Libertad de Expresión y el Derecho Islámico Sharia

El caso analizado en el presente trabajo es el de Indonesia, este país es un caso interesante para analizar ya que ha acomodado a su Constitución la Ley Sharia (el Derecho Islámico) al prever la administración de los asuntos musulmanes. Sin embargo, esta inclusión solo se limita a algunos temas como lo son el Derecho de la Familia, la caridad, la comida Halal (alimentos, ente otras cosas, que son permitidos en la religión musulmana), la peregrinación (todos los musulmanes tienen que peregrinar, por lo menos una vez en su vida, a la Meca y rezar en la Mezquita) y al banco islámica (sistema y actividades bancarias coherentes con las creencias islámicas). Al mismo tiempo, el Hudud (Derecho Penal Islámico) está restringido por lo que el Estado acomoda y restringe la aplicación de la Sharía.

Price (1999) dice que, con el propósito de hacer cumplir la Ley Islámica, se puede separar a la Sharia en cinco niveles: lo relacionado al estado personal, los asuntos económicos, las prácticas de proscripción (consideradas no islámicas), el Derecho Penal y la Guia de asuntos de Gobierno (Estado Islámico). De esta forma el Estado de Indonesia otorga a la población la oportunidad de practicar la Sharia al permitir que los tribunales islámicos intervengan en los asuntos.

Torfs (2007) enfatiza que algunos Estados Europeos ofrece un modelo de dos niveles con respecto a la libertad religiosa. En el primero está la libertad religiosa, garantizando su práctica por lo que da espacio para pasar al segundo nivel, en el que se brindan ventajas y privilegios a algunos grupos religiosos. Es de destacar que Indonesia se posicionó de acuerdo al segundo nivel porque se acomodó a la mayoría musulmana al aceptar la Sharia. Con el 88% (datos de 2013) de indonesios siendo musulmanes su modelo se parece al Modelo de Estado Secular Pasivo de Europa porque privilegia a la religión musulmana en contraste a la mayoría cristiana de Europa.

El modelo de laicidad pasiva de Europa y la orientación a la Sharia en Indonesia complementan los principios de constitucionalismo. El modelo indonesio evidencia la relación entre Estado y Religión. Este modelo brinda una ligación entre el multiculturalismo y el pluralismo jurídico, donde la Ley Islámica se aferra a un sistema legal secular donde los musulmanes son libres de implementar la Sharia en sus vidas como un derecho constitucional de libertad de religión, tratándose entonces de la compatibilidad entre Religión y Constitución que promueve la estabilidad política. Existen espacios para la religión en la esfera pública, pero, al mismo tiempo, hay limitaciones. No obstante, las “bondades” del pluralismo religioso está latente la preocupación de que el Estado podría interferir en la interpretación de la religión tal como se puede observar en la Ley de Blasfemia en Indonesia. Las intervenciones del Estado solo deben tener lugar cuando corren riesgo el orden público, la salud o la moral. Los tribunales podrían intervenir para bajar las tensiones que puedan surgir entre los valores religiosos y el constitucionalismo democrático. Entonces, la independencia jurídica es imperativa para proteger los Derechos legales y constitucionales de sus ciudadanos facilitando la integridad y pluralismo religioso y el constitucionalismo democrático.

La libertad de expresión en un mundo globalizado es un tema candente porque ese derecho a la expresión es el foco de muchas controversias volviéndose un desafío mundial porque puede ultrapasar los límites de los derechos fundamentales cuando se producen abusos. El interés público forma un aspecto de la discusión de libertad de expresión. El desarrollo de este tema en Canadá incluye la creación, por la Corte Suprema de Canadá, de la defensa de ‘publicación responsable en asuntos de interés público’. La legislación (Ontario, Ley de Protección de la Participación Pública de 2015) se destaca como especialmente útil aquellas personas que se expresan en línea sobre asuntos de interés público. Por su parte, el Gobierno del Reino Unido expuso en su Libro Blanco de Daños en Línea la propuesta de ‘un conjunto mundial de medidas de seguridad en línea que apoyan la innovación y una economía digital próspera’. Las ideas discutidas allí incluyen el establecimiento de los deberes del cuidado hacia los usuarios en línea.

La libertad de expresión ha sido clasificada como la ‘piedra angular de la democracia’. Aunque la libertad de expresión tiene un gran valor en las democracias, la prensa libre ha sido el foco central del respaldo. La prensa libre puede diferenciarse de la libertad de expresión en la medida de que el último término alude al derecho individual y el primero a una forma más particular del Derecho. Esta diferencia parece ser crucial para la aplicación de la Ley a las formas amplias de comunicación. Las plataformas de tecnología de la información fortalecen la idea de la libertad de expresión en la medida en que el individuo posee un medio de expresión accesible. Sin embargo, si la libertad de expresión se ve como una prensa libre, el papel y la influencia de estas plataformas pueden verse significativamente truncados.

En el Reino Unido, por ejemplo, la libertad de expresión de los trabajadores de las plataformas de tecnología de la información (como las redes sociales) han obtenido poca protección. El asunto se acentúa más debido a la desconexión entre estas decisiones y los movimientos legislativos y de derecho consuetudinario con respecto a la Ley de Difamación del Reino Unido. Por ejemplo, la importancia de la libertad de expresión fue un tema frecuente en los debates previos a la aprobación de la Ley de Difamación del Reino Unido de 2013. La distancia entre la protección del habla para los trabajadores y los ciudadanos fuera del lugar de trabajo provoca un compromiso más profundo. Es una distinción preocupante que la Ley protege la libertad de expresión en el agravio de difamación por escribir sobre una variedad de asuntos; mientras que las observaciones de los trabajadores también pueden encajar en el mismo tema, pero no se consideran de manera similar. La categorización de las redes sociales como una forma de discurso inferior (lo que insinúa que los medios convencionales son dignos de protección) constituye una dificultad particular.