Política Pública Para la Atención y la Prevención de Violencia Intrafamiliar

Introducción

El Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y familiares como por hostigamiento sexual y violación es el resultado de un esfuerzo iniciado a mediados de los años noventa con la elaboración del primer Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extra-familiar y el segundo Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y familia como por hostigamiento sexual y violación.

Asimismo, esta política pública es gestionada por el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, el cual es coordinado por Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), dado a esta situación, Todas las instancias que conforman el SISTEMA tendrán responsabilidades en las diferentes acciones estratégicas del PLANOVI y sus planes de acción en función de sus particulares competencias. de acuerdo a esto, las instituciones responsables son: El Ministerio de Educación Pública , El Ministerio de Justicia y Paz, El Ministerio de Salud Pública, El Ministerio de Cultura y Juventud, El Ministerio de Seguridad Pública, El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, El Ministerio de Planificación y Política Económica ,La Caja Costarricense de Seguro Social., El Instituto Mixto de Ayuda Social, El Instituto Nacional de Aprendizaje, El Patronato Nacional de la Infancia, El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, El Consejo de la Persona Joven, La Universidad de Costa Rica, La Universidad Nacional de Costa Rica, El Instituto Tecnológico de Costa Rica, El Poder Judicial, La Universidad Estatal a Distancia, La Defensoría de los Habitantes de la República, sin embargo, para la elaboración y formulación intervino también el Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, además, de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, la Red Feminista contra la Violencia contra la Mujer,el Centro Feminista de Información y Acción y los aportes del experto internacional, Doctor Miguel Lorente Acosta.

Desarrollo

Cabe agregar, que dicha política pública nace a partir del aumento de la violencia hacia las mujeres en los últimos años, pues según la última encuesta especializada sobre violencia contra las mujeres, el 57,7% de las mujeres encuestadas reportó haber sido víctima de al menos un incidente de violencia física o sexual en algún momento de su vida desde los 16 años. Esta situación encendió las alarmas de toda la población, visibilización de un problema social de afectación negativa, el cual requiere una solución colectiva, permitiendo una dicha problemática introducirse de manera inmediata en el accionar de las autoridades, a través de la agenda gubernamental.

La política pública en estudio se desarrolla en contexto en cual a pesar de que se han realizado avances en la visibilización, reconocimiento y prevención de la violencia contra la mujer continúa habiendo grandes desafíos hacia una respuesta estructural de protección de las mujeres y un cambio en el ámbito cultural.

Ejemplo de esto, es que durante el periodo del 2017 al 2019, la Fiscalía Adjunta de Género a registrado 60 femicidios en total . Como se puede observar en el gráfico 1, durante el 2017 y el 2018 el número de víctimas se mantuvo constante, sin embargo, se ha visto una disminución durante los meses que lleva el 2019

Igualmente, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en el periodo del 2014 al 2018

se recibieron un total de 95,783 casos nuevos en las Fiscalías Penales de Adultos por delitos contemplados contra la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer(LPVCM). Las 5 principales causas presentadas ante el Ministerio Público por delitos contemplados en la LPVCM y que representaron el 97.31 % del total de los casos entrados en el periodo 2014 – 2018, fueron, en orden de prevalencia: maltrato ( 38.02%), incumplimiento de una medida de protección (32,34%), ofensas a la dignidad (16,01%), amenazas contra una Mujer (10,22%) y daño patrimonial (0,72%).

Esto pone en evidencia, la constante violencia y amenaza que viven las mujeres en el país y las cuales, además, deben cumplir con estereotipos y prejuicios que la sociedad patriarcal costarricense les ha impuesto. Esta situación llegó hasta el extremo de que en el 2018 al Presidente Carlos Alvarado viera la necesidad de firmar un decreto estableciendo emergencia nacional la violencia contra la mujer El Gobierno de la República decretó de interés prioritario nacional la prevención y atención de la violencia contras las mujeres (…) a raíz de distintos casos de violencia que se han presentado en Costa Rica

Como consecuencia de esta situación, el Poder Judicial, aprobó durante el 2018, una Comisión de Alto Nivel con representación de instancias internas y externas a dicho poder, la cual tiene como objetivo el análisis y proposición de mejoras en la atención de las denuncias por violación a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.

Asimismo, durante el 2018 el INAMU estableció La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030, la cual responde

a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y la igualdad efectiva, sustentado en la convencionalidad ratificada por Costa Rica que protegen los derechos de las mujeres; en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como las declaraciones, Acuerdos, Plataformas sobre la materia, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo que nadie se quede atrás en el Desarrollo.

Se puede inferir, que la situación de las mujeres en años anteriores no era mejor, por lo cual, el Instituto Nacional de la Mujer se vio obligada a crear un Plan Nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades, esto se puede visibilizar en las estadísticas y datos que la misma política pública nos ofrece, ejemplo de esto, es que durante periodos anteriores a la implementación de la política pública el país ya presentaba una alta tasa de femicidios, la cual se puede considerar la consecuencia más grave de la violencia contra la mujer.

La tabla #1 permite observar el aumento paulatino de los femicidios en Costa Rica, al comparar esto datos con los obtenidos durante el periodo de 2017 al 2019, se concluye que a pesar de que no existe una importante disminución, tampoco a habido un aumento, logró que bien se puede atribuir a la gestión del Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades Costa Rica 2017-2032.

Asimismo, existen datos (Tabla # 2) que demuestran que existe la necesidad de un acompañamiento de las mujeres ante situaciones de violencia, situación que viene a amparar la política pública en estudio, principalmente dado a la descentralización y la regionalización que permite brindar ayuda a mujeres de distintas ´partes del país y de distintas condiciones socioeconómicas.

Cabe agregar, que esta política pública tiene como objetivo general que el Estado costarricense y el país pueda avanzar a la igualdad en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, esta política pública cuenta con seis ejes estructurales los cuales establecen los objetivos específicos de la política pública:

1. Promoción de una cultura no machista: Propiciar en la población de Costa Rica percepciones no estereotipadas de las mujeres y los hombres basadas en principios de no violencia, igualdad, relaciones igualitarias, respeto al cuerpo de las mujeres, dignidad y reconocimiento y valoración de las diferencias.
2. Promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia:Impulsar en niños, hombres adolescentes y hombres jóvenes, el desarrollo de competencias para el ejercicio de masculinidades para la igualdad y la no violencia hacia las mujeres en cantones priorizados.
3. Articulación de iniciativas público-privadas de desarrollo social para desvincular pobreza multidimensional, exclusión y violencia contra las mujeres: Aumentar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, a programas de desarrollo económico y social articulados, continuos y de largo plazo que coadyuven al logro de su autonomía económica, con especial énfasis en mujeres adolescentes, adolescentes madres por primera vez y madres con niños y niñas menores de 5 años.
4. Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no re-victimización: Aumentar el acceso de las mujeres usuarias afectadas por la violencia a servicios públicos que les garantice: protección efectiva, debida diligencia, sanción, reparación y no re-victimización.
5. Prevención, atención integral y no-revictimización frente a la violencia sexual: Aumentar el acceso de las mujeres especialmente niñas, adolescentes y mujeres jóvenes afectadas por diversas formas de violencia sexual a servicios especializados
6. Prevención del femicidio: Aumentar el acceso de las mujeres en riesgo de femicidio a recursos y servicios institucionales y comunitarios de apoyo y protección.

En relación a la población objetivo, esta política pública se enfoca directamente en todas las mujeres de Costa Rica, ya sean niñas, jóvenes o adultas. Por otro lado, la política pública en estudio, también abarca indirectamente a los niños y los hombres adolescentes, esto con el objetivo de intervenir en edades tempranas sobre los procesos de construcción identitaria y con el propósito específico de su activa participación en la deconstrucción del machismo y la violencia contra las mujeres

A partir de los objetivos y acciones estratégicas establecidas en la política pública en estudio, se espero que el efecto o impacto en la sociedad costarricense sea:

promover una cultura no machista, la ruptura de los ciclos de transmisión social e intergeneracional de la violencia contra las mujeres, la no impunidad y la debida diligencia en la respuesta del Estado Costarricense para el avance en la erradicación de esta violencia y como requisito para el pleno desarrollo humano de las mujeres y la sociedad.

Es importante destacar, que el marco normativo e institucional de la Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y familiares como por hostigamiento sexual y violación se sustenta en El Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar el cual es coordinado por el INAMU.Cabe agregar que, la Comisión de Seguimiento y la Secretaría Técnica, serán las dos instancias técnicas de mayor nivel del SISTEMA encargadas de atender al diseño,implementación y seguimiento de esta Política Nacional y sus Planes de Acción.

En ese sentido, la autoridad político-institucional superior del sistema es el Consejo Nacional quien debe garantizar la conformación de nivel ministerial y ejercer el liderazgo y la conducción política necesaria, enfocada al logro de resultados. El cumplimiento de este aspecto recae de manera directa en el Consejo de Gobierno, instancia que por ley debe recibir los informes anuales de rendición de cuentas y orientar el trabajo futuro, así como acuerdos políticos del más alto nivel que viabilicen el cumplimiento del PLANOVI.

Conclusión

A pesar de que la política pública parece estar bien bien formulada, su gestión presentan cierta debilidades, un ejemplo de esto es que a pesar de que la política pública en estudio lleva dos años en función no se a realizado una evaluación del trabajo o los alcances de dicha política, lo que limita el conocimiento sobre sí se deben hacer mejoras directas en la política pública o si las instituciones están cumpliendo con sus funciones dentro de esta, esto va de la mano con las carencias en torno a mecanismos e instrumentos que contar con información actualizada, centralizada y oficialmente emitida por las instituciones, pues existe una carencia para verificar las acciones reportadas por las mismas.

En ese mismo sentido, la Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades 2017-2032 avanza lentamente en la prevención del femicidio, pues a pesar de que este se encuentra en función hace poco poco, no se han visto cambios significativos en el número de víctimas.

Asimismo, otra de las problemáticas que presenta esta política es que al existir múltiples actores y mecanismos parecen existir distintas interpretaciones sobre lo que se debe hacer o los ámbitos en que se debe enfatizar,es decir, se ha trabajado de manera individualista por lo cual no existe una integración que permita el alcance de un objetivo común, de ahí la importancia de La elaboración de proyectos que de manera coordinada integren a distintas instituciones y se ejecuten en espacios locales previamente seleccionados con indicadores susceptibles de medición esta situación permitiría un mejor impacto en la población.

Bibliografía

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• Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer – Observatorio de Violencia de Género. Poder Judicial Costa Rica. (2019).
• Valverde, R (14 de agosto del 2018) Gobierno lanza decreto con 40 acciones para combatir la violencia de género. Semanario Universidad.
• Poder Judicial fortalecerá atención en casos de Ley de Penalización y Violencia contra las Mujeres – Observatorio de Violencia de Género. Poder Judicial Costa Rica. (2019).