Abuso De Derechos Humanos En Estallido Social 

El 18 de octubre de 2019 se da inicio a una masiva protesta social en múltiples ciudades de todo Chile, la cual duró más de 3 meses. Esta vez la consigna es “no son 30 pesos, son 30 años” y lo que se exige es una sociedad más justa y equitativa que garantice derechos sociales básicos, tales como salud, educación y pensiones de vejez dignas.

La pregunta que surge es, ¿a qué se refieren con 30 años? El punto clave en todo esto es que los gobiernos, desde Patricio Aylwin (1990 a 1994) hasta el de Sebastián Piñera (2017 a la fecha), han privatizado la educación, la salud, el agua natural y potable, la previsión, el transporte, las comunicaciones, las carreteras, la pesca, los boques y las salmoneras. Además, permitieron enormes entendimientos ilegales entre grandes empresas (colusiones), millonarios desfalcos y evasiones tributarias. Por lo tanto, son años de abusos sistemáticos por parte de la población más acomodada del país y la clase política, lo que generó un profundo sentimiento de injusticia y de rabia en un Chile que hasta ese inolvidable 18 de octubre se encontraba dormido.

Todo comenzó en Santiago, cuando se anunciaba un nuevo aumento en el pasaje del metro (transporte público que traslada a más de 2,5 millones de personas diariamente). En otras palabras, esta fue la chispa que encendió todo y que dio paso a un nuevo movimiento, autoconvocado por estudiantes, quienes vienen demostrando más compromiso social y descontento político que cualquier otro sector de la sociedad. Este movimiento llamaba a una evasión masiva en el pago del pasaje de dicho transporte. Sin duda, lo que se desencadenó a raíz de esto ha sido el estallido social más duradero, masivo, significativo y violento que se ha vivido en los últimos años en Chile.

Lamentablemente, lo que pudo ser una gran oportunidad de cambio para un país entero, tanto en su ciudadanía como en sus gobernantes, sus políticas y su economía; se vio empañada por una fuerte represión de parte de las instituciones policiales y militares.

La madrugada del 19 de octubre, a raíz de las violentas manifestaciones que habían ocurrido durante el día anterior, el presidente de la república, Sebastián Piñera, sin prestar atención al petitorio ni preocuparse por los derechos de las personas, decreta estado de excepción constitucional de emergencia para la región Metropolitana, con el propósito de velar por el orden público. Situación que con el pasar de los días se extendió para todo el país.

La Dirección del INDH en su informe final del año 2019 declaró que:

El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos humanos también en los estados de excepción constitucionales y propender a que dichos estados duren solo mientras estén presentes las causas que han justificado su dictación, de manera de restablecer la plena vigencia de aquellos derechos que la propia Constitución admite limitar transitoriamente. (14)

Posteriormente, en las principales ciudades de Chile habían declarado toque de queda y los militares se paseaban por las calles con tanques y armamentos de guerra. Parecía increíble lo que estaba pasando, como sacado de una película de acción. Muchas personas sintieron pánico al recordar los brutales episodios vividos en dictadura. El miedo y la injusticia se hacían más presente que nunca en el pueblo chileno.

Fue así como empezaron a ocurrir muchos sucesos graves de violencia, entre fuerzas policiales y manifestantes, hechos que hasta el día de hoy dejan una huella imborrable para los afectados, sus familias y en general para todos quienes tuvieron la oportunidad de presenciar este momento histórico en el país.

El mandato de las autoridades era claro, se requiere orden público a como dé lugar. Por lo tanto, en cada marcha los efectivos de la policía estaban autorizados a utilizar todos los métodos disuasivos con los que cuenta la institución, tales como balines de goma, carros lanza-agua, bombas lacrimógenas, camión lanza-gases y su armamento de guerra en el caso de los militares. Desgraciadamente, nunca se tomaron en cuenta los protocolos al momento de utilizar estos recursos, dejando a muchas personas con heridas de gravedad.

Para ser un poco más precisos datos entregados por el INDH señalan que hasta el 30 de noviembre se registraban varios fallecidos, miles de heridos, muchas personas detenidas y numerosas personas con daño ocular, unas más graves que otras como el conocido caso del joven estudiante de psicología, Gustavo Gatica quien al perder ambos ojos un día de protesta en Plaza Italia (Santiago), a manos de funcionarios de FFEE de Carabineros, se convirtió en un símbolo de la violencia que se vivía esos días. En otras palabras, lo que estaba ocurriendo eran sistemáticas violaciones a los derechos humanos, las que eran constantemente denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Otro hecho grave de violencia registrado fue hacia un funcionario observador del INDH quien resulta herido tras recibir 7 perdigones, esto fue calificado como intolerable, por lo cual el director de dicha institución declara, estén presentes con toda la dureza de la ley en los saqueos, pero que respeten las manifestaciones que se realizan pacíficamente.

La importancia de la denuncia también fue destacada por el INDH durante estas semanas. El 3 de noviembre su director señaló que “entre más se sepa la verdad y se aplique la justicia, menos posibilidad hay para que esto se vuelva a repetir. Los Derechos Humanos hablan sobre verdad, justicia, reparación y memoria como base para garantías de no repetición”. Y reivindicó el valor del instituto “por la verdad, por la justicia, por la reparación, por la memoria y por la garantía de no repetición. No bajaremos los brazos porque esta es la única manera de que estos hechos no vuelvan a ocurrir en Chile”.  

Por otra parte, el presidente no daba luces de que estaba escuchando el rugir del pueblo ni presentaba algún plan de acción frente a las demandas. Al contrario, salía por televisión declarándole la guerra a los manifestantes y apoyando la labor de Carabineros y Militares.

Este hecho fue duramente criticado por diversos sectores políticos y también por funcionarios del INDH, los que aclararon en los medios de comunicación que nadie estaba en guerra y que era oportuno cambiar el discurso para así generar un ambiente de paz y justicia en el país.

Sin lugar a dudas, las manifestaciones sociales son una legítima forma de protesta que tienen los ciudadanos para expresar su descontento, pero éstas a su vez tienen un lado positivo y otro negativo, debido a que para que se produzcan el descontento y la ira social, además del sentimiento de no ser escuchados e ignorados por las autoridades deben encontrarse en un punto límite, en donde la violencia supera la razón, creándose literalmente un campo de batalla en varios puntos del país. Sin embargo, esto no justifica de ninguna forma los actos de violencia y vulneración de los derechos humanos vividos esos días.

Nos han quitado todo, hasta esperanza de tener una vida digna, a pesar de eso se seguirá luchando en las calles de Chile y todavía se tiene la ilusión de un mejor vivir.

Este sistema de vida nos viene enfermando lenta y cruelmente y para ser sincera, me siento afortunada de poder vivir este momento de gran cambio y ser parte activa en él.