Inequidad En El Sistema De La Salud en Chile
La salud desde una mirada política-legal es vista como un derecho exigible por los ciudadanos de un país, suponiendo un derecho a la integridad física. Por lo tanto, el estado se ve obligado en proteger la integridad cuando está en peligro. Este derecho corresponde al deber y la obligación de mantenerla, reconocidos por todos los códigos penales, siendo un delito cualquier acto que atente contra ella. El atentar contra la salud, propia o ajena, es penado por el Estado. Esta concepción de la salud, se extiende por todas las latitudes y los sistemas políticos y, aunque las variedades de su reconocimiento como derecho sean diferentes entre diversos sistemas, existe un consenso común universal en la concepción político-legal de la salud que se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, ¿La salud es un derecho o un privilegio? ¿Hay realmente equidad en la salud para todos? En el presente ensayo se evidenciara la inequidad que hay en la salud. Se hablara de las diferencias socioeconómicas que existen dentro de los sistemas de salud, de los altos precios en productos farmacéuticos, la dispar distribución del financiamiento entre los sectores públicos y privados, la inequidad de género en planes de salud tales como la Isapre y por último el racismo difundido en entidades de la salud.
La equidad en salud significa, idealmente, que todos deben tener la oportunidad justa de alcanzar todo su potencial de salud y, más pragmáticamente, que nadie debe estar en desventaja a la hora de alcanzarlo, si ello se puede evitar.
En Latinoamérica se están derribando los sistemas públicos de salud y fomentando la privatización de los servicios (siguiendo las políticas y presiones de organismos financieros internacionales, en especial del Banco Mundial). Estas reformas (que siguen principios de pensamiento neoliberal) han traído resultados muy negativos, con varios países mostrando retrocesos significativos en indicadores de salud pública. Al privatizar los servicios, se les da prioridad a aquellas personas que tienen mejor situación económica, que a la vez tienen mejores condiciones de vida, por lo que sus posibilidades de enfermarse son menores, ya que los procesos salud-enfermedad no dependen exclusivamente de la gente, sino de las interacciones entre la persona y su entorno. Éste favorece la aparición de enfermedades y dificulta o facilita que la persona enferma reciba tratamientos adecuados, controle su enfermedad y se recupere. De esta manera, personas con menos recursos y peores condiciones de vida tienen más posibilidades de enfermarse y, en contraste, los sistemas de salud y las políticas públicas sociales influyen sustancialmente en este vínculo entre desigualdades sociales y salud. Hay que sumarle a esto que un paciente que no tiene capacidad de pago no podrá recibir tratamiento que no puede pagar, a pesar de que estos tratamientos sean los indicados en el protocolo clínico. Así la condición socioeconómica determina si recibirá o no tratamiento o bien si será un mejor o peor tratamiento.
El acceso a los productos farmacéuticos también es reducido, debido a los altos precios que presentan. La industria farmacéutica le ha vendido al público la idea de que la innovación es estimulada por la competencia y que los precios altos garantizados por las patentes son esenciales para su financiamiento. Sin embargo, una mirada más de cerca a la estructura financiera del sector farmacéutico muestra que el mayor gasto se concentra en el mercadeo y no en la investigación. Los proyectos de investigación, en realidad solo realizan pequeñas mejoras en los ensayos clínicos. Pero para lograr una relevancia estadística, estos ensayos deben llevarse a cabo en poblaciones homogéneas con criterios de inclusión estrechos, una tarea muy costosa. Este costo se traduce luego en precios más altos. La penetración del mercado con pequeñas mejoras médicas también requiere una gran inversión de mercadeo, otro costo que se recupera con precios más altos. El resultado es que obtenemos medicamentos cada vez más costosos con menos innovación y por ende menos impacto sobre la salud. En términos epidemiológicos, el acceso limitado a estos productos costosos también contribuye a un impacto mínimo a nivel poblacional.
Todo esto con lleva a aun más inequidad en la salud por temas socioeconómicos. Si una persona tiene cáncer, los medicamentos tienen precios desorbitantes para una persona que tiene un sueldo mínimo, jamás podría costear ni el tratamiento ni los medicamentos, siendo de esta manera injusto, ya que una persona que tiene los medios para costearlo podrá vivir, en cambio aquel que no tiene los medios tendrá que esperar su muerte de la manera más dolorosa.
La distribución del financiamiento entre el sector público y el privado es inequitativa en Chile. El 38% de los recursos totales que el país ocupa en salud, se gastan en el 21% de la población que tiene Isapre y el 62% de los recursos se destina a la mayor parte de la población que es el restante 79% (Fonasa). Dado que las cotizaciones están asociadas a los ingresos y a la segmentación de la población entre sistemas público y privado, el 59% de las contribuciones van al sector privado y sólo el 41% al sector público, que compensa, en parte, con el aporte fiscal. Para el financiamiento de la salud en Chile, son los gastos de bolsillo que representan el 33% del financiamiento global de la salud. Siendo un 22% en Fonasa y 33% en las Isapre. Por otra parte, aquellas personas que no tienen cobertura deben cancelar prácticamente la totalidad de los costos. El gasto en fármacos es el ítem más importante, y representa el 44% del total del financiamiento del gasto de bolsillo y el 12% del total del financiamiento de Isapre y Fonasa. Al excluir los gastos no asociados a la producción de prestaciones médicas, los indicadores de gasto de bolsillo aumentan (hasta un 43% en Isapre), a la vez que la responsabilidad financiera de los seguros sobre la atención de salud, disminuye, en particular en el sector privado.
La equidad de género en el ámbito de la salud será equitativa si tanto hombres como mujeres tienen acceso igualitario a los recursos públicos y privados de salud, de acuerdo a sus necesidades y no según su género o posición socioeconómica. No obstante, esto no es así en el sistema de salud chileno, los planes en Isapre son mucho más elevados en mujeres que en hombres. La mayor diferencia del costo de los planes de salud por sexo se produce en el rango de edad entre 18 y 44 años, en el que las mujeres pagan más del doble que los hombres, debido a la edad reproductiva, asociándole el costo de la maternidad exclusivamente a la mujer. Sin embargo si se excluyen los costos de maternidad, en promedio, les cargan 107% adicional respecto al precio cobrado a los hombres por el mismo plan de salud. Estas diferencias de precios por sexo serían atribuidas por las Isapre a que las mujeres hacen un uso más frecuente de las prestaciones de salud y licencias médicas. Esto significa que cuando una mujer contrata un plan de salud, la Isapre presume que, sin contar las prestaciones de maternidad, esa mujer utilizará las prestaciones de salud de su plan, en promedio, más del doble de lo que lo haría un hombre. Además hay que agregar que existe otra serie de factores de tipo cultural que discriminan a la mujer con relación al hombre (discriminación por género), lo que se traduce en menores ingresos de sueldo, y por lo tanto, una menor capacidad de pago, que la ponen en una posición de desventaja respecto del hombre en el acceso a los seguros privados
Con respecto al racismo en entidades de la salud, hay estudios recientes en Estados Unidos demostrando que, a pesar de los protocolos, diferencias raciales se traducen en un tipo de discriminación por medio de la cual profesionales de salud ofrecen tratamientos inadecuados o menos alternativas terapéuticas a personas que pertenecen a minorías raciales, aun después de controlar por situación socioeconómica, diagnóstico y tipo de seguro de salud. Es decir, dos pacientes, uno de raza negra y otro de raza blanca, con el mismo cuadro clínico, género, edad y con la misma capacidad de pago, reciben en Estados Unidos tratamientos diferentes, uno considerado inadecuado y otro adecuado. Esto se explica analizando la cultura de la salud en Occidente y las relaciones entre desigualdades sociales, razas y privilegios, las cuales han producido una mirada sesgada en los profesionales de la salud que los lleva a ofrecer tratamientos inadecuados a personas de minorías raciales.
Finalmente, la desigualdad socioeconómica te imposibilita la decisión de obtener un mejor servicio en sistemas de la salud, te impide el acceso a medicamentos con precios desorbitantes, te obliga a pagar un plan de salud elevado como la Isapre o bien uno bajo como Fonasa pero que no tiene la mejor atención en salud y con menos cobertura. Además las desigualdades de género, donde por solo ser mujer te cobran mucho más en comparación con los hombres. El racismo, que está ampliamente difundido en muchos países, se ve involucrado fuertemente en las atenciones de salud.
La salud no es un derecho y tampoco es equitativa para todos. Se necesitan políticas públicas que puedan solucionar estos problemas, las desigualdades se producen debido a los esquemas de funcionamiento diferenciados del sector privado y público, los procesos de selección y segmentación por riesgo e ingresos de la población. Para disminuirlas, se requiere incentivar la existencia de mecanismos que promuevan la solidaridad entre los sistemas y la protección financiera en los mismos, aspectos centrales para la redistribución y efectiva equidad en el financiamiento para acceder a la atención de salud.
