Plaguicidas en Chile: un Problema Socio-Ambiental
La agricultura es una de las actividades de mayor desarrollo del siglo XX, a nivel mundial como en nuestro país, su avance por mejorar la calidad, cantidad y demanda de los recursos que proporciona.
En principio era aprovisionar alimentos a la población, pero con mayor énfasis generar grandes ingresos económicos a las industrias (rentabilidad), y dentro de las que han siso beneficiadas con este desarrollo es la industria agroquímica.
Su uso indiscriminado, ha originado graves efectos e impactos ambientales y sociales, que han causado y siguen provocando a nivel global, contaminación del aire, agua, suelo, las cadenas tróficas, los ecosistemas y la salud humana, de forma desmedida. Este desgaste se debe principalmente al monocultivo y especialmente el afán de controlar y eliminar plagas y enfermedades, que provocan los “enemigos”, lo que conlleva a una baja producción y calidad, dificultando el desarrollo de un cultivo en particular, es decir, todo aquello que sea competencia, deterioro y origine perdida en la cosecha final hay que eliminarlo.
La determinación principal de intervenir en la agricultura es que el negocio sea lucrativo, además de obtener alimentos de mejor calidad y cumplir con las demandas de requeridas. Gracias a la oferta de nuevas tecnologías y productos que mejoraran los atributos de estos, una de las practicas más utilizadas en la agricultura esta la aplicación de agroquímicos para el control de plagas.
Como bien sabemos en Chile existe una legislación vigente en materia de plaguicidas, que regula su importación, comercialización, manipulación y aplicación, además de organismos fiscalizadores involucrados el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Salud (MINSAL) y sus Secretarias Regionales Ministeriales de las Salud con el Protocolo de Vigilancia Ambiental y Salud, entre otras medidas. Estas entidades competentes deben informar y prevenir de los riesgos, daños que provoca a la salud y medio ambiente; pero estas no son efectivas en su totalidad en cuanto a su regulación y la condescendiente fiscalización de parte de los organismos competentes.
Las estrategias utilizadas en los últimos años por parte de los organismos reguladores, se orienta principalmente en disminuir el peligro y consecuencias que pueden provocar esto productos químicos, principalmente a través de capacitaciones a los trabajadores de las sociedades involucradas que utilizan plaguicidas, sectorizados a las grandes y medianas empresas agrícolas; sin embargo estas no han sido suficientes, quedando rezagados los pequeños agricultores, representando de forma parcial la problemática social.
Esta problemática socio-ambiental a la exposición a plaguicidas, es un tema bastante conflictivo, no solo afecta a los trabajadores del sector agrícola, sino que trae consecuencias para la población aledaña, expuestos de forma constante a los efectos perniciosos de estos productos tóxicos, escenario propicio para el desarrollo de enfermedades congénitas, crónicas e intoxicaciones y el daño irreversible que se está provocando al medio ambiente, volviéndose cada vez más vulnerable al efecto de estos productos químicos.
En nuestro país históricamente las empresas agrícolas (fundos), se han destacado por la falta de conciencia, compromiso y falta de empatía, que existe hacia los trabajadores agrícolas y sectores colindantes a sus cultivos, solo preocupándose que su producción sea rentable. A pesar de que existe un “Protocolo de Vigilancia”, que está conformada por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP), que desde el año 2004 tiene carácter de obligatoria e inmediata.
Esta es una problemática de gran relevancia socio-ambiental, que no posee las directrices elementales o precisas, tema que tiene importancia solo a nivel general, quedando muy al debe y débil, donde aún no se ha tomado la importancia que corresponde. Contrariamente de las políticas reguladoras existentes y la amplia investigación científica, tanto a nivel global como país y el énfasis de promover el aprendizaje del uso de agroquímicos, existe un desconocimiento de la población en general y mayoritariamente en el sector rural, de los riegos y los efectos nocivos que provocan los plaguicidas, las limitadas acciones preventivas, el incumplimiento de las normativas, el uso indiscriminado por parte de las empresas y pequeños propietarios agrícolas, además es importante cuestionar la libre producción y comercialización de diversos agrotóxicos.
A pesar de los esfuerzos y la lucha constante de ciertos sectores que se encuentran preocupados del bienestar social y ambiental, el problema persiste, lo cual nos indica que deben existir nuevos instrumentos y perspectivas o matices para abordar y mejorar la forma de instruir a la población en general y especialmente la rural, que es la más postergada y vulnerada de sus derechos.
Considerando la necesidad de regular la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas, referida a las condiciones de seguridad necesarias para el resguardo de la salud y la integridad física y sanitaria de las personas que ejecutan esas actividades y aquellos que viven en los alrededores del lugar de aplicaciones, pueden recibir sus efectos perniciosos, por ende la información entregada a la población, debe ser precisa y tener en consideración que la ley los protege, a través de la fiscalización, la que debe sancionar a los que incurran en incumplimiento, principalmente efectuadas por las Secretarias Regionales Ministeriales de salud MINSAL, (Legislación Chilena). Para que esto se pueda llevar a cabo debe existir conocimiento por parte de la comunidad de las leyes y pueden hacer uso de ellas demandando el incumpliendo de las normativas, de las cuales analizaremos la ley 20.308 sobre “La protección a los trabajadores en el uso de productos fitosanitarios” y el de especialmente el decreto 158, “Condiciones para la seguridad sanitaria de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas”.
