Las Compras Publicas Sostenibles: Al Margen De La Adiccion

Para comenzar este paper, dejamos en claro de que el sistema de contratación pública en el Ecuador fue elaborado con el propósito de perfeccionar los procedimientos de ejecución de bienes, obras y servicios del sector público, para así mismo lograr una administración idónea de los fondos estatales y la disminución de los riesgos que se puedan presentar en aquellos procesos de compras públicas por parte de las entidades contratantes.

Asimismo, se deja claro de que un sistema de compras públicas es un conjunto de normas, principios, políticas, procedimientos y practicas respecto a las diferentes fases del procedimiento y programación de; una compra, procedimientos de selección de proveedores, adjudicación del contrato y la ejecución y gestión del contrato.

Por otra parte, las políticas de gastos pueden influir en el crecimiento de un Estado por varias alternativas, centrándonos en una forma específica, la fomentación de la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales[footnoteRef:2]. Por ende, se estableció en el Ecuador la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), siendo un sistema de contratación para las entidades estatales, así como para aquellas entidades privadas que cuenten con financiamiento público. Con este marco legal, se pretende la articulación y armonización en todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes, servicios y ejecución de obras que se realicen con fondos públicos.

Si bien el Ecuador cuenta con un marco institucional y normativo sobre el sistema de compra publica notablemente moderno, con fuerte tendencia hacia la utilización masiva de medios electrónicos como el portal de compras públicas que es clave al momento de realizar estos procesos de administración, sirven como soporte y/o medio para la realización de transacciones con el sector público.

Teniendo en consideración lo anteriormente dicho, resulta obvio que existan una propuesta para utilizar a las compras públicas con criterios de manera social y ambiental específicamente. Los responsables de contratación, en la actualidad, presentan dificultades para incorporar estos criterios sostenibles en las compras públicas, por lo que se pretende la elaboración de una herramienta para tener un mejor conocimiento de la Compra Publica Sostenible, o mejor conocido como CPS conforme al marco legislativo actual. Asimismo, es de vital importancia la aportación de argumentos técnicos, jurídicos y motivar a la inclusión de cláusulas sostenibles en la contratación, de modo que el sector público se convierta en un referente de Consumo Responsable.

La Compra Publica Sostenible (CPS) es una herramienta de gran valor que nos sirve para modificar los patrones de consumo, producción y promoción de mercados de productos sostenibles. Estas, además, pueden ser utilizadas como un vehículo para poder fortalecer el cumplimiento de cierta legislación existente en materia ambiental y social, y se busca que contribuyan al cumplimiento de políticas y prioridades nacionales en materia de eficiencia en el gasto y desarrollo sostenible cumpliendo con los objetivos del Plan de Desarrollo, Nacional, Constitución, objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.

Las Compras Públicas Sostenibles (CPS).

En general, las Compras Públicas Sostenibles (CPS) buscan asegurar que los productos y servicios adquiridos por los gobiernos sean lo más sostenibles posibles, tanto para generar el menor impacto ambiental, así como para también producir el mejor impacto social. Al rediseñar políticas y procedimientos, los gobiernos pueden crean beneficios multiplicadores a nivel interno y en toda la sociedad que incrementen eficiencias, generen ahorros de energía y financieros, mejoren el acceso a servicios públicos y creen mejores condiciones de trabajo. Las CPS sirven como un promotor clave de políticas que permiten a los gobiernos reformar los mercados a través de su poder de compra y la influencia de su regulación.

POLÍTICA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES.

Esta política se basa en el proyecto de “Estimulación de la oferta y la demanda de productos sostenibles a través de la contratación publica sostenible y eco-etiquetado SSPEL”. Esta política de compras publicas sostenibles en el Ecuador permitirá materializar los objetivos estratégicos nacionales, así como garantizar la calidad del gasto publico potencializando los pilares de orden social e inclusivo, el fomento a la producción nacional y las MiPymes, minimizando los danos ambientales y maximizando la rentabilidad social.

Esta, a su vez, se compromete a la integración de los criterios de sostenibilidad en las adquisiciones de bienes, obras y servicios realizados por las entidades públicas. A su vez, reconoce el rol del sector privado para desarrollar e innovar en sus procesos productivos y generar una cultura de producción responsable con el medio ambiente y el ámbito social.

Otro punto importante de esta política es la innovación en la contratación publica mediante programas orientados a promover la sociedad del conocimiento que tanto se ha nombrado desde el nacimiento del sumak kawsay, romper la dependencia tecnológica, promover el desarrollo económico, ambiental y social con la generación de empleo y el impulso a la producción nacional a través de las compras públicas.

Toca destacar de que la incorporación de criterios sostenibles en las compras públicas traerá innumerables beneficios para el Ecuador atados a un mejor desempeño ambiental tal como la reducción de emisiones de CO2, el ahorro de agua, luz y otros tipos de recursos, pero también incentivos para la innovación, el emprendimiento, la salud y seguridad, los derechos laborales y la inclusión social.

Respecto a la implementación de esta política, nos da dos momentos que son definidos como: corto y largo plazo.

• El de corto plazo se pretende difundir la incursión en CPS aplanchado en las fortalezas y potenciales actuales del sistema transaccional y su transición hacia la innovación y a la adopción de patrones de consumo y producción sostenibles en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• El de largo plazo pretende que la consolidación de la política de CPS en el Ecuador con el seguimiento de los objetivos del plan piloto que es el corto plazo, la innovación de la herramienta informática de catálogo electrónico con criterios de sostenibilidad (catalogo electrónico sostenible), la ampliación del repositorio de fichas técnicas de productos que incluya los atributos sostenibles, la metodología para análisis e incorporación de productos o servicios sostenibles, entre otras.

ÁMBITO INTERNACIONAL.

La palabra “sostenibilidad” y su naturaleza tuvieron surgimiento en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro en 1992, donde se reconoció que el consumo y la producción sostenible corresponden a un tema de discusión primordial. Después de haber transcurrido diez años de la Conferencia de Rio, los líderes mundiales firmaron el Plan de Implementación de Johannesburgo.

Además, como consecuencia de la cumbre mundial que se realizó para el desarrollo sustentable del año 2002, este dio como resultado el “Proceso de Marrakech”, donde busco incorporar criterios sostenibles en las contrataciones de los Estados que suscriban este proceso. Asimismo, el plan constaba en elaborar un marco de programas a 10 años para acelerar el cambio hacia el consumo y la producción sostenible para promover el desarrollo económico y social dentro de la capacidad de sustentación de los ecosistemas, mediante la propia desvinculación del crecimiento económico de la degradación medioambiental.

Por otro lado, en la Cumbre de la Tierra del 2012 denominado Rio +20, los jefes de Estados fortalecieron su compromiso para proponer patrones de consumo y producción sostenibles adoptando el Marco Decenal de Programas sobre consumo y producción sostenibles tal como se señala en varios Convenios.

En tal sentido, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) son propósito de desarrollo humano fijados por los 189 países miembros actuales de las Naciones Unidas. En esta declaratoria se tratan los problemas de la vida cotidiana que se consideran graves o radicales. Asimismo, los Estados Miembros realizaron una evaluación de los progresos realizados, extendiendo la lista de objetivos que ahora se llaman los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”

De igual modo, el Objetivo Sostenible No. 12 detalla lo siguiente: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. Este objetivo de consumo y la producción sostenible es hacer más y mejor las cosas con menores recursos utilizados, lo cual esto incrementa las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas que se basan mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Inclusive, el ODS en el No. 12 Inc. 7 establece que específicamente los Gobiernos deben proponer por asegurar prácticas de compras públicas que sean sostenibles y alienadas con las políticas y prioridades nacionales.

ÁMBITO NACIONAL.

Desde el año 2008, el país cuenta con un nuevo texto constitucional que incorpora innovaciones para la contratación pública y su gestión en las políticas públicas. Un cambio sustancial que acompaña este mandato es la LOSNCP, que dispone la centralización de las compras en un sistema nacional.

• Art. 288 CRE. – Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

El concepto de las CPS está explícitamente mencionado en la Constitución de la República del Ecuador. Si bien no existe aún una norma específica sobre CPS, el marco legal vigente permite la incorporación de criterios sostenibles. A la hora de iniciar acciones iniciativas de políticas de CPS, el Estado Ecuatoriano no tendría que verse obligado a iniciar un camino de reforma legal. Cabe señalar, que la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 posiciona a la planificación y a las políticas públicas como mecanismos para la consecución de los objetivos de lo que denomina el Buen Vivir (sumak kawsay) y la garantía de derechos. El Estado, a través del Gobierno Nacional, ha asumido como prioridad la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza como condiciones fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.

El Artículo 280 de la Constitución de la Republica del Ecuador determina que el “Plan Nacional para el Buen Vivir”, es el instrumento en el que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del Presupuesto del Estado, y la inversión y la asignación de los recursos públicos. El Plan apuntala a un proceso de transformación estructural del Ecuador en el largo plazo.

Dentro del objetivo 11 del Plan Nacional 2009 – 2013, el Gobierno Nacional se propuso como meta “(…) establecer un sistema económico social, solidario y sostenible”; y, como política 11.2, “(…) ampliar y flexibilizar las compras públicas, dando prioridad a proveedores asociativos rurales y urbanos, en particular a mujeres y personas de grupos de atención prioritaria…”. El aludido Plan Nacional del Buen Vivir ha incorporado las siguientes metas:

• Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos.
• Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que potencie sus capacidades y conocimientos.
• Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la reducción progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales
• Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y auto sustento, así como de las actividades de cuidado humano con enfoque de derechos y de género.
• Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral”.

Para el período 2013-2017, el Gobierno Nacional se ha planteado, consolidar este sistema, profundizando el reencuentro con la naturaleza (Objetivo 8 del Pan Nacional 2013-2017). Los instrumentos con los que cuenta el Estado para esta transformación son, principalmente, los recursos públicos y la regulación económica. El Estado debe orientar los recursos públicos y privados de forma sostenible para generar crecimiento económico y logros en empleo, reducción de pobreza, equidad e inclusión económica.

Las compras públicas y la forma en que se llevan a cabo pueden tener múltiples implicancias económicas, sociales y ambientales. Las adquisiciones gubernamentales pueden ser utilizadas como herramienta de política para promover diversos objetivos en materia económica (estimulando determinados tipos de empresas y sectores considerados estratégicos, así como el desarrollo de economías regionales y locales), ambiental (facilitando procesos productivos consistentes con la sostenibilidad ambiental) y social.

La contratación pública no solo se convierte en el instrumento de adquisición o arrendamiento de bienes, obras y servicios por parte de la ciudadanía, sino que también es, como se ha manifestado previamente, una herramienta de política pública que permite el efectivo cumplimiento de los principios enunciados en el Plan Nacional del Buen Vivir o llamado también Plan Nacional de Desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA.

•  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial Suplemento No. 395 de 4 de agosto de 2008.
• Lisbeth Casier, Richar Huizenga, Oshani Perera, Marina Ruerte y Laura Turley, Implementando Compras Públicas Sostenibles en América Latina y el Caribe.
• Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial Suplemento No. 588 de 12 de mayo de 2009. Porras Velasco, A. y Romero Larco, J. (2012) Guía de jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Tomo I. Quito – Ecuador, Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.
• Santiago Peña Ayala, Análisis del Marco Legal de Compras Públicas en Ecuador: Oportunidades y Barreras para la incorporación de criterios sostenibles 2016, Quito.
• SERCOP, Política de Compras Públicas Sostenibles: Proyecto “Estimulación de la oferta y la demanda de productos sostenibles a través de la ontratación pública sostenible y eco-etiquetado – SPPEL”.
• A/CONF.216/5 Anexo de la carta de fecha 18 de junio de 2012 dirigida al Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible por la Representante Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas.
• Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.