos éticos en el ejercicio de su labor podremos dar un parte de confianza y seguridad a los distintos interesados en hacer parte de esta profesión a futuro y a los que la estudian en el presenta aparte de la comunidad en general que depende de la buena labor de los abogados del departamento.

Y que en caso contrario podremos determinar cuáles son las acciones necesarias para mejorar dichas circunstancias en base a un análisis serio que nos permita determinar los principales focos el por qué no se está cumpliendo con los estándares de calidad, pertinencia, idoneidad y demás y así lograr emitir las recomendaciones necesarias para empezar a lograr un cambio en pos de la mejoría de los distintos programas de derecho del departamento los cuales gradúan más de 200 abogados al año y que han graduado más de 3000 a lo largo de su historia .

MARCO TEORICO

Entendiendo que la utilidad del marco teórico es ampliar la descripción del problema de investigación integrando la teoría con las investigaciones y sus relaciones mutuas, en esa medida el problema aquí planteado no puede resolverse a través de conjeturas o conclusiones apresuradas, sino teniendo en cuenta el análisis de los fundamentos teóricos y planteamientos que ha realizado la doctrina, cosa que se pretende realizar en el presente acápite, teniendo en cuenta las diferentes teorías en las que se acogen posturas en donde se definen a que factores se debe el surgimiento de dicha problemática. .

En el capítulo anterior se plantea el cuestionamiento acerca de si ¿Cumplen los programas de derecho de las universidades del departamento del Cesar con una oferta de calidad, donde sus profesionales del derecho desarrollen habilidades críticas, investigativas y propositivas para la región y el país, así como una formación con un perfil profesional propio con altos fundamentos éticos en el ejercicio de su labor?

Con relación al problema de investigación Algunos autores sostienen que la falta de intervención estatal es uno de los vacíos más importantes entre lo que es el abogado y su deber ser; debido al estado crítico de los programas que ofrecen las Facultades, amparadas en el derecho constitucional a la autonomía universitaria. Esta situación se traduce en el deterioro de la calidad en la oferta de educación legal del país, y como resultado de esto se origina la sobrepoblación de juristas no competentes dentro del campo jurídico al no tener un capital cultural suficiente para rivalizar con los demás agentes. Esto se debe en parte a la mala calidad en la formación académica de los abogados y, aunado a esto, al deterioro de la conflictividad social. Es por esta razón que el Estado debe asegurarse de que los abogados acrediten la solvencia profesional requerida para realizar esta labor que no solo es jurídica, sino también social.

En esta misma línea, Luisa García manifiesta que en la actualidad la educación legal pasa por una crisis que advierte la necesidad de realizar cambios estructurales en el interior de las Facultades de Derecho. La autora fundamenta una alternativa propositiva para abordar la educación legal, como es la aprehensión por parte de las universidades de un contenido político; este es distinto a las ideologías políticas, ya que es necesario para el desarrollo apropiado de una Facultad de Derecho y una formación adecuada de los estudiantes. Este contenido lo define García como el desarrollo de políticas comunes dentro de las instituciones, las cuales involucran a todos los actores del proceso académico, docentes, estudiantes e institución (administrativos); ya que, si no existen estos fines comunes dentro de la Facultad, los docentes se van a ver en la obligación de recrear estructuras estáticas inútiles para el desarrollo de agentes capaces dentro del campo jurídico. 

Por otra parte, sostienen que la enseñanza del derecho en Colombia y Latinoamérica se halla en una crisis debido a su atraso metodológico frente a otras disciplinas y la incapacidad de adaptarse a una nueva condición social que surge con el postmodernismo, ya que se evidencia que la enseñanza del derecho es básicamente teórica, hay un gran desconocimiento del aprendizaje activo en el que el estudiante pone en práctica lo aprendido, sin hacer un análisis de la realidad social, insuficiente investigación, predominio de la catedra magistral, retención memorística debido a la repetición de códigos y leyes, currículos poco flexibles, ausencia de estrategia pedagógica renovadoras, incapacidad del estudiante de comunicarse y de argumentar sus ideas, lo que no permite que se desarrolle un pensamiento crítico y reflexivo con el estudiante y futuro abogado.

Ese mismo autor menciona que se ha perdido la noción de formar al hombre para que sea un ser útil a la sociedad, ético, serio, responsable y justo, que emprenda en la búsqueda del bienestar que conduzca a la consolidación del estado social de derecho.

Por otro lado señala que los problemas que devienen de las políticas públicas sectoriales que afectan la autonomía universitaria, la capacidad investigativa de las nuevas universidades y el desempeño y la calidad docente; las concepciones jurídicas filosóficas desde las cuales se orientan las propuestas curriculares; el nivel de formación de los aspirantes; la disponibilidades de recursos didácticos, bibliográficos y tecnológicos con los que cuentan las universidades el nivel de formación pedagógica y disciplinaria de los directivos, desarrollan problemas mucho más grandes que repercuten en la enseñanza del derecho y en la formación de los abogados ya que desde el punto de vista de las nociones jurídicas que orientan la gestión pedagógica dentro de los programas de derecho en Colombia, es evidente que una concepción positivista y dogmática, fetichista de la norma, que inspira los diseños curriculares; además hay un falta de fundamentación pedagógica de los docentes-abogados y de procesos de capacitación y formación pedagógico-didáctica especializada y no general. Se presentan deficiencias en los criterios e instrumentos utilizados para evaluar el desempeño académico de los estudiantes.

Además de lo anterior, el autor señala que hay precarios sistemas de admisión de estudiantes, donde prima un interés por captar estudiantes y garantizar mínimos ingresos para la institución universitaria que ofrece el programa, los criterios y mecanismos de selección y contratación del personal docente son frágiles, predominio la contratación a término fijo por el período académico, de operadores jurídicos bajo la modalidad de hora cátedra, es decir, hay inexistencia de estabilidad laboral y bajos salarios y se presenta mucho desconocimiento del papel de la investigación en la formación profesional del abogado y de las técnicas curriculares y didácticas que permitan generar una auténtica cultura científica y que conviertan la investigación en el eje trasversal del currículo, como también la superación de los enfoques técnico-jurídicos en la formación de los especialistas del derecho.

Bibliografía

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• Revista Dinero. Los vacíos en la enseñanza de la abogacía en Colombia. Bogotá, 21 de Septiembre de 2016.
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