La Infraestructura Y Problemas Urbanos en America Latina
Introducción
La urbanización en América Latina ha producido un gigantesco conjunto de problemas urbanos que van desde vastas áreas ocupadas de manera ilegal, con servicios urbanos mínimos, hasta el total desacato de las normas de construcción y uso del suelo en los vecindarios adinerados. Este estado de cosas no puede ser atribuido exclusivamente a los factores macroeconómicos más amplios, sino también a la manera como se financia la provisión de servicios e infraestructura.
Desarrollo
Los procedimientos que se aplican en la gestión de los usos del suelo, y la forma como se determinan los derechos de propiedad. La rápida urbanización ocurrida durante el pasado siglo condujo al surgimiento de un fuerte mercado de suelo y las ganancias resultantes reforzaron los intereses de la propiedad inmobiliaria. En situaciones donde los recursos humanos y fiscales son relativamente escasos.
La provisión de infraestructura y servicios urbanos en las áreas que pueden soportar altas densidades, genera incrementos significativos en el valor de la tierra. Estos vínculos entre servicios y precios permiten un gran espacio para la realización de prácticas como la especulación inmobiliaria, el clientelismo, y otros tipos de influencias entre los intereses públicos y privados (Jaramillo González).
Las apuestas son altas cuando se trata de aumentos en el valor de la tierra resultantes de intervenciones públicas. El llamado multiplicador urbano —la relación entre el precio por metro cuadrado de la tierra urbana con su valor anterior de uso rural— esta generalmente por encima de 4:1. La recuperación de plusvalías se refiere entonces al recobro, por el Estado, de los incrementos en el valor del suelo, generadas por acciones diferentes a la inversión directa del propietario.
El objetivo es basarse en los incrementos del valor del suelo generados por las intervenciones públicas, para permitirle a las administraciones locales mejorar el desempeño de la gestión territorial y producir los fondos para brindar servicios e infraestructura urbana. El fundamento es, que los beneficios que le otorgan las autoridades a los propietarios de suelo deberían ser compartidos más justamente con todos los usuarios del mismo.
Conclusión
El principio de que ningún ciudadano puede acumular riqueza que no resulte de su propio esfuerzo, conocido como “enriquecimiento sin justa causa”, es común en la mayor parte de las constituciones latinoamericanas. Se debe entonces propugnar la heterogeneidad de instrumentos de la política urbana, revisar la política de inversiones de infraestructura y los mecanismos de distribución y financiación que generalmente no son redistributivos; se les toma a los pobres para financiar los barrios más ricos.
