La Relación Existente entre Sistema Jurídico Mexicano y Sociedad
La eficacia del derecho es una cualidad fundamental que coadyuva a su eficacia. La aprobación hace énfasis al consentimiento de una población dirigido hacia la creación de las leyes, debido a que el individuo debe de comprender que necesita de acatar las normas qué existan dentro de su marco jurídico vigente, así como también a la autoridad, cuando piensa que debe hacerlo en virtud de los frutos que la norma pueda tener y de los efectos jurídicos negativos debido a la desobediencia de la misma.
La aprobación o aceptación de manera espontánea de las normas es resultado de una “sensibilidad jurídica”, que muchos autores logran señalar con un instinto en búsqueda de la justicia. Cabe destacar que la aceptación o aprobación del derecho es origen o fruto del convencimiento jurídico que en teoría debe de ser voluntad del pueblo para que exista una identificación directa e indirecta con el mismo.
De forma directa, es en relación a la participación ciudadana del pueblo para la creación de las normas jurídicas. De forma indirecta me refiero a que esas iniciativas propuestas en su caso por la ciudadanía deben de ser trabajadas y analizadas por los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores para que sigan un proceso legislativo hasta llegar a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y empezar a surtir efectos en su momento. Ahora bien, la norma no necesita otros añadidos para atañer la obediencia. Debido a que el hecho de que las normas sean acatadas directamente por sus destinatarios ha acarreado a algunos a refutar que la coercitividad no es un factor necesario para el ius, ya que las normas son tanto menos coercitivas cuando más aceptadas son por el pueblo, y a otros tantos los lleva a coimplicar ambos elementos (aceptación y coerción) en un auxilio a la eficacia de las normas.
Ya que según los primeros la coerción repele a una norma que es aceptada, de tal manera que ambos conceptos llegan a ser un tanto antagónicos y excluyentes; conforme a los segundos, un estado de cosas que se impone coercitivamente es “progresivamente aceptado” con el transcurso del tiempo, de tal manera que se posterga la idea de la imposición primitiva y se acepta el valor normativo de los actos repetidos; en este caso aceptación o aprobación y la coerción son elementos de reforzamiento y lineales.
Me gustaría destacar que el Derecho y la Sociedad no están tan alejados, uno necesita del otro y viceversa, sin sociedad no puede haber Derecho y sin Derecho no puede existir una sociedad. Estos dos se encuentran intrínsecamente relacionados, puesto que el Derecho es fundamental para que pueda existir y ser regulada groso modo una conducta del ser humano en sus distintas facetas sociales; de ahí que existan una serie de fenómenos sociales que exigirán al Derecho (civil, mercantil, penal, etc.) como ente de coerción que esté siempre a la par con la realidad social, puesto que la sociedad es dinámica, por lo que el Derecho también debe de fungir de dicha manera para que se adapte a la misma.
Además, el Derecho aparte de servir como un regulador de conductas, también puede y debe servir como un instrumento jurídico viable a favor de la sociedad al momento de exigir justicia o ejercer cualquier tipo de Derecho consagrado en nuestra Constitución o en cualquier Tratado Internacional del que el Estado Mexicano forme parte y sea el transporte de cambio y de desarrollo.
La problemática que considero es la verdaderamente preocupante va relacionada a la voluntad de la emisión política legislativa mexicana; puesto que el poder legislativo es el órgano encargado de fungir como la cámara de origen (llámese Cámara de Diputados o de Senadores dependiendo del tema del que se trate) en nuestro país, pasando después por todo un proceso hasta ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y empiece a producir efectos jurídico a terceros.
Retomando el comentario anterior, considero que este es el principal punto de debate, puesto que los legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores deben hacer un análisis profundo, crítico, certero y siempre en vista del bien común de la población para que no pasen leyes que atenten contra Derechos Humanos establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en Tratados Internacionales, es decir, que no estén hechas con los “pies y a lo rápido”.
Puesto que las leyes deben de ser planeadas, adaptadas y concretizadas a través de un estudio exhausto y siempre viendo por el bien común. Sin embargo, muchas de éstas no son hechas así y traen como consecuencia un rechazo ya sea total o parcial por parte de la sociedad civil, saliendo ésta a manifestarse u oponiéndose en redes sociales en muchos de los casos.
Pongo un claro ejemplo, en el año del 2017 en el sexenio de Enrique Peña Nieto se intentó adaptar a nuestro sistema jurídico mexicano la “Ley de Seguridad Interior”, pero ésta no avanzó debido al gran rechazo de una gran parte de la sociedad mexicana y de organismos internacionales que la consideraban inconstitucional e inconvencional. Sin embargo, en este año con la entrada del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se implementó lo que se conoce como la “Guardia Nacional”, el cual dijo en su momento de campaña que los militares debían de estar en los cuarteles y no en las calles (Disonancia Cognitiva).
Retomando el ejemplo anterior, muchas personas no apoyaron el proyecto del ex presidente Enrique Peña Nieto, que era precisamente militarizar al país con el fin de “Recuperar la paz y la tranquilidad al mismo”, pero ahora con la Guardia Nacional hay un índice mucho más alto de aprobación por haber puesto en acción este plan el presidente de “izquierda” AMLO, ya que supuestamente para él es necesario el ejército en las calles para recuperar la seguridad y la paz en el mismo, aunque veamos en estadísticas que los robos, homicidios, feminicidios, secuestros, violaciones han incrementado mucho más y esto no se logra adaptar al cien a nuestra realidad, es decir, es anacrónico.
Ahora bien, considero que nuestros legisladores o quién proponga una iniciativa de ley, antes debe de analizar su entorno y con base en ello poder adaptarlo a la iniciativa que piensa proponer, de lo contrario seguiremos teniendo más basura en nuestro marco normativo, que al final puede ser que muy poca gente cumpla y respete la norma.
