Dictadura en Uruguay: Antecedentes, Causas y el Final
Antecedentes
La dictadura cívico-militar que se instaló en Uruguay con el coup d’État perpetrado por el Presidente constitucional Juan María Bordaberry, de la mano de las FFAA, el 27/6/1973, devino tras un proceso de agudo deterioro político-institucional, en el marco de una acuciante crisis económica y social. La implantación de un régimen dictatorial que se extendería por doce años, puso fin a una democracia otrora sólida y longeva, y enterró el relato de la excepcionalidad uruguaya encarnado en el mito de la “Suiza de América”. Este hecho se inscribe en una escena regional signada por una embestida conservadora y contrarrevolucionaria en el Cono Sur, que también arremetió en Brasil (1964-1985), Argentina (1966-1973, 1976-1983) y Chile (1973-1990), y que llegó a expresarse en la coordinación de las acciones represivas de los gobiernos de facto de estos países, a través del llamado “Plan Cóndor”, con la participación de Estados Unidos.
Si bien Garretón (1983, 1984) contextualiza históricamente la irrupción de estos nuevos autoritarismos en la región, su esquema no periodiza la fase previa a la ruptura institucional con la que aquellos se inauguran. Dentro de los enfoques desarrollados para el caso uruguayo, Rico (2013) y Demasi (2013) han referido especialmente a la antesala del golpe de junio. Ambos autores reconocen las dificultades que implica consensuar en una cronología común, y aunque comparten varios aspectos de la propuesta clásica de González, plantean, cada uno de ellos, una periodización alternativa que contempla los hechos clave que precedieron a la disolución del Parlamento. Rico denomina como el “camino democrático a la dictadura” al periplo recorrido entre la asunción del colorado Jorge Pacheco Areco como Presidente constitucional en diciembre de 1967, y el golpe de Estado ejecutado por su sucesor y “correligionario”, el también Presidente constitucional Juan María Bordaberry, en junio de 1973.
El autor remarca que ambas administraciones, si bien se encuadraron dentro del sistema democrático-republicano de gobierno, y bajo la vigencia del Estado de derecho, funcionaron con una práctica estatal autoritaria y actuaron la mayoría del tiempo como “gobiernos de crisis” y “bajo decreto” (2013,188-189). Ante la excepcionalmente grave situación política que vivía el país en esos años de crisis socio-económica y guerrilla urbana, y en base a un discurso oficial que disparaba contra la “inadecuada” legislación existente para combatir las nuevas modalidades delictivas, el gobierno apeló justamente a medidas de excepción, aunque constitucionalmente previstas, para ampliar sus facultades decisorias y punitivas, y reponer así el orden. El problema radicó en que el asiduo y prorrogado uso de esas prácticas8 convirtió a lo extraordinario en rutina, y fue consolidando un discurso conservador y autoritario, un orden coactivo con libertades civiles recortadas, y un Poder Ejecutivo con restringido contralor horizontal (parlamentario y judicial). A ello se sumó la creación de nuevos organismos e instituciones no previstos en el organigrama estatal y de cuestionable constitucionalidad.
Causas
Los partidos políticos mayoritarios, actores centrales de la democracia derrocada, rechazaron el coupy la dictadura, mas cesaron su actividad pública, y cuando reclamaron su pleno funcionamiento, fueron descalificados por Bordaberry que les advirtió: “estamos en el tiempo de la nación y no en el de los partidos”(Nahum, 2000, 330). Efectivamente, los actores protagonistas de este momento no fueron los partidos, sino las FFAA que, como apunta Rico (2013, 212), convirtieron en una “misión” a aquellas “funciones comisariales” que los representantes políticos le habían conferido en el período pre-golpe. Además del rol central de los militares, Demasi subraya la relevancia del Presidente de facto en esta primera fase del régimen que ubica entre la “crisis constitucional”de febrero (1973) y el relevo del Primer Mandatario (1976). El autor observa que, desde el “Pacto de Boiso Lanza”, Bordaberry había logrado receptividad en los mandos castrenses, quienes veían una sintonía entre sus opiniones y las de aquel. Así, “se había transformado en la figura principal de un gobierno donde los civiles todavía conservaban importancia” (Demasi, 2013, 41). Manifestaciones de tal importancia de los civiles, se expresaron en designaciones como la del político Martín Echegoyen, nombrado primer Presidente del Consejo de Estado, así como también en la existencia de un elenco de funcionarios civiles, particularmente relevante en las áreas de servicio exterior (Markarian, 2013) y economía y finanzas. Concretamente, las tareas de conducción económico-financiera del régimen se repartieron entre funcionaros militares y funcionarios civiles, destacándose entre estos últimos, un elenco compuesto por ideólogos y técnicos afines al paradigma neoliberal y a los lineamientos de los organismos internacionales de crédito. Entre los civiles de mayor relieve se encontraba el Ingeniero Alejandro Vegh Villegas, doctorado en Harvard, con antecedentes políticos en la Lista 15 del Partido Colorado (PC) y en cargos de gobierno. Imbuido en una orientación pro-mercado, Vegh se desempeñó como titular del Ministerio de Economía y Finanzas entre julio de 197414 y setiembre de 1976, y nuevamente entre diciembre de 1983 y febrero de 1985. A su vez, fue miembro del Consejo de Estado (1976-1979) y Embajador uruguayo en Estados Unidos (1982-1983). Aparte de su papel técnico, Vegh tuvo, desde su condición más política, una relevante participación en el último tramo de esta primera fase, que culminará con lo que Demasi llamó “el golpe dentro del golpe”
El decaimiento político
Hasta finales de los años 60 Uruguay se caracterizó por tener un Estado especialmente interventor y regulador de los desequilibrios. Desde los años 50 venía sufriendo un progresivo estancamiento de la producción industrial y de las exportaciones. En la década siguiente, la situación económica sufrió un retroceso mayor, acompañado de una fuerte inflación y el descontento de los distintos sectores sociales. El país se caracterizaba por un sistema electoral bipartidista de derechas, “colorados” (Partido Colorado) y “blancos” (Partido Nacional). En 1967, fue electo presidente el colorado Óscar Gestido, quien fallece antes de terminar su primer año de mandato, siendo sucedido por Pacheco Areco como presidente del Gobierno hasta 1971.
El gobierno de Areco, desplazó el rol protagónico del sector agroexportador al de la banca, especialmente atractiva para el capital financiero externo. Las políticas de reajuste económico se limitarán a controles monetarios que empeorarán a largo plazo los ingresos y el nivel social. El final del Gobierno de Pacheco Areco vendrá acompañado de fuertes conflictos laborales, paros, huelgas y la falta de capacidad por parte de los partidos políticos tradicionales para encontrar salidas viables.
Progresivamente, los métodos utilizados para contener las reacciones de la población serán cada vez más duros y fuera del marco constitucional previsto. El gobierno se servirá de la aplicación de medidas prontas de seguridad (MPS) para reprimir los conflictos internos y la suspensión de garantías individuales. Según la Constitución, las MPS solo podrán ser utilizadas en casos “graves” e “imprevistos” de ataque exterior o conmoción interior por parte del Poder Ejecutivo. La suspensión de garantías podrá usarse únicamente de manera “extraordinaria” en caso de traición y conspiración contra la patria y “solo para la aprehensión de los delincuentes”. Estas medidas podrán ser puestas en marcha por el ejecutivo, únicamente previa aceptación del Parlamento.
El final
La cronología de González (1985), compartida por Caetano y Rilla (1987),establece el inicio de la transición uruguaya en 1980, luego del triunfo del“NO” en el plebiscito, y periodiza la última etapa del régimen autoritario desdeentonces hasta la asunción del gobierno poliárquico del colorado Julio MaríaSanguinetti el 1 de marzo de 1985. En tanto, Demasi (2013) y Rico (2013), ubican al tramo final de la dictadura entre 1981 y 1985. Para Demasi, esa etapaestá pautada por la “crisis del régimen”, y para Rico, corresponde a una “dictadura pretoriana o de conducción corporativa-militar”, que se combina con elmomento de transición desde el autoritarismo hacia una democracia con proscripciones. En lo que respecta al presente trabajo, se identifica al cuarto y último momento de la dictadura uruguaya entre 1984 y marzo de 1985, y se lo nscribe dentro del proceso de transición ya iniciado, con marchas y contramarchas, en la etapa anterior de administración de crisis recurrentes.Según Garretón, la “fase terminal” de los autoritarismosdel Cono Sur, se distingue analíticamente del llamado proceso de transición,entendiendo por este último: “el interregno entre el régimen militar que termina y el nuevo régimen (democrático)”. Para el autor, la diferencia descansaen que: “las fuerzas y actores sociales que pueden provocar una crisis terminal y desestabilizar un régimen militar, no son necesariamente los mismosque pueden asegurar una transición democrática”.Por su lado, O’Donnell y Schmitter (1991,19), en su conocido estudioTransiciones desde un gobierno autoritario, definen “transición” al “intervaloque se extiende entre un régimen político y otro”, y sostienen que, tras desencadenarse el proceso de disolución de un régimen autoritario, pueden generarse tres situaciones: i) el advenimiento de alguna forma de democracia;ii) el regreso a algún (otro) tipo de régimen autoritario o; iii) una alternativade carácter revolucionario.
En el caso de los países del Cono Sur abordadosen dicho estudio, los autores concluyeron que dado el “razonable grado deprofesionalización” y la “clara supremacía coactiva” de las FFAA entoncesen el poder, la única forma de transitar hacia la democracia política era a través de una negociación pacífica, fundada inicialmente en un proceso de liberalización (la garantía de ciertos derechos que protegieran a los individuosde eventuales arbitrariedades y/o ilegalidades perpetradas por el Estado o porterceros) y, posteriormente, en el (re)establecimiento del sufragio libre, la representación de los intereses y demandas, y la responsabilidad del Poder Ejecutivo frente la ciudadanía.
