La Influencia Del Acuerdo De Paz En Colombia

En el transcurso del siguiente estado del arte encontraremos varios puntos de vista, con diferencias y similitudes, de los diferentes autores que desarrollan su conocimiento sobre los puntos a tratar durante la investigación, lo que da lugar a plantear un debate el cual sintetiza la relación entre el aumento de cultivos ilícitos y el conflicto armado, entre estos autores encontramos a: (Ortiz, 2003, págs. 143-166) en su artículo, Cultivos ilícitos y nueva ruralidad en Colombia, explica y sintetiza como intervienen los cultivos ilícitos en el desarrollo de las actividades de siembra de tierras; también encontramos en la investigación: drogas, conflicto armado y seguridad global en Colombia, un sustento del incremento de la demanda de heroína y cocaína producida en Colombia como una fuente de desarrollo en el mercado ilegal, capacidad de grupos terroristas para importar y exportar la cocaína, además, países y el desarrollo de las fases significativas en la economía ilegal de las drogas. (Meza, 2003).

Asimismo, el artículo: conflicto armado interno, los cultivos ilícitos y la gobernabilidad local, analiza y categoriza los factores que intervienen en el incremento de los cultivos ilícitos y del conflicto armado así como también, establece una sectorización de las zonas afectada dando relevancia al departamento de Pacífico sur. (Borrero, 2004).

Ahora bien, comparando las tesis de los dos artículos, es preciso establecer una relación, teniendo en cuenta que en estos se explica, cómo ha influenciado el aumento de los cultivos ilícitos y la relación que existe entre estos y el conflicto armado. No obstante, cada autor sintetiza esta idea desde diferentes puntos de vista.

Seguidamente, en el desarrollo de la temática se evidencia que, las reformas económicas han generado importantes efectos sobre la institucionalidad rural, que se traducen en cientos de familias enfrentadas a un sector agropecuario en crisis, a la marginalidad y la violencia, pero que continúan produciendo y adaptándose, con enormes dificultades y un alto costo social y económico, al proceso de globalización y apertura económica. Los cultivos ilícitos han encontrado aquí un contexto propicio para subdesarrollo. Y bien, estos aspectos se complejizan en las regiones en donde los campesinos e indígenas han tomado la decisión de articular dentro de sus sistemas de producción los cultivos ilícitos de coca o amapola, lo cual ha generado cambios importantes en sus particularidades sociales y económicas. Cobos, E. (como se citó en Ortiz, C. (2003)).

En oposición el artículo de (Meza, 2003) establece, el incremento de la demanda de heroína y cocaína producida en Colombia como una fuente de desarrollo en el mercado ilegal, así como, la capacidad de grupos terroristas para importar y exportar la cocaína a otros países y el desarrollo de las fases significativas en la economía ilegal de las drogas.

(Borrero, 2004) además hace énfasis en la tipicidad de los diferentes actores que influyen y de la misma manera afectan a la región, el desarrollo de la temática se da bajo los parámetros de una geo estrategia de la guerra en Colombia, la cual divide en corredores estratégicos el país, haciendo énfasis en la búsqueda de rentabilidad en estos sectores por parte de los actores armados del mismo, sin embargo, cabe recalcar que la periodicidad del artículo le permite al lector establecer una categorización y un posicionamiento histórico frente a esta problemática.

Meza (2003) sustenta en el aumento de la economía ilegal de las drogas, dos fases que generaron este incremento en Colombia, estas fases determinan que: Un primer momento relacionado con su situación como país procesador y exportador de drogas, que en lo que atañe a la cocaína abarca desde finales de los años 70 hasta el presente, bajo ese contexto y hasta 1993, Perú y Bolivia se constituyeron en la base productiva inicial de la cadena de drogas. En ese periodo algunas zonas colombianas desarrollaron modelos productivos de cultivos ilícitos de coca, según el autor esta fue una de las fases fundamentales, para que se haya creado un método económico el cual beneficiaria día a día, cada uno de los grupos delictivos que sustentan su economía en esta acción criminal, sin embargo, también hay un segundo momento, iniciado de 1993-1994 que evidencia auge en la producción cocalera del país.

Complementando lo que plantea (Meza,2003), (Borrero, 2004) establece que la relación existente entre el narcotráfico y el conflicto armado es circular y una es complementaria a la otra, de manera que los cultivos, su producción y el control de los mismos se deriva en múltiples actividades delictivas y factores como la forma de organización económica, la cual se puede ver mejor explicada en siete formas dependiendo de la presencia de grupos armados, factores que ayudan a posicionar un territorio como productor o no de drogas ilícitas, viendo la afección a la población civil se puede apreciar un enfoque hacia el ámbito social.

También, Ortiz (2003) establece que, con respecto a los objetivos específicos el incremento de cultivos ilícitos como, otra forma de subsistencia para personas de escasos recursos, idea que suscita del por qué las comunidades deciden escoger esta actividad para subsistir. Asimismo, Pinzón (2006) en su artículo “efectos de los cultivos ilícitos sobre el medio natural” establece que, las zonas afectadas por este tipo de cultivos se han visto sometidas a cambios en su estructura social, convirtiendo dicho negocio en una alternativa de subsistencia, donde, se han modificado infinidad de elementos propios de la comunidad en una región, marcando la presencia de grupos armados ilegales capaces de generar desestabilización y desplazando la presencia del Estado en estas regiones, lo que genera un fenómeno migratorio, que modifica en gran escala la densidad poblacional de las regiones afectadas. Además, con el efecto migratorio se genera directamente que, en cada una de las ciudades donde se desplaza la población, esta se vea tomada como mano de obra más económica.

Asimismo, se evidencia en el postulado: Colombia como país procesador y exportador de drogas, vivió una intensa guerra dirigida por el Estado contra las organizaciones del narcotráfico asentadas en las principales ciudades, lo cual genero altos niveles de violencia a raíz de extraditar a los jefes de las estructuras conocidas internacionalmente como carteles, el beneficio del desarrollo del incremento de cultivos ilícitos en Colombia, género que la población colombiana viera este cultivo como una herramienta en pro de la calidad de vida de cada uno de los colombianos, por esta razón en el paso de los años los colombianos que se han dedicado al cultivo de coca, lo defienden porque es un sustento económico en las familias. (Meza, 2003)

Mientras que, (Borrero, 2004) dedica un punto específico a la explicación del tema de los cultivos ilícitos y como estos se desarrollan de una manera más sencilla en lo concerniente a minifundios, sin embargo, plantea que en cargo de los voceros de las comunidades se da una aceptación a los programas de sustitución de cultivos, aun si la alternativa no es tan rentable como el cultivo ilícito, incluso cuando en este tipo de comunidades se entiende que este tipo de cultivos son, una de las maneras de solvencia económica más sencilla, se reconocen como generadores de ilegalidad, violencia, corrupción y daños al medio ambiente.

Por otro lado, una vez revisado (Ramírez, 2008) establece que, por su marginamiento y por la ausencia del Estado en las fronteras, en particular en las amazónicas, se fue creando el escenario favorable para la implantación del conflicto armado contemporáneo con guerrillas, paramilitares y coca, estableciendo que la economía de la droga y de la guerra aprovecha la interacción espontánea de economías y regulaciones diferentes, de ahí que, lo que está prohibido acá es permitido allá. Ahora bien, reconociendo que, las redes ilegales son transfronterizas y desterritorializadas, y se protegen apelando a la frontera e imponiendo sus regulaciones, a través de la corrupción, la extorsión, el secuestro y el asesinato. Y se evidencia como, el vacío que deja la ausencia de actuación conjunta de los Estados lo llena la economía de la droga y de la guerra.

Acreditando lo anterior, Gelvez (2018), afirma, “Las zonas que desarrollan una dependencia con los cultivos ilícitos suelen ser caracterizadas por bajos niveles de presencia efectiva del Estado, con una limitada provisión de bienes y servicios, bajos niveles de inserción a la economía legal, alta vulnerabilidad social y falta de control por parte del gobierno. Muestra de ellos son los casos de Afganistán, México y Colombia, donde el problema de los cultivos no solo es un asunto que afecta la seguridad, sino que está íntimamente ligado al desarrollo.”

En la hipótesis establecida por Ortiz, una vez comprendida su naturaleza, lo que se busca con este trabajo es reconocer los factores que afectan en el crecimiento o disminución de estos cultivos en la zona de Pacifico sur de Colombia, esto, enmarcado en el periodo de presidencia de Juan Manuel Santos, del mismo modo se estudiara la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, para así, verificar si existe una relación directa o indirectamente proporcional entre estos sucesos.

Con sus objetivos, el primero acerca de la transformación social y el segundo sobre la nueva ruralidad, se muestra como otros sectores y/o factores son influyentes en los cambios sociales y especialmente en el ámbito agrario. Así, de la visión de los años veinte, centrada en el análisis de la relación latifundio-minifundio, se pasa en los sesenta a tratar la preocupación por los intercambios comerciales con el exterior, el desempleo y la descomposición campesina, concibiéndose entonces el problema agrario. Bejarano, (1978) (como se citó en Ortiz (2003)).

Ahora bien, es preciso identificar el proceso de erradicación en Colombia, que no es un objetivo planteado, pero si tiene que estar relacionado con el desarrollo del articulo porque esta intrínsecamente relacionado con el planteamiento del problema que es alguna manera acabar o frenar los cultivos ilícitos en Colombia. (Ortiz, 2003) estipula que, si se realizan las otras formas de erradicación alude principalmente a la técnica manual concertada con las comunidades, y también cabe allí la erradicación forzosa. Además, el autor demuestra que existen diferentes variables que no están estipuladas en los objetivos pero que son fundamentales para acabar con esta problemática, por lo tanto son variables dependientes que son de carácter estratégico para el desarrollo de la investigación, entre estas variables encontramos que fumigar mediante aspersión aérea en Colombia es una herramienta totalmente efectiva en cuanto al fin los cultivos ilícitos pero, es también, totalmente debatible el uso por las afectaciones que tiene frente al medio ambiente y también el uso de estrategias que no realicen daño al medio ambiente, pero que no tengan una efectividad del 100% como lo es la aspersión, entre estas técnicas, se encuentran programas de recuperación de zonas, en las cuales se eduque a todo el personal que utiliza estos cultivos como desarrollo económico.

En adición, se debe reconocer que (Borrero, 2004) hace énfasis en uno de los puntos que va totalmente a fin con el tema que investigar es la política de erradicación de los cultivos ilícitos dentro de la cual encuentra la fumigación con glifosato, destrucción manual, entre otras, si bien la aspersión detuvo por un momento el aumento de estos cultivos, e incluso, hizo que los índices se redujeran sustancialmente, el problema de los cultivos ilícitos se mantiene y debido a los ya conocidos factores, tiene un papel preponderante en la temática como tal.

Otro aspecto es la posición geográfica, teniendo en cuenta que nuestro trabajo de grado está enfocado y limitado en el pacifico sur, y este documento, aunque presenta características y factores de similitud, fue enmarcado en el contexto de la región natural de la amazonia, más exactamente en los municipios de Cartagena del Chaira, Puerto Asís y San José del Guaviare.

Ahora bien, cabe reconocer la presencia de las instituciones no estatales, como parte de los actores que influyen y convergen en el sistema internacional, de manera que, como establece Ramírez, los lentos avances de la concertación, cooperación e integración amazónica o andina limitan las capacidades de los Estados para hacerle frente a la problemática fronteriza. Así, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se ha reducido a un instrumento bilateral de Brasil con cada país amazónico, o por otro lado, la Comunidad Andina (CAN) viene siendo desmontada y sus regulaciones paralizadas por diferencias de modelos económicos y de opciones políticas, así como por las tensiones entre los gobiernos centrales.

Vargas (2008) plantea además que, la política moderna (2009-2013), no busca sustituir coca ni generar desarrollo para las zonas que dependen de la economía cocalera, sino que ha producido una articulación del desarrollo con la seguridad, y la seguridad es la que determina dónde se focalizan estos programas, programas de Estado los cuales exigen la no presencia de cultivos de coca como condición previa a la intervención, y teniendo en cuenta que, los focos serán en regiones específicas, el enfoque, se evidencia como estrategia de consolidación social de territorios del gobierno colombiano.

Es importante destacar como particularidad la aplicación de políticas encaminadas a la superación de economías ilegales, mediante el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en zonas de difícil acceso, una mejora en la administración de recursos de modo que se insista en sistemas de información eficientes para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios, haciendo esto por medio del estado, a través del fomento a las actividades productivas, reducción de costos para la agricultura, y apoyo nacional e internacional para el establecimiento de alternativas a los narco cultivos. (Borrero, 2004)

Además, en el desarrollo de su artículo (Vargas, 2008) establece como la política de seguridad, la que dirige la regionalización, cuenta con cuatro (4) zonas, así:

Zonas en proceso de recuperación institucional: son zonas donde se realizó el Plan Patriota y el Plan Colombia con repliegue de las guerrillas. Están ubicadas en el Caquetá en la parte del medio y bajo Caguán, en el Guaviare en la zona de influencia de la cabecera de San José, en El Retorno y Calamar, en el Meta en la Sierra de la Macarena, en el norte del Cauca y en los Montes de María. Ahí es donde opera el actual enfoque para consolidar los territorios en los cuales se generó la ofensiva de la seguridad democrática. 2. Zonas de desmovilización paramilitar: en el bajo y medio Atrato, en el sur de Córdoba, Catatumbo, Sierra Nevada, en el eje Curillo-Florencia del Caquetá, en Putumayo en algunas zonas de influencia de cabeceras y en Tumaco. Ahí también opera la actual focalización a la cual se suma el programa de Reinserción, principalmente paramilitar, y el programa de familias guardabosques. 3. Zonas de frontera: ubicadas en el Putumayo, específicamente en las partes rurales de San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís, y en Arauca. Las acciones en esas zonas se basan en la ofensiva militar, en la erradicación manual forzosa y en las aspersiones aéreas. 4. Zonas de retaguardia de los grupos armados: en el Caquetá, en el eje del plan Florencia-San Vicente del Caguán, en la región del Yarí, en las zonas rurales del Guaviare, en el sur del Tolima y el cañón de Las Hermosas.

Por otra parte, (Borrero, 2004) establece que hay unas “disputas regionales, áreas de obtención de recursos y corredores estratégicos las disputas entre actores armados ilegales del conflicto, guerrillas y autodefensas por recursos, y las que sostienen contra el Estado por corredores estratégicos y contra la política oficial de erradicación de cultivos ilícitos, dan origen a un cuadro complejo de la geo estrategia de la guerra colombiana. Demarcando el territorio así: 1.La región de Urabá: los frentes del Bajo Atrato y de las estribaciones del Nudo de Paramillo. 2. El zócalo del Pacífico y la cordillera occidental. 3. El Putumayo. Las fronteras con Ecuador y Perú. 4. El corredor cordillera oriental – Guaviare – Fronteras con Venezuela y Brasil. 5. Arauca y Casanare. 6. El Catatumbo. 7. El río Magdalena y la región del Magdalena Medio.

En conclusión, pese a las distintas perspectivas y posiciones de los autores, se evidencia similitud en el planteamiento que, los cultivos ilícitos son una forma de lucro, que repercute y/o afecta a diversos ámbitos de los Estados involucrados, y estos son a su vez, una manera de poner valor de manera eficiente a los recursos naturales, así como al trabajo y al capital empleados. Y es pertinente reconocer que, ante la ausencia del Estado en diferentes regiones del país, se da presencia de diferentes actores y fenómenos ilegales, que generan cambios en la población, tales como su actividad económica y/o forma de sustentar su vida, como se evidencio en los párrafos anteriores, dando lugar a diferentes efectos sobre la población civil de estas zonas, tales como migraciones, vacunas, forzamiento.

A manera de conclusión se puede evidenciar que la literatura existente en relación a los cultivos ilícitos abunda en explicar el fenómeno en la región del pacifico sur Colombiano. Por tanto, se evidencia oportunidad para realizar una investigación sobre la región en mención. Ahora bien, en el desarrollo del trabajo, es preciso reconocer que, pese a que la bibliografía consultada y los argumentos tomados de otros textos no son de actualidad, reflejan y/o explican la situación vigente.