Evolución Histórica del Trabajo Social y Salud

La intervención profesionalizada de trabajadores sociales en el campo sanitario se desarrolla a partir del pasado siglo XX. Cabe subrayar que fue en 1902 cuando médicos y trabajadoras sociales cooperaron juntos en la campaña para prevenir la tuberculosis (Munuera y Munuera, 2007). Las cuales expresan que el servicio médico social fue iniciado en 1905 con Richard Cabot, médico del Massachusetts General Hospital de Boston, que, creó el primer Servicio Social Hospitalario y que, unos años más tarde, en 1920, junto con Ida M. Cannon se puso en marcha la primera Asociación Americana de Trabajadores Sociales Hospitalarios (Barranco Expósito C.,y Rodríguez Morales.H, 2008).

El Dr. Cabot, es considerado como el padre del Trabajo social Sanitario, vio necesario la creación de un programa de visitas a domicilio, para conocer la eficacia de los tratamientos médicos y mejorar estos, su puesta en marcha garantizaba el estudio y la atención de los aspectos sociales que afectaban a los pacientes (Diáz de Mera, 2017).

En este mismo sentido, en 1897, Jane Addams abrió la discusión de la vigésimo cuarta Conferencia de Bienestar Social (EE.UU.) haciendo referencia a la necesidad de contar con casas en las que pudieran residir las personas necesitadas que dejaban los hospitales pero que seguían necesitando un minino de ayuda y sus viviendas no estaban habilitadas para asegurar su recuperación (Diáz de Mera, 2017).

Según Diáz de Mera, 2017, en 1905 se dio la primera plaza de trabajadora social hospitalaria a, unos meses más tarde fue sustituida por Ida M. Cannon, una de las figuras más relevantes que ha dado la historia del trabajo social sanitario. Ida M. Cannon se convirtió al poco tiempo en jefe de servicio y, a partir de 1906 se empezaron a crear nuevas plazas de esta profesión, siempre vinculadas a servicios médicos.

En sus comienzos, los trabajadores y trabajadoras sociales hospitalarias se ocupaban de complementar el diagnóstico médico, recabando los aspectos sociales vinculados a la personalidad, los entornos inmediatos de la persona y del medio social. También, intervenían en la promoción de la salud, la investigación y la prevención (Barranco Expósito C.,y Rodríguez Morales.H, 2008).

En 1931 Gordon Hamilton se refirió al trabajo social hospitalario reflexionando sobre la gestión de casos (casework) en dicho ámbito, y señalando la necesidad de conocer aquello de lo social que había afectado y contribuido a la enfermedad y que podía afectar y contribuir a su recuperación (Hamilton, G. 1931)

En España, fue uno de los primeros espacios profesionales que ocuparon los trabajadores y trabajadoras sociales, al finalizar sus estudios en 1934 (Bareny, 1976), dejando atrás la etapa basada en la beneficencia.

Cabe destacar, que durante el corto período de la II República Española (1931-1936), se diversifica la cantidad y cualidad de los centros sanitarios; se implantan normas para regular y velar con garantía en la formación y profesionalidad de los médicos y la atención institucionalizada se completa con la aparición de centros para el tratamiento de determinadas patologías, fundamentalmente infecciosas, como la tuberculosis y la lepra. Se continua evolucionando en servicios sanitarios destacando a continuación otras entidades de dependencia diversa: mutualidades, organizaciones asistenciales, como Cruz Roja, militares, clínicos y, por último, los de iniciativa privada (Lamata, 1998).

El autor Lamata (1998), destaca la labor en materia de salud de Federica Montseny; ésta fue la primera mujer que llega a ministra en la Europa Occidental, correspondiéndole la cartera de “Sanidad y Asistencia Social”, Ministerio creado en noviembre de 1936. En la corta estancia de esta ministra, alrededor de 6 meses en el cargo, debido al Alzamiento Nacional contra la República en 1936, dio tiempo a la regulación por Ley de la Asistencia Social, existiendo escritos donde se deja constancia de la situación laboral de las “asistentes sociales” como funcionarias (Montseny y Huertas, 1937).

Durante la etapa franquista (1939-1975), la forma pública y la intervención de las trabajadoras y trabajadores sociales en este período está supeditada a las limitaciones del estado, siendo asistencial y proteccionista, con servicios y prestaciones selectivas y no universales. De los hechos a destacar, mencionar la puesta en marcha el Instituto Nacional de Previsión y el Seguro Obligatorio de Enfermedad, en el año 1942, que establece la asistencia sanitaria a los trabajadores afiliados, a través de los ambulatorios y los hospitales. En Trabajo Social la celebración de las Jornadas sobre: “El Servicio Social en el Hospital”, celebradas en 1958 y en 1959 se impartió el curso para asistentes sociales: “Servicio Social Médico”. La entrada en vigor de la Seguridad Social en 1967, dio lugar a la creación de puestos que ocuparon profesionales de Trabajo Social en las denominadas “Residencias Sanitarias de la Seguridad Social”. (Munuera y Munuera, 2007, p. 134).

Con la finalización de la etapa franquista, a mitad de los años 70, se inicia el camino hacia el Estado Social y Democrático de Derecho, y con él los planteamientos y avances en materia de política social, basada en los ya mencionados derechos sociales universales de las personas a las prestaciones. Igualmente, en la creación y consolidación de los servicios y prestaciones del Sistema de Salud Público, generándose la transformación de las estructuras de la Administración Pública Central, Autonómica y Local y los correspondientes marcos legislativos que la legitiman, partiendo del mencionado mandato de la Constitución Española de 1978 y de las leyes mencionadas. Una visión sobre la evolución de la beneficencia, SOE, Seguridad Social y Sistema de Salud Nacional Pública (Barranco Expósito C.,y Rodríguez Morales.H, 2008)

Actualmente no existe un modelo uniforme y homogéneo de coordinación de servicios sanitarios y sociales.

En diciembre de 1993, se firmaba un Acuerdo Marco Interministerial (Ministerio de Asuntos Sociales y Ministerio de Sanidad) para desarrollar programas de actuación coordinada para la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad, entre otros colectivos. Estos acuerdos dieron lugar a la elaboración de dos documentos que sentaron las bases de la atención socio-sanitario: “Bases para la Ordenación de Servicios para la Atención Sanitaria a las Personas Mayores” (1993) y “Criterios de ordenación de servicios sanitarios para la atención a las personas mayores” (1995). Estos documentos pretendían garantizar la continuidad asistencial entre los diferentes niveles de cuidados, de acuerdo con los principios de integralidad e interdisciplinariedad (Diáz de Mera, 2017).

Otro avance en esta área de actuación se produjo a través del Acuerdo del Congreso de los diputados para la consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud de 1997 en el que se insta al Gobierno a “Instrumentar alternativas para la asistencia socio-sanitaria” (Diáz de Mera, 2017).

Por último, resulta imprescindible destacar por su importancia la Ley 63/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en cuyo artículo 14 se define la prestación socio-sanitaria como “la atención que comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social” (Diáz de Mera, 2017).

En todos los casos la coordinación entre Atención Primaria y los Servicios Sociales, suele producirse a través del trabajador social del centro de salud. Por tanto, en la mayoría de los centros de salud, el/la trabajador/a social es quien evalúa los casos a demanda del profesional médico o de enfermería y solicita, en caso de ser necesario, el correspondiente servicio social institucional o comunitario (Diáz de Mera, 2017).

Sin embargo en la actualidad apenas existen comisiones socio-sanitarias de distrito o de zona que constituya un ámbito de trabajo donde los profesionales de los servicios sociales y sanitarios puedan comunicarse, compartir información y tomar decisiones para lograr una mayor calidad asistencial y aprovechamiento de los recursos (Diáz de Mera, 2017).

Por otro lado, estas comisiones no tienen capacidad ejecutiva para la gestión de los casos y la utilización de recursos y terminan siendo un área de trabajo de poca utilidad (Diáz de Mera, 2017).

Los modelos de gestión sanitaria actuales apenas son comparables con los de hace diez años: las políticas de calidad, el uso masivo de las TICs (tecnologías de la información y comunicación), la mayor participación ciudadana y la cada vez mayor necesidad de control del gasto provocada por importantes recortes presupuestarios hacen que nos encontremos en un nuevo escenario sin precedentes en la historia de nuestra sanidad (Diáz de Mera, 2017).

La modernización de nuestro sistema sanitario ha sido posible en gran parte gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, si bien esta modernización ha implicado en muchas ocasiones la invisibilidad de las dinámicas personales y sociales, tanto de los profesionales de la sanidad como a los propios ciudadanos que atienden (Diáz de Mera, 2017).

No debemos obviar que los profesionales son personas que atienden a otras personas que en un momento dado necesitan de sus conocimientos. Si bien los modelos de gestión de hace tan sólo diez años se han quedado desfasados, los enfermos y sus familias, ajenos a los avances tecnológicos, siguen sufriendo las consecuencias de la enfermedad, el dolor y la muerte que a su vez siempre provocan desajustes en el plano psicosocial (Barranco Expósito C.,y Rodríguez Morales.H, 2008).

Por tanto, el binomio enfermedad – problema o dificultad psicosocial requiere de nuestro sistema sanitario una atención integral, multidisciplinar, capaz de dar una respuesta eficaz a cualquier problema que pueda afectar a la persona en cualquiera de sus dimensiones, lo que solo será posible mediante la integración del Trabajo Social Sanitario en los equipos de salud (Diáz de Mera, 2017).

¿Hay algún tipo de relación entre los modelos sanitarios adoptados en distintos contextos nacionales y la orientación ideológica de los gobiernos que los instituyeron? 

El argumento de autores como Federico Toth (2013) es que los partidos de izquierdas han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo y extensión del estado del bienestar, en contraste con los partidos conservadores, de manera frecuente han ralentizado y parado esta expansión.

Si se tiene en cuenta los gobiernos que adaptaron las leyes, son gobiernos conservadores no elegidos democráticamente (gobierno de Bismarck del II Reich en Alemania); gobiernos liberales (Reino Unido y Noruega); gobiernos militares (Japón), regímenes autoritarios (la España franquista, la Italia de Mussolini y la Portugal de Salazar); gobiernos de unidad nacional de post-guerra (Bélgica) o post-dictatoriales (Grecia), liderados por un primer ministro conservador; y en Holanda, donde los primeros esbozos del sistema de aseguramiento obligatorio (1941) fueron instaurados por las fuerzas alemanas de ocupación (Toth, 2013).

Solo en un país, Suecia, el sistema sanitario de seguridad social fue introducido por un gobierno socialdemócrata. En el resto de los casos, han sido gobiernos conservadores o no democráticos los que han introducido modelos de SS. Una posible explicación es que estos gobiernos han utilizado la legislación social como estrategia para paliar su déficit de legitimidad (Toth, 2013).

Si se examina el signo político de los gobiernos que instauraron un sistema nacional de salud, se comprueba que estos son gobiernos socialdemócratas (incluyendo gobiernos socialistas y laboristas) lo que, en la mayoría de los casos, han ejercido de promotores del SNS (Toth, 2013).

Portugal e Italia son excepciones parciales a esta regla. En Portugal, el SNS se instauró durante la transición a la democracia de un gobierno presidencial, que fue dirigido por un socialista. Los comunistas convirtieron la reforma sanitaria en una condición necesaria para mantener su apoyo (Toth, 2013).

Sin tener la intención de establecer generalizaciones, podemos afirmar que parece existir cierta correspondencia entre los modelos sanitarios y las inclinaciones ideológicas. Los modelos sanitarios de seguridad social han sido más frecuentemente instaurados por gobiernos conservadores o no democráticos; a la inversa, la mayoría de la legislación instaurando sistemas nacionales de salud ha sido promovida por gobiernos socialdemócratas (Toth, 2013).

Obviamente, esto no quiere decir que se haya instaurado un SNS en todos los países en los que ha habido un gobierno de izquierdas: en Francia y Alemania, por ejemplo, los socialistas y socialdemócratas han gobernado durante largos periodos de tiempo sin haber propuesto la creación de un SNS (Toth, 2013).

¿Cómo se organiza la Sanidad en Europa? Previamente hay que hacer una diferenciación básica entre Servicios Nacionales de Salud (modelo Beveridge) y Sistemas de Seguros Sociales (modelo Bismark). Los primeros están controlados por el gobierno y los segundos se organizan con mutuas no gubernamentales de carácter obligatorio. La financiación se mantiene igual, en los Servicios Nacionales los recursos salen de los propios presupuestos estatales y en los Sistemas de Seguros Sociales se basan en cuotas pagadas por empresarios y trabajadores directamente a las entidades encargadas de su gestión (Pablos, 2017).

Sea cual sea el sistema de gestión casi toda la población está cubierta por un seguro público o por el propio estado, si bien existen grandes diferencias en el número de habitantes que optan por hacerse un seguro privado. En la mayoría de los casos este seguro actúa como una ampliación de la cartera pública por lo que en países como Bélgica, donde no existe la misma cobertura para autónomos que para trabajadores por cuenta ajena, puede ser especialmente importante (Pablos, 2017).

En el lado contrario de la balanza se encuentran países como Suecia, donde la oferta pública es lo suficientemente amplia y sus listas de espera lo bastante pequeñas como para que la sanidad privada prácticamente sea inexistente (sólo supone el 3% del gasto en salud). Alemania es un caso diferente, en este país los seguros públicos y privados pueden ser excluyentes y no todo el mundo puede optar a este último. Además el privado basa sus contribuciones en un perfil de riesgos y no en un perfil de ingresos por lo que tampoco será siempre la opción más ventajosa (Pablos, 2017).

Referencias

1. Bareny, M. (1976). Orígenes del Trabajo Social en Cataluña. Revista de Traball Social, 63, 16-24.
2. Barranco Expósito C.,y Rodríguez Morales.H. (2008). Visión histórica y Práctica profesional en Atención Primaria de Salud. Trabajo social y Salud, 7-35.
3. Diáz de Mera, E. (2017). El trabajo social sanitario y su integración en el sistema público de salud. Una propuesta desde el modelo de gestión sanitaria de las mutuas colaboradoras con la seguridad social en España. Comunitaria: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales , 103-110.
4. Munuera, P. y. (2007). Mediación intercultural en el ámbito socio-sanitario. Revista Trabajo Social Hoy, segundo semestre, 119-153.
5. Pablos, G. (5 de Mayo de 2017). ¿Cómo se organiza la Sanidad en Europa? El Mundo.
6. Toth, F. (12 de Septiembre de 2013). ¿Por qué los países tienen distintos sistemas de salud? El diario.
7. Lamata Cotanda, F. (1998). Manual de administración y gestión sanitaria. Madrid: Días Santos.
8. Montseny, F. y Huertas, R. (1937). La sanidad y la asistencia social durante la guerra civil. Extraído el 30 de agosto de 2008 de http://www.caum.es/CARPETAS/Cuadernos/cuadernospdf/libro16/Salud_y_%20republica.pdf
9. Munuera, P. y Munuera, A. (2007). Mediación intercultural en el ámbito socio-sanitario. Revista Trabajo Social Hoy, segundo semestre, 119-153.