La Institucionalización Del Aborto Como Mecanismo De Opresión De Los Derechos De La Mujer
Consideramos que una de las problemáticas actuales más importantes que nos afectan directamente en nuestra condición de mujeres es el sometimiento de nuestro cuerpo y decisiones ante instituciones tales como la iglesia, el estado, la sociedad, y el patriarcado. A pesar de los avances que se han logrado con la lucha feminista, el hecho de existir en un país con tradiciones fuertemente religiosas y conservadoras ha generado que se visibilicen y se reproduzcan las diferencias de los cuerpos, lo que lleva a distintas valorizaciones de estos.
A partir de esto, consideramos que el aborto es la práctica actual que más permite ver estas diferenciaciones de los cuerpos, puesto que desde su debate se hace posible observar los distintos dispositivos que lo conforman. Entendiendo el término de dispositivos desde Foucault como la relación o red del saber/poder entre distintos componentes o elementos institucionales, la cual está ubicada temporo-espacialmente en un contexto determinado, por lo que permite modificar o mantener las relaciones de poder (García,2011).
Todo este proceso de las redes del saber/poder son instauradas en la sociedad por medio de la institucionalización y la habituación, que según Berger y Lukman (como se cita en Robertazzi,2008), se hallan en toda actividad humana, puesto que esta está sujeta a la habituación, la cual antecede a la institucionalización, como la tipificación recíproca de acciones habitualizadas por distintos tipos de actores, que someten al control social las acciones de un grupo específico de personas. Esta institucionalización requiere de la legitimación como un modo de poder explicarse y justificarse en el sentido común propio de la realidad social de las personas. Esto se puede observar en la definición de Judith Butler (2002) del sexo, pues este es usado como una práctica reguladora que se manifiesta en el poder productivo de los cuerpos que se controlan, por lo que ‘las normas reguladoras del ‘sexo’ obran de una manera performativa para constituir la materialidad de los cuerpos y, más específicamente, para materializar el sexo del cuerpo, para materializar la diferencia sexual’, lo que lleva a la diferencia de opiniones en el debate sobre el aborto.
En este sentido, se explica porque para Butler (2019) “El tema del aborto es clave porque plantea la pregunta de a quién pertenece el cuerpo, quién tiene poder sobre los cuerpos”. Puesto que esta materialización de la diferencia sexual permite entender como se ha institucionalizado el poder de unos pocos con intereses particulares sobre el cuerpo y las decisiones de la mujer, por medio del uso del lenguaje, y las leyes como métodos constructores de la sociedad y el statu quo.
A partir de esto, se puede observar cómo el Estado metió dentro de sus leyes una moralidad cristiana, por lo que cuando una mujer que decide ignorar la ley y decide con su propia autonomía termina siendo criminalizada. Lo que termina por forzar a la mujer a un acto reproductivo por medio del poder del estado y la iglesia (Butler, 2019). Este uso indiscriminado del poder termina por forzar en una mujer un embarazo no deseado, de donde nace un individuo en un ambiente sin amor o protección, que nunca podrá experimentar un vínculo madre-hijo propicio, lo que termina por generar daños irreversibles en la persona, los cuales esta terminará por reproducir en el resto de sus relaciones interpersonales, causando así la reproducción de este daño a nivel social y cultural.
Todo este daño podría evitarse si las instituciones no ejercieran una fuerza opresora sobre una decisión que debe ser propia de la mujer, y este interés sobre la vida de los niños, se posara sobre aquellos que se encuentran con vida y en mayores situaciones de peligro y negligencia. Pues en el momento en que la mujer se ve forzada a tomar una decisión entre un embarazo no deseado y la ilegalidad, esta decide en pro de lo que considera mejor para ella, lo cual puede desencadenar en una serie de eventos negativos para la vida de la mujer. Esto es observable según el Congreso Mundial del aborto del 2017, en donde se afirma que:
‘Las consecuencias de los abortos clandestinos, y a menudo inseguros, afectan predominantemente a las mujeres en países con leyes altamente restrictivas, que se concentran en las regiones en desarrollo (…). En países con leyes altamente restrictivas donde el acceso al misoprostol es deficiente, el aborto en condiciones inseguras sigue siendo la principal opción disponible para muchas mujeres, especialmente las mujeres pobres. Pero una vez que dichos países amplían las bases legales para el aborto e implementan el acceso a servicios de aborto seguro y legal, el recurso a los abortos clandestinos e inseguros generalmente disminuye. Sin embargo, en las sociedades donde persisten las leyes restrictivas y el estigma, las mujeres tienden a priorizar el secreto sobre la salud, con consecuencias que repercuten en los niveles individual, familiar y nacional. La prevalencia y la gravedad de estas consecuencias varían según los entornos, y también según los recursos económicos y las circunstancias sociales de las mujeres’ (Singh, Remez, Sedgh, Kwok & Onda, 2018).
A partir de lo cual se puede comprender como la institucionalización de los intereses de la iglesia y el gobierno en el cuerpo de la mujer, generan que en la sociedad muchas veces se priorice que la mujer nacida biológicamente como tal, llene el rol de madre, antes que permitir que esta se desarrolle en otros ámbitos como lo son el académico, el sexual, el político y el laboral, entre otros.
Esta instauración del status quo del deber ser y hacer de la mujer, que la visualiza únicamente como un medio de reproducción, que luego debe cuidar y dedicar su vida enteramente a sus hijos, ha generado con el tiempo una serie de reflexiones y rupturas sociales sobre el ‘deber ser’ del rol de la mujer en la sociedad, según lo que estas deseas, y lo que dictamina la iglesia. En base a lo anteriormente planteado, surgen movimientos de resistencia ante esta opresión. Se puede decir que desde el surgimiento de los movimientos feministas en Colombia surge la necesidad de hablar sobre el embarazo no deseado y el aborto, según el artículo informativo del periódico El Tiempo: Las decisiones históricas que han cambiado el aborto en Colombia, se puede evidenciar como se habla por primera vez de la penalización del aborto con el artículo 343 del decreto 100 de 1980, donde se explicó que si la mujer abortaba o permitía que otro(s) le practicaran un aborto, serian encarcelados de 1 a 3 años, pero luego se generó un acto pionero en América Latina, en el año 2006 se permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales ya conocidas: cuando es un riesgo para la salud (física o mental) de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto o cuando el feto viene con malformaciones que hacen incompatible su vida, aunque claramente a partir de este decreto surgen movilizaciones sociales en pro y en contra decisión y en una sentencia en 2008, la T-209, se dieron las directrices de la ‘objeción de conciencia’ y se exigió que los médicos deben redirigir a las pacientes a centros especializados donde se les debe practicar el procedimiento, desde este momento se han generado múltiples luchas para que el aborto cada vez sea más accesible, por ejemplo en el 2018 a raíz de la solicitud de la magistrada Pardo, la Corte Constitucional tuvo que tomar decisiones clave en un fallo que solicitaba no poner más trabas a las mujeres para que pudieran acceder a esta práctica: negó el límite de tiempo, recordó que los médicos deciden la posibilidad del aborto en las causales relacionadas con la salud y aseguró que las 46 barreras identificadas para el aborto constituyen un acto de violencia contra la mujer, y actualmente, en el año 2020 la corte constitucional se declaró impedida para penalizar el aborto en su totalidad o despenalizar el aborto más allá de las tres causales.
Para finalizar, y a partir de lo anteriormente planteado, podemos observar como la instauración de esta forma de diferenciación de los cuerpos genera que se decremente el valor de la vida de la mujer a los ojos de la sociedad, y que se prioricen los roles instaurados a la mujer antes que su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Razón por la cual consideramos que es necesario un cambio en las institucionalizaciones sociales, para dar prioridad a la elección de la mujer sobre su propio cuerpo mediante la instauración del aborto legal, seguro y gratuito, conjunto con la mejora del alcance y el contenido de la educación sexual, para prevenir este tipo de embarazos no deseados, que suelen ser más comunes en las mujeres de estratos bajos, al estar estas más expuestas al desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y de los métodos anticonceptivos que pueden utilizar para regular su sexualidad.
