Las Zonas Más Desiguales en el Mundo
Introducción
Latinoamérica ha cargado desde hace años el triste título de ser una de las zonas más desiguales en el mundo, debido a que la mayoría de sus habitantes se encuentran arraigados en un contexto de carencias en términos de acceso a recursos económicos y a modalidades de protección social adecuadas; motivo por el cual la región desde inicios de la década ha promulgado su intención de múltiples reformas en sus políticas sociales que generaron no solo en sus habitantes, sino también en el mundo expectativas sobre la posibilidad de avanzar en la construcción de una ciudadanía social más inclusiva.
Desarrollo
El aumento de la desigualdad social y el alejamiento que produce el tipo de crecimiento económico de esta época; el repleto valor de las instituciones democráticas; las limitaciones del gasto que atribuye el necesario equilibrio fiscal en el cuadro de proyectos tributarios inicuos; los cambios culturales inducidos por la huella de la revolución tecnológica en los medios de comunicación; la extenuación de los modelos de Estado absolutos en el transcurrir de las décadas pasadas; y las contradicciones geopolíticas de las mismas, han destacado un acaparamiento de evoluciones que por extensión, profundidad y ligereza, conforman la atmosfera en la que se extienden las políticas sociales que como ya se ha mencionado han tratado de implementar los países de la región.
Tal como lo menciona Briggs: el poder organizado es utilizado de forma deliberada en un esfuerzo por modificar el juego de las fuerzas de mercado en al menos tres direcciones —primero, al garantizar a los individuos y familias un ingreso mínimo que no guarda relación con el valor de mercado de su trabajo o propiedad; segundo, al reducir la inseguridad permitiendo que individuos y familias resuelvan ciertas contingencias sociales (por ejemplo, enfermedad, edad avanzada y desempleo) que conducirían, de otra manera, a crisis individuales y familiares; y tercero, al asegurar que todos los ciudadanos sin distinción de estatus o clase reciban un conjunto de servicios sociales con una calidad que refleje los mejores estándares disponibles.
Al inicio de las aclamadas reformas estructurales se esperaba que estas apresurarían el crecimiento económico, acrecentarían la incubación de empleo y asistirían a reducir la pobreza. No obstante, la intensidad y dimensión de la reestructuración económica originó costos sociales que mezclados con déficit social de larga data hizo indiscutible la necesidad de introducir medidas de compensación social, tales como programas de empleo de emergencia, subsidios alimenticios y fondos de emergencia social, en casi todos los programas de acuerdo estructural que se estaban llevando a cabo los países de América Latina.
Las transformaciones de las economías y el retorno a regímenes democráticos en varios países latinoamericanos afectaron también las formas de organización de la política social, en tanto el rediseño del Estado y de la gestión pública en general pasaron a formar parte de la agenda de las reformas. En el ámbito social, se argumentaba la necesidad de una reforma de la acción social del Estado orientada por criterios de good governance y destinada a fortalecer el rol de este como gerente social. En este sentido, la modernización de la política social estatal y su concentración exclusiva en el objetivo de la lucha contra la pobreza comenzó a adquirir relevancia política en función de la tarea de la consolidación de la democracia.
Así mismo, en los países de América Latina se exhiben una pluralidad significativa en lo que se reseña a la línea histórica, tamaño y alcance de los programas de protección social. En la actualidad, se pueden distinguir dos grupos de países en función de la forma cómo se articulan el Estado, el mercado y las familias en la provisión de bienestar social.
En el primero de ellos, compuesto por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay y México, el Estado tiene mayor presencia en la cobertura de los riesgos sociales, aun cuando sus regímenes de políticas sociales presentan un alto nivel de segmentación y de presencia del mercado. En el otro grupo, que integran Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, el Estado tiene un rol marginal y las familias se ven recargadas ante la insuficiente incorporación en el mercado de trabajo y la ausencia de respuestas estatales para buena parte de la población.
Conclusión
Finalmente, una reorientación primordial de la política social había sido necesaria en su momento y sin cerrarse a la banda por la eficacia general de las directrices de reforma sustentadas hasta la fecha, por un lado, el fuerte énfasis permitido por las transformaciones al rol del actor privado y a los razonamientos de mercado en la clasificación y suministro de servicios sociales, y por el otro, la extenuación intrínseca en el elemento de una política social compensatoria que conduce con acciones asistencia listas las disposiciones de política económica mientras ocurre el esperado crecimiento económico, que de por sí traería consigo mayor bienestar a la población.
