Las Reglas de Procedimiento Criminal Federal
En la Carta de Derechos encontramos los fundamentos del derecho procesal que se sigue en un procedimiento judicial contra una persona.
- La Quinta Enmienda establece la Cláusula del Debido Proceso de Ley.
- La Sexta Enmienda enumera los derechos del acusado en casos criminales.
- La Octava Enmienda establece la prohibición de castigos crueles e inusitados. además de las disposiciones constitucionales a las que hemos hecho referencia, el derecho procesal se rige por unas reglas que han sido creadas por el poder judicial y aprobadas por el Congreso.
Las reglas procesales pertinentes al campo de Justicia Criminal son las Reglas de Procedimiento Criminal y las Reglas de Evidencia. Las Reglas de Procedimiento Criminal regulan las etapas que atraviesa un ciudadano ante un procedimiento criminal. Existen las Reglas Procedimiento Criminal federales y reglas análogas en los estados. Aunque cada estado tiene su propio cuerpo de reglas, estas se parecen entre sí. Las reglas federales sirven de modelo a las respectivas jurisdicciones estatales. Estas reglas no se utilizan en cortes estatales. Sin embargo, pueden ser utilizadas por los estados como guías para la confección de sus propias reglas.
Las Reglas de Procedimiento Criminal Federal se promulgaron en 1946. Se mantienen vigentes mediante enmiendas y las interpretaciones hechas por la jurisprudencia de cortes federales, principalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aplicabilidad de las reglas. Disposiciones generales. El error cometido en esta etapa por parte de los funcionarios del orden público podría conllevar el cuestionamiento por la defensa de un acusado de la ilegalidad del arresto o la admisibilidad en un tribunal de la evidencia ocupada. Un arresto ilegal o la no admisibilidad en un tribunal de la evidencia ocupada por las autoridades constituyen violaciones a la cláusula constitucional del Debido Proceso de Ley y, por lo tanto, da lugar a que las acusaciones sean desestimadas. Por ello, en la jurisdicción federal, los agentes del orden público consultan con un fiscal antes de radicar un caso contra un ciudadano. El fiscal velará que en el proceso investigo se obtenga evidencia que sea admisible en un tribunal. Las Reglas de Evidencia regulan la admisibilidad de evidencia en un tribunal. Al igual como ocurre con las Reglas de Procedimiento Criminal, existen reglas de evidencia federales y las estatales.
Las Reglas de Evidencia Federal se promulgaron en 1975. Se mantienen vigentes mediante enmiendas e interpretaciones hechas por la jurisprudencia de cortes federales, principalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Conocimiento judicial. Reglas misceláneas. Al igual que en el foro estatal, el delito está tipificado con una pena estatuida. No obstante, en la jurisdicción federal, además de existir una pena estatuida en el delito, se acostumbra utilizar unas guías conocidas como las Guías de Sentencia Federal o Federal Sentencing Guidelines. Las Guías de Sentencia Federal son el producto de una entidad adscrita al poder judicial federal que se conoce como el United States Sentencing Commission. Al igual a como ocurre con las Reglas de Procedimiento Criminal y Evidencia, las Guías de Sentencia Federal son creadas por el poder judicial y aprobadas por el Congreso.
La idea que motivó la creación de las Guías de Sentencia Federal era establecer un sistema de sentencia determinada en la jurisdicción federal. Esto surgió porque había inconsistencias entre los castigos impuestos por los tribunales federales a lo largo de Estados Unidos. Las Guías de Sentencia Federal cuentan con seis categorías de historia criminal y seis niveles de la ofensa. Para el cálculo se toman en cuenta unos ajustes dependiendo del rol del convicto en la comisión del delito como agravantes o atenuantes para la imposición de la pena. Por muchos años, las Guías de Sentencia Federal fueron de carácter mandatorio, por lo cual los jueces federales estaban obligados a sentenciar a la persona conforme a las mismas, independientemente de lo que estableciera el estatuto que tipifica el delito.
