Desaparición Forzada: Represión de la Población y la Opinión Pública
La desaparición forzada surgió como una práctica generalizada de los Estados totalitarios, como el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Ensayo sobre estos crímenes y sus fines contiene también mi analítica de los cambios que han sido desde entonces.
La desaparición forzada fue una práctica que tuvo gran importación después de la segunda guerra mundial en países con regímenes dictatoriales o autoritarios. Siendo utilizado como un procedimiento de reprensión e intimidación de la población por parte de regímenes políticos. En América Latina la desaparición forzada de personas se ha extendió durante varias décadas como la de los sesenta, setenta y ochenta, especialmente se mostró un gran número de desparecidos en los países con gobiernos dictatoriales, autoritarios, o que experimentaron conflictos armados internos (Chile, Argentina, México, Uruguay, Haití, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Honduras, Colombia).
Debido a esto la Asamblea de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992 aprobó ‘Declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada o involuntaria’, se cita textualmente que tal práctica constituye un ultraje a la dignidad humana y una violación del derecho a la vida, la libertad, la personalidad jurídica, la seguridad personal, entre otros (artículo 1) así mismo se reconoce el carácter permanente del delito (artículo 17), a la vez que proclama el establecimiento de responsabilidad civil de los autores y los Estados o autoridades que hayan participado en estos actos, sin menoscabo de la responsabilidad internacional de los Estados (artículo 5).
Durante varios años los países como México y Colombia han sido los países con un mayor número de desapariciones forzadas de personas según la comisión interamericana de los Derechos Humanos, es por eso que este es un fenómeno de gran relevancia en los países latino americanos, si bien ha existido sanciones penales para estos caso más sin embargo esto está lejos de ser resuelto.
Es transcendental esclarecer que al hablar de la desaparición de personas nos referimos a no saber el paradero o si estas se encuentras vivas o muertas en México al 2014 se observaba que la cifra de desaparecidos es 25,230 entre los Estados de la republica con mayor reporte fueron Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal y Nueva León.
En el contexto nacional los casos que han marcado la historia es el asunto Rosendo Radilla Pacheco compositor de corridos que fue desaparecido en manos de militares en fecha 25 de agosto de 1974 fue detenido y llevado al cuartel militar de Atoyac de Alvares, sus familiares interpusieron ‘enuncias ante el ministerio público de guerrero, en varias ocasiones a nivel estatal y en el 2006 ante un ministerio público federal ante la inactividad de la autoridad para dar seguimiento a las denuncias, se acudió ante la Comisión de derechos humanos en el 2001 y en el 2008 ante la Corte interamericana de los derechos humanos que emitió sentencia donde obligo al Estado mexicano a determinar las posibles responsabilidades penales y hacer la búsqueda efectiva o localización de sus restos mortales de Rosendo Radilla Pacheco hacer modificaciones al Código de justicia militar y el Código penal federal para evitar este tipo de abusos, además brindar atención psicológica gratuita a los familiares e indemnizar por daño inmaterial e inmaterial (Caso Radilla Pacheco 2011)
En Colombia en los últimos 60 años del conflicto armado colombiano se identificó 83.000 casos de desapariciones forzadas mostrando que el Estado colombiano ha sido el mayor perpetrador del delito de desaparición forzosa y ha sido indolente ante los reclamos de las víctimas.
Uno de los casos que marco la historia colombiana fue el de Luis Fernando Lalinde Lalinde quien el 4 de octubre de 1984, luego de haber sido capturado en la vereda Verdúm, ubicada en el municipio de Jardín, Antioquia, Luis Fernando Lalinde Lalinde fue torturado, desaparecido y ejecutado por miembros de la compañía de la Compañía de Contraguerrilla “Cóndor”, del Batallón de Infantería No. 22 “Batalla de Ayacucho” del Ejército Nacional. El de Luis Fernando Lalinde Lalinde sería el primer caso de desaparición forzada sobre el cual se pronunciaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1987. Menos de un mes antes, el 25 de agosto de 1987, Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de los Derechos Humanos de Antioquia (CDDH), y quien había denunciado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue asesinado junto con Leonardo Betancur Taborda, vicepresidente del CDDH, en un céntrico lugar de Medellín (Antioquia).
Sin embargo el gobierno colombiano firmo un supuesto acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, creando el gobierno colombiano la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), misma que tiene el compromiso de resarcir a las víctimas de la desaparición con verdad y reparación.
Aunque en el papel este compromiso significó una luz de esperanza para los familiares de los desaparecidos, en la práctica la realidad es otra, puesto que no se toma acciones ni se realiza búsquedas para los desaparecidos.
Otro asunto de las desapariciones forzadas en Latinoamérica es el caso de los hermanos Restrepo en el Ecuador.
El 8 de enero a las 9h30 Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arisemendi, de 14 y 17 años respectivamente, salieron de su domicilio ubicado en Miravalle, a bordo de un trooper y nunca más se volvió a saber de ellos. Se había confirmado su desaparición
Los padres de los menores, Ing. Pedro Restrepo y Luz María Arismendi, pensaron en principio que sus hijos, habían sido detenidos por la policía. Debido a aquel día, los agentes de tránsito pedían “licencias” en la vía Tumbaco-Quito y Carlos Santiago ciertamente no tenía permiso para conducir. Las cosas, sin embargo, se fueron complicando y una serie de versiones contradictorias se tejieron sobre el paradero de sus hijos. Mediante llamadas telefónicas anónimas se les decía que sus hijos se encontraban en el Centro de Detención Provisional (CDP). El general Miguel Arellano, basándose en informes de inteligencia militar, les confirmó que sus hijos los tenía la policía y que se los estaba investigando.
El panorama cambio cuando en el CDP negaron que estuvieran detenidos. En la primera semana, la Cruz Roja, la Defensa Civil, los Boy-Scouts – a los que pertenecían los hermanos Restrepo- realizaron un detallado rastreo mas no encontraron nada.
Varios hechos extraños se produjeron posteriormente. Al caso fue asignada la subteniente Doris Morán, de la división de menores, quien permanentemente les aseguró que sus hijos se encontraban vivos. Durante 10 meses, la subteniente Morán sembró expectativas falsas en los esposos Restrepo y, desde luego, les cobró los respectivos “honorarios” que ascendieron a 80.000 sucres y por lo cual se le siguió un proceso por cohecho en el juzgado primero de policía. Luego, fue retirada del caso sin que aportara en lo más mínimo en la investigación. En el mes de junio de 1995, la entonces Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso Restrepo. Los policías en servicio activo cabo segundo Víctor Camilo Badillo, subteniente Doris Morán, teniente Juan Sosa y teniente coronel Trajano Barrionuevo, fueron sentenciados a 16 años de prisión, en el caso del primero de ellos, y a 8 años los restantes. Fueron encontrados inocentes los coroneles Gustavo Gallegos y Gustavo Zapata. A pesar de estas soluciones la familia Restrepo Arismendi presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a su resolución el 14 de mayo de 1998, durante la presidencia de Fabián Alarcón con una solución amistosa al conflicto, mediante el cual el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad del caso de los hermanos Restrepo, comprometiéndose a pagar una indemnización de $2’000.000,00 (dos millones de dólares estadounidenses) y de realizar la búsqueda de los cuerpos de los menores.
En conclusión podemos decir que las desapariciones forzadas es un crimen usado por varios gobiernos con el fin de mantener el poder y sobre todo reprimir la opinión pública, estos crímenes nacieron a partir del odio y la corrupción creada por varios gobiernos especial en Latinoamérica y se mantuvieron impunes pues no había nadie que lo haga pagar por sus actos sin embargo en la actualidad gracia a esto surgieron varias organizaciones como la de los derechos humanos que son las encargadas de proteger y actuar sobre el problema.
