Derecho Penal y el Código Penal en México

Introducción

En muchos aspectos, el sistema de justicia penal mexicano está sobrecargado, es anticuado y es disfuncional. En 2008, las reformas fueron aprobadas por el Congreso mexicano en un esfuerzo por corregir muchos de estos problemas mediante la introducción de cambios significativos en el marco de la justicia penal, como se ha concebido tradicionalmente en México. El llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal de México (Nuevo Sistema de Justicia Penal, NSJP) establece un nuevo conjunto de procedimientos para juzgar los casos, lo que permite que tanto el fiscal como el abogado defensor del acusado presenten pruebas y argumentos como partes iguales ante una imparcialidad. y juez independiente, así como otros cambios que protegen los derechos del acusado y permiten un procesamiento más eficiente de los casos penales. La implementación de las reformas por parte del gobierno mexicano está siendo llevada a cabo por el Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Criminal (CCISJP) y su Secretaría Técnica (Secretaría Técnica, SETEC) dentro del Ministerio del Interior de México. La implementación de las reformas a nivel estatal se realizó en tres etapas: adoptadores tempranos (antes de 2008), adoptadores posteriores a la reforma (post-2008) y estados aún pendientes de adopción. Varios estados habían comenzado a implementar procedimientos penales orales y contradictorios antes de la reforma ordenada por el gobierno federal en 2008. 

Los tres primeros adoptadores que aprobaron e iniciaron el uso de procedimientos orales adversos antes de la reforma federal fueron Chihuahua (2007), Oaxaca (2007), y Nuevo León (2004) La transición a este nuevo sistema ha requerido un gran esfuerzo y recursos sustanciales para convertir las instalaciones judiciales, mejorar la tecnología y capacitar al personal del sistema judicial. Desde 2008, el gobierno federal mexicano ha gastado aproximadamente $ 3 mil millones de dólares para apoyar los esfuerzos de los gobiernos estatales para la transición al nuevo sistema, y ​​el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado ayuda adicional para estos esfuerzos a través de la Iniciativa Mérida.

Inicialmente, los esfuerzos de reforma estuvieron plagados de retrasos e insuficientes recursos. Llevó más de seis años comenzar a implementar el nuevo sistema a nivel federal. En mayo de 2013, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, por sus siglas en inglés) desarrolló un Plan Maestro de 3 fases bien estructurado y gradual, y ha estado trabajando para la implementación, aunque con algunos desafíos y retrasos continuos.

En un esfuerzo por llevar la reforma a su término antes de la fecha límite del 18 de junio de 2016 constitucionalmente vinculante, la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto ha tomado una serie de acciones para poner en marcha la iniciativa de reforma, incluida la introducción de un nuevo Unified Código de Procedimiento Penal (CNPP) en 2014 y una asignación significativamente mayor de esfuerzos y recursos para el esfuerzo de reforma hacia la implementación que bajo la administración anterior. 

En 2013, el primer año completo de la administración de Peña Nieto, solo alrededor de 630 de los aproximadamente 2,400 municipios de México, aproximadamente el 25%, estaban operando en su totalidad las reformas. Sin embargo, el progreso hacia la implementación por distrito judicial se ha acelerado significativamente en los últimos años. Para junio de 2015, más de la mitad de los municipios se encontraban en distritos judiciales en pleno funcionamiento con el nuevo modelo de procedimiento penal, y más de la mitad de todos los mexicanos vivían en municipios donde las reformas se habían implementado en su totalidad.

A pesar de este progreso, muchos estados se retrasaron en la implementación de las reformas en algunos o en la mayoría de los distritos judiciales y / o en algunas categorías de delitos. Dado que algunos estados hicieron la transición a procedimientos penales adversos orales solo para algunas categorías de delitos, otras categorías de delitos aún pueden caer bajo el sistema tradicional. Además, el progreso reciente en los esfuerzos de reforma judicial se ha visto opacado por el manejo del Presidente de la situación de seguridad de México y las violaciones de derechos humanos, como la masacre de docenas de estudiantes y manifestantes en 2014 en Ayotzinapa, Guerrero.

Desarollo

México está en proceso de implementar una reforma importante de su sistema de justicia penal. En los últimos años, los funcionarios mexicanos han estado trabajando gradualmente para poner en práctica una serie de reformas que fueron aprobadas el 18 de junio de 2008 por el Congreso mexicano, lo que permitió un período de implementación de ocho años. El objetivo principal de estas reformas se centra en los procedimientos legales empleados en los casos penales. El modelo tradicional de procedimiento penal de México, conocido como un sistema de ‘inquisición mixta’, se basa en gran medida en la presentación formal de documentos, otorga a los fiscales el papel de protagonista y ofrece protecciones relativamente limitadas para los derechos de los acusados.

Los críticos del sistema mixto de inquisición de México sostienen que el resultado es un proceso extremadamente lento y fuertemente sesgado que simultáneamente permite que muchos criminales evadan el enjuiciamiento, mientras que también causa que muchos sospechosos sean ‘presuntos culpables’. Entre otros cambios significativos, el nuevo sistema de justicia penal Las reformas de justicia penal previstas en 2008 para México buscan lograr un procedimiento más transparente y eficiente para la administración de justicia, fortalecer los derechos de los acusados ​​a través de un mayor proceso legal y brindar mayor transparencia y controles en el sector judicial. Como parte de este sistema reformado, los nuevos procedimientos penales de México incluyen disposiciones destinadas a reducir la dependencia costosa de la detención preventiva para delitos menores; permitir la presentación oportuna de las pruebas; proteger los derechos de las víctimas y los sospechosos de delitos; reducir los casos pendientes en el sistema judicial; y, en general, aumentar la eficacia general del sistema de justicia penal.

La responsabilidad penal corporativa ha existido en México, de una forma u otra, durante más de una década. Después de las enmiendas de 2016, el Título X, Capítulo 2 del Código Nacional de Procedimiento Penal estableció las bases para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según este capítulo, las entidades jurídicas son responsables penalmente de ciertos delitos enumerados enunciados en el artículo 11 bis del Código Penal Federal y sólo después de la conclusión de que la empresa no cumplió con sus propios controles internos.

Los delitos enumerados incluyen: salud pública y delitos financieros, lavado de dinero, terrorismo, tráfico de personas, tráfico de influencias, corrupción doméstica y corrupción transnacional, entre otros. Al igual que el código penal, la Ley General de Responsabilidad Administrativa prohíbe el tráfico de influencias y la corrupción, pero amplía el alcance de la responsabilidad de las personas jurídicas para incluir violaciones en el proceso de contratación pública al agregar los siguientes delitos graves: 

• participación ilegal en la contratación pública
• uso de información falsa
•  colusión.

La ley se aplica tanto a la conducta que se produce en México como a las transacciones realizadas fuera de México donde personas o entidades mexicanas están involucradas directa o indirectamente. A pesar de que el lenguaje utilizado en cada una de estas leyes es ligeramente diferente, ya que está sujeto a la responsabilidad de cualquiera de los dos, el representante o agente de una entidad legal debe cometer el delito o delito utilizando los medios corporativos, y debe actuar en nombre de la entidad legal o para su uso. beneficio. Según el Código Nacional de Procedimiento Penal, las personas jurídicas declaradas culpables pueden estar sujetas a una o más de las siguientes sanciones: 

• multas, 
• decomiso,
• publicación de la sentencia penal 
• disolución.

En la sentencia, los tribunales deben considerar varios factores para determinar la sanción aplicable, incluido el grado de responsabilidad, la magnitud del incumplimiento de las políticas internas, los daños causados, los ingresos anuales de la entidad, etc. Para ordenar la disolución de la empresa, los jueces debe considerar más a fondo si tal medida es necesaria para proteger los intereses nacionales o la seguridad pública, o si es necesaria para evitar riesgos para la economía nacional o la salud pública. El nuevo artículo 11 del Código Penal Federal se hace eco de esta disposición pero establece además la suspensión, no sólo la disolución, como una sanción cuando sea necesario para fines de seguridad nacional.

El Artículo 11 bis establece los límites a la suspensión de 6 meses a 6 años, la inhabilitación por hasta 6 años y un supervisor judicial por hasta 6 años. El Código Penal Federal permite a los tribunales reducir las sanciones aplicables hasta en un 25 por ciento cuando: 

1. antes de la comisión del delito, la entidad legal tenía un organismo de control permanente a cargo del cumplimiento 
2.  la compañía mitiga los daños causado por la conducta criminal, ya sea antes o después de que se cometió el delito.

Sorprendentemente, las sanciones para las personas jurídicas en la Ley General de Responsabilidad Administrativa son, de alguna manera, más severas que las que se encuentran en el Código Penal Federal. Las empresas que hayan cometido un delito administrativo grave están sujetas a: 

• la devolución de dos veces los beneficios obtenidos
•  la inhabilitación de hasta 10 años
• la suspensión de actividades por hasta tres años
• la disolución, y / o (v) restitución. 

Vale la pena reiterar que una compañía puede ser considerada responsable de un delito administrativo grave solo si las personas que cometieron la conducta subyacente actúan en su nombre y en su beneficio.

Bajo el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el incumplimiento de una compañía de sus controles internos es un elemento del delito, mientras que, bajo la Ley General de Responsabilidad Administrativa, la “política de integridad” de una compañía es un factor mitigador que debe tomarse. en cuenta a la hora de imponer sanciones a las personas jurídicas.

En muchos aspectos, el sistema de justicia penal mexicano está sobrecargado, es anticuado y es disfuncional. En 2008, las reformas fueron aprobadas por el Congreso mexicano en un esfuerzo por corregir muchos de estos problemas mediante la introducción de cambios significativos en el marco de la justicia penal, como se ha concebido tradicionalmente en México. El llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal de México (Nuevo Sistema de Justicia Penal, NSJP) establece un nuevo conjunto de procedimientos para juzgar los casos, lo que permite que tanto el fiscal como el abogado defensor del acusado presenten pruebas y argumentos como partes iguales ante una imparcialidad. y juez independiente, así como otros cambios que protegen los derechos del acusado y permiten un procesamiento más eficiente de los casos penales.

Antecedentes

Los sistemas de justicia penal que son familiares para las personas en Gran Bretaña, los Estados Unidos, Canadá y otros sistemas de derecho consuetudinario emplean lo que se conoce como un modelo de procedimiento penal ‘contencioso’. Bajo el modelo de confrontación, las pruebas y los argumentos son presentados por las partes en conflicto (un fiscal y un abogado defensor del acusado) ante una audiencia que se presume neutral (es decir, un juez o un panel de jueces, y en algunos casos un jurado), que emite un veredicto y, si se determina la culpa, una sentencia. Hay aproximadamente 70 sistemas de derecho consuetudinario en el mundo, la mayoría de los cuales se basan en el modelo contradictorio del procedimiento penal, que es común en las antiguas colonias británicas.

Como resultado de las influencias romanas y posteriores napoleónicas, Francia, España, México y otros más de 100 países se adhieren a la tradición del derecho civil y, por lo general, se basan en alguna variante del modelo ‘inquisitorial’ de procedimientos penales. Bajo el modelo inquisitorial, un juez de instrucción dirige la investigación de un crimen, así como el proceso de determinar la culpabilidad o inocencia de un sospechoso. Este sistema se basa en una presunción básica de que el juez representa no solo el estado sino también el interés público, y por lo tanto actúa de buena fe para buscar justicia. Al igual que otros sistemas de justicia penal de América Latina, el sistema de México difiere significativamente del sistema inquisitivo tradicional utilizado en el continente europeo, en parte debido a las innovaciones legales que se produjeron después de la independencia en ambos lados del Atlántico.

En México, los cambios introducidos en el procedimiento penal fueron tales que a menudo se los describe como un sistema inquisitivo ‘mixto’. Entre las innovaciones más singulares e importantes en el sistema mexicano se encuentra el hecho de que la función del juez de instrucción se eliminó a principios del siglo XX y, en parte a partir del ejemplo de los Estados Unidos, la función del fiscal se amplió considerablemente. La investigación y administración de justicia.Así, bajo el sistema tradicional de México, el fiscal supervisa las funciones del trabajo policial de detectives y también desempeña un papel central en el proceso acusatorio de México, como es el caso en muchos sistemas adversos. Sin embargo, bajo el sistema tradicional de México, el papel del abogado defensor seguía siendo más limitado que en el caso del modelo de confrontación. Por lo tanto, el sistema tradicional de México ha dependido de la fe del público (fe pública) de que el fiscal se comportará con honestidad y en el mejor interés de todas las partes involucradas. Sin embargo, los críticos del sistema mixto de justicia penal inquisitorial de México argumentan que el papel del fiscal es demasiado poderoso y sin oposición para proporcionar un control adecuado y controles de la autoridad, lo que resulta en abusos generalizados ya menudo graves.

Al igual que en otros sistemas inquisitoriales, también hay alguna presentación contradictoria de argumentos en el sistema de justicia penal tradicional de México durante la última fase del proceso. En esa fase, el tribunal emite un juicio final (juicio), después de recibir los argumentos orales finales (conclusiones) tanto de la acusación como de la defensa. Sin embargo, durante la mayoría de las fases de la investigación y el juicio, la defensa tiene poca o ninguna oportunidad de interponer y desafiar las acciones del fiscal o la presentación de pruebas. Dado que los juicios con jurado no se utilizan en México, el juez debe determinar la culpabilidad o inocencia del acusado y decidir la sentencia apropiada para el delito, pero existe una fuerte tendencia a presumir culpabilidad porque a menudo esto es así. el mismo juez que encontró causa suficiente para proceder con la investigación criminal al inicio del proceso Al dictar sentencia, su decisión se basa casi por completo en la evidencia presentada por el fiscal como resultado de esa investigación, lo que permite un potencial significativo para parcialidad.

Mientras tanto, hay otras preocupaciones. La presentación de gran parte de la evidencia es complicada porque es revisada por el juez en forma de declaraciones juradas escritas (actas o actuaciones), lo que conduce a largas demoras, en algunos casos años, en la administración de justicia. Además, dado que los fiscales están legalmente obligados a investigar y perseguir todos los casos que se cruzan en su escritorio (y no pueden optar por suspender el procesamiento de los casos que consideran de poca importancia), el sistema está sobrecargado. Además, el uso de la prisión preventiva obligatoria para un gran número de delitos, incluidos los delitos no violentos, significa que muchas personas acusadas de un delito pasan todo el proceso tras las rejas sin una sentencia. Según estimaciones oficiales, la población de la prisión ‘previa al juicio’ representa más del 40 por ciento de todos los reclusos en México. Como resultado, las personas acusadas de un delito, ya sean inocentes o culpables, son sometidas a condiciones penitenciarias a menudo sombrías, que incluyen el hacinamiento de la prisión, la privación y otras formas de abuso. Además, en demasiados casos criminales en México, los fiscales abusan de su poder y violan la ‘fe pública’ forzando confesiones, extrayendo sobornos y manipulando pruebas. De hecho, como lo demuestran las encuestas a los internos, los fiscales son el personal del sector judicial que más probablemente se involucra en actos de tortura y abuso físico en el sistema de justicia penal de México. Cuando las confesiones forzadas y la conducta indebida de la fiscalía no son impugnadas ante los tribunales, son un medio muy conveniente para obtener una condena, ya sea que un sospechoso sea inocente o no. En última instancia, el sistema también está fuertemente predispuesto contra las personas pobres, que con demasiada frecuencia no pueden pagar un abogado decente, y mucho menos sobornar su camino hacia la libertad.

La Reforma al Código

La implementación de las reformas por parte del gobierno mexicano está siendo llevada a cabo por el Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Criminal (CCISJP) y su Secretaría Técnica (Secretaría Técnica, SETEC) dentro del Ministerio del Interior de México. La implementación de las reformas a nivel estatal se realizó en tres etapas: adoptadores tempranos (antes de 2008), adoptadores posteriores a la reforma (post-2008) y estados aún pendientes de adopción. Varios estados habían comenzado a implementar procedimientos penales orales y contradictorios antes de la reforma ordenada por el gobierno federal en 2008. Los tres primeros adoptadores que aprobaron e iniciaron el uso de procedimientos orales adversos antes de la reforma federal fueron Chihuahua (2007), Oaxaca (2007), y Nuevo León (2004).

La transición a este nuevo sistema ha requerido un gran esfuerzo y recursos sustanciales para convertir las instalaciones judiciales, mejorar la tecnología y capacitar al personal del sistema judicial. Desde 2008, el gobierno federal mexicano ha gastado aproximadamente $ 3 mil millones de dólares para apoyar los esfuerzos de los gobiernos estatales para la transición al nuevo sistema, y ​​el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado ayuda adicional para estos esfuerzos a través de la Iniciativa Mérida. Inicialmente, los esfuerzos de reforma estuvieron plagados de retrasos e insuficientes recursos.

Llevó más de seis años comenzar a implementar el nuevo sistema a nivel federal. En mayo de 2013, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, por sus siglas en inglés) desarrolló un Plan Maestro de 3 fases bien estructurado y gradual, y ha estado trabajando para la implementación, aunque con algunos desafíos y retrasos continuos.

En un esfuerzo por llevar la reforma a su término antes de la fecha límite del 18 de junio de 2016 constitucionalmente vinculante, la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto ha tomado una serie de acciones para poner en marcha la iniciativa de reforma, incluida la introducción de un nuevo Código Unificado. de Procedimiento Penal (CNPP) en 2014 y una asignación significativamente mayor de esfuerzos y recursos para el esfuerzo de reforma hacia la implementación que bajo la administración anterior. En 2013, el primer año completo de la administración de Peña Nieto, solo alrededor de 630 de los aproximadamente 2,400 municipios en México, aproximadamente el 25%, estaban operando las reformas en su totalidad.

Sin embargo, el progreso hacia la implementación por distrito judicial se ha acelerado significativamente en los últimos años. Para junio de 2015, más de la mitad de los municipios se encontraban en distritos judiciales en pleno funcionamiento con el nuevo modelo de procedimiento penal, y más de la mitad de todos los mexicanos vivían en municipios donde las reformas se habían implementado en su totalidad. A pesar de este progreso, muchos estados se retrasaron en la implementación de las reformas en algunos o en la mayoría de los distritos judiciales y / o en algunas categorías de delitos. Dado que algunos estados hicieron la transición a procedimientos penales adversos orales solo para algunas categorías de delitos, otras categorías de delitos aún pueden caer bajo el sistema tradicional.

Además, el progreso reciente en los esfuerzos de reforma judicial se ha visto opacado por el manejo del Presidente de la situación de seguridad de México y las violaciones de derechos humanos, como la masacre de docenas de estudiantes y manifestantes en 2014 en Ayotzinapa, Guerrero. aún no han comenzado y un gran número de distritos judiciales en todo el país todavía están operando bajo el modelo procesal penal tradicional de México. Además, siguen existiendo serias preocupaciones sobre los problemas persistentes de delincuencia y violencia en México y la capacidad del nuevo sistema para abordar estos problemas de manera efectiva. Por lo tanto, aunque muchos consideran que la reforma del sector judicial es indispensable para lograr el estado de derecho en México, el futuro del sistema de justicia penal de México, y sus posibles efectos, siguen siendo inciertos.

Conclusión

En general, la magnitud de los cambios que México ha emprendido para reformar su sistema judicial es enorme, y las posibles implicaciones de este esfuerzo de reforma podrían generar importantes mejoras en los próximos años. Los autores ofrecen cuatro recomendaciones principales para mantener el progreso reciente en la reforma judicial: o El Congreso mexicano debe obligar al país a realizar un progreso continuo en la reforma judicial al establecer una fecha límite para una revisión exhaustiva del Código Nacional de Procedimiento Penal en 2024. o El Congreso mexicano debe exigir a todos los jueces, fiscales y defensores públicos que obtengan una capacitación específica o un número específico de horas de educación continua cada año para ejercer la abogacía bajo el nuevo sistema y actuar para establecer un sistema de programas universitarios acreditados y becas gubernamentales para apoyar la capacitación. En litigio oral, contencioso o Las agencias del gobierno mexicano, como el SETEC dentro del Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) dentro de la Oficina del Procurador General, deben generar y difundir indicadores del desempeño del sistema judicial, y otorgar subvenciones a universidades, institutos de investigación y organizaciones no gubernamentales. organizaciones que pueden ayudar en la evaluación y evaluación del nuevo sistema de justicia penal. o El gobierno de los EE. UU., los gobiernos extranjeros y las organizaciones y fundaciones internacionales brindan financiamiento y apoyo para continuar los esfuerzos de reforma judicial en México, incluidos los fondos para apoyar a las organizaciones de vigilancia legal que trabajan para defender los derechos de las víctimas, los presos, los denunciantes y hasta los operadores. En el sistema de justicia penal.