Equidad de Género y Justicia Social: Políticas Públicas para la Igualdad de Género
Capítulo I: La justicia para la igualdad de género: enfoque analítico
A. Igualdad y justicia
Por la propuesta del estudio de políticas públicas para la equidad de género creadas por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe se busca exponer la correlación que habita entre la justicia y la equidad y al mismo tiempo resaltar la importancia de la igualdad de género en las políticas públicas.
A pesar de que en los últimos tiempos se han alcanzado grandes logros en este ámbito aún persisten enormes olas de desigualdades y actos discriminatorios contra las mujeres. Esto lamentablemente se debe a que las estructuras de poder no se han modificado de manera que aún continúan las distinciones de género que están planteadas en la sociedad (estas se reflejan en las diferencias de los grupos sociales).
La incorporación de la demanda de equidad de género en las políticas es un requisito sustancial para el avance en la cimentación de sociedades con bases democráticas que posibilitan a sus cívicos ejercer sus derechos en su totalidad.
CEPAL ha sustentado que hay una relación indiscutible entre la igualdad y la justicia social, ya que la igualdad se apoya en la dignidad humana y esto estructura la existencia de la democracia junto con la justicia social (que está relacionado directamente con los derechos).
La justicia de género como fracción de la justicia de social es un término que se usa en base al vínculo con los proyectos de autonomía que fomentan la colaboración de las mujeres. Este concepto contiene el principio de igualdad, que dice que todas las personas deben ser tratadas igual independientemente de su género y de ese modo la justicia social va ligada a la justicia de género.
La justicia de género se puede definir como el éxito de la igualdad entre hombres y mujeres junto con los procedimientos para remendar las desventajas que llevan las mujeres. El descubrimiento de las injusticias en la sociedad hace que con premura se necesiten instituciones para impulsar la justicia mediante la mejora del bienestar de las personas de la actualidad y el futuro.
Para detectar las distintas partes de la injustica se debe tomar en cuenta la estructura económica como los valores en las instituciones (estas se pueden corregir mediante la plantación de políticas redistributivas). De esa manera la justicia de género plantea la parte de la desigualdad económica como la parte cultural.
La búsqueda de la justicia de género tiene la obligación de defender una política social de la igualdad y una política cultural. Los desafíos que se deben enfrentar alrededor de la justicia, la igualdad y la ciudadanía son muchas y van de la mano con los problemas entre lo peculiar, lo internacional, lo personal, lo grupal, etc…
Una política imparcial para la igualdad de género debe lograr entrecruzar de manera positiva Objetivos redistributivos con el propósito de reconocimiento y propósito de representación en el espacio público.
B. Empoderamiento, autonomía de las mujeres e igualdad de género
La independencia de las mujeres establece una condición vital para el éxito de la igualdad de género, además de ser parte del desarrollo individual y político para los derechos humanos. Por otro lado, el empoderamiento es un término que se liga con la toma de conciencia sobre la obligación de cambiar los vínculos de poder entre los hombres y mujeres tanto en el entorno público como privado. Este concepto se originó con el propósito de fomentar la colaboración política de las mujeres en el desarrollo. La ONU planteó el concepto como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, exactamente en el que dice “promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, confirmando de esta manera el aumento del uso y de su entendimiento en el esfuerzo de alcanzar ese Objetivo.
Por otro lado, la autonomía se define como el nivel de libertad que tiene una mujer para actuar conforme a lo que ella quiere. La autonomía es para las mujeres contar con lo que necesita para tomar las decisiones que deseen. Para lograr esto se necesita liberar a las mujeres de que tiene la responsabilidad de reproducirse y de cuidar, o sea, lo que se considera “tradicional”.
El empoderamiento y la autonomía es una parte vital para la igualdad de las mujeres, o sea, es una condición para la igualdad. Entonces, estas políticas se plantean con el fin de manifestar la igualdad de género, también en su análisis estas crean resultados que fortalecen los logros de las mujeres en los tres aspectos que se han mencionado.
Por otro lado, se debe especificar que no existe el deseo de plantear una clasificación de políticas mejores o peores. Se busca enseñar iniciativas que se orienten en el avance de las desigualdades de género y el éxito de la igualdad.
Capítulo II: Políticas públicas para la igualdad de género: siete políticas que son un aporte para el logro de autonomía de las mujeres
A. Políticas públicas y autonomía física
Brasil: Ley 11340 María da Penha reconoce el derecho de las mujeres de vivir una vida sin violencia y dice que es un atentado contra el bienestar de las mujeres. Esta ley dice que el estado y la sociedad tiene la obligación de proteger a las mujeres de la violencia (ya sea de pareja o familiar), sin importar su edad, grupo social, etnia, religión o preferencia sexual y se le aplica que hacer esto es una violación a los derechos humanos y que no es un crimen que se debe tomar a la ligera.
Esta ley fue creada por los casos de violencia contra la mujer brasileña que fueron maltratadas o asesinadas.
Uruguay: En el año 1995, la violencia doméstica se añadió al Código Penal como un delito y aunque esto fue un gran paso no detuvo la violencia.
Colombia: La política de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), mediante la no penalización para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo pasan muchas injusticias sobre el derecho de la salud, a la equidad de género y a la justicia social. Esta política ayuda a la mujer a ser autónoma y a mantenerse informada sobre su cuerpo.
B. Políticas públicas y autonomía en la toma de decisiones
Estado Plurinacional de Bolivia: paridad y alternancia de género en los órganos de elección del Estado y en las instancias intermedias.
El propósito de la política es asegurar la colaboración de las mujeres en los órganos gubernamentales, en los partidos y en General, la política.
Asegurar la colaboración de las mujeres significaba concluir con las deudas que la democracia sostenía con ellas y quitar estorbos históricos que evitaban su aparición en la política. Se tenía que eliminar la creencia de que ellas fueran una pequeña parte de la política ya que eran la mitad de la población. Era ilógico establecer un Estado sin la participación femenina, por eso se utilizó la coyuntura refundacional.
Definición del problema: el problema es la baja representación de las mujeres en la política, en puestos directivos y grupos sociales, también en puesto de elección y designación del Estado. Todo esto es la consecuencia de que las mujeres consiguen o tienen menos recursos que los hombres, como, por ejemplo: ingresos propios, capital social, disponibilidad de tiempo, entre otros. También se ven discriminadas a la hora de entrar en elecciones.
Costa Rica: la política de paridad y alternancia en la Ley Electoral.
La política de elecciones de Costa Rica se centra en eliminar la desigualdad y discriminación de la sociedad que amenaza al derecho de la participación total e igualitaria de las mujeres a la hora de tomar decisiones en diferentes aspectos y en el acceso a puestos por elección mayoritaria.
En sí, el Objetivo de la política es garantizar la igualdad de hombres y mujeres a la hora de las elecciones. También, es dar la misma oportunidad a las mujeres para tener puestos en cargos públicos. Esta política desafía la desigualdad de género en la participación política y aumenta la representación de la mujer.
Evaluación, control y vigilancia:
- Monitoreo: No hay un sistema de seguimiento o verificación de que se está cumpliendo todo esto. Se puede verificar el impacto que ha causado esta política conociendo el porcentaje de hombre y mujeres en las elecciones.
- Producción de información y difusión: Toda la información de esta política está a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones.
- Resultados y avances en justicia para las mujeres: En el año 2010, Costa Rica fue el país que tuvo el mayor porcentaje de diputadas de los comicios legislativos hechos internacionalmente.
C. Políticas públicas y autonomía económica
Chile: Ley 20255 (2008), que establece la Reforma Previsional:
La Reforma Previsional en Chile enfrenta injusticias de redistribución, o sea que hay una menor acumulación de fondos previsionales para las mujeres que laboran sin salario y sin la protección en la etapa de la vejez para ellas que trabajan en el oficio doméstico sin salario.
Esta política se centra en terminar la injusticia redistributiva al disminuir la brecha de pensión entre mujeres y hombres y al mismo tiempo endurecer la autonomía en la economía de las mujeres. Esta política también implementa el bono por hijo y la división de los saldos reunidos en cuentas individuales para las compensaciones en materia previsional en situaciones de separación matrimonial junto con hacer mejor la pensión de la mujer. Esto sirve como reconocimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de las responsabilidades de crianza.
El beneficio de esto es el bono por hijo nacido o adoptado, que dice que a las mujeres debe dárseles un aporte en su ahorro previsional que es igual a 18 cotizaciones por el salario mínimo por cada hijo, que se hace válido a la hora de la jubilación.
México: el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG)
La GEMIG toma en cuenta todas las injusticias en el ámbito político en la medida en el que se ve el gasto puesto para resolver desigualdades en las distintas áreas administrativas y en los programas de presupuesto que las instituciones usan para las mujeres y la igualdad de género.
El Objetivo en sí es poder lograr el bienestar e igualdad entre mujeres y hombres. O sea, hacer efectiva la política de igualdad de género con la asignación y aseveración de recursos públicos.
Definición del problema: El problema es que no existen presupuestos público neutrales en materia de género y esto puede poner peor las desigualdades de género. Se necesitan presupuesto con perspectiva de género.
Objetivo de la política: Esta política busca cumplir la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres mediante la incorporación de la igualdad entre hombres y mujeres en lo que tenga que ver con el diseño, elaboración, aplicación y la evaluación de los programas de administración federal.
Se busca garantizar que los gastos públicos se lleven recursos para resolver las necesidades de las mujeres que son consecuencia de la desigualdad género.
Las normas están respaldadas por un marco jurídico:
- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-
- La Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria.
- El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Conclusiones y desafíos
Estas políticas son efectivas para la igualdad de género.
La confirmación de la agenda: Los problemas que estas políticas planean enfrentar tienen una existencia importante en la agenda política, por lo que el debate sobre la formulación política viene desde el movimiento feminista.
El feminismo ha sido una parte esencial para todas estas políticas de género. Estas políticas que van en contra de la violencia contra la mujer surgen como cosas que les ha exigido la gente al gobierno, frente a la desigualdad.
Marco político y social: Para lograr esto se necesita la participación de los actores estatales y la sociedad.
En Bolivia la participación de activistas feministas, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civl y organizaciones indígenas, el movimiento LGBTQ+ fue necesario para esto.
En Brasil el movimiento de derechos de las mujeres llevó a que el Congreso hiciera una ley para la violencia familiar.
En Uruguay, se aprobó el marco legal y la creación de institucionalidad que crearon administraciones políticas enfocadas en la perspectiva de género en la política.
Y así se vio en otros países, esto prueba que el movimiento feminista impulsó mucho de estas políticas.
La importancia del contexto político coyuntural:
- En Brasil, la transformación que llevó a la Ley 11340 surgieron de reformas de la democracia.
- En Chile, la reforma previsional fue el programa del primer gobierno de Michelle Bachelet, primera mujer presidenta.
- En Uruguay, luego del marco de cambios políticos, el movimiento feminista se vio más representado en la administración.
Organización del trabajo y cultura organizacional: El factor humano:
Para poder implementar políticas que sí hagan efecto para igualdad de género se debe tomar en cuenta aspectos como darles importancia a los factores organizacionales del trabajo y su cultura organizacional.
Algunos países que han dado un cambio por tener en cuenta estos factores son:
- Bolivia: Abrió la puerta para las mujeres para tomar cargos en órganos gubernamentales.
- Brasil: Aumentó la protección y servicios para las mujeres que han sufrido de violencia.
- Costa Rica: Publicó una ley que dice que las mujeres deben ser al menos el 40 por ciento de los cargos dentro de un partido político.
La garantía de recursos financieros y administrativos:
La existencia y aplicación de las políticas no aseguran al 100% que viene con los recursos financieros y administrativos que van a necesitar para sostenerse luego de actuar en la sociedad. Por eso el desarrollo de estrategias técnicas sobre la justicia de género es tan importante, pero al mismo tiempo un reto.
Por ejemplo, en Bolivia no hay recursos administrativos adicionales para la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley de Régimen Electoral necesita más de la materialización ciudadana.
Y así pasan situaciones con otros países.
Evaluación, control y vigilancia: Luego de aplicar dichas políticas deben pasar por un periodo de evaluación extensa, lo que usualmente no pasa y a veces simplemente son olividadas. Se deben vigilar constantemente para que estas realicen su Objetivo y queden en el tiempo permanentemente para luchar con la desigualdad entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, en Bolivia hay un programa que se llama Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, que plantea un sistema de vigilancia ciudadana para su cuplimiento.
Y así pasa en otros países…
La información y difusión de la implementación:
La justicia de la implementación de estas políticas es asegurada solamente por la transparencia de los procesos y sus frutos, informando todos los datos no solo a los funcionarios, sino también a los ciudadanos que se beneficia. Estas políticas necesitan un mecanismo regulador que garantice el acceso a esa información y que permita ver si se cumple o no.
Por ejemplo, Brasil usa el método de una campaña que se enfoca en la divulgación en detalles de la Ley Maria da Penha.
Referencia:
María Cristina Benavente, A. V. (octubre de 2014). Políticas públicas para la igualdad de género – Un aporte a la autonomía de las mujeres. Obtenido de Repositiorio.cepla.org: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/1/S1420372_es.pdf
