Protección del Medio Ambiente de los Efectos Negativos del Ruido
Tomando como modelo la legislación europea, España ha desarrollado no sólo Leyes de Ruido sino también planes de acción y mapas de ruido con el objetivo de establecer unos parámetros concretos y poder establecer límites y prohibiciones, así como las correspondientes sanciones por la contravención de las diferentes normativas. Las administraciones quedan obligadas a impulsar la protección de las zonas tranquilas y promover e incentivar el desarrollo de actividades menos lesivas para la salud acústica del entorno, estableciendo planes para reducir la contaminación acústica.
La principal ley que existe en España para proteger al medio ambiente de los efectos negativos del ruido es la Ley 37/2003 del 17 de noviembre, conocida coloquialmente como la Ley del Ruido que trata de adoptar y adaptar al derecho español la normativa europea en materia de ruido.
Por medio de esta ley, los ayuntamientos de todo el territorio nacional quedan obligados a desarrollar ordenanzas municipales para adaptar sus proyectos urbanísticos a lo previsto por las mismas. Al ser las administraciones más cercanas a los vecinos, tienen el deber de velar por el menor impacto del ruido en las vidas de los mismos y unas adecuadas relaciones entre los mismos con el entorno y los demás.
Asimismo, esta ley surge para legislar de manera directa el problema del ruido ya que antes de su promulgación sólo se podía interpretar de manera indirecta en nuestro texto constitucional a través de la protección a la salud (art.43 CE), al medioambiente (art.45 CE) y a la intimidad personal y familiar (art.18.1 CE).
Posteriormente, el Real Decreto 1367/2007 del 19 de octubre desarrolla la Ley del Ruido e incorpora nuevos objetivos de calidad acústica. A su vez, son muchas las leyes autonómicas que lo desarrollan como, por ejemplo, el Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid o la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica de Cataluña.
Finalmente, es importante destacar el papel de las ordenanzas municipales en la contribución a la reducción del impacto del ruido ya que la legislación estatal y europea se caracteriza por establecer una serie de obligaciones a los organismos públicos y no desarrolla las obligaciones de ciudadanos y empresas. Estas normativas establecen, entre otras muchas cosas, la posibilidad de aplicar medidas sancionadoras a locales, empresas y particulares y garantizar unos niveles de ruido máximos permitidos en función de horarios o zonas, generalmente 35 decibelios durante el día y 30 durante la noche.
